Voces: HABEAS CORPUS ~ DETENCION DE PERSONAS ~ DERECHO A LA LIBERTAD Título: Hábeas corpus colectivo, legitimación activa y ciudadanía Autores: Seleme, Hugo Omar Frontalini Rekers, Romina Moyano, Ramiro Di Santo, Francisco Rodríguez Nasuti, Florencia Truccone, Santiago Publicado en: LLC2015 (agosto), 715 Cita Online: AR/DOC/2520/2015 (*) (**) (***) (****) (*****) (******) I. Introducción Los excesos cometidos en las políticas de seguridad han conducido a una creciente violación de las libertades individuales. Esto ha hecho que sea cada vez más frecuente la interposición de recursos de hábeas corpus por aquellos que ven arbitrariamente afectada su libertad. Una figura jurídica que debería ser de uso excepcional, y en casos de emergencia, se ha vuelto de uso casi cotidiano (1). Esto no muestra necesariamente una mala utilización del recurso -aunque puede advertirse en algunos casos cierto abuso por parte de los abogados- sino que es síntoma de la magnitud de la amenaza a la libertad que implica una política de seguridad inadecuada (2). La provincia de Córdoba ha sido en este sentido un caso tristemente paradigmático. La utilización indiscriminada de figuras del Código de Faltas construidas de modo deliberadamente abierto, como la de merodeo (art. 98) o la negativa u omisión a identificarse (art. 79), ha provocado la vulneración masiva de derechos individuales. La situación se volvió extrema con los denominados operativos de "saturación con fuerte ocupación territorial" desarrollados por la policía de la provincia en los barrios periféricos de la capital provincial. Consistieron en un importante despliegue de efectivos policiales - aproximadamente 1500- y la detención de un número elevado de personas. Así, por caso, durante el fin de semana del 2 y 3 de mayo oficialmente se detuvo a más de 450 personas. Los "operativos de ocupación territorial" vinieron a empeorar una situación que ya era grave. Un alto número de detenciones se concentró en un corto período de tiempo y los operativos se extendieron a barrios enteros de la ciudad de Córdoba. De esta forma, la amenaza de detención pasó a dirigirse a un conjunto indeterminado de individuos constituido por los habitantes de los barrios involucrados. La mutación de la amenaza produjo una mutación paralela en la herramienta utilizada para conjurarla. El carácter sistemático de la política de "ocupación territorial" creaba una amenaza permanente a la libertad de todos los ciudadanos de esos barrios, más allá de que efectivamente hubiesen sido objeto de detención. A la afrenta de la detención arbitraria -que pesa sobre quien se encuentra indebidamente privado de su libertad- ahora se sumaba la afrenta de la amenaza permanente -que pesa sobre un conjunto indeterminado de individuos-. Lo novedoso de la amenaza exigía que la herramienta para contrarrestarla también fuese novedosa. Dado lo urgente de la situación, la herramienta que debía utilizarse era un hábeas corpus. Sin embargo, no podía tratarse del clásico hábeas corpus restaurativo, porque los individuos sobre quienes pesaba la amenaza arbitraria a su libertad no se encontraban de hecho detenidos. Las detenciones arbitrarias duraban algunas horas y las víctimas eran liberadas sólo para ser detenidas de modo arbitrario una semana después, cuando los operativos policiales se reiterasen. Tampoco podía utilizarse el clásico hábeas corpus individual, dado que en este caso la amenaza a la libertad recaía sobre un conjunto indeterminado de ciudadanos. Toda amenaza a la libertad corporizada en una política estatal de detenciones masivas y arbitrarias de corta duración -como las que se producen utilizando figuras contravencionales abiertas- tiene el carácter antes señalado. Esto es así porque toda política estatal está destinada a permanecer en el tiempo y se encuentra dirigida a un conjunto indeterminado de individuos. Contra este tipo de amenazas, el remedio jurídico adecuado es el hábeas corpus colectivo preventivo. Preventivo, en tanto tiene por objeto hacer cesar la amenaza de detenciones arbitrarias que la política de seguridad engendra. Colectivo, en tanto la amenaza pesa sobre un conjunto indeterminado de individuos a quienes se busca proteger. Afortunadamente, lo sucedido en Córdoba no sólo puede ser presentado como ejemplo de este nuevo mal que afecta a nuestros entramados institucionales, sino también de la eficacia del nuevo remedio. El fallo del juez de control en la causa "Hábeas corpus presentado por el Dr. Hugo Omar Seleme a favor de los vecinos de los Barrios Argüello, Autódromo, Sol Naciente y otros" (en adelante "caso Seleme") es un ejemplo de cómo esta herramienta puede servir para poner freno a los excesos más aberrantes de las erróneas políticas de seguridad. El hábeas corpus elaborado por el Programa de Ética y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba sirvió no sólo para aliviar la situación de los vecinos afectados sino que, desde el punto de vista jurídico, puso © Thomson La Ley 1 en el centro del debate un asunto que hasta el fallo en cuestión se encontraba abierto: el de la legitimación activa en los hábeas corpus colectivos. Dado que el hábeas corpus colectivo ha sido una creación jurisprudencial, reviste especial importancia lo que señala el fallo sobre el punto de quién está legitimado a iniciar la acción. Como sucede con todas las figuras creadas jurisprudencialmente, son los fallos sucesivos en casos semejantes, aunque diferentes al que le dio origen, los que terminan de fijar sus características y contornear sus límites. Esto es lo que hace el fallo en cuestión al seguir la línea jurisprudencial iniciada en el "caso Verbitsky", a la vez que avanza sobre un asunto, como el de la legitimidad activa en los hábeas corpus colectivos, que no fue objeto ni de controversia ni de argumentación en aquel resolutorio. El fallo del "caso Seleme" viene a completar un aspecto que el fallo en el "caso Verbitsky" había dejado abierto. Da respuesta a una pregunta central: ¿cuál es la extensión de la legitimación activa en el hábeas corpus colectivo?, ¿es amplia, tal como sucede en el hábeas corpus individual, o es restringida, a semejanza del amparo colectivo? El fallo se inclina por la primera opción, la legitimación amplia. El objetivo del presente trabajo es explorar las razones a favor de esta opción. Específicamente, interesa mostrar que éstas son no sólo de índole exegético sino también de moralidad política. El fallo no sólo interpreta la normativa de hábeas corpus de un modo adecuado sino que adicionalmente existen razones de teoría política que respaldan esta interpretación. El reconocimiento de la legitimación activa amplia en el hábeas corpus colectivo se asienta en una concepción de ciudadanía afín a los valores republicanos y democráticos que fundan nuestro sistema institucional. El trabajo posee la siguiente estructura. En el apartado II se llama la atención sobre un problema general que tienen las políticas de seguridad que utilizan como instrumento la amenaza de detenciones indiscriminadas. El problema está vinculado al miedo como emoción política y a su carácter antagónico con una concepción de ciudadanía republicana y democrática. El apartado III muestra el modo en que reconocer la legitimación activa amplia para el hábeas corpus colectivo -que intenta poner freno a las políticas de seguridad fundadas en el miedo- encaja con esta concepción de ciudadanía y es fruto de una interpretación armónica del sistema jurídico. II. Miedo y políticas de seguridad Al final de sus días, Thomas Hobbes -uno de los teórico del absolutismo- confesaba en un poema autobiográfico: "Al nacer tuve un gemelo: el miedo". El miedo había signado toda su vida. Había nacido mientras la Armada Invencible española amenazaba con desembarcar en las costas de Inglaterra, y le tocó vivir un período convulso de la historia de su país marcado por la guerra civil. No es casual que el miedo ocupase un lugar privilegiado en su vida y en su pensamiento. Tampoco es casual que el miedo se encuentre en una de las defensas más articuladas que se han hecho del absolutismo. El miedo es una de las emociones políticas más poderosas. Por miedo se han construido imperios, se han levantado murallas, se ha entronizado a dictadores, se ha masacrado y encarcelado. Siendo tan propenso a dar sustento a absolutismos, el miedo es una de las emociones más difíciles de acomodar por los sistemas democráticos. El absolutismo necesita que los ciudadanos nos veamos como enemigos potenciales frente a quienes hay que temer. Mientras más grande es la amenaza frente a la cual el Estado nos protege, más justificado parece estar concederle poderes crecientes, en el caso extremo, todo el poder. De acuerdo con esta idea de ciudadanía, los derechos individuales son barreras que protegen la libertad frente a la amenaza que implican los otros. En última instancia, cada uno es el garante de sus propios derechos. La democracia, por el contrario, necesita de ciudadanos que se vean como parte de una empresa colectiva. De ciudadanos que confíen en que los otros no son una amenaza potencial frente a la que protegerse. Si este no fuese el caso, ¿qué justificaría que se les permitiese a unos tener voz en las decisiones que afectaran a otros? En otras palabras: ¿qué justificaría adoptar decisiones colectivas sobre la base de mayorías parlamentarias? De acuerdo con esta idea de ciudadanía, ya no es el caso que cada uno es garante de sus derechos, sino que todos somos garantes de los derechos de cada uno. El miedo representa un grave riesgo para la democracia y es por esto que las políticas de gobiernos democráticos, especialmente las políticas de seguridad, deben evitar dos males: estar motivadas por el miedo y tener por efecto provocarlo. Si un gobierno permite que sea el miedo de los ciudadanos el que guía sus políticas, es probable que termine utilizando cualquier recurso -aun los moralmente reprensibles- para brindarles tranquilidad. Los derechos y garantías indispensables para que exista la democracia se verán erosionados y los ciudadanos -al menos una parte de ellos- comenzarán a ser tratados como meros súbditos, como enemigos que hay que controlar. Si, por otro lado, el gobierno adopta políticas que tienen por efecto provocar miedo en parte de la población, el resultado es igualmente pernicioso. Los ciudadanos, atemorizados por estas políticas, verán al Estado -y a los ciudadanos que lo respaldan- como enemigos frente a quienes hay que protegerse. En ambos casos la confianza necesaria para que cualquier democracia sea viable desaparece. Cada uno se vuelve el último garante de la propia libertad y los otros sólo representan una potencial amenaza. Algunas de las políticas de seguridad implementadas en Córdoba, de las cuales el caso extremo, pero no el único, fueron los denominados operativos de "ocupación territorial", han sucumbido frente a estos dos males. © Thomson La Ley 2 En primer lugar, han estado motivadas por el miedo de parte de la población atenazada por la inseguridad. Funcionaron como una herramienta para llevar tranquilidad a una ciudadanía atemorizada. La situación se ha visto agravada por el objetivo simbólico que tenían estas políticas. Dado que nadie puede creer que realizar detenciones masivas y arbitrarias vaya a tener una incidencia real sobre la disminución de la inseguridad frente al delito, es razonable pensar que el objetivo de la política era transmitir un mensaje tranquilizador a la población. El problema de estas políticas simbólicas es que tienen costos en términos de libertad que terminan pagando generalmente grupos de la población diferentes a aquellos a quienes va dirigido el mensaje simbólico. Esto hace que los beneficiarios de la tranquilidad ganada con el símbolo sean ciegos a los costos que la política ha tenido. Adicionalmente, estas políticas no remedian el problema real, dado que, al ser meramente simbólicas, a la larga la inseguridad vuelva a aparecer. Se hace necesario un nuevo símbolo más potente que impone mayores costos en términos de pérdida de libertad. Por ejemplo, si se desplegaron 1500 efectivos regulares, ahora hace falta un cuerpo especial dotado de armamento e indumentaria sofisticada que se instale de modo permanente en los barrios, etc. Se entra así en un círculo vicioso de las políticas con objetivos simbólicos. En segundo lugar, estas políticas han provocado el temor de quienes habitan los "territorios ocupados". Es impropio de un gobierno democrático desde el lenguaje empleado hasta los procedimientos utilizados. Por un lado, hablar de "territorios ocupados" transforma a la policía en una fuerza de ocupación más parecida a un ejército enemigo que reclama y conquista un territorio extranjero, que a un garante de la convivencia y el respeto ciudadano. Tratar a estos barrios como un "territorio a ocupar" pone a todos sus habitantes en el lugar de un enemigo al que hay que controlar, vallar y desarticular. Por el otro, el procedimiento de las detenciones indiscriminadas en la vía pública ha infundido el temor y la desconfianza de quienes habitan estos barrios, no sólo en relación con las fuerzas de seguridad, sino también en relación con el gobierno y la porción de la ciudadanía que lo respalda. La búsqueda de la seguridad a cualquier precio, que mueve a estas políticas, es riesgosa. Pone en juego el valor más preciado de nuestro sistema: la libertad. Corroe los lazos de confianza sobre los que se apoya y nos vuelve propensos a los absolutismos. Nos vuelve a cada uno celosos defensores de nuestra libertad, sin importar si la seguridad que alcanzamos tiene costos para la libertad de los otros. Se asientan en una concepción de ciudadanía contraria a la de ciudadanía democrática. III. Legitimación activa amplia y ciudadanía republicana Como hemos señalado, la herramienta idónea para frenar los efectos de este tipo de políticas es el hábeas corpus colectivo preventivo. El fallo en cuestión está motivado en una presentación que posee una singularidad. La acción fue incoada por un ciudadano que no formaba parte del grupo sobre el que recaía la amenaza, ni era representante de una asociación cuyos objetivos fuesen la defensa de los derechos en juego. Esta singularidad de la presentación obligaba a que el juez tuviese que expedirse sobre si la legitimación activa en el caso de los hábeas corpus colectivos era amplia o restringida. Al aceptar la presentación, el magistrado se inclinó por interpretar de modo amplio la legitimación y de esta manera contribuyó a delinear un aspecto del hábeas corpus colectivo que hasta ese momento se encontraba indeterminado. Hasta este fallo, la cuestión de si cualquier ciudadano estaba legitimado para iniciar una acción de hábeas corpus colectivo se encontraba abierta. La razón de esta indeterminación venía dada por el hecho de ser el hábeas corpus colectivo una creación jurisprudencial que indefectiblemente tiene carácter progresivo. Como es sabido, el hábeas corpus colectivo fue reconocido por primera vez en el denominado "caso Verbitsky". El argumento allí ofrecido a favor de reconocer este instituto jurídico posee la estructura de un razonamiento a fortiori. El argumento señala que si el remedio del amparo colectivo se encuentra disponible para proteger derechos vinculados con el medio ambiente, derechos del consumidor y derechos de incidencia colectiva en general, con mayor razón debe estar disponible para proteger la libertad, que es uno de los valores más importantes de nuestro sistema. Sostiene la Corte: "...pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla". La Corte, sobre la base de este argumento a fortiori, sostuvo que la tutela colectiva concedida por la Constitución en el segundo párrafo de su artículo 43 a "...los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva..." debía incorporarse a los mecanismos de hábeas corpus diseñados para tutelar la libertad enunciados en el cuarto párrafo del artículo 43. Aunque allí sólo se reconocía expresamente el hábeas corpus individual -en su versión reparadora, correctiva o preventiva-, ahora la Corte sostenía que debía incorporarse la tutela colectiva prevista en el párrafo segundo para otros derechos diferentes a la libertad. La extensión de la tutela colectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 43 al caso del hábeas corpus previsto en el cuarto párrafo plantea un problema sobre la legitimación activa. El párrafo segundo indica que pueden interponer el amparo colectivo "...el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a © Thomson La Ley 3 esos fines, registradas conforme a la ley...". El párrafo cuarto, por el contrario, indica que cuando el bien afectado es la libertad "...la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor...". Dado que el instituto del amparo colectivo posee una legitimación activa restringida y el hábeas corpus individual posee una legitimación activa amplia, esto plantea la cuestión acerca de cuál es la legitimación activa para el caso del hábeas corpus colectivo. Este hábeas corpus es colectivo -a semejanza del amparo del párrafo segundo-, pero protege la libertad -a semejanza del hábeas corpus individual del párrafo cuarto-. Es importante advertir que el caso "Verbitsky" no da ningún apoyo a la tesis que sostiene que la legitimación activa en el hábeas corpus colectivo es restringida. Existen dos razones que justifican esta conclusión. La primera tiene que ver con el tipo de argumento utilizado para extender la tutela colectiva al caso del hábeas corpus. El argumento a fortiori no sostiene que existen las mismas razones para conceder la tutela colectiva a la libertad que las que justifican concederla a derechos menos importantes. El núcleo del argumento a fortiori es que existen más razones o razones de mayor importancia para extender la protección al caso de la libertad. Ahora bien, si existen más razones para proteger la libertad que las que existen para proteger otros derechos, no puede utilizarse este argumento para concluir que las condiciones de legitimación activa sean idénticas. Lo que se sigue de este argumento es que la protección brindada a la libertad debe ser mayor que la brindada a otros derechos. Un modo de alcanzar este objetivo es relajar las condiciones de legitimación activa para el caso del hábeas corpus colectivo, es decir, reconocer una legitimación activa amplia. El argumento central del caso "Verbitsky" no da ningún sustento a la tesis de la legitimación restringida, sino que, por el contrario, parece ser una razón para inclinarse por la legitimación activa amplia. La segunda razón no tiene que ver con el argumento utilizado por la Corte, sino con lo resuelto por ésta. Que la Corte reconociese legitimación activa a Verbitsky no sirve para zanjar la cuestión acerca de qué tipo de legitimación exige el hábeas corpus colectivo. La razón es simple: Verbitsky satisfacía las exigencias establecidas para el amparo colectivo. Verbitsky actuaba en representación del CELS, el que a su vez encuadraba dentro de los sujetos comprendidos en la legitimación restringida. En el art. 2 de los estatutos del CELS se indica que se trata de una asociación que tiene entre sus objetivos la defensa de la dignidad de la persona humana, de la soberanía del pueblo, del bienestar de la comunidad y para ello busca promover o ejecutar acciones judiciales, asumiendo la representación de personas o grupos afectados en causas cuya solución supone la defensa de los derechos humanos. Los sujetos habilitados por la legitimación restringida también se encuentran habilitados por la legitimación amplia. Que la Corte reconociese legitimación activa a Verbitsky, en consecuencia, no saldaba la cuestión de si la representación amplia no era aquí aplicable. Dicho de otro modo, afirmar que el CELS estaba legitimado activamente por ser una asociación que propende a proteger los derechos de incidencia colectiva, no decía nada acerca de si cualquier sujeto estaba legitimado activamente. Sostener que las asociaciones están legitimadas activamente a iniciar la acción de hábeas corpus colectivo no dice nada en relación a si otros sujetos diferentes a las asociaciones lo están en igual medida. El caso "Verbitsky" no es de utilidad para zanjar la cuestión de si la legitimación activa es amplia o restringida, porque no es un caso controvertido en este respecto. Verbitsky, como representante del CELS, poseía legitimación activa tanto si se adoptaba la tesitura de la legitimación amplia como la tesitura de la legitimación restringida. Lo que se necesitaba para avanzar sobre esta cuestión era un caso controvertido, esto es, uno en el que el sujeto que incoase la acción estuviese legitimado sólo si el hábeas corpus colectivo poseía una legitimación activa amplia. Se necesitaba un caso en el que el sujeto legitimado no fuese uno de los reconocidos por la legitimación restringida. En síntesis, se necesitaba de un hábeas corpus incoado por cualquier ciudadano en beneficio de un colectivo. En síntesis, o bien el caso "Verbitsky" es un antecedente a favor de la tesis que sostiene la legitimación amplia -si se mira a la estructura del argumento a fortiori que utiliza- o bien es un antecedente que deja abierta la cuestión de la legitimación activa -si se atiende al hecho de que, aunque adopta una decisión acerca de si el CELS estaba legitimado, no se trataba de un caso controvertido-. En ninguno de los supuestos es correcto utilizar el antecedente de "Verbitsky" como justificación de la legitimación restringida. Para zanjar la cuestión, lo que se necesitaba era una resolución judicial sobre un caso controvertido. El "caso Seleme" es uno de este tipo. Se trata de un caso que exigía al juez que tomase partido sobre las tesis en pugna acerca de la legitimación activa. El hábeas corpus fue presentado por un ciudadano común, en beneficio de vecinos de doce barrios periféricos de Córdoba. El actor no era ni un miembro del colectivo amenazado, ni un representante de una asociación con fines específicos. No era uno de los sujetos legitimados para incoar el amparo colectivo del segundo párrafo del art. 43, aunque sí era uno de los sujetos legitimados para interponer la acción de hábeas corpus individual del cuarto párrafo. Si el juez lo legitimaba procesalmente, entonces el fallo había tomado partido por la legitimación amplia de manera indubitable, y se trataba de un importante antecedente judicial sobre esta materia. El fallo es relevante porque el juez optó de manera inequívoca por la legitimación amplia. Se apartó, de esta manera, de la opinión de algunos especialistas que, leyendo mal el caso "Verbitsky", insistían que la Corte había establecido la legitimación restringida. El juez ofrece dos argumentos a favor de la legitimación activa amplia. El primero se refiere al carácter público del reclamo que se había exteriorizado por diversas manifestaciones de © Thomson La Ley 4 organizaciones de derechos humanos y había dado lugar a una marcha por las calles de la ciudad. El segundo, que consideramos de mayor relevancia y en el que nos detendremos, sostiene que "...no es difícil imaginar las tribulaciones y el temor que individualmente puede experimentar una persona -alguien que se considere afectado, por ejemplo- para por sí mismo iniciar una acción de esta naturaleza" (considerando IV). El resolutorio establece que, dado que es irrazonable pedir que sea el afectado el que por sí mismo inicie la acción, debe considerarse que debe aplicarse a la legitimación activa lo preceptuado por el cuarto párrafo del art. 43, que sostiene que "...cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor..." (considerando IV). Dado lo esquemático del argumento, es necesario volver explícita su estructura. Se trata de un argumento a pari que señala lo siguiente. Lo que justifica la legitimación activa amplia en el hábeas corpus individual -presentado en beneficio de personas individualizadas- es el carácter del bien protegido. Que el bien protegido sea la libertad ambulatoria justifica la legitimación amplia. La razón es simple, si el hábeas corpus busca proteger a aquéllos cuya libertad de tránsito se encuentra comprometida, es irrazonable exigir que sea la víctima quien se mueva para interponer la acción. De allí que se permita que cualquiera pueda interponerla en su beneficio. Ahora bien, si el bien protegido en el hábeas corpus colectivo es la libertad, y es el carácter del bien protegido lo que fija la legitimación amplia en el caso del hábeas corpus individual, entonces debe reconocerse también la legitimación activa amplia para el supuesto del hábeas corpus colectivo. El único modo de evitar esta conclusión es señalar que el bien protegido en el caso del hábeas corpus individual es diferente al bien protegido en el caso del hábeas corpus colectivo, lo que es irrazonable. Lo que cambia en ambos tipos de hábeas corpus es el carácter de la amenaza, no el bien jurídico amenazado. Ésta ha sido la conclusión que el juez ha alcanzado en su resolutorio, de allí su relevancia. Esta manera de entender la legitimación activa interpreta al sistema jurídico de modo armónico, extendiendo la justificación subyacente a la legitimación activa amplia en el caso del hábeas corpus individual al hábeas corpus colectivo. No obstante, posee no sólo esta ventaja heurística sino que adicionalmente tiene una ventaja de moralidad política. Se asienta en una concepción de ciudadanía republicana y democrática que es acorde con nuestro sistema político. Como hemos señalado en el apartado anterior, la idea de que cada uno es el último garante de su propia libertad y que los otros son potenciales amenazas es ajena a la concepción democrática y republicana de ciudadanía. En una democracia republicana todos somos garantes de la libertad de los demás. Esta idea de ciudadanía fundada en el cuidado recíproco y la confianza es la que subyace a la legitimación activa amplia en el caso del hábeas corpus colectivo. Cada ciudadano es garante de la libertad de los otros, sea que la amenaza a la libertad recaiga sobre un conciudadano individualizado o sobre un conjunto de conciudadanos indeterminado. Quienes se resisten a la legitimación activa amplia o bien tienen una concepción anti-republicana de libertad o bien tienen una concepción antidemocrática de ciudadanía. La clave de una concepción republicana de libertad es su carácter social. De acuerdo con esta concepción, no somos libres de manera previa e independiente a los vínculos que nos unen a nuestros conciudadanos. Somos libres precisamente por los vínculos que nos unen a ellos. Es en este sentido que cada uno es el garante de la libertad de los otros. Lo mismo puede decirse de una concepción democrática de ciudadanía. De acuerdo con esta concepción, todos somos partes de una empresa colectiva para beneficio recíproco. Cada uno es el guardián del bienestar ajeno. IV. Conclusión El hábeas corpus colectivo preventivo es la herramienta idónea para conjurar la amenaza contra la libertad engendrada por las políticas de seguridad que están fundadas en el miedo y tienen por objeto provocarlo en parte de la población. Reconocer la legitimación activa amplia para interponer esta acción tiene la ventaja de ser no sólo acorde con una interpretación armónica del sistema jurídico sino adicionalmente de descansar sobre una concepción de libertad y ciudadanía antagónica a la que subyace a las políticas del miedo. Estas últimas se sostienen en una concepción de ciudadanía y libertad acorde con los totalitarismos, según la cual la libertad es previa a cualquier entramado social y los otros son sólo potenciales amenazas. En cambio, la legitimación activa amplia se asienta en una concepción republicana y democrática según la cual la libertad se construye en los vínculos sociales y, por tanto, cada uno es garante de la libertad de los demás. (*) Director del Programa de Ética y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba. Investigador del CONICET. (**) Miembro del Programa de Ética y Teoría Política, becaria doctoral CONICET. (***) Miembro del Programa de Ética y Teoría Política. (****) Miembro del Programa de Ética y Teoría Política, becario de grado del CIJS. © Thomson La Ley 5 (*****) Miembro del Programa de Ética y Teoría Política. (******) Miembro del Programa de Ética y Teoría Política, becario doctoral CONICET. (1) La solución definitiva a los problemas de las políticas de seguridad es, por supuesto, un cambio de estas políticas. En el caso de Córdoba, por ejemplo, la solución involucra derogar o modificar los artículos inconstitucionales del Código de Faltas. Hasta que esto suceda, el recurso de hábeas corpus se presenta como la herramienta idónea. (2) Aunque es cierto que la presentación de hábeas corpus ha dejado de ser excepcional, también es cierto que el número de acciones incoadas es mínimo con relación a la cantidad de detenciones por merodeo u omisión de identificarse. En Córdoba, Cosquín, Río IV y Carlos Paz, durante los años 2012, 2013 y 2014, sólo se presentaron 53 hábeas corpus motivados por la aplicación del Código de Faltas. © Thomson La Ley