| 2 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Informe: El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus. | 3 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Informe: El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus. Director: Dr.Hugo Omar Seleme Coordinadores: Ab. Romina Frontalini Rekers y Ab. Ramiro Moyano Metodóloga: Lic.Clara Dalmasso Equipo de Investigación: Agustina Prosperi Ledesma; Alina Dutto; Florencia Vinici; Francis Carles; Francisco di Santo; Franco de Grandis, Guadalupe Lanzaco; Julia Marin; Leandro Nievas; Leandro Vereda; Lucas Whitney; Magalí Vereda; María José Mendiburu; María José Pont Apostolo; María Luisa Renna; Matías Capdevila; Matías Molina; Pamela Güemes Vassallo; Rosa Carnero; Tania Marqués; Tristan Reyna; Víctor Santiago Gamboa | 4 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Este trabajo es culminación del proyecto de investigación "Acceso a la justicia: el caso de los jóvenes detenidos por aplicación del Código de Faltas", desarrollado bajo la dirección del Dr. Hugo O. Seleme, en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con subsidio del Sistema de Información Jurídica de la República Argentina, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fotografía de tapa: MTFO – Colectivo Manifiesto http ://colectivomanifiesto.com.ar/ "Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual (CC BY SA) 4.0 Internacional" Hecho el depósito que marca la Ley 11723 Impreso en Córdoba, Argentina Printed in Córdoba, Argentina Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Informe: El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus. 123 pag; 21x15 cm. ISBN: 1. Sociología. I. Título CDD 301 | 5 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política ÍNDICE Presentación............................................................................................................. 7 1. Introducción ..................................................................................................... 8 2. Apartado metodológico ................................................................................. 11 3. Legislación aplicable ...................................................................................... 13 4. Resultados ..................................................................................................... 20 A. Casos ...............................................................................................................20 B. Juzgado de Control en los que se presentaron los habeas corpus ................20 C. Quién presentó el habeas corpus...................................................................21 D. Clases de habeas corpus ................................................................................22 E. Causas de restricciones a la libertad .............................................................25 F. Consecuencias de las restricciones a la libertad ............................................27 G. Residencia, edad y género del afectado ........................................................28 H. Procedimiento adoptado por el órgano jurisdiccional ante la presentación de un habeas corpus ...............................................................................................29 I. Medidas adoptadas por el juez .....................................................................30 J. Legislación que aplicaron los jueces en las resoluciones ..............................33 K. Planteos de inconstitucionalidad en los habeas corpus ................................35 L. Plazo de resolución de los habeas corpus ......................................................40 M. Índice de rechazos ......................................................................................43 N. Delitos conexos a las restricciones a la libertad y actuación de los jueces ante el surgimiento de un delito ............................................................................44 | 6 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política 5. Pautas para una mejor actuación judicial ....................................................... 46 6. El caso Seleme: habeas corpus colectivo preventivo contra las razzias policiales en la ciudad de Córdoba ......................................................................... 48 7. El accionar policial durante las razzias ............................................................ 57 8. La transferencia de estrategias contra la violencia institucional ..................... 76 INSTRUCTIVO ..........................................................................................................77 PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ...................................................................77 CIRCUITO PARA LA BÚSQUEDA DE DETENIDOS POR CÓDIGO DE FALTAS ...... 108 Bibliografía ........................................................................................................... 119 Anexos fichas de relevamiento ............................................................................. 120 | 7 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Presentación El Programa de Ética y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba reúne a investigadores, becarios doctorales y post-doctorales, profesores y estudiantes avanzados de la carrera de Derecho. El objetivo del grupo es evaluar las instituciones públicas y las conductas de los funcionarios, legisladores, jueces y abogados. El Programa desarrolla diversas líneas de investigación, entre las que se encuentra la evaluación de las políticas de seguridad. En este contexto, se desarrollaron diferentes actividades de formación, se llevaron adelante dos proyectos de investigación, entre los que se encuentra el que se presenta a continuación, y se promovieron diferentes medios de transferencia de los resultados que se presentan al final del informe. Durante el periodo 2011-2012, se llevó adelante la primera investigación sobre la aplicación del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba. Tal investigación fue fruto de la cooperación internacional entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de la Rioja de España. La investigación concluyó en el "Informe y relevamiento sobre la aplicación del Código de Faltas en la Ciudad de Córdoba" que mostró la sistematicidad y selectividad con la que se aplicaba a jóvenes de diferentes barrios. El informe también mostró cuáles son las razones que los jóvenes identificaban como causa de la detención. En este informe, surgió que, pese a la sistematicidad y selectividad de las detenciones arbitrarias que afectaban la vida de los jóvenes, estos no tenían acceso a la justicia para denunciar, reparar o prevenir tal situación. La falta de acceso a la justicia de los jóvenes afectados por la aplicación arbitraria del Código de Faltas motivó una segunda investigación. En 2014, comenzó una segunda investigación financiada por el Sistema de Información Jurídica de la República Argentina, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El objetivo de este nuevo proyecto consistió en evaluar el funcionamiento del instituto del habeas corpus como herramienta de control de la aplicación del Código de Faltas. Para ello, se relevaron resoluciones de habeas corpus, jurisprudencia, legislación y se realizaron entrevistas a jueces, abogados y afectados. Los resultados obtenidos se presentan y evalúan a continuación. A ello, se suma una presentación de las diferentes estrategias de transferencia desarrolladas durante la investigación. | 8 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política 1. Introducción En este caso, la política de seguridad, o aspecto del sistema penal, a evaluar es la aplicación del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba. En el "Informe y relevamiento sobre la aplicación del Código de Faltas en la Ciudad de Córdoba" se mostró que el Código de Faltas se aplicaba discriminatoriamente sobre jóvenes pertenecientes a los barrios excluidos de la ciudad. La aplicación discriminatoria de una norma, discriminación indirecta, es un rasgo de las políticas de seguridad que las hace menos democráticas. Esta nueva investigación tiene por objetivo general identificar otro rasgo que permite afirmar que esta política de seguridad no es democrática. La hipótesis a testear en esta nueva investigación es si la aplicación del Código de Faltas se encuentra bajo el control de los ciudadanos; de lo contrario, habremos encontrado una nueva razón por la cual esta política de seguridad no es democrática. Una política de seguridad democrática supone una concepción de ciudadanía particular. Una concepción en la que los ciudadanos no se encuentran dominados. Conforme a una concepción republicana de libertad, un ciudadano es libre cuando las instituciones públicas están diseñadas de tal manera que nadie está sujeto a un amo; esto es: nadie está bajo el control de otros individuos o grupos1. Nadie tiene que vivir con temor o intentando ser deferente a otros que poseen poder. Cada uno puede conducir su vida sin necesidad de ganarse la indulgencia o la clemencia de los poderosos. Conforme a esta concepción republicana, que encuentra arraigo en nuestra historia institucional, el poder político deber ser controlado por la ciudadanía y fragmentado en diferentes departamentos de gobierno ejecutivo, legislativo y judicialque se controlan recíprocamente2. Dado que una de las principales formas de control de la aplicación del Código de Faltas es el habeas corpus, evaluaremos este instituto. El habeas corpus es centralmente, aunque no únicamente, un arreglo institucional que tiene por objetivo promover la democratización de la coacción estatal, en particular del sistema penal. El habeas corpus es un instituto que protege a los ciudadanos de la coacción estatal arbitraria. Los ciudadanos que son 1 Philip Pettit, On the people s terms, A Republican Theory and Model of Democracy, Cambridge University Press, 2012. 2 Idem. | 9 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política víctimas de la utilización arbitraria de la coacción estatal pueden presentar al habeas corpus con el objetivo de que la restricción o amenaza arbitraria de la libertad cese. La regulación y funcionamiento del instituto de habeas corpus hace al sistema penal más democrático desde que pone la coacción bajo el control de los ciudadanos. Adicionalmente, el instituto del habeas corpus sólo es democrático si se encuentra bajo el control de los ciudadanos. Dicho control es posible a través de la evaluación de las resoluciones de habeas corpus. A través de las resoluciones de habeas corpus no sólo podemos evaluar qué deciden los jueces, sino también que medidas adoptan para contar con ventajas epistémicas que favorezcan una decisión justa, qué variables consideran ponderables, qué legislación aplica y de qué modo motivan su decisión. En función de lo anterior, se pueden delimitar los dos objetivos de esta investigación. El primero consiste en determinar si el habeas corpus está funcionando de modo eficaz como un mecanismo de control de la coacción estatal. El segundo objetivo es determinar si, al mismo tiempo, el funcionamiento del instituto del habeas corpus está bajo el control de los ciudadanos. Si no lo está, por transitividad, la coacción estatal no está bajo el control de los ciudadanos y, en consecuencia, la aplicación del Código de Faltas constituye una política de seguridad antidemocrática. La transitividad marca la interdependencia entre ambos objetivos. Desde que la tarea normativa no se reduce a evaluar, en el apartado 5 se enumeran una serie de deberes que han sido pasados por alto por los jueces y cuya omisión han significado poner la aplicación del Código de Faltas y el funcionamiento del instituto del habeas corpus fuera del control de los ciudadanos, haciendo menos democráticas nuestras políticas de seguridad. En el apartado 6 se desarrolla el caso del habeas corpus colectivo preventivo presentado por el director del proyecto de investigación en contra de la amenaza de reiteración de las razzias policiales que tuvieron lugar durante los días 2 y 3 de mayo en los barrios vulnerables de la ciudad. Este habeas corpus es un caso de litigio estratégico que tenía un objetivo jurídico y político, ambos vinculados con la promoción de la democratización de las políticas de seguridad. El caso no forma parte de la muestra analizada en la primera parte del informe. En el apartado 7, se presenta un informe que fue elaborado sobre la base de la prueba aportada por la Policía de la Provincia de Córdoba acerca | 10 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política de las razzias del caso Seleme. Este informe describe las principales características del accionar policial. En el apartado 8, presentamos dos herramientas desarrolladas durante la investigación, con el objetivo de facilitar el acceso de los grupos vulnerables a la justicia. Por un lado, un instructivo para el ejercicio de los derechos que responde a preguntas sobre los límites de la actuación policial y para la presentación de habeas corpus. En segundo lugar, un circuito para la búsqueda de detenidos que tiene por objetivo volver accesible sobre la ubicación de los centros de detención, dado que no existe información oficial disponible sobre este aspecto. | 11 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política 2. Apartado metodológico En la investigación, decidimos evaluar el funcionamiento del instituto del habeas corpus en sus dos aspectos: como herramienta de control de la coacción estatal y el grado de control de la actividad judicial en la utilización del habeas corpus. Por tal motivo, hemos relevado y evaluado las resoluciones de habeas corpus, quedando excluido el resto del expediente. De modo complementario, se llevó adelante un relevamiento de la legislación y jurisprudencia relevantes. También se realizaron entrevistas a jueces, abogados y afectados. Muestra Con el objeto de evaluar el instituto del habeas corpus, el análisis se centró en la respuesta del Poder Judicial frente a la utilización de esta herramienta. Por eso, fueron seleccionados los Juzgados de Control de la Ciudad de Córdoba y del interior de la Provincia conforme a un criterio de relevancia y proximidad. De acuerdo con la Acordada No 007 del 14/05/1998 del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, los competentes para resolver los de habeas corpus serán los Juzgados de Control. En Córdoba Capital, existen 9 juzgados de control, pero dos quedan excluidos de la muestra; en primer lugar, el juzgado de control en lo penal económico y, en segundo término, el juzgado de control de Lucha contra el Narcotráfico. La muestra seleccionada comprende los siguientes juzgados de control: Para la muestra del interior de la Provincia, fueron seleccionadas las • Juez de ControlJuzgado • REINALDI, GustavoJuzgado de Control 2 • NASSIZ, Luis MiguelJuzgado de Control 3 • CORNEJO, Roberto IgnacioJuzgado de Control 4 • LEZCANO, Carlos RubénJuzgado de Control 5 • SPINA GÓMEZ. Agustín IgnacioJuzgado de Control 6 • DIAZ, Esteban IgnacioJuzgado de Control 7 • ROMERO, Carlos MaríaJuzgado de Control 8 | 12 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política jurisdicciones de acuerdo con la proximidad de la Ciudad de Córdoba y, por relevancia territorial, Carlos Paz, Cosquín, Río Cuarto y Villa María. En el proceso, sólo los tres primeros pudieron ser relevados, desde que en Villa María no se pudo acceder a las resoluciones, aunque se presentaron las notas y permisos correspondientes. En Cosquín, sólo fue posible relevar una resolución, dado que, desde el Juzgado, se informó que las resoluciones se encontraban en archivo. Sin embargo, las resoluciones no constaban en el archivo y el registro indicaba que estaban en el juzgado. La falta de acceso a las resoluciones de habeas corpus determina la imposibilidad de controlar la actuación de los jueces por parte de la ciudadanía, de modo que esto convierte al instituto de habeas corpus menos democrático. Al mismo tiempo, la falta de acceso a las resoluciones impide que la ciudadanía pueda controlar la coacción estatal involucrada en la aplicación del Código de Faltas, lo que torna a esa coacción en no democrática. Cabe destacar que esta delegación de competencias del TSJ, para el caso del interior, implica que se reúna en la misma persona la función de Juez de Control y Juez de Faltas. Esto vuelve al habeas corpus una herramienta de control ineficaz, habida cuenta de que la organización judicial reúne en una sola persona la función de controlador y controlado. Durante la investigación, relevamos más de 500 resoluciones. Del total de resoluciones de habeas corpus dictadas durante los años 2012, 2013 y 2014, sólo 53 estaban vinculadas con la aplicación del Código de Faltas. Para relevar cada resolución, fue confeccionada una ficha con los datos centrales a identificar en las resoluciones (VER ANEXO 1). Después, los datos cuantitativos fueron sistematizados en una matriz y analizados a partir de la estadística descriptiva e inferencial de resumen de la información y el software SPSS, para llegar a los resultados que se presentan a continuación. En un segundo momento, la investigación comprendió la recolección de datos cualitativos para ayudar a la compresión del funcionamiento del habeas y la elaboración de estrategias de acceso al uso de la herramienta para los sectores vulnerables de la provincia. Para ello, se realizaron entrevistas estructuradas a los Jueces de Control de todos los juzgados analizados (VER ANEXO 2). No fueron entrevistados los Jueces de Villa María ni de Cosquín, quienes se negaron a colaborar con la investigación. Por otro lado, se realizó un relevamiento de aquellos fallos relevantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de habeas corpus. Se elaboraron fichas con | 13 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política los principales puntos vinculados con los aspectos analizados en el relevamiento de resoluciones. 3. Legislación aplicable Tratados Internacionales La legislación internacional reconoce los derechos humanos a la libertad y el acceso a la justicia, sin distinción. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) contempla en su art. 3 el derecho "a la libertad y a la seguridad de su persona"; el art. 8 prevé que "toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley", y el art. 9 dispone que "nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado". En particular, la protección del habeas corpus ha sido receptada en Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del año 1966 (PIDCP), y de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Basta con leer el preámbulo de dichos tratados para concluir que la protección y garantía a la libertad de las personas es uno de los objetivos centrales de estas normativas3. El PIDCP, en su art. 9 inc. 1°, reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad personal, estableciendo que nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias, y en el inc. 4 garantiza el acceso a recurrir a la justicia a los fines de que ésta decida sobre la legalidad de la privación de la libertad: "Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal". El inc. 5 establece que "toda persona que haya sido 3 (...) "no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales" (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); (...) "Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre" (....) (Pacto de San José de Costa Rica). | 14 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación". Por su parte, la CADH contiene tres artículos que aluden a la libertad personal y al habeas corpus. En primer lugar, el art. 7 reconoce, en su inc. 1°, "el derecho a la libertad y a la seguridad personales" e introduce el principio de legalidad en su inc. 2°, al establecer que "nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas". Asimismo, en el inc. 3° garantiza que "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios", y en los inc. 4° y 5° establece garantías que deben cumplirse ante la privación de la libertad relacionada con el debido proceso y el juez natural4. Por último, el inc. 6° contiene previsiones acerca del habeas corpus, al establecer que "toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales En los Estados Partes, cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona". De esta forma, observamos que la primera parte del art. 7 inc. 6° de la CADH contempla aquello que la doctrina denomina "hábeas corpus reparador", mientras que la segunda se refiere al "hábeas corpus preventivo". Por último, en ambos casos se contempla la legitimación activa amplia que admite este instituto, al establecer que "los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona". El art. 8 de la CADH establece las garantías que deben observarse en 4 Inc. 4°. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. Inc. 5°. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. | 15 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política los procedimientos judiciales: derecho a ser oído, principio de inocencia, debido proceso, derecho de defensa, entre otros. Y, el art. 25 reconoce el derecho de toda persona a "un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". Asimismo, "Los Estados Parte se comprometen a: a) garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." El art. 25 de protección judicial contempla el derecho a acceder a la justicia ante la violación de los derechos fundamentales de las personas siendo la libertad uno de ellosa través de un recurso sencillo y rápido (...), aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, como, por ejemplo, miembros de la fuerza policial. Finalmente, si bien la Convención de los Derechos del Niño (CDN) no refiere explícitamente al instituto del habeas corpus, contiene en su art. 37, inc. b), el compromiso de los Estados Partes de velar para que "ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente". Constitución Nacional El Preámbulo de la CN de 1853 consagró el objetivo constitucional de "asegurar la libertad". La CN de 1949, derogada en 1957, fue la primera en receptar el instituto del habeas corpus. El art.28 disponía: "Todo habitante podrá interponer por sí o por intermedio de sus parientes o amigos recurso de hábeas corpus ante la autoridad judicial competente, para que se investigue la causa y el procedimiento de cualquier restricción o amenaza a la libertad de su persona. El tribunal hará comparecer al recurrente y, comprobada en forma sumaria la violación, hará cesar inmediatamente la restricción o la amenaza". Si bien la Constitución de 1853 -en su art. 18reconocía que "nadie puede ser arrestado sino en virtud de una orden escrita emanada de una autoridad competente", parte de la doctrina mayoritaria consideraba que el | 16 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política hecho de que no se encontrara regulado el habeas corpus generaba un vacío lamentable5. A partir de la reforma constitucional de 1994, fue incorporado el actual artículo 43, en el que se reconoce al habeas corpus como una garantía constitucional, que tiene por objeto eliminar todo obstáculo al normal ejercicio de la libertad física en los supuestos de restricción ilegítima de la libertad; amenaza concreta y actual de restricción de la libertad; prolongación indebida de la privación de la libertad por autoridad competente, cuando no exista ningún recurso o acción, o cuando, en el caso de que existan, no prodiguen la misma protección que el habeas corpus, en consideración al tiempo; prolongación indebida de la forma y condiciones en que se cumple la detención. Constitución Provincial La Constitución de la Provincia de Córdoba, en el art. 47, reformado en 1987, señala que "toda persona que de modo actual o inminente sufra una restricción arbitraria de su libertad personal, puede recurrir por cualquier medio, por sí o por terceros en su nombre, al juez más próximo para que tome conocimiento de los hechos y, de resultar procedente, mande a resguardar su libertad o haga cesar la detención en menos de veinticuatro horas. Puede ejercer esta acción quien sufra una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin detrimento de las facultades propias del juez del proceso. La violación de esta norma por parte del juez es causal de destitución". Ley Nacional 23.098 La ley Nacional 23.098 fue sancionada el 28 de septiembre de 1984, promulgada el 19 de octubre y publicada el 25 de octubre de ese mismo año. Dicha ley abolió el título IV, sección II, del libro cuarto del Código de Procedimientos en lo Penal de la Nación (Ley2372), a la vez que derogó el art. 20 de la ley 48 e instrumentó un nuevo sistema normativo para el habeas corpus. La ley 23.098 produjo un notable avance en la materia, en particular, porque se puede identificar a esta norma como el principal antecedente tenido en cuenta en la reforma constitucional de 1994, que le otorgó jerarquía 5 Diario de sesiones, Tomo I, pág 472. | 17 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política expresa de garantía constitucional. Si bien el habeas corpus fue considerado como una garantía emergente del texto proveniente del art. 18 de la CN, a partir de la Reforma Constitucional de 1994 el constituyente decidió que era menester su expresa consagración a nivel constitucional. Germán Bidart Campos observó que la Ley 23.098 introdujo dos importantes innovaciones: por un lado, si la restricción se produce durante el estado de sitio, el juez del habeas corpus podrá controlar -en el caso sometido a su decisiónla legitimidad de la declaración del estado de sitio6 y, por el otro, si la limitación a la libertad se lleva a cabo por orden escrita de una autoridad que actúa en virtud de un precepto legal contrario a la constitución, el juez del habeas corpus podrá declarar de oficio la inconstitucionalidad en el caso concreto sometido a su decisión7. Desde que este informe se ocupa de los habeas corpus presentados como consecuencia de la aplicación arbitraria del Código de Faltas cobran relevancia el art. 3, inc. 1°, que establece que Corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique: inc. 1° Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente". En nuestra provincia no es aplicable el Capítulo II que regula el procedimiento de habeas corpus; ello es así, dado que el Tribunal Superior de Córdoba consideró que comprende una competencia no delegada por la Provincia a la Nación en la CN8. Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba El Tribunal Superior de Justicia, en el fallo "Habeas corpus presentado por María Angélica de Möller -Recurso de Casación-", señaló que, "ante la necesidad de establecer cuáles son las disposiciones que deben disciplinar el trámite de la referida garantía constitucional, en el referido precedente se entendió que las normas que resultan más acordes para integrar el referido vacío normativo son las establecidas en el Código Procesal Penal actualmente vigente en esta provincia" (sentencia 114, 30- 6 En este sentido: Corte Sup. 03/12/1985 Granada, Jorge Horacio s/ recurso de habeas corpus en su favor. Fallos: 307:2284. 7 En igual sentido: Corte Sup. 19/11/1945 Doregger, Bernardo y otro Fallos: 203:256. 8 TSJ. Sala Penal, S. n° 112, 30/4/2010, "Habeas corpus presentado por María Angélica de Möller -Recurso de Casación-" | 18 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política 04-2010). El mismo tribunal, en la sentencia N° 120 del 14-06-07, citando los convencionales constituyentes provinciales, indicó que "la ley 23.098 es de contenido constitucional, crea un sistema independiente que no queda incorporado al Código Procesal Penal (Nacional) y consta de dos partes que nos interesa destacar: una, que es aplicable a todo el territorio nacional, cualquiera que sea el tribunal que la aplique (nacional o provincial), sin perjuicio que se apliquen las constituciones provinciales o leyes locales en la materia, cuando se estime que ellas confieren protección más eficiente: la otra parte, rige solamente en el ámbito federal, porque tiene naturaleza fundamentalmente procesal; es decir, que dicha ley respeta la competencia de las provincias para dictar normas de procedimiento en sus respectivas jurisdicciones", según el Diario de Sesiones de la Convención Provincial Constituyente (29na. Reunión, 16a. Sesión ordinaria, 20 y 21 de abril de 1987 p. 1606) (convencional constituyente Ernesto Gavier). En tanto que, a partir del Capítulo II, que regula el procedimiento, es materia conservada por las provincias, según lo dispuesto por los arts. 5, 31 126 y cc. de la C.N. Además, concluye el Alto Cuerpo que las normas que otorgan una mayor tutela de la garantía de la libertad ambulatoria y de las condiciones de detención lo constituye el Código de Procedimiento Penal vigente, pues el término para poder recurrir la decisión que se dicte, la que puede ser adversa al referido derecho invocado, es de tres días (C.P.P., art. 461); lo cual resulta mayor al previsto en la ley nacional de habeas corpus para idéntico fin, veinticuatro horas (art. 19, Ley 23.098). Acordadas del Tribunal Superior de Justicia Las acordadas del Tribunal Superior de Justicia regulan diferentes aspectos relevantes sobre el habeas corpus. Sin embargo, éstas son de difícil acceso directo y, en muchos casos, no son conocidas por los propios operadores judiciales. A continuación se enumeran las más importantes: Acuerdo número siete, 14/05/1998: estableció que, dentro de las horas hábiles, la recepción de los amparos y habeas corpus se hará por medio de la "Mesa de Entradas Única". Fuera de las horas hábiles ante la presentación del amparo o habeas corpus, el juez de turno deberá comunicar durante el día hábil siguiente a la Mesa de Entradas Única, los datos necesarios que permitan su registro en ésta. Acuerdo reglamentario número setecientos sesenta y tres serie "a", | 19 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política 27/04/2005: Se clarificó que el acuerdo número setecientos cuarenta y dos "es aplicable a todas las Circunscripciones Judiciales del Poder Judicial" y se lo amplió "a las solicitudes de ciudadanos con o sin patrocinio letrado, que sustancialmente configuren acciones de habeas corpus, en las que entenderá el Juez de Control más próximo, salvo que se trate de supuestos de habeas corpus correctivo de penados deducidas en día y horario hábil". Acuerdo número nueve, 01/11/2010: pretende consolidar la actuación de enlace entre la Mesa de Atención Permanente y el Juzgado de Faltas para facilitar el acceso a justicia, a través de una norma práctica para aquellos casos en que se aduzca la privación ilegítima de la libertad o su agravamiento respecto de una persona que se encuentre detenida en virtud de la legislación contravencional. Establece que las Fiscalías, Juzgados de Control o cualquier otra dependencia judicial que tome conocimiento de una presentación efectuada, en horas y/o días inhábiles por ciudadanos que entienden que sufren en forma efectiva una restricción arbitraria a su libertad personal por haber violado de algún modo la normativa establecida en el Código de Faltas, deberá comunicarse con la Mesa de Atención Permanente, para que por su intermedio se viabilice la intervención del Juzgado de Faltas | 20 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política 4. Resultados A. Casos En un primer momento, fueron recolectadas 500 resoluciones de habeas corpus, aunque sólo 52 estaban vinculadas con la aplicación de Código de Faltas de la Provincia de Córdoba. Este primer dato puede ser interpretado a la luz de las dificultades para acceder a la justicia de los jóvenes vulnerables que son detenidos por aplicación del Código de Faltas. Aunque el Código de Faltas es la principal causa de detenciones, sólo el 10,4% de los habeas corpus analizados fue motivado por su aplicación arbitraria. Al mismo tiempo, este dato muestra la mínima proporción de habeas corpus presentados en relación con la masividad con que se producen las detenciones por aplicación del Código de Faltas. Aunque no existen cifras oficiales sobre la cantidad de detenciones por aplicación de Código de Faltas durante el período en que se relevaron las resoluciones de habeas corpus la masividad, queda confirmada a través de denuncias específicas9. Debe tenerse presente que el último dato oficial sobre la cantidad de detenciones por aplicación del Código de Faltas en la Provincia indica que sólo en la ciudad de Córdoba, en 2009, se produjeron llegaron a 27.000 detenciones, en 2010, 37.000 y, en 2011, a 42.70010. En la provincia la Policía efectuó 54.223 arrestos. B. Juzgado de Control en los que se presentaron los habeas corpus Los habeas corpus relevados fueron presentados en los Juzgados de Control 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la ciudad de Córdoba, el Juzgado de control Único de la Río Cuarto, y el Juzgado de Control, de menores y faltas de Villa Carlos Paz. Queda excluido el Juzgado de Control 1 de la ciudad de Córdoba, que no tiene competencia para resolver habeas corpus. La muestra original comprendía también los juzgados de control de Cosquín y Villa María. Sin embargo, ambos nos negaron el acceso a las 9 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/critica-radiografia-de-una-razia-policial 10 Datos obtenidos de la respuesta al pedido de informe legislativo realizado por la Dra. Adela Coria legisladora Provincialy el Dr. Horacio Javier Etchichury -profesor de la U.N.C-. | 21 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política resoluciones de habeas corpus, aun cuando éstas son públicas y constituyen el medio de que dispone la sociedad para controlar la actuación de los jueces. Este hecho revela el aspecto antidemocrático de la política de seguridad analizada. El habeas corpus es la herramienta con la que cuentan los ciudadanos para controlar la actuación policial. Los jueces deben llevar adelante este control. A su vez, la resolución de habeas corpus es la herramienta con la que cuentan los ciudadanos para controlar que los que deben controlar la actuación policial y las políticas de seguridad, los jueces, cumplan con su deber. La falta de acceso a las resoluciones refuerza el carácter antidemocrático de la actuación del Poder Judicial y este carácter antidemocrático se traslada a las políticas de seguridad controladas. C. Quién presentó el habeas corpus De las resoluciones relevadas surge que en la mayoría de los casos los habeas corpus fueron presentados con el patrocinio de un abogado. La cantidad de habeas corpus presentados por la persona afectada, familiares y asesores letrados es similar. Sólo 3 habeas corpus relevados fueron presentados por ONG u organizaciones populares vinculadas a este problema. Persona Afectada Asesor Abogado ONG Familiar 11 11 16 3 11 ¿Quién Presentó el Habeas Corpus? | 22 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Que la mayoría de los habeas corpus hayan sido presentados por abogados particulares podría significar que los afectados o sus familiares desconocían que es posible efectuar la presentación directamente o con la ayuda de los asesores letrados estatales. De las entrevistas con los jueces de control surge una práctica de los abogados que extienden la utilización de la herramienta a supuesto en los que no procede. Aquí cabe preguntarse si los letrados deben informar a sus clientes sobre la alternativa de presentar el habeas corpus sin asistencia jurídica o con la asistencia jurídica de una asesoría estatal. Muchos afectados recurren a un abogado, dado que el sistema de justicia no está preparado para llevar adelante una atención sensible a la vulnerabilidad de los jóvenes y familiares que son víctimas de la violencia institucional. D. Clases de habeas corpus Según el mal que se pretenda eliminar, los habeas corpus han de ser clasificados de la siguiente manera: i) Clásico o reparador: se interpone frente a una privación ilegal de la libertad, mientras el beneficiario del habeas corpus se encuentra detenido. El objetivo es que el Juez corrobore la legalidad de la detención y, en el caso de que ésta fuera ilegal, ordene la liberación. ii) Preventivo: se interpone frente a una amenaza ilegal a la libertad ambulatoria. Cuando se interpone, el beneficiario se encuentra libre, pero su libertad ambulatoria resulta lesionada por la amenaza de ser detenido arbitrariamente. La amenaza se compone del miedo de ser detenido arbitrariamente (elemento subjetivo) y la existencia de indicios que hacen probable que la amenaza se concrete (elemento objetivo). iii) Correctivo: se interpone en caso de agravamiento ilegítimo en las formas o condiciones de detención. Cuando se interpone, el beneficiario se encuentra legalmente privado de su libertad; por ejemplo, cumpliendo una condena o en prisión preventiva. El objetivo de este habeas corpus es que el juez corrobore si las condiciones de detención cambiaron de modo contrario a la legislación y que se coloque a la persona privada de la libertad en las condiciones adecuadas. | 23 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política De un total de 52 resoluciones de habeas corpus motivados por la aplicación del Código de Faltas 47 son preventivos y sólo 5 reparadores. Esta notable diferencia se debe a las características de las detenciones por Código de Faltas. Estas detenciones se caracterizan por su brevedad. En la mayoría de los casos las detenciones no superan las 24 horas. Los plazos de resolución de los habeas corpus exceden en general el tiempo de la detención. En estos supuestos el caso se vuelve abstracto al momento de ser resuelto por el Juez. Aunque las detenciones por Código de Faltas se caracterizan por su corta duración, son sistemáticas. Éste es el motivo por el cual el mayor número de los habeas corpus presentados revisten la calidad de preventivos. Con la presentación del habeas corpus preventivos, quienes son víctimas de detenciones arbitrarias sistemáticas buscan eliminar la amenaza de las detenciones futuras. La amenaza surge, en estos casos, de la misma sistematicidad de la práctica que muestra las altas probabilidades de que las detenciones arbitrarias se reiteren. Para dar contenido a la amenaza actual, deberían computarse las circunstancias del caso y la reiteración de los hechos por parte de las presuntas autoridades. Entonces, para la procedencia del habeas corpus preventivo, deberá constatarse que la fuerza de seguridad o autoridad pública ponga en peligro la libertad de una persona en forma ilegítima, esto es, 0% 50% 100% 5 47 Preventivo Reparador Tipo de Habeas Corpus | 24 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política apartándose de las normas que rigen su actuación funcional11. En algunos casos la amenaza cobra mayores dimensiones cuando el hostigamiento se vuelve se personalizado de modo que la relación entre el joven y la policía se vuelve más estrecha y cercana. Tal es el caso "Rodríguez, Luis Emiliano presenta habeas corpus preventivo" (Expte. N° R-01/13 – SAC 1197761). Aunque este caso no integra la muestra de resoluciones de habeas corpus, si forma parte del relevamiento jurisprudencial. En este caso, se hizo lugar a un habeas corpus preventivo presentado por un joven ante el "permanente hostigamiento del que le hacen objeto, pues cuando lo encuentran en la calle y por cualquier motivo lo detienen y lo privan ilegítimamente de su libertad hasta por espacio de cinco días. Esta modalidad de actuación policial reviste el carácter de habitualidad, circunstancia que hace que se sienta perseguido, restringido indirectamente en su libertad ambulatoria, ya que, encontrándose en la vía pública y por cualquier motivo, le imputan Merodeo y lo sindican como supuesto autor de cualquier hecho delictivo que sucede. Tan intenso es el hostigamiento que en los últimos siete días le detuvieron dos veces". El fallo continúa señalando que "lo que sí ha quedado evidenciado es que Rodríguez es un habitual cliente del sistema contravencional, ya que registra más de ocho procesos contravencionales, según refiere las constancias de autos por merodeo y negativa a identificarse, en un lapso de tiempo relativamente corto". En el fallo "Toranzo, Carlos Ezequiel – Champan, Mauro Emanuel Apertura de Instancia Judicial" (Expte. N°T-08/12 SAC 755165) se evidencia nuevamente la amenaza que surge del carácter sistemático de la práctica arbitraria. La resolución se motiva en el pedido de una asesor que expresó "que esta modalidad encubierta de legalidad que ha adoptado el personal adscripto a la citada dependencia policial, para privar ilegítimamente de la libertad a su hijo, accionar que a la fecha tiene ribetes de habitualidad por parte de los uniformados, le está causando un serio perjuicio derivado de la acumulación de antecedentes en su prontuario, y corre riesgo de perder su trabajo". El fallo establece "En el presente los errores de procedimiento de parte del personal policial, son groseros, y constituyen una grave afectación a la libertad de los ciudadanos". Continua diciendo "Se deben puntualizar las numerosas irregularidades cometidas por el Comisario 11 Giuliano, D Angelo s/ Habeas Corpus preventivo. Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Sala B. 25/09/2012 | 25 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política de Pilar y/o sus dependientes, en la tramitación de los presentes: no hay testigos presenciales que estuvieran en el lugar de los hechos" y "Las actas están incompletas en sus partes esenciales, y no hay constancia que se haya dado cumplimiento al art. 42 de la Const. Provincial (...), ya que no hay constancia de que se les haya facilitado un teléfono o alguna otra forma de comunicación para avisar a su familia su situación de detención, lo cual le permitiría hacer uso de los resortes legales predispuestos para estos supuestos". E. Causas de restricciones a la libertad Las causas por las cuales se restringe la libertad de la persona detenida por Código de Faltas son diversas y aparecen enunciadas en los hechos descritos en los habeas corpus. En las 53 resoluciones de habeas corpus relevadas observamos 90 hechos enunciados. De ese total, 3 corresponden a averiguaciones, 25 a hostigamientos, 22 a detenciones. En 9 ocasiones se describen amenazas expresas del tipo que configuran delito, 10 casos refieren a la amenaza que significa en sí la aplicación arbitraria y sistemática del Código de Faltas. Finalmente, en 14 oportunidades se mencionan detenciones sistemáticas; es decir que la persona beneficiaria del habeas corpus ha sido detenida en reiteradas oportunidades. Una de las cuestiones más importantes es elucidar cuándo un supuesto Averiguacion es; 3 Hostigamient o; 24 Detención; 22 Delito de amenaza.; 9 Allanamiento /s; 8 Amenazas; 10 Detenciones Sistematicas ; 14 Hechos enunciados en el Habeas Corpus | 26 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política de hecho encuadra en el concepto de amenaza ilegal, a los fines del habeas corpus preventivo. Lo cierto es que no está claro qué elementos deben darse para que los jueces acepten la existencia de una amenaza ilegal y resuelvan favorablemente el habeas corpus adoptando medidas para hacer cesar tal situación. Como surge más adelante, las medidas que dispongan los jueces para identificar la existencia de la amenaza de detención ilegal dan cuenta de un concepto estrecho de amenaza ilegal. Conforme a este concepto vigente en la práctica judicial, la amenaza ilegal a la libertad ambulatoria sólo se configuraría si existiera una orden de detención o pedido de captura escrito. Sin embargo, este concepto no da cuenta de la amenaza de detención ilegal por Código de Faltas, dado que la detención por Código de Faltas opera sin necesidad de orden judicial o cualquier formalidad previa. Otra concepción vigente de amenaza la vincula con un hostigamiento particular en el que se puede individualizar a los agentes hostigadores. Sin embargo, se desconoce la sistematicidad de las detenciones arbitrarias como una amenaza concreta en la que los agentes y funcionarios son fungibles12. Las prácticas institucionales se convierten en estos casos en una amenaza arbitraria que excede el accionar concreto de los agentes involucrados. Las limitaciones de un concepto de amenaza restrictivo son reconocidas por algunos jueces de control en las entrevistas que realizamos: "(...) Amenaza de detención es una cosa bastante ambigua, ¿no? Esa es la realidad; desgraciadamente, son esas zonas grises donde permiten un accionar discrecional y arbitrario de la fuerza de seguridad. Para mí, el concepto de amenaza, de que amenaza una detención, que sería lo que nos interesa en este momento, amenaza de una privación de la libertad, tendría algo así como dos etapas: la primera, cuando uno recaba la información formal, le pregunta al fiscal de instrucción de si está persiguiendo a esa persona, si tiene orden de detención, si ha cometido un delito, pero no tiene orden de detención; si ha sido citado a declarar como imputado y no vino, etc. Considero que no es una amenaza, porque está dentro de lo que establece exactamente la ley (...). El concepto de amenaza, en los términos del Código de Faltas, y supongo que a lo que se refieren es a una amenaza de detención, 12 La fungibilidad de los agentes no funciona como una excusa que excluye la responsabilidad de los funcionarios, en Frontalini Rekers Romina: "Responsabilidad moral y penal de los funcionarios por las privaciones abusivas de la libertad", Anuario 2014 del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. | 27 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política es lo que se denomina o se conoce generalmente como persecución policial injustificada, arbitraria y totalmente inconstitucional; eso es una amenaza. Por eso, como expliqué, generalmente, cuando hay un preventivo, hablo con las personas porque esos datos que acabo de señalar no están puestos en el escrito". "(...) La base del concepto de amenaza es que exista un riesgo mínimo, una restricción arbitraria de la libertad, y luego se va redefiniendo en cada caso particular, efectuando las averiguaciones de fondo". "(...) A veces, por ejemplo, la policía se mueve en vehículos de civil para no levantar sospecha porque a veces se dan referencias del sospechoso que coinciden con una persona que no hizo nada, y la policía lo persigue. "Sentirte perseguido" sería una coartación de mi libertad individual". De las entrevistas también surgen algunas nociones de qué cuenta como una detención ilegal: –"Detenciones ilegales son todas aquellas aprehensiones (...) sin orden de autoridad competente y/o sin reunir los requisitos que establece expresamente la Constitución de Córdoba y el Código Procesal de Córdoba (...)". –"La detención ilegal es cualquier tipo de privación de la libertad que no tenga respaldo en ninguna autoridad judicial, en sentido genérico y amplio del término (...)" F. Consecuencias de las restricciones a la libertad Ser víctima de una detención arbitraría produce una estigmatización injustificada que limita las opciones futuras del joven y lo vuelven más vulnerable a futuros abusos policiales. Algunos daños concretos consisten en la pérdida del trabajo, sobre todo del trabajo informal que predomina en este ámbito, la ausencia escolar o la imposibilidad de realizar actividades cotidianas. Además, si la detención fue ejercida con violencia o ilegalmente, la persona experimenta un daño moral muy fuerte que afecta su autoestima, de modo que dificulta el correcto desenvolvimiento de sus planes de vida. Este daño es aún mayor cuando las detenciones se repiten. Una persona que es detenida arbitrariamente en reiteradas oportunidades no sólo descree del | 28 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Estado sino de sus conciudadanos de modo que se fractura los vínculos sociales y el daño se extiende en dimensiones mayores. En un 73,6% de los casos los jueces no enunciaron en sus resoluciones las consecuencias que acarrea para los jóvenes este tipo de detenciones. Que los jueces no tomen en cuenta los daños que producen las detenciones arbitrarias en diferentes aspectos de la vida de los afectados habla de una despreocupación por el objetivo último del habeas corpus, a saber, la protección de la libertad ambulatoria como condición para el desarrollo de los diferentes planes de vida de los jóvenes en una comunidad democrática. G. Residencia, edad y género del afectado Aunque la residencia, edad y género de quien ve interferida o amenazada su libertad ambulatoria son datos relevantes, no aparecen en la mayoría de las resoluciones de habeas corpus, por lo que no se realizó un análisis cuantitativo de estos datos. La ausencia de esta información evidencia que el grado de vulnerabilidad del afectado en función de su residencia, edad y género no son aspectos tenidos en cuenta por los jueces a la hora de evaluar la existencia o inexistencia de amenaza a la libertad ambulatoria, en el caso de los habeas corpus preventivos. Ello, a pesar de que, como ha quedado demostrado, las detenciones arbitrarias se ven sobrerrepresentadas en el caso de jóvenes hombres pertenecientes a los 73% 27% Consecuencias de las restricciones a la libertad No enuncia Si enuncia | 29 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política barrios vulnerables de la ciudad13. La sobrerrepresentación de estos grupos en el cómputo global de detenciones deja ver cómo la aplicación del Código de Faltas opera como un mecanismo de discriminación indirecta contra estos colectivos14. Adicionalmente la aplicación discriminatoria es sistemática. Por lo tanto, la pertenencia al colectivo, jóvenes hombres de entre 18 y 25 años residente en barrios vulnerables de la ciudad, es un indicio de amenaza a la libertad ambulatoria que no es evaluado por los jueces. La pertenencia a un colectivo vulnerable debe ser un factor relevante a ponderar por los jueces, a la hora de determinar la existencia de una amenaza a la libertad ambulatoria. H. Procedimiento adoptado por el órgano jurisdiccional ante la presentación de un habeas corpus En la Provincia de Córdoba no contamos con una ley que regule el procedimiento de habeas corpus. No existe una ley provincial de habeas corpus; como en el caso de, por ejemplo, Corrientes (ley 5.854, de 2008), Tierra del Fuego (ley 333, de 1996) o Chaco (ley 4.327, del mismo año). Tampoco hay pautas concretas en el Código Procesal Penal cordobés. En cambio, la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, regula el habeas corpus como un capítulo de los procesos penales (ley 11.922, arts. 405 a 420). Tucumán adoptó una solución diferente: cuenta con un Código Procesal Constitucional (ley 6.944), cuyo capítulo II trata el hábeas corpus. Córdoba no ha optado por ninguna de esas alternativas desde la derogación del Código Procesal Penal de 1939 (ley 3.831). El procedimiento fijado en la ley nacional de habeas corpus (23.098, de 1984) no se aplica, en virtud del régimen federal argentino. Así lo estableció, claramente, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en la causa "Habeas Corpus correctivo presentado por María Angélica O. De Möller – Recurso de casación-" (sentencia N° 120, 14/6/2007). En este fallo, el Tribunal adoptó como norma de aplicación supletoria el Código Procesal Penal de la Provincia vigente, porque sus normas "otorgan mayor tutela a la libertad ambulatoria". Sin embargo, al ser consultados los jueces de control en diversas entrevistas realizadas durante el desarrollo de la investigación, no 13 https://es.scribd.com/doc/113366386/ Relevamiento y análisis sobre la aplicación del Código de Faltas en la Ciudad de Córdoba. 14 Idem. | 30 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política mantuvieron un criterio claro y uniforme en relación con el proceso que seguían y las normas aplicables. Por ejemplo, un juez sostuvo: "El procedimiento está reglado por una Ley Nacional; existía el Código viejo de Córdoba, pero éste fue derogado. El procedimiento es muy abierto, por lo que debe variar con cada caso". Otro juez sostuvo: "Nosotros nos movemos con lo que establece la Ley Nacional". I. Medidas adoptadas por el juez En este punto se analizan las medidas adoptadas por los jueces, y mencionadas en las resoluciones de habeas corpus, a los fines de corroborar si en el caso existe interferencia o amenaza ilegal a la libertad ambulatoria. En los habeas corpus clásicos, es decir: aquellos en que el afectado se encuentra privado de la libertad, las medidas deben tener por objetivo evaluar la legalidad de la detención. Sin embargo, en estos casos los análisis no son profundos, de modo que se circunscribe el concepto de legalidad a la existencia de un proceso contravencional. No se analiza la legalidad del procedimiento, si está especificada la contravención aplicable, los hechos que la motivaron, la existencia de testigos civiles que confirmen los hechos, etc. Aun cuando la detención se adecue a las pautas del Código de Faltas, tampoco se lleva adelante un análisis de la legalidad de la detención a la luz de las exigencias constitucionales aplicables a cualquier pena privativa de la libertad. En el caso de los habeas corpus preventivos, las medidas deben tener como objetivo corroborar si existe una amenaza ilegal a la libertad ambulatoria. Sin embargo, de las resoluciones relevadas surge que las disposiciones de los jueces resultan ineficaces en relación con el objetivo señalado. En estos casos, se reducen al pedido de informe a las Unidades Judiciales, Comisarías y Jefatura de la Policía de la Provincia, en cuanto a conocer si existe una orden de detención o pedido de captura. Pero, desde que no es necesaria una orden judicial o de captura para la detención por Código de Faltas, la amenaza de detención arbitraria tiene lugar en ausencia de tales elementos. En definitiva, estas medidas no aportan ninguna información relevante que permita dilucidar si existe o no tal amenaza. En sólo 3 casos los jueces citaron a declarar al afectado y sus familiares. La citación del afectado resulta una medida más adecuada a los fines de entrar en conocimiento de los hechos y circunstancias que constituyen la amenaza. | 31 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política En los habeas corpus relevados encontramos pedidos de informe requerida a Unidades Judiciales –en algunos casos, a todas (HC17, HC22, HC24,HC25, HC26, HC27,HC53); en otros, a la correspondiente al domicilio del afectado (HC22)- ; la Policía de Córdoba –al Jefe de Policía (HC15, HC24, HC26, HC27, HC28) o alguna comisaría en particular (HC17, HC28, HC40)-; la Unidad de Contención del Aprehendido (HC19); la dependencia policial donde se tramitan actuaciones contravencionales (HC7); la Dirección de Servicios Policiales de la División de Documentación Personal (HC10); Antecedentes Personales y juez administrativo de Faltas (HC13); Policía y Dirección de Policía Judicial (HC2, HC26, HC27); Jefe de Policía y ayudantes fiscales de Unidades Judiciales (HC 20); División de Robos y 0 20 40 60 8 43 Casos que SI Casos que NO Pedido de Informe 0 20 40 60 3 48 Casos que No Casos que SI Citaciones | 32 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Hurtos (HC22, HC28); y a la Fiscalía (HC22). Finalmente, fueron relevados casos especiales, como en el HC16, en el que se ordenó realizar una llamada telefónica a la Unidad de Contención del Aprehendido. Por otra parte, de la resolución del HC18 surge que no se adoptó ninguna medida. En las resoluciones no existe constancia de las medidas probatorias ofrecidas o solicitadas en el habeas corpus. Las resoluciones de habeas corpus sólo se refieren a la prueba diligenciada por el juez. En el caso Ancieta, la Cámara de Acusación revocó una resolución de habeas corpus argumentando que no se había tutelado adecuadamente el derecho de defensa de las partes desde que no se había incorporado y valorado la prueba ofrecida por los accionantes. Al resolver la apelación de la resolución, determinó que, "si el Juez ingresa al fondo del asunto, como lo ha hecho, debe hacerlo dándole oportunidad a las partes –no sólo a la institución policial involucrada, sino también a los accionantes–, para que ofrezcan su prueba. Y sólo luego de la incorporación y valoración también de esa prueba puede decidir dictando la pertinente resolución sobre el fondo del asunto". En relación con el argumento de la urgencia a favor de la frugalidad de la prueba diligenciada, cabe destacar que el carácter urgente del habeas corpus es una exigencia a favor del afectado. De tal modo que el carácter urgente nunca debe ser interpretado a favor de limitar el diligenciamiento o la producción de prueba de los accionantes cuando la prueba existente inclina la decisión a un rechazo. Desde que el habeas corpus es una garantía de la libertad de los ciudadanos, las medidas adoptadas por los jueces deben guiarse por un principio de parsimonia del sistema penal o pro-dominio. Conforme a este principio, cualquier acto de penalización, vigilancia, investigación o detención, cualquier procesamiento o castigo inflige un daño inmediato e incuestionable al dominio de alguien15. En consecuencia, en estos supuestos, la carga de la prueba debe recaer sobre el modo de justificar cualquier medida restrictiva del dominio y no sobre el de justificar su ausencia o eliminación16. Por lo contrario, en el caso de las medidas tendientes a resguardar el dominio, como es el caso del habeas corpus, la carga de la 15 John Braithwaite and Philip Pettit, No sólo su merecido: por una justicia penal que vaya más allá del castigo. Traducción de Elena Odriozola, Siglo XXI editores, 2015, p.108. 16 Idem. | 33 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política prueba debe recaer sobre la justificación de la ausencia o eliminación de alguna medida posible. En estos casos, los jueces tienen la carga de agotar todos los recursos a su alcance, para corroborar la existencia de la restricción al dominio como consecuencia del accionar policial, y sólo una vez agotados puede justificar la ausencia de la protección, es decir: el rechazo del habeas corpus. Sin embargo, los datos muestran que las medidas adoptadas por los jueces son mínimas e ineficaces en relación con la restricción al dominio en cuestión. Incluso encontramos supuestos donde no se adoptó ninguna medida. J. Legislación que aplicaron los jueces en las resoluciones Consultados respecto de la legislación aplicable a las resoluciones, los jueces a cargo de los Juzgados de Control no pudieron identificar de manera unánime la legislación que corresponde aplicar. De hecho, conforme surge de los datos relevados, nueve resoluciones de habeas corpus han citado como fundamento el Código Procesal Penal derogado (Ley 3.831). Entre otros, los fundamentos utilizados para resolver las acciones de habeas corpus, comprenden en mayor medida la Constitución Provincial y la Ley Nacional de Habeas Corpus (Ley 23098), y en un menor promedio la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal de la Provincia (vigente). Por otra parte, encontramos escasa referencia por parte de los jueces al Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, a pesar de ser la norma en que se fundan las restricciones y amenazas a la libertad ambulatoria. Aunque los jueces basan sus resoluciones en diferentes normas, la incertidumbre se plantea en el plano procesal y no en el sustancial, donde las normas en cuestión siguen iguales parámetros. Existe entre los magistrados dudas sobre el régimen procesal aplicable. Córdoba, a diferencia de otras provincias, no cuenta con una ley provincial de habeas corpus que regule el procedimiento. Posteriormente, a partir del dictado de la resolución en la causa "Möller", el Tribunal Superior de la Provincia (sentencia No 120 del 14-0607) estableció que sólo el Capítulo I de la Ley 23.098, que establece las disposiciones generales, tiene vigencia en todo el territorio Nacional, siendo común a todo tribunal que la aplique. Sin embargo, a partir del Capítulo II, que regula el procedimiento, es materia conservada por las provincias, según lo dispuesto por los arts. 5, 31 126 y cc. de la C.N. El tribunal afirmó que las | 34 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política normas que otorgan una mayor tutela de la garantía de la libertad ambulatoria y de las condiciones de detención lo constituye el Código de Procedimiento Penal vigente, puesto que el término para poder recurrir la decisión que se dicte, la que puede ser adversa al referido derecho invocado, es de tres días (C.P.P., art. 461); lo cual resulta mayor al previsto en la ley nacional de habeas corpus para idéntico fin: veinticuatro horas (art. 19, Ley 23.098). Muchas provincias han ejercido la competencia legislativa que han conservado, y han desarrollado una adecuada regulación del instituto. Entre ellas, en primer lugar, es dable distinguir aquellas que reglamentaron el instituto mediante una ley autónoma, tales como Catamarca (Ley 4.642), Chaco (Ley 4.327), Chubut (Ley XV No3 -ex Ley 4.357), Corrientes (Ley 5.854), La Pampa (Ley 267), Río Negro (Ley 3.368), San Luis (Ley 3.665) y Tierra del Fuego (Ley 333). Por otro lado, cabe mencionar a las provincias que, sin haberlo regulado mediante una ley especial, incorporaron la legislación nacional en sus Códigos de Procedimiento Penal, tales como Buenos Aires, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero. Por último, están las provincias que aún no lo han regulado ni han adherido a las disposiciones de la Ley Nacional 23.098, lo que genera la situación de incertidumbre que se presenta en la nuestra, por las razones antes expuestas. Entre ellas, encontramos a la Provincia de Córdoba, Formosa, Misiones, Neuquén y Santa Cruz, así como también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una consideración especial merecen dos grupos más de provincias, no comprendidos en los antes descritos. En primer lugar, las de Entre Ríos y Tucumán, que se caracterizan por ser las primeras que desarrollaron un cuerpo normativo dedicado exclusivamente a procedimientos constitucionales. Así, en Entre Ríos, el habeas corpus ha sido regulado por Ley 8.369 Ley de Procedimientos Constitucionales, y en Tucumán se encuentra ordenado por la Ley 6.944, que constituye el Código de Procesal Constitucional. En segundo términos, valen especial atención las Constituciones de las Provincias de Salta y de Jujuy, dado que ambas prohíben expresamente la regulación del instituto, ya que establece que son nulas y sin valor alguno las normas de cualquier naturaleza que reglamenten la procedencia y requisitos de la denuncia o procedimiento de habeas corpus. Dichas disposiciones se encuentran receptadas en el art. 40, inc. 7, de la Constitución de Jujuy, y en el art. 88 de la Constitución de Salta, en virtud de la remisión que dicha | 35 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política disposición hace al art. 87 del mismo cuerpo normativo. La incertidumbre legislativa en nuestra provincia en cuanto al procedimiento de habeas corpus genera gran cantidad de irregularidades y procedimientos creados para el caso concreto, que derivan en situaciones o medidas no previstas o reglamentadas, cuyo único resultado es la ineficacia de la acción de habeas corpus. Esto ha dado lugar a que, al ser consultados los jueces encargados de resolver sobre dicha acción, algunos nos brindaran como respuesta que "generalmente el procedimiento es estándar, que debe variar discrecionalmente según cada caso, ya que cada caso es particular y puede llevar medidas diferentes". K. Planteos de inconstitucionalidad en los habeas corpus El control judicial de constitucionalidad, según Bidart Campos17, cuenta con la fórmula acuñada por la Corte Suprema desde su fallo del 5 de diciembre de 1865, la cual, si bien se refiere expresamente a las leyes, se torna extensiva a normas y actos distintos de las leyes. Dicha fórmula dice así: "Que es elemento de nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que traen a su decisión, comparándolas con el texto de la constitución para averiguar si guardan o no su conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentra en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos." (Fallos: 33:162). El control judicial de constitucionalidad, y la eventual declaración de inconstitucionalidad de una norma o un acto, es un deber (u obligación) que implícitamente impone la constitución formal a todos los tribunales del poder judicial, cuando ejercen su función de administrar justicia, o cuando deben cumplir dicha norma o acto. Adicionalmente, los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de oficio, es decir: aun cuando las partes no lo hubiesen solicitado. La CSJN, en 17 Germán J. Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformado, Tomo II, Editorial EDIAR SACIF, Primera reimpresión 1998, Buenos Aires, p. 328. | 36 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política la causa "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra C/ Ejército Argentino s/ Daños y Perjuicios – Causa R 401 XLIII – Sentencia del 27 de noviembre de 2012"18, admitió la posibilidad de que los jueces puedan declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley. A partir de esta doctrina, el Máximo Tribunal de la Nación y los tribunales inferiores podrán -en el marco de su jurisdiccióndeclarar la inconstitucionalidad de leyes federales, nacionales o locales, decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados, reglamentarios y autónomos, así como también de resoluciones administrativas y actos jurídicos, aunque no existiera petición de las partes. En estos términos, el fallo fortalece la independencia del Poder Judicial, al permitir a los jueces ampliar el control constitucional de los actos realizados por los otros poderes del Estado. En consecuencia, esta decisión de la Corte Suprema recoge las demandas de la doctrina constitucional de avanzada que pregona un amplio control de constitucionalidad para defender los derechos individuales ante el avasallamiento del Estado. Seguidamente, recordó que, a partir de 1994, el derecho internacional de los derechos humanos ha adquirido la más alta jerarquía constitucional en la Argentina. En ese marco, agregó que así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los órganos del Poder Judicial deben descalificar de oficio las normas internas de cada país que se opongan a las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, igualmente deben descalificarse de oficio las normas que se oponen a la Constitución Nacional19. En el considerando 11 de la resolución, señala: "...que tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las directivas que surgen del derecho internacional de los derechos humanos. En el precedente "Mazzeo" (fallos: 330:3248), esta Corte enfatizó que "la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", que importa "una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, 18 Ver resolución completa: file:///F:/usuarios/alumno/Descargas/ADJ0.452682001354039453.pdf. 19 "La Corte Suprema admite que los jueces puedan declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley", Martes 27 de noviembre de 2012, ver en: http://www.cij.gov.ar/nota-10349-LaCorte-Suprema-admite-que-los-jueces-puedan-declarar-de-oficio-la-inconstitucionalidad-deuna-ley.htmlhtm [Consulta: domingo 6 de septiembre de 2015]. | 37 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos" (considerando 20). Se advirtió también en "Mazzeo" que la CIDH "ha señalado que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar 1as disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, ya que les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias su objeto fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos". Concluyó que "en otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de 'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos la Convención Americana sobre Derechos Humanos" (caso "Almonacid", del 26 de septiembre de 2006, parágrafo 124, considerando 21) 12). Que en diversas ocasiones posteriores la CIDH ha profundizado el concepto fijado en el citado precedente "Almonacid"20. Recientemente, el citado Tribunal ha insistido respecto del control de convencionalidad ex officio, añadiendo que en dicha tarea los jueces son órganos vinculados con la administración de justicia que deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana (conf. caso "Fontevecchia D'Amico vs. Argentina del 29 de noviembre de 2011). La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución 20 En el caso "Trabajadores Cesados del Congreso", precisó que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también "de convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la Convención Americana ["Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro otros) vs. Perú", del 24 de noviembre de 2006, parágrafo 128]. Tal criterio fue reiterado algunos años más tarde, expresado en similares términos, en los casos "Bisen Cárdenas Bisen Pefia vs. Bo1ivia" (de1 1° de septiembre de 2010, parágrafo 202); "Gomes Lund otros ('Guerrilha do Raguaia') vs. Brasil" (de1 24 de -8R. 401. XLIII. Rodríguez Pereyra, Jorge Luis otra cl Ejército Argentino s/ daños y perjuicios. Flores vs. Maxicoh parágrafo (del 26 de 176) "Cabrera -a Montiel noviembre de 2010, parágrafo 225) noviembre de 2010, | 38 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa formulada por su intérprete auténtico, es decir: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los tribunales nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía, frente a normas locales de menor rango. Dado que esta investigación tiene por objeto analizar las resoluciones de habeas corpus, no fue posible determinar en qué casos el habeas corpus presentado solicitaba un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del Código de Faltas. Sólo pudimos identificar que se había solicitado en el caso de algunas resoluciones donde los jueces hicieron referencia al pedido. De ahí que la actitud de los jueces ante este tipo de demanda sólo se refiera a un escaso número de resoluciones en la que los magistrados mencionaron el pedido. En el resto de los casos, es probable que se haya solicitado el control de constitucionalidad, aunque no se haya mencionado en la resolución. Esto, por dos razones: primero, los modelos de habeas corpus que utilizan las organizaciones de Derechos Humanos contienen expreso pedido de control de constitucionalidad21; segundo, hay registros de algunos habeas corpus abarcados por la muestra presentados con pedido de control de constitucionalidad que luego no aparece mencionado en la resolución22. 21 http://resistiendoalcodigodefaltascba.blogspot.com.ar/p/modelo-de-habeas-corpus.html 22 Habeas corpus "Martín Vallejos". | 39 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Desde que se relevaron los datos existentes en las resoluciones de habeas corpus no se pudo determinar en qué casos el habeas corpus presentado solicitaba un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del Código de Faltas. Sólo se identificó el pedido de pronunciamiento en el caso de algunas resoluciones donde los jueces hicieron referencia al pedido. Es probable que en el resto de los casos se haya solicitado el control de constitucionalidad aunque no se haya mencionado en la resolución. Esto por dos razones, primero, los modelos de habeas corpus que utilizan las organizaciones de Derechos Humanos contienen expreso pedido de control Casos que SI Casos que NO 11 41 Inconsitucionalidad I ¿Surge de la resolución que se solicitó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del CdF? Casos que SI Casos que NO Se Excusa 2 6 3 Inconstitucionalidad II ¿Se pronuncia el Juez sobre la inconstitucionalidad? | 40 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política de constitucionalidad23; segundo, hay registros de algunos habeas corpus abarcados por la muestra presentados con pedido de control de constitucionalidad que luego no aparece mencionado en la resolución24. Del total de resoluciones relevadas en sólo 11 casos surge que se solicitó el control de constitucionalidad. De estos casos en sólo 2 los jueces llevaron adelante el control. En 6 casos, omitieron llevar adelante el control de constitucionalidad. En 3 casos, los magistrados presentaron diferentes excusas para no pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del Código de Faltas. Este patrón evidencia cómo los jueces omitieron por regla cumplir con su función de garantes de la Constitución Nacional y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, limitando el acceso a la justicia de los destinatarios de la norma. La omisión se agrava, si consideramos que la posible inconstitucionalidad del Código de Faltas y las detenciones que surgen de su aplicación son denunciadas de modo público y notorio. En este contexto, cobra validez la hipótesis de que el Poder Judicial omite tutelar los derechos de quienes recurren a la acción de habeas corpus incumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos y socavando el papel de este instituto como control de la adecuada utilización de la coacción estatal. L. Plazo de resolución de los habeas corpus La Constitución de la Provincia de Córdoba establece que el juez, de resultar procedente, debe resguardar la libertad o hacer cesar la detención en menos de veinticuatro horas (art.47). Dado que las resoluciones de habeas corpus son la herramienta con la que cuentan los ciudadanos para controlar el correcto funcionamiento del instituto, el control del cumplimiento del plazo previsto en la resolución debería poder hacerse recurriendo a la resolución. Para evaluar si se cumplió el plazo la resolución debe consignar la fecha y hora de presentación del habeas corpus, además de la fecha de resolución. 23 http://resistiendoalcodigodefaltascba.blogspot.com.ar/p/modelo-de-habeas-corpus.html 24 Habeas corpus "Martín Vallejos". | 41 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Sin embargo, sólo el 34% de las 52 resoluciones de habeas corpus analizadas (esto es: 18), poseen la fecha de presentación y resolución, en tanto que el otro 66% no las consigna. De todas las resoluciones en las que los jueces consignaron la fecha de presentación del habeas corpus surge que no se respetó el plazo establecido en la Constitución de la Provincia de Córdoba. Tampoco se exponen las razones que pudieron haber motivado tal incumplimiento. Dado que tal plazo está establecido a favor de quien considera su libertad ambulatoria menoscabada, podría ser superado con el objetivo de diligenciar pruebas o adoptar medidas a favor de la protección de la libertad del afectado. Si al momento de vencerse el plazo hubiese dudas sobre si existe una interferencia o amenaza a la libertad ambulatoria del afectado y los elementos favorecieran el rechazo del habeas corpus, el juez podría superar el plazo para recabar más elementos de modo de garantizar que el rechazo se encuentra justificado y, en caso contrario, hacer lugar a la protección. Esta estrategia es la que mejor se adecua al principio de parsimonia de los sistemas penales. Lo contrario importaría que los jueces puedan excusarse fácilmente produciendo sólo la prueba que alcanzan a producir dentro del plazo. Adicionalmente, dicha estrategia debe quedar plasmada en la resolución para que los ciudadanos puedan controlar que el plazo fue superado a favor de la libertad del ciudadano. 66% 34% Fecha de Presentación NO cuentan con fecha de presentación SI cuentan con fecha de presentación | 42 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política En el caso de las resoluciones que contaban con fecha de presentación, el plazo de resoluciones variaba del siguiente modo. El plazo menos registrado es de 5 días y el plazo mayor es de 390 días. En promedio, los jueces demoraron 83,55 días en resolver un habeas corpus. A partir de estos datos, podemos concluir que, en todos los casos en que se cumplió con el deber de consignar la fecha de presentación del habeas corpus, se incumplió con el plazo establecido en la Constitución Provincial. Adicionalmente, no se justificó en las resoluciones las causas de la superación del plazo. Finalmente, si se cruza el tiempo que tardaron los jueces en resolver con el dato sobre las medidas adoptadas, es posible concluir que la demora es injustificada desde que en todos los casos las disposiciones son aproximadamente las mismas. El tiempo de retraso no se tradujo en una mayor producción de pruebas o investigación. Menos de 15 días Entre 15 días y 30 días Entre 30 días y 180 días. Entre 180 días y 390 días 8 4 2 4 Plazo entre presentación y resolución del Habeas Corpus | 43 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política M. Índice de rechazos De un total 52 habeas corpus por Código de Faltas resueltos, 45 fueron rechazados, es decir: el 86%. En sólo 3 casos, el Juez hizo lugar al habeas corpus, esto es: en el 4% de los casos. Sin embargo, según surge de algunas entrevistas realizadas a los magistrados, en algunos casos en los que se procedió al rechazo del habeas corpus se adoptaron medidas informales, por ejemplo el juez realizó una llamada a la comisario responsable de los agentes que hostigan al joven, etc. Estas disposiciones no se computan a favor del resguardo de la libertad del afectado desde que no son controlables por la ciudadanía, al no constar en la resolución. De modo aislado, este dato no suma ninguna información relevante. Sin embargo, al cruzar el índice de rechazos con el relevamiento de medidas adoptadas por los jueces para corroborar la ilegalidad de la interferencia o amenaza a la libertad ambulatoria, puede afirmarse que los magistrados omiten actuar bajo el principio de parsimonia del sistema penal25 o principio pro-dominio. El principio de parsimonia establece que, como regla, los habeas corpus deben ser concedidos e impone al Juez la carga de justificar los rechazos del mismo modo que deben justificarse las excepciones. De ello se sigue que, ante la duda, los jueces deben conceder el habeas corpus. Dado 25 John Braithwaite and Philip Pettit, No sólo su merecido: por una justicia penal que vaya más allá del castigo. Traducción de Elena Odriozola, Siglo XXI editores, 2015, p.108. Se hizo lugar; 3; 6% No se hizo lugar; 45; 86% Se declaro incompetent e por territorio; 3; 6% Se desistió de la acción; 1; 2% Resolución de los Habeas Corpus | 44 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política que las pruebas producidas por los jueces y ponderadas en la resolución de habeas corpus no aportan certeza, a la luz del principio de parsimonia, la duda debe favorecer sido la concesión del habeas corpus. Cuando los jueces no cumplen con la carga que les impone el principio de parsimonia debe esperarse un gran porcentaje de habeas corpus concedidos. El principio de parsimonia exige también a los jueces ponderar el hecho de que la presentación del habeas corpus por un joven vulnerable profundiza la vulnerabilidad y dota de mayor entidad la amenaza dado que una presentación judicial expone al joven ante aquellos funcionarios que lo hostigan. Ello es así dado que los pedidos de informe del juez de control se dirigen a la institución que ejecuta la práctica que amenaza al joven en cuestión. Por tal motivo, y conforme al principio de parsimonia, la profundización de la vulnerabilidad por la presentación judicial debería contar como una razón más en contra del rechazo del habeas corpus. En 3 resoluciones, los jueces se declararon incompetentes por el territorio. Estas resoluciones son contrarias al espíritu del habeas corpus que consiste en resguardar la libertad ambulatoria de manera inmediata. En consecuencia, el juez debe justificar, a la luz del principio de parsimonia del sistema penal, por qué su ubicación geográfica le impide producir o conocer mejor los elementos que debe ponderar. Finalmente, en un solo caso el accionante desistió de la acción. En este supuesto el principio de parsimonia exige que los jueces indaguen la causa del desistimiento desde que éste puede haber sido ocasionado por las mismas razones que motivaron la presentación del habeas corpus (el miedo, las amenazas, etc.). N. Delitos conexos a las restricciones a la libertad y actuación de los jueces ante el surgimiento de un delito En la mayoría de los casos de los hechos relatados por los accionantes surge la comisión de diferentes delitos, dado que la presentación de habeas corpus por aplicación del Código de Faltas es consecuencia de la violencia institucional. En estos supuestos, el delito por antonomasia es la privación abusiva de la libertad, pero también encontramos otros delitos contra la integridad física, el honor, la propiedad, la administración pública, etc. | 45 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política En el 73% de las resoluciones analizadas surge la existencia de algún delito cometido por la autoridad policial, tales como amenazas, lesiones, abuso de autoridad, violación de domicilio y allanamientos ilegales. El Código Procesal Penal de Córdoba, en su art. 317, establece que los funcionarios o empleados públicos tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el Código Penal dispone en su art 274 que el funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable. Sin embargo, cabe advertir que sólo en 2 casos, que representan el 4% del total analizado, el Juez remitió las actuaciones a la Fiscalía que por turno corresponde a los fines de que investigue los delitos denunciados. Estos datos permiten suponer que en el 96% de los casos en que se constataron posibles delitos estos no fueron investigados y quedaron impunes, a consecuencia del incumplimiento de los deberes de funcionarios que recaen sobre los jueces de control. 0 10 20 30 40 50 60 Surge existencia de delito Remite actuación de fiscal Casos que SI; 38 Casos que SI; 2 Casos que NO; 14 Casos que NO; 36 Delitos conexos a las restricciones a la libertad | 46 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política 5. Pautas para una mejor actuación judicial A continuación se enumera una serie de pautas normativas elaborada a partir de las debilidades advertidas en las resoluciones de habeas corpus analizadas. Las pautas son de dos tipos; tienen en cuenta los dos objetivos que guían la investigación, a saber, promover un adecuado control judicial de la aplicación del Código de Faltas y, al mismo tiempo, el control de la actividad judicial y su adecuación a las normas que regulan la materia. 1. Garantizar el acceso a las resoluciones de habeas corpus a todas las personas interesadas, siempre que no exista un motivo legal que lo impida. 2. Incorporar a la interpretación del concepto de amenaza elementos vinculados al grado de vulnerabilidad del afectado, tales como el barrio de residencia, la franja etaria, etc. 3. Incorporar a las resoluciones un análisis sobre los efectos que la violencia institucional causa en diferentes aspectos de la vida del joven afectado. 4. Incorporar en las resoluciones datos relativos a la residencia, edad y género del afectado, a los fines de identificar el nivel de vulnerabilidad del joven. 5. Enumerar en la resolución todas las pruebas ofrecidas y solicitadas por el accionante. 6. Agotar todos los recursos a su alcance, para corroborar la existencia de la restricción al dominio como consecuencia del accionar policial. 7. Cumplir con la carga de justificar la ausencia o eliminación de alguna medida posible no adoptada. 8. Interpretar el carácter urgente del habeas corpus como una | 47 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política exigencia a favor del afectado, quien ve su libertad ambulatoria limitada o amenazada. No interpretar el carácter urgente del habeas corpus a favor de limitar el diligenciamiento o producción de prueba de los accionantes, cuando la prueba existente inclina la decisión a un rechazo. 9. Plasmar en la resolución el pedido de control de constitucionalidad, si fue solicitado por las partes. 10. Llevar adelante el control de constitucionalidad de la norma en que se fundó o se fundará el acto restrictivo de la libertad, haya sido o no solicitado por las partes. 11. Plasmar en la resolución la fecha de presentación del habeas corpus, a los fines de control el cumplimiento del plazo de resolución establecido en la Constitución Provincial e identificar cualquier retardo de justicia injustificado. 12. Cumplir con la carga de justificar el rechazo del habeas corpus teniendo presente el principio de parsimonia del sistema penal, conforme al cual la regla debe ser la concesión del habeas corpus. 13. Remitir a la fiscalía de turno las actuaciones, dado que siempre la presentación de un habeas corpus genera sospecha sobre la legalidad de la actuación policial. Adicionalmente, se recomienda la sanción de una ley provincial que regule el procedimiento de habeas corpus con el objetivo de evitar la multiplicidad de criterios procesales y los procesos ad hoc. Tal ley debe crear un proceso que guíe el accionar judicial pero que nunca sea un límite a las garantías del afectado. Las formalidades que establezcan deben ser interpretadas siempre a favor del afectado y del control de la actuación judicial. | 48 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política 6. El caso Seleme: habeas corpus colectivo preventivo contra las razzias policiales en la ciudad de Córdoba Durante la investigación, los días 2 y 3 de mayo, tuvieron lugar razzias policiales en diferentes barrios vulnerables de la ciudad de Córdoba. Estos operativos de saturación policial, con fuerte operación territorial, se convirtieron en una nueva práctica policial que profundizó el carácter sistemático y selectivo de las detenciones arbitrarias por aplicación del Código de Faltas. Estos operativos se comenzaron a desarrollar en 2013, con la creación del Departamento de Ocupación Territorial de la Policía de la Provincia de Córdoba. Esta política, en contraposición al modelo policial de respuesta, está presente en los barrios, aun en ausencia de hechos concretos que motivaran la intervención policial. Así lo declaró el comisario Domínguez con motivo de la presentación del nuevo departamento: "Aun cuando no haya estadísticas o un hecho concreto -indicó-, lo mismo trabaja". Anticipando el criterio de selección de barrios seguido durante las razzias del 2 y 3 de mayo, el departamento de ocupación territorial se desplegó por primera vez en 2013 en los barrios: 1. Autódromo, Sol Naciente; 2. Marqués Anexo, Marcelo T. Alvear; 3. Yapeyú; 4. Villa Urquiza, Siburu, Villa Páez; 5. Bella Vista; 6. Müller, Maldonado, Renacimiento, Villa Boedo; 7. Villa El Libertador, Cabildo. La sistematicidad de las detenciones arbitrarias por aplicación del Código de Faltas con motivo de los tales operativos explicita la amenaza a la libertad ambulatoria de los jóvenes residentes en aquellos barrios. La sistematicidad como origen de la amenaza se evidenció después de las razzias del 2 y 3 de mayo, a través de las expresiones de funcionarios quienes advertían: "Pórtense bien, no salgan a la calle, porque estos operativos van a seguir hasta las elecciones", y por los dichos del jefe de la Policía de la Provincia, quien declaró: "Seguiremos entrando a barrios complicados, a barrios difíciles, a hacer ocupaciones, a controlar a personas, a pedir DNI, papeles de las motos". Frente a la amenaza a la libertad ambulatoria, consistente en la probable reiteración de los operativos y las detenciones arbitrarias masivas de los jóvenes residentes en los barrios objeto de estos operativos, fue presentado un habeas corpus colectivo preventivo. Era colectivo porque fue interpuesto a favor de todos los jóvenes residentes en esos barrios, con | 49 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política independencia de las identidades individuales. El carácter colectivo también se vincula a que la amenaza que motiva la presentación consiste en una práctica institucional. El carácter preventivo del habeas corpus se justificaba en la pretensión de revisar la legalidad de la práctica con el objetivo de evitar su reiteración en el futuro. El habeas corpus fue presentado por el director del Programa de Ética y Teoría Política, Prof. Dr. Hugo Seleme, en nombre de los jóvenes de los barrios Argüello, Autódromo, Sol Naciente, San Roque, Villa Urquiza, Villa El Libertador, Müller, Villa El Nylon, San Vicente, Bajo Pueyrredón, Marqués Anexo y Yapeyú. Con motivo de la presentación, el Juez de Control, Gustavo Reinaldi, solicitó a la Policía de la Provincia información sobre los detenidos durante los operativos del 2 y 3 de mayo, con el objeto de analizar la legalidad de la práctica institucional sistemática que amenazaba a los jóvenes. La Policía cumplió parcialmente con el pedido, dado que no informó sobre los 109 menores detenidos durante los operativos. Esa información surgió de lo aportado por la jueza de menores Susana Guastavino. Esta magistrada señaló que no se dio noticia ni participación correspondiente a su Juzgado ni a la Se.N.A.F. de los menores detenidos "a disposición padres" y por contravenciones. Esta situación configura un flagrante incumplimiento a la Circular General número 39/15 de la Subjefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba, de fecha 10 de marzo de 2015, que dispone –en lo pertinenteque "... con el propósito de conjurar posibles vulneraciones de los derechos y garantías consagrados en los arts. 18 de la Constitución Nacional; 42 de la Constitución Provincial y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño (...) En ningún caso podrá justificarse la presencia de menores en cualquier dependencia policial bajo la figura "a disposición padres". En caso que una persona, niña, niño o adolescente hasta los dieciocho años de edad sea trasladado hasta una dependencia policial para el resguardo de su integridad o por prevención – por cuanto su conducta no se encuentra subsumida en tipo penal algunosiempre deberá darse noticia y/o participación a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (...). En la resolución, el juez Reinaldi llevó adelante un control de convencionalidad, a la luz de los tratados de Derechos Humanos incorporados en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, de la práctica institucional consistente en la aplicación arbitraria del Código de Faltas que | 50 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política amenazaba la libertad ambulatoria de los jóvenes afectados. En ese orden, el magistrado efectuó consideraciones precisas tanto respecto de las prácticas de detenciones como de las normas en las que ellas se amparan. Respecto de las primeras, sostuvo varios puntos. Primero, afirmó que el "temor como instrumento de control es insustentable -además de incompatible con nuestras leyes fundamentalesy la historia nos ha enseñado que es un camino que es mejor evitar, que sólo conduce al odio y la mayor violencia y que afecta y destruye la trama social " (Consid. IX). Como se observa, además de recordar que tales medidas son ineficaces y contra-producentes, el Juez no vacila en afirmar que las prácticas realizadas se basan en el temor y, como es así, ellas son inconstitucionales por estar en franca oposición a nuestras leyes fundamentales. En segundo lugar, el Juez hizo consideraciones más precisas en torno a las figuras en virtud de las cuales se hicieron la mayoría de las detenciones. Respecto de la "negativa de identificarse" sostuvo que "la "negativa a identificarse" supone una negación activa a brindar información, puesto que hoy, con los medios técnicos y de comunicación de que dispone la Policía de la Provincia, no resulta difícil constatar –de resultar necesario- confirmar la información que una persona brinda, sin necesidad alguna de proceder a su detención y determinar si alguien tiene pedido de captura u orden de detención es una actividad inmediata, gracias a los registros y la tecnología con la que la cuenta la Policía. (Consid. XIII.)". Por lo tanto, como muestra esta transcripción, el juez ha dicho que el modo en el que la Policía de Córdoba realiza las detenciones es ilegal o, si se quiere, abusivo, desde que no utiliza la figura "negativa u omisión de identificarse", como debería, sino de una manera contraria a la interpretación de ella más cercana a la Constitución. Esta conclusión adquiere mayor fuerza, dado que el mismo Juez, luego de las aclaraciones previas, sostiene "que no hay norma alguna que obligue a los habitantes de esta provincia a tener siempre consigo el documento de identidad" (Consid. XIII). Parece que, dado lo expuesto, el magistrado ha encontrado razones suficientes para decir que las prácticas que se vienen desarrollando son contrarias a la normativa vigente. Respecto de la figura de merodeo, el Juez realiza un análisis similar. Primero, sostiene que la práctica de detención basada en tal norma se aleja de lo que ella debería permitir (de acuerdo con nuestra Constitución) y, luego, asevera que, dado que la misma norma permite detenciones que van más allá de lo que habilita nuestra Carta Magnag (Art. 75 inc. 22 y Art. 19), | 51 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política es inconstitucional. Afirma el magistrado respecto de la ilegalidad de la práctica de detención constatada (haciendo suyas las palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Fallo Torres Millacur, ya citado) que "no constituye "merodeo" el sólo hecho de estar merodeando en un lugar (...), tener una actitud sospechosa (...), deambular en la vía pública (no estar bien vestido, mirar los comercios de forma sospechosa, caminar entre los autos o desviar la mirada cuando la policía llama). (Consid. XIII.)". Pero también sostuvo que no sólo la práctica se aparta de los cánones legales, sino que la misma legislación contravencional es, según sus propias palabras, inconstitucional. Esto es así, habida cuenta de que, "en normas contravencionales que legitiman de una manera imprecisa y vaga (la facultad policial) de detener personas...el arbitrio de la policía (se torna) sumamente amplio y los motivos por los cuales se realizan detenciones suelen ser mínimos y absurdos...". El Juez continúa recordando que "...al no establecer causas concretas por las cuales una persona podía ser privada de su libertad (la norma)...permitió a los policías de la provincia (...) interferir con la libertad física de las personas de forma imprevisible y, por lo tanto, arbitraria..." (Consid. XIII.). De manera tal que, podría sostenerse, que tales normas por extremadamente vagas quedan fuera del marco de lo que la Constitución Nacional permite. El Juez finaliza este aspecto del análisis efectuando una consideración común tanto a la figura de merodeo como a la de negativa de identificarse: "Como se indicó en la sentencia analizada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la no adecuación de las normas y de las prácticas de las autoridades públicas a las disposiciones, a los derechos y garantías que resultan de los Tratados Internacionales puede hacer incurrir a nuestro país en responsabilidades internacionales como las referenciadas" (Consid. XIII). Según este párrafo transcrito, parece que el magistrado no sólo ha dado por probada la existencia de prácticas ilegales, sino que, además, las normas en las que se basan son inconstitucionales. De no ser así, no se explicaría por qué ha dicho que, si las prácticas y las normas no se adecuan a la Constitución y los Tratados Internacionales, nuestro país puede ser pasible de sanciones. Asimismo, tal conclusión puede inferirse de la afirmación del Juez referida a la necesidad de reforma del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba: "Si bien es probable que, más temprano que tarde, tenga lugar la discusión sobre la necesidad de reformular el actual Código de Faltas, hasta tanto eso ocurra, es necesario destacar que resulta | 52 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política arbitraria una detención que sea imprevisible o desproporcionada o irrazonable" (Consid. XIII). Estas afirmaciones del Juez sólo pueden tener lugar si considera que la actual legislación permite, como él dice, "detenciones imprevisibles, arbitrarias y desproporcionadas". Si esto es así, entonces tales normas son inconstitucionales, ya que, como la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Fallo que el Juez cita dice que "la convención ha consagrado como principal garantía de la libertad y la seguridad individual la prohibición de la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario" (Consid. XIII). Como esto es así, cualquier norma que permita una aplicación arbitraria es inconstitucional. Como, según lo analizado más arriba, tanto el merodeo como la negativa u omisión de identificarse tienen estas características, ellas devienen en inconstitucionales, como el mismo Juez lo sostuvo. Esto puede verse también cuando el magistrado hace suyas las palabras de la Corte Interamericana, al sostener: "La reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y de antemano, las causas y condiciones de la privación de la libertad física... (Consid. XIII)" y que ""...al no establecer causa concretas por las cuales una persona podía ser privada de su libertad (la norma)...permitió a los policías de la provincia de Chubut interferir con la libertad física de las personas de forma imprevisible y, por lo tanto, arbitraria...." (Consid. XIII)26. Del mismo modo que en el de Verbitsky, el fallo Seleme se presenta como una sentencia exhortativa sobre los lineamientos a los que debe ajustarse la práctica policial en el futuro. El Juez de Control, Gustavo Reinaldi, resolvió: I) Exhortar al Jefe de Policía a que conozca lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "Torres Millacura y otros v. Argentina", donde se declara inconstitucional una norma, similar al actual Código de Faltas Cordobés, de una ley orgánica de Chubut, II) Recomendar al Jefe de Policía que se interiorice de esta resolución; y IV) Recomendar al Gobierno de la Provincia de Córdoba se encamine a prever mecanismos que aseguren la defensa técnica de personas privadas de la libertad, desde el momento de su detención, de manera tal que deje de contravenir la normativa constitucional. Pero, a diferencia del el fallo 26 Santiago Truccone, ¿qué debe hacer un juez ante un habeas corpus preventivo?: sobre la inconstitucionalidad del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, en http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/10/doctrina42132.pdf | 53 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política Verbitsky, dado que se trata de un habeas corpus preventivo, el fallo Seleme no exige hacer cesar ninguna situación vigente en el momento de la presentación, sino que exige que los futuros operativos se adecuen a la convención. Luego de su publicación, la Policía de la Provincia de Córdoba emitió una circular por la que daba a conocer a sus agentes las directrices del fallo. Hasta la fecha, no se han vuelto a registrar operativos con similares características, las que se describen en el apartado siguiente, aunque las detenciones arbitrarias sistemáticas y selectivas por aplicación del Código de Faltas siguen vigentes. El fallo Seleme también significó un avance en materia de legitimación. Implicó el reconocimiento de la legitimación amplia en el habeas corpus colectivo. La acción fue incoada por un ciudadano que no formaba parte del grupo sobre el que recaía la amenaza, ni era representante de una asociación cuyos objetivos fuesen la defensa de los derechos en juego. Al aceptar la presentación, el magistrado se inclinó por interpretar de modo amplio la legitimación y, de esta manera, contribuyó a delinear un aspecto del habeas corpus colectivo que hasta ese momento se encontraba indeterminado. Hasta este fallo, la cuestión de si cualquier ciudadano estaba legitimado para iniciar una acción de habeas corpus colectivo se encontraba abierta. La razón de esta indeterminación venía dada por el hecho de ser el habeas corpus colectivo una creación jurisprudencial que indefectiblemente tiene carácter progresivo. Como es sabido, el habeas corpus colectivo fue reconocido por primera vez en el denominado "caso Verbitsky". El argumento allí ofrecido a favor de reconocer este instituto jurídico posee la estructura de un razonamiento a fortioiri. El argumento señala que, si el remedio del amparo colectivo se encuentra disponible para proteger derechos vinculados con el medio ambiente, derechos del consumidor y derechos de incidencia colectiva en general, con mayor razón debe estarlo para proteger la libertad, uno de los valores más importantes de nuestro sistema. Sostiene la Corte: "...Pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que, si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente | 54 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla". Sobre la base de este argumento a fortiori, la Corte sostuvo que la tutela colectiva concedida por la Constitución en el segundo párrafo de su artículo 43 a "...los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva..." debía incorporarse a los mecanismos de habeas corpus diseñados para tutelar la libertad enunciados en el cuarto párrafo del artículo 43. Aunque allí sólo se reconocía expresamente el habeas corpus individual -en su versión reparadora, correctiva o preventiva-, ahora la Corte sostenía que debía incorporarse la tutela colectiva prevista en el párrafo segundo para otros derechos diferentes a la libertad. La extensión de la tutela colectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 43 al caso del habeas corpus contemplado en el cuarto párrafo plantea un problema sobre la legitimación activa. El párrafo segundo indica que pueden interponer el amparo colectivo "...el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley...". El párrafo cuarto, por lo contrario, indica que, cuando el bien afectado es la libertad, "...la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor...". Dado que el instituto del amparo colectivo posee una legitimación activa restringida y el habeas corpus individual ostenta una legitimación activa amplia, esto plantea la cuestión acerca de cuál es la legitimación activa para el caso del habeas corpus colectivo. Este habeas corpus es colectivo -a semejanza del amparo del párrafo segundo-, pero protege la libertad -a semejanza del habeas corpus individual del párrafo cuarto-. Es importante advertir que el caso Verbitsky no da ningún apoyo a la tesis que sostiene que la legitimación activa en el habeas corpus colectivo es restringida. Existen dos razones que justifican esta conclusión. La primera tiene que ver con el tipo de argumento utilizado para extender la tutela colectiva al caso del habeas corpus. El argumento afortiori no sostiene que existen las mismas razones para conceder la tutela colectiva a la libertad que las que justifican concederla a derechos menos importantes. El núcleo del argumento a fortiori es que existen más razones o razones de mayor importancia para extender la protección al caso de la libertad. Ahora bien, si existen más razones para proteger la libertad que las que existen para proteger otros derechos, no puede utilizarse este argumento para concluir que las condiciones de legitimación activa sean idénticas. Lo que se sigue de este | 55 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política argumento es que la protección brindada a la libertad debe ser mayor que la brindada a otros derechos. Un modo de alcanzar este objetivo es relajar las condiciones de legitimación activa para el caso del habeas corpus colectivo, es decir: reconocer una legitimación activa amplia. El argumento central del caso Verbitsky no da ningún sustento a la tesis de la legitimación restringida, sino que, por lo contrario, parece ser una razón para inclinarse por la legitimación activa amplia. La segunda razón no tiene que ver con el argumento utilizado por la Corte, sino con lo resuelto por ésta. Que la Corte reconociese legitimación activa a Verbitsky no sirve para zanjar la cuestión acerca de qué tipo de legitimación exige el habeas corpus colectivo. La razón es simple: Verbitsky satisfacía las exigencias establecidas para el amparo colectivo; actuaba en representación del CELS, que a su vez encuadraba dentro de los sujetos comprendidos en la legitimación restringida. Los sujetos habilitados por la legitimación restringida también se encuentran habilitados por la legitimación amplia. Que la Corte reconociese legitimación activa a Verbitsky, en consecuencia, no saldaba la cuestión de si la representación amplia no era aquí aplicable. El resolutorio en Seleme establece que, dado que es irrazonable pedir que sea el afectado el que por sí mismo inicie la acción, debe considerarse que debe aplicarse a la legitimación activa lo preceptuado por el cuarto párrafo del art. 4327. Se trata de un argumento a pari que señala lo siguiente. Lo que justifica la legitimación activa amplia en el habeas corpus individual presentado en beneficio de personas individualizadases el carácter del bien protegido. Que el bien protegido sea la libertad ambulatoria justifica la legitimación amplia. La razón es simple: si el habeas corpus busca proteger a aquellos cuya libertad de tránsito se encuentra comprometida, es irrazonable exigir que sea la víctima quien se mueva para interponer la acción. De allí que se permita que cualquiera pueda interponerla en su beneficio. Este avance en la disputa jurídica por una protección más amplia de las libertades frente a la actuación arbitraria estatal es de suma importancia, dado que muchos actores, como es el caso de las organizaciones sociales, que 27 "...Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor..." (Considerando IV). | 56 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política funcionan como canales de acceso a la justicia de los afectados no cuenta con la personería jurídica exigida por la interpretación restrictiva de la legitimación. | 57 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política 7. El accionar policial durante las razzias Tras la presentación del habeas corpus por las razzias del 2 y 3 de mayo, se inició una investigación penal por los delitos cometidos durante estos operativos. Con el objetivo de colaborar en la investigación, elaboramos un informe sobre la base de la prueba aportada por la Policía de la Provincia de Córdoba que da cuenta del patrón de actuación y de las irregularidades del proceder policial. | 58 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Área Acceso a la Justicia Programa de Ética y Teoría Política INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN LOS OPERATIVOS DE SATURACIÓN TERRITORIAL DEL 2 Y 3 DE MAYO DE 2015 PROGRAMA DE ÉTICA Y TEORÍA POLÍTICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA CENTRO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES FACULTAD DE DERECHO Y CS. SOCIALES PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "ACCESO A LA JUSTICIA: EL CASO DE LOS JÓVENES AFECTADOS POR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS" accesoalajusticiainfojus@gmail.com | 59 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus INTRODUCCIÓN Los días 2 y 3 de Mayo se llevaron adelante operativos de saturación policial que significaron la detención de centenares de jóvenes de los barrios Arguello, Autódromo, Sol Naciente, San Roque, Villa Urquiza, Villa el Libertador, Muller, Villa el Nylon, San Vicente, Bajo Pueyrredón, Marques Anexo y Yapeyú de la Ciudad de Córdoba. El objetivo de este informe es describir, y en su caso alertar sobre posibles riesgos que puede traer aparejado, el patrón de acción de la Policía de la Provincia de Córdoba durante los operativos. Los datos que se expresan a continuación dan cuenta de las irregularidades en el proceder policial que permiten calificar su accionar como arbitrario. La información que se sistematiza y analiza a continuación pretende ser un aporte a la investigación penal en curso sobre los delitos comunes cometidos por los funcionarios durante los operativos. En la resolución del Habeas Corpus Colectivo Preventivo presentado por el Prof. Dr. Hugo Seleme, con motivo de los operativos de saturación policial de los días 2 y 3 de mayo de 2015, el Juez de control Gustavo Reinaldi remitió las actuaciones a la fiscalía con el objeto de que se investiguen el proceder de la Policía de la Provincia durante los operativos. La investigación penal que se inició en la Fiscalía de Instrucción del Distrito II Turno V de la ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. Villegas hoy se encuentra en la Fiscalía General de la Provincia a cargo del Fiscal General Dr. Alejandro Oscar Moyano. La investigación penal tiene por finalidad establecer si las acciones llevadas a cabo por la Policía de la Provincia durante los operativos son encuadrables como delitos e individualizar a los responsables. Este informe fue realizado en base a la información aportada por la Policía de la Provincia de Córdoba al proceso de Habeas Corpus Colectivo Preventivo llevado a cabo por el Juez de control Gustavo Reinaldi. Esta información es la principal fuente de información con la que cuentan los | 60 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus ciudadanos para controlar la regularidad de los procedimientos policiales. 1. LOS DETENIDOS De la información aportada por la Policía de la Provincia de Córdoba surge, en primer lugar, que el fin de semana del 2 y 3 de mayo del corriente año se detuvieron a 342 personas durante los operativos de saturación policial. A ello debe sumarse un total de 109 menores cuyas detenciones no fueron informadas por la Policía de la Provincia. En relación a los menores detenidos la Policía de la Provincia no dio noticia ni participación al correspondiente Juzgado Penal Juvenil ni a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) pese a que la Circular General número 39/15 de la Subjefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba, de fecha 10 de marzo de 2015, así lo exige. 1.1 DESAGREGACIÓN POR ANTECEDENTES De total de detenidos: El 10,81% 37 casos registraban antecedentes penales. El 25,73% 88 casos registraban antecedentes contravencionales. El 63,46% 217 casos - no registraban antecedentes ni penales ni contravencionales al momento de los operativos. | 61 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Estos tres indicadores ponen de manifiesto que ni siquiera la supuesta peligrosidad evidenciada por los antecedentes penales o contravencionales fue el criterio utilizado por las fuerzas de seguridad para decidir a quién detener. Esto toda vez que la mayoría de los detenidos no contaba con antecedente alguno. Adicionalmente, la mayor parte de los antecedentes penales había sido generada por tipos penales cuya constitucionalidad se encuentra cuestionada debido a la posibilidad de utilizarlos arbitrariamente por la autoridad policial. Entre estos tipos se encuentra el de resistencia a la autoridad, donde –a los fines de imputación–es suficiente que un policía declare que su accionar ha sido resistido, y el de encubrimiento, que permite castigar la mera posesión de objetos de los cuales no se puede justificar su procedencia. Por lo que respecta a los antecedentes contravencionales, es razonable suponer que en su mayoría están fundados en figuras del Código de Faltas que han sido declaradas inconstitucionales. Según la investigación empírica llevada a cabo por el Programa de Ética y Teoría Política – que se encuentra disponible en el "Informe y Relevamiento sobre la aplicación del Código de Faltas en la Provincia de Córdoba" – la mayoría de las detenciones por aplicación del Código de Faltas tienen lugar a través de la aplicación de las figuras de merodeo y negativa u omisión de identificarse28. 28 En su fallo el juez Reinaldi estableció que el concepto merodear es vago desde que no queda claro qué casos comprende. Si hacemos una interpretación amplia podría comprender a todos los ciudadanos que transitan en la vía pública y generan desconfianza en los demás. Imagínese que por diversas razones comenzamos a sospechar de las mujeres que usan sombrero, esto sería suficiente para considerar a estar mujeres merodeadoras y que la policía las detengan alegando que el Código de Faltas lo permite. Una norma que haga posible esto es claramente inconstitucional. Así en la resolución el juez dice que "nuestro "sistema constitucional integrado" supone que las normas de máxima jerarquía no sólo se encuentran en la Constitución sino | 62 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus En relación a los ciudadanos detenidos durante los operativos que no registraban antecedentes ni penales ni contravencionales, la información policial no consigna los motivos de la detención. La causa de la detención se designa de modo genérico como "infracción también en aquellos tratados incorporados de acuerdo a lo previsto en el inc. 22 del art. 75 de nuestra Constitución Nacional". Entre tales tratados se encuentran la Convención Americana de Derechos Humanos que establece es su artículo 7 inc. 2 que las personas sólo pueden ser privada de la libertad por las causas fijadas de antemano por los estados. Dado que el merodeo es una figura extremadamente vaga esas causas no han sido fijadas por la legislatura en el Código de Faltas sino que son establecidas cada vez que un policía decide detener a alguien. Hoy la causa puede ser portar gorra y ser pobre, mañana puede consistir en ser mujer y utilizar sombrero, pasado mañana puede ser usar vestido, y así sucesivamente. En consecuencia la norma de merodeo es contraria a la Convención y en consecuencia al orden constitucional, lo que en definitiva significa que es inconstitucional. A continuación el juez dice "De igual manera la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales consecuentes son una fuente de interpretación de esas normas y los Tribunales nacionales no pueden desconocerlas y apartarse caprichosamente de esas decisiones. En ese marco, viene al caso considerar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Torres Millacura y otros vs. Argentina"". En este fallo la Corte establece la prohibición de la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario. A continuación establece que una detención resulta arbitraria cuando la detención es imprevisible. Así en su fallo el juez Reinaldi tiene en cuenta el siguiente argumento de la Corte los "...códigos contravencionales legitiman de una manera imprecisa y vaga (la facultad policial...) de detener personas para fines de identificación sólo por estar merodeando en un lugar". Continua citando que "...el arbitrio de la policía (se torna) sumamente amplio y los motivos por los cuales se realizan detenciones suelen ser mínimos y absurdos...". El fallo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos que Reinaldi utiliza en su resolución finalmente establece que ""...al no establecer causa concretas por las cuales una persona podía ser privada de su libertad (la norma)...permitió a los policías de la provincia de Chubut interferir con la libertad física de las personas de forma imprevisible y, por lo tanto, arbitraria...". | 63 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus contravencional" sin especificar el tipo de infracción de la que se trata. De más está decir que el tipo "infracción contravencional" no se encuentra contemplado en el Código de Faltas, del mismo modo que el tipo "delito penal" no se encuentra contemplado en el Código Penal. Por lo tanto, estas detenciones aparecen como arbitrarias aun desde el punto de vista del Código de Faltas. El Código de Faltas contiene tipos vagos – como el merodeo – que permiten su uso arbitrario por la autoridad policial. La introducción de un tipo genérico de "infracción contravencional" no contemplado en el Código de Faltas redobla la vaguedad y la potencial arbitrariedad. Si las figuras efectivamente contempladas en el Código de Faltas son vagas, esta figura utilizada por la autoridad policial lo es mucho más. Un poder arbitrario es básicamente un poder incontrolado. Cómo es lógico mientras más coercitivo es el poder ejercitado, mayores son los controles requeridos. En el caso del poder de policía, dado su alto carácter coercitivo, los controles se extreman. Su ejercicio debe estar controlado por el Poder Legislativo, el Poder Judicial y por el propio ciudadano afectado. Las detenciones justificadas en una "infracción contravencional" no han estado sujetas a ninguno de estos controles y han sido por tanto arbitrarias. En primer lugar, no han estado fundadas en ninguna de las figuras contravencionales específicas introducidas por el Poder Legislativo en el Código de Faltas. De lo informado por la policía surge que las mismas estuvieron justificadas en una figura genérica de "infracción contravencional" que no ha sido introducida por el legislador. En segundo lugar, la introducción de una figura no contemplada en el Código de Faltas o la omisión de informar al Poder Judicial la figura contravencional efectivamente utilizada, entorpece la acción controladora por parte del Poder Judicial. Por último, no informar a los ciudadanos detenidos el motivo específico de su detención – y simplemente limitarse a señalar que son detenidos por una "infracción contravencional" – imposibilita que el propio detenido pueda controlar la legitimidad de la detención y en su caso cuestionarla. | 64 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus 2. LUGAR DE DETENCIÓN Los datos aquí analizados permiten trazar un mapa de la actuación policial durante los operativos de saturación policial del 2 y 3 de mayo de 2015. El mapa puede consultarse en https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zuR07AzRzloA.k_x5iK OojyTc De lo informado por la policía puede concluirse que se establecieron 11 (once) "puestos de detención". Las detenciones no fueron consecuencia de la acción de vigilancia y patrulla que de modo natural debe desarrollar la policía para garantizar la seguridad en el territorio. No se trató de detenciones producidas en ocasión de estas acciones de vigilancia por las diferentes calles del barrio. Por el contrario, el modo de operar de los efectivos policiales consistió en apostarse en lugares determinados con el objetivo de detener a quienes meramente transitaban por los mismos. | 65 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Algunos de los "puestos de detención" informados por la policía hacen referencia a lugares inexistentes. Así, por ejemplo, la esquina de Avda. de Mayo con calle Bogotá es inexistente dado que se trata de arterias paralelas. Esto hace suponer que las detenciones se realizaron en un lugar diferente al consignado lo que entorpece en mayor medida la posibilidad de controlar el accionar policial. Estos "puestos de detención" inexistentes han sido, sin embargo, marcados en el mapa y cargados en las tabulaciones. 2.1. NÚMERO DE DETENIDOS POR PUESTO DE DETENCIÓN | 66 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus El número de detenido en algunos "puestos de detención" – en un mismo lugar se ha detenido a 85 personas, en un caso, y a 77 personas, en otro, en un mismo lugar – hace presumir que no se ha tratado de detenciones fundadas en figuras contravencionales tipificadas por el 6 8 3 3 24 11 42 6 85 39 77 Avd. De Mayo esq. Bogotá (24 detenidos) Capichuelo esq. Obligado (42 detenidos) Caroya esq. 24 de Septiembre (6 detenidos) Defensa esq. Araní (39 detenidos) Douglas esq. Piñero (77 detenidos) Mendoza N°3800 (85 detenidos) Cancha de Futbol Campo de la Ribera (11 detenidos) Río Negro esq. Tilcara (6 detenidos) Sanavirones esq. Juan Roque (8 detenidos) Padre Luis Monti 3600 (3 detenidos) Juan Roque N°200 (3 detenidos) | 67 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Código de Faltas. Resulta irrazonable creer que por alguna casualidad difícil de explicar todas estas personas se encontraban cometiendo infracciones contravencionales en el mismo lugar que se estableció el "puesto de detención". Es razonable concluir que se procedió a detener a todos aquellos que transitaban cerca del "puesto de detención". Un ejemplo palpable de tal proceder es el "puesto de detención" fijado en la cancha de futbol de Campo de la Ribera, donde se consigna que se detuvo a 11 personas. 2.2 DISTANCIA ENTRE EL LUGAR DE DETENCIÓN Y EL LUGAR DE RESIDENCIA Puede constatarse que la mayoría de los detenidos tenían su lugar | 68 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus de residencia cerca del "puesto de detención". En seis casos las personas tenían su lugar de residencia a menos de cien metros del "punto de detención". En otros casos, sesenta y cinco en total, el lugar de residencia no se encontraba a más de mil metros del "puesto de detención". De los casos restantes, sólo cuarenta y ocho tenían su lugar de residencia a más de tres mil metros del "puesto de detención". En más de cien casos no fue posible identificar en el mapa el lugar de residencia de los detenidos. Los datos referidos a la corta distancia entre el lugar de detención y el de residencia brindan nuevos indicios para conjeturar el patrón seguido por el accionar de la policía de la provincia. El modo de proceder de la policía consistió en instalar "puestos de detención" para interceptar a los transeúntes ocasionales cuyo lugar de residencia se encontraba en las inmediaciones. Dicho patrón de actuación evidencia un alto grado de arbitrariedad dado que es razonable conjeturar que quienes fueron detenidos lo fueron únicamente por el hecho de tener su lugar de residencia cerca del "puesto de detención". Un dato preocupante es el vinculado a la detención de menores, 109 en total. Estas detenciones no fueron informadas por la policía de la provincia al Juez Reinaldi por lo que no ha sido posible constatar las causas que las motivaron ni la distancia entre el punto de detención y el lugar de residencia. 3. DURACIÓN DE LA DETENCIÓN | 69 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus En lo que respecta a la duración de las detenciones, el 98% de los sujetos estuvo privado de su libertad un promedio de 11 horas y 45 minutos. La corta duración de las detenciones puede ser indicio de dos circunstancias diferentes aunque igualmente problemáticas. En primer lugar, puede ser indicio de que el accionar policial consistió meramente en trasladar a los individuos desde el "puesto de detención" a alguna dependencia policial para inmediatamente liberarlos. De ser este el supuesto que explica la corta duración de las detenciones, es dable preguntar si las mismas eran necesarias y estaban justificadas. En segundo lugar, puede ser indicio de un accionar altamente eficiente por parte de la policía, que pudo realizar las gestiones necesarias que justificaban la detención en el corto tiempo que estas duraron. De ser este el supuesto, y dado el alto grado de eficiencia demostrado, es dable preguntar si la detención era necesaria o si podían realizarse idénticas Duración de las detenciones 2% 2% Más de 12 Horas. 98% Menos de 12 Horas. 98 % | 70 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus gestiones sin proceder a detención alguna. El análisis de los datos contribuye a perfilar con mayor precisión el patrón de accionar policial. Centenares de ciudadanos son detenidos en la vía pública – cerca de su lugar de residencia – sólo para ser liberados unas pocas horas después. Este nuevo rasgo del proceder policial puesto en evidencia por el análisis de los datos permite echar luz sobre un problema que este patrón de conducta policial previsiblemente puede causar. El que las detenciones sean de corta duración vuelve posible que las mismas cesen antes de que se hayan activado los mecanismos jurídicos aptos para evaluar su legitimidad. Por más expeditivo que sea la tramitación del habeas corpus restaurativo – que tiende a proteger la libertad ambulatoria – es prácticamente imposible que el mismo pueda llegar a su término antes de que la detención haya cesado. Este extremo, unido a la dificultad de acceso a la justicia de los afectados por el patrón de conducta policial, hace posible que estas detenciones de bajo impacto inmediato pasen inadvertidas por el sistema judicial y por ende puedan ser repetidas sistemáticamente a lo largo del tiempo. El resultado es que un mismo individuo puede padecer sucesivas detenciones de bajo impacto inmediato – esto es de corta duración – que agregadas producen un enorme impacto a largo plazo en términos de libertad. Un dato adicional que puede extraerse del análisis de la información es que en promedio existe una diferencia de 3 horas entre el momento de la detención y el del ingreso de los detenidos al lugar de alojamiento. Es dable conjeturar que durante este período de tiempo los detenidos se encontraron en el interior de los vehículos en los que iban a ser transportados o de algún modo inmovilizados en la vía pública. Tal proceder es preocupante por dos motivos diferenciados. En primer lugar, en todo momento debe cumplirse en relación con los detenidos las exigencias establecidas por la normativa sobre las condicione que debe reunir el lugar de detención. Un vehículo policial, o la vía pública de manera evidente no satisfacen las condiciones antes referidas. La diferencia horaria constatada por el análisis de los datos es indicio de que los ciudadanos han estado detenidos en lugares no aptos para este fin. | 71 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus En segundo lugar, un período de detención fuera del lugar de alojamiento tan prolongado dilata de modo peligroso el control sanitario del detenido a fin de asegurar que el mismo no ha sido sometido por la autoridad policial a severidades, vejaciones o apremios ilegales que hayan menoscabado su integridad física. El objetivo que persigue el control sanitario es permitir comparar el estado del detenido antes de la detención con el estado al momento del egreso. Según la práctica policial vigente el control sanitario se realiza al momento de ingresar al lugar de alojamiento por lo que es imperioso que el tiempo que transcurre entre la detención efectiva y el traslado alojamiento sea lo más reducido posible. Los datos analizados permiten constatar que las personas estuvieron detenidas un promedio de 3 horas antes de ser trasladadas al lugar de alojamiento donde se practica el control sanitario. Tal proceder brinda la oportunidad de que en el período ventana se produzcan los abusos antes mencionados y, de producirse, dificulta la obtención de la prueba médica para su constatación. 4. LUGAR DE ALOJAMIENTO | 72 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus El alto número de alojados de modo simultáneo en los establecimientos referidos permite razonablemente dudar de que se hayan cumplido las normas legales que regulan las condiciones de encierro. En general estas normas de La Asociación Para la Prevención de la Tortura estipulan que debe existir un espacio de 2 metros cuadrados por persona. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura recomienda que una celda individual debe medir no menos de 7 metros cuadrados. Para las celdas colectivas, el CPT ha encontrado la siguiente proporción aceptable: 10 metros cuadrados para 2 prisioneros, 21 metros cuadrados por 5 prisioneros, 35 metros cuadrados para 7 prisioneros, 60 metros cuadrados para 12 prisioneros. Este estándar es receptado en la Guía Práctica para el Monitoreo de Lugares de Detención de la Asociación para la Prevención de la Tortura29. Por otro lado es dable conjeturar que dado el patrón de conducta policial establecido a través del relevamiento de datos – detención indiscriminada de transeúntes en la vía pública y posterior traslado al lugar de alojamiento – los menores detenidos durante los operativos, 109 en total, hayan sido alojados en los mismos espacios que los mayores. Tal proceder, producto de la práctica constatada, supone la violación de normas internacionales de Derechos Humanos. 5. CONCLUSIÓN El análisis de la información permite reconstruir el patrón que ha guiado los procedimientos llevados adelante por la autoridad policial. La existencia de un patrón de conducta identificable permite razonablemente concluir que no se ha tratado de conductas aisladas llevadas adelante por funcionarios policiales sino que las mismas han respondido a una directiva institucional. El accionar de la policía de la provincia ha consistido en establecer "puestos de detención" en barrios periféricos de la ciudad de Córdoba para interceptar y luego trasladar a transeúntes ocasionales. Lo que 29 http://www.apt.ch/content/files_res/Monitoring%20Guide%20SP.pdf | 73 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus permite establecer que se establecieron "puestos de detención" es el alto número de detenidos en un mismo lugar. Lo que permite establecer que se procedió a detener a meros transeúntes es al corta distancia entre el "puesto de detención" y el lugar de residencia de los detenidos. Otro aspecto del proceder policial que es posible establecer a partir del análisis de la información es que se trato de un ejercicio de poder incontrolado tanto por parte del poder legislativo, el judicial y los propios afectados. Dado que en los registros policiales no se deja constancia de las causas de detención ni tampoco han sido informadas el Juez, es razonable conjeturar que las mismas tampoco fueron explicitadas a los afectados. El accionar policial no ha estado bajo el control del poder legislativo en tanto no se ha utilizado ninguna figura específica del Código de Faltas para justificar la detención. Se ha entorpecido el control del poder judicial toda vez que no se han informado las causas efectivas de la detención. No ha estado bajo el control de los ciudadanos detenidos en tanto es razonable conjeturar que dicha información tampoco le fue ofrecida a los afectados. Si la información de la causa de la detención no fue ofrecida ni siquiera a requerimiento de un juez, la conjetura de que tampoco fue ofrecida a simples ciudadanos en el momento de ser detenidas cobra mayor asidero. Un rasgo adicional del patrón de conducta policial es que se trató de detenciones de cortísima duración. El procedimiento básicamente consistió en recoger personas de la vía pública, trasladarlas a los lugares de detención para inmediatamente liberarlas. La corta duración de la detención, por un lado, determina que sea razonable cuestionar si efectivamente eran necesarias. Por el otro, y lo que es más grave, posibilita que las mismas no sean detectadas por el sistema judicial y que las herramientas jurídicas tradicionales para proteger la libertad ambulatoria sean ineficientes. Esto a su vez brinda la ocasión de que estas detenciones de bajo impacto inmediato – al no ser detectadas ni remediadas por el sistema judicial – se repitan en el tiempo sobre una misma persona causando un enorme costo agregado en términos de libertad. Otra característica del proceder policial que es razonable conjeturar a partir del análisis de la información es que las condiciones de detención | 74 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus no satisficieron las exigencias legales vigentes. Esto debido a dos circunstancias. En primer lugar, el algo número de detenidos alojados simultáneamente en un lugar de detención. En segundo lugar, las condiciones en que los ciudadanos fueron ubicados desde el momento de la detención y hasta su traslado a los lugares de alojamiento. Es razonable concluir que durante este lapso de tiempo los mismos permanecieron dentro de los vehículos policiales o inmovilizados en la vía pública. En ninguno de estos dos supuestos las condiciones legales de alojamiento han sido satisfechas. Por último, dado el patrón de conducta policial identificado, y dado el número de menores detenidos en los procedimientos es razonable conjeturar que el trato brindado a los mismos fue idéntico al brindado a los adultos. Específicamente, existen indicios de que los mismos fueron alojados en los mismos lugares de detención que los adultos, lo que vulnera la normativa legal vigente. En síntesis, puede concluirse que el patrón de actuación policial identificado a través del análisis de la información tuvo las siguientes características: a. Establecimiento de "puestos de detención" en barrios periféricos de Córdoba. b. Detenciones no fundadas en figuras específicas del Código de Faltas sino en una figura genérica de creación policial. Falta de información de las causas de detención al Poder Judicial y a los directos afectados. c. Detención de transeúntes en la vía pública por mera cercanía al "puesto de detención". d. Detenciones de bajo impacto inmediato en términos de duración de la privación de la libertad, pero con un alto impacto agregado ante la posibilidad de que se repitan en el tiempo sobre una misma persona. e. Permanencia de los detenidos en los vehículos policiales o en la vía pública por un período prolongado de tiempo antes de ser llevados al lugar de alojamiento y constatarse su estado de salud. f. Alojamiento simultáneo de un alto número de detenidos en el mismo lugar de detención. Cada una de estas características aisladamente bastarían para volver | 75 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus preocupante el patrón de conducta policial, pero su conjunción determina que el riesgo de la ciudadanía de estar sometida a un poder arbitrario – esto es, incontrolado – sea mayúsculo. Que un ciudadano pueda ser detenido, sin que la autoridad policial exprese causa alguna, por el mero hecho de vivir y transitar cerca del "puesto de detención"; que las detenciones tengan un impacto inmediato que las vuelva imperceptibles y difícilmente atacable por las herramientas legales ordinarias; que puedan ser repetidas en el tiempo alterando por completo la forma de ejercitar la libertad ambulatoria de los afectados; que el individuo detenido no sea trasladado inmediatamente al lugar de alojamiento sino que permanezca durante un período ventana en una especie de limbo donde su integridad física no ha sido constatada; que sea trasladado a un lugar de alojamiento que se encuentra atestado; que sea alojado junto con menores que deberían ser ubicados en recintos especiales; todo esto puesto en conjunto comienza a hacer emerger un cuadro donde existen ciudadanos sometidos a un poder estatal sobre el cual ni ellos ni los otros poderes del Estado – legislativo y judicial – pueden ejercitar un control efectivo. | 76 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus 8. La transferencia de estrategias contra la violencia institucional El objetivo de esta investigación no se limita a evaluar el acceso a la justicia de los jóvenes afectados por el Código de Faltas y realizar recomendaciones al Poder Judicial y Poder Legislativo para promover el control de la coacción estatal. Resulta necesario acercar a las organizaciones sociales y a la población en general herramientas que faciliten el acceso a la justicia. Para ello se presentaron dos nuevos elementos, por un lado un instructivo para el ejercicio de los derechos, y por otro lado, un circuito para la búsqueda de los detenidos. | 77 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus INSTRUCTIVO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Habeas Corpus y Código de Faltas 2015 Material elaborado por los miembros del proyecto de investigación "Acceso a la justicia: el caso de los jóvenes afectados por el Código de Faltas" del Programa de Ética y Teoría Política de la Facultad de Derecho de la UNC. Si usted tiene alguna duda sobre el instructivo puede escribir a: accesoalajusticiainfojus@gmail.com | 78 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus PARTE I: CÓDIGO DE FALTAS 1. ¿Qué es el Código de Faltas? El Código de Faltas es una ley de la Provincia de Córdoba destinada a mantener el orden público. Sin embargo, a diferencia de otros países, establece en muchos casos como pena la detención. Esto es problemático por dos razones. En primer lugar, la aplicación de esas penas, que en muchos casos son más graves que las previstas en el Código Penal, se realiza sin que sea necesario respetar las garantías penales. Así quien acusa y juzga las contravenciones son la misma persona, la policía, la defensa técnica no es obligatoria, etc. En segundo lugar, el Código de Faltas prevé contravenciones extremadamente vagas como el merodeo. Una contravención es vaga cuando no es claro cuándo se aplica y cuándo no a un caso real. Por ejemplo, no está claro qué es y qué no es merodear. En consecuencia no podrá obedecer esa norma sino sabe con claridad qué cuenta y qué no cuenta como merodeo. Por lo tanto no sabe cuándo lo pueden detener por merodeo. Esto convierte a las detenciones por contravenciones extremadamente vagas en impredecibles y, en consecuencia, arbitrarias. Las detenciones arbitrarias son contrarias a lo que exige la constitución y los tratados de Derechos Humanos suscriptos por nuestro estado. 2. ¿Me pueden detener por no llevar identificación o DNI? En Córdoba no existe una ley que obligue a los ciudadanos a transitar con DNI. La presentación del DNI es necesaria para muchos trámites, por ejemplo casarse o inscribirse en la universidad, pero no para transitar por la vía pública. Si la policía necesita corroborar su identidad es suficiente con que se identifique verbalmente. La policía cuenta con los recursos técnicos necesarios para buscar la información que necesitan, por ejemplo para averiguar si existe un pedido de captura. Sólo constituye contravención negarse activamente a brindar información a la policía, por ejemplo se niega a decirle a la policía cómo me llama y cuál es su DNI. 3. ¿Cuándo la policía me para en la calle puede preguntarme o consultar por radio mis antecedentes penales o contravencionales? No. | 79 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus En primer lugar, los antecedentes penales o contravencionales no son parte de la identidad de las personas. En segundo lugar, tener antecedentes penales o contravencionales no es motivo suficiente para ser detenido. Esto es así porque quien tiene antecedentes ya fue juzgado por el delito o contravención que aparece en el registro de antecedentes. En tercer lugar, nuestro Código Penal en su art. 51 tercer párrafo establece que sólo podrá brindarse información sobre los antecedentes "cuando mediare expreso consentimiento del interesado. Asimismo, los jueces podrán requerir la información, excepcionalmente, por resolución que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta del antecedente como elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial". Esto quiere decir que la información relativa a sus antecedentes sólo la pueden consultar usted o un juez a través de una resolución en la que justifique que necesita esa información para un proceso judicial. Dado que el Código Penal se aplica de modo supletorio en todo aspecto que no esté regulado por el Código de Faltas y la accesibilidad al registro de contravenciones no se encuentra regulada en el Código de faltas30, lo anterior se aplica a los antecedentes contravencionales. En conclusión la policía no tiene permitido acceder directamente al registro de antecedentes penales o contravencionales. Si lo hace estará incumplimiento con sus deberes de funcionario público. 4. ¿Me pueden detener por caminar, esperar o estar en la calle? No. Transitar libremente por la vía pública es un derecho reconocido en nuestra constitución. Por otro lado el Juez Reinaldi ha establecido en el caso "Seleme" que "no constituye "merodeo" el sólo hecho de estar merodeando en un lugar, (...) tener una actitud sospechosa (...), deambular en la vía pública (no 30 El Código de Faltas sólo establece en su art. 11 1er párrafo "La Policía de la Provincia llevará un registro personalizado de las condenas por las contravenciones previstas en el presente Código, las que se asentarán en los prontuarios que correspondan al momento de expedirse las respectivas planillas de antecedentes. A tales efectos, las autoridades administrativas y jurisdiccionales de aplicación de este Código, oficiarán comunicando las diversas resoluciones recaídas para su anotación". | 80 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus estar bien vestido, mirar los comercios de forma sospechosa, caminar entre los autos o desviar la mirada cuando la policía llama". 5. ¿Qué debo hacer si me detienen? Si usted se encuentra detenido no hay mucho que pueda hacer. Sin embargo, desde afuera un familiar, amigo u organización pueden presentar un habeas corpus clásicocomo se explica en el apartado siguientepara que un juez ordene su liberación si fue detenido arbitrariamente. Se recomienda que esas mismas personas se hagan presentes en el lugar de la detención para controlar que usted se encuentre bien y no haya sido maltratado. 6. ¿Puedo pedir la asistencia de un abogado? Desde el primer momento del procedimiento usted puede proponer un abogado de su confianza o solicitar que el estado le asigne uno. Si la autoridad no designa el abogado que usted propusoprivado o estatalel procedimiento contravencional es nulo o inválido. Se recomienda que en todos los casos en que no cuente con recursos para acceder a un abogado usted o un familiar le comuniquen al comisario expresamente que solicita la intervención de un asesor letradoo abogado del estado-. Se recomienda que usted o un familiar presenten la nota que se adjunta en el Anexo C. Al presentar la nota solicite que le hagan constar en una fotocopia de la nota que ha sido recibida, hora y fecha de la recepción. Luego guarde esa nota ya que le servirá para anular el proceso contravencional sino le asignan el asesor o abogado estatal. 7. ¿Me pueden incomunicar durante la detención? Nunca. La incomunicación está prohibida. Y la comunicación con su abogado es un Derecho Humano consagrado en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si usted es incomunicado durante la detención debe denunciar (usted, un familiar, amigo o cualquier persona) al comisario y los agentes que hayan impedido la comunicación. Debe hacer la denuncia ante la unidad judicial de la misma comisaria (aunque esta opción es la menos recomendable) o las fiscalías en tribunales II (Fructuoso Rivera 720) por el delito de incomunicación indebida castigado en el art. 143 inc. 3 del Código Penal. 8. ¿Qué debo hacer si me maltratan durante la detención? | 81 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Cuando recobre la libertad debe dirigirse inmediatamente a un hospital público para que lo revisen y debe solicitar que le hagan un certificado médico de las lesiones. Luego con ese certificado médico debe dirigirse usted, un familiar, amigo o cualquier persona a las fiscalías de tribunales II (Fructuoso Rivera 720) y hacer la denuncia por el delito de aplicación de severidades, vejaciones, o apremios ilegales o torturas regulados por los art. 144 bis inc.2 y 3, art.144 ter. Inc. 1. 9. ¿Las contravenciones me dejan antecedentes? Las contravenciones generan antecedentes. Esto le puede traer inconvenientes para conseguir trabajo, viajar, recibir becas, etc. Según establece el Código de Faltas el antecedente de una contravención dura dos años después de la condena siempre y cuando no lo vuelvan a condenar por otra contravención. Si me vuelven a condenar por una nueva contravención ambos antecedentesel de antes y el nuevose borran cuando pasen dos años desde la última condena. Aunque esta regulación es inconstitucional dado que los antecedentes deben caducar necesariamente aunque cometa nuevas contravenciones que generen otros antecedentes, veamos qué podemos hacer con el Código tal cual lo tenemos: 1) Si su detención ha sido arbitraria en el habeas corpus clásico que presente durante la detención – conforme Anexo Adebe solicitar al juez de control que envíe un oficio a la División Documentación Personal de la Jefatura de la Policía de la provincia de Córdoba a fin de que elimine el antecedente que generó la detención ilegal. 2) Si usted fue detenido de modo arbitrario y ya se encuentra en libertad, o si fue detenido de modo no arbitrario y ya transcurrieron más de dos años de la condena debe solicitarle al juez de falta (Tribunales II 2do piso sobre Arturo M. Bas) que envíe un oficio a la División Documentación Personal de la Jefatura de la Policía de la provincia de Córdoba a fin de que elimine el antecedente. | 82 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus PARTE II: HABEAS CORPUS 1. ¿Qué es un habeas corpus y para qué sirve? Se trata de una acción judicial que sirve para proteger la libertad ambulatoria cuando está se encuentra restringida, por ejemplo si usted está detenido, o amenazada, si usted no está detenido pero hay indicios de que lo privarán de la libertad. El habeas corpus es una herramienta inmediata y urgente con la que todo ciudadano cuenta para que un juez ordene la liberación de aquel que ha sido detenido ilegalmente o haga cesar la amenaza de ser detenido arbitrariamente que sufre quien se encuentra en libertad. Es importante no hacer un mal uso de esta herramienta. El habeas corpus no procede: Cuando se lesiona o amenaza otro derecho. Por ej. la propiedad, no procede el habeas corpus contra los allanamientos ilegales. Si usted es víctima de un allanamiento ilegal puede hacer una denuncia penal ante una unidad judicial o fiscalía pero no presentar un habeas corpus. Cuando la lesión o amenaza a la libertad es legal. Por ejemplo si lo detienen o si está siendo investigado por un delito. En estos caso todos los reclamos se deben llevar a cabo en el mismo proceso penal y antes el juez interviniente. No constituye una lesión a la libertad si me encierro de modo voluntario en un edificio público. Por ej. si en el contexto de una protesta social usted se encierra de modo voluntario en un edificio público y no le impiden retirarse. 2. ¿Qué clases de habeas corpus pueden presentarse? En función del mal que se intenta eliminar: Clásico o reparador: se interpone frente a una privación ilegal de la libertad. Cuando se interpone el beneficiario del habeas corpus se encuentra privado de la libertad. El objetivo es que el juez corrobore la legalidad de la detención y en el caso de que está sea ilegal ordene la liberación. Preventivo: se interpone frente a una amenaza ilegal a la libertad ambulatoria. Cuando se interpone el beneficiario se encuentra libre pero su | 83 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus libertad ambulatoria se ve lesionada por la amenaza de ser detenido arbitrariamente. La amenaza se compone del miedo de ser detenido arbitrariamente y la existencia de indicios objetivos que hacen probable que la amenaza se concrete. Correctivo: en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención. Cuando se interpone el beneficiario se encuentra legalmente privado de su libertad, por ejemplo cumpliendo una condena o en prisión preventiva. El objetivo es que el juez corrobore que las condiciones de detención cambiaron de modo contrario a la legislación y que se coloque a la persona privada de la libertad en las condiciones adecuadas. En función de los beneficiarios: Individual: es interpuesto a favor de una persona determinada o un conjunto de personas determinadas. Por ejemplo a favor de "Pedro Lima" o a favor de "Pedro Lima y su hijo Juan Lima". Colectivo: es interpuesto a favor de un conjunto indeterminado de personas. Por ejemplo "todos los alojados en las comisarías de córdoba" o "los jóvenes que viven en X barrio". Lo característico de este habeas corpus es que los individuos que componen el colectivo pueden cambiar y el colectivo sigue siendo el mismo. El primer y segundo conjunto se combinan. En consecuencia puedo tener un habeas corpus clásico individual o colectivo, un habeas corpus preventivo individual o colectivo y finalmente un habeas corpus correctivo individual o colectivo. No nos ocuparemos aquí de los habeas corpus correctivos. 3. ¿En qué debo hacer hincapié en el escrito de cada clase de habeas corpus? Estos puntos no son exigencias para que acepten el habeas corpus pero ayudan a una mejor presentación: Clásico o reparador: en los hechos del habeas corpus debe intentar detallar cómo y por qué la persona fue detenida. Si sabe dónde se encuentra consignar ese dato. En los fundamentos debe mostrar por qué la detención | 84 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus es ilegal (ver el modelo). Preventivo: en los hechos del habeas corpus debe intentar mostrar la amenaza. La amenaza es el anuncio de un mal en este caso la futura detención arbitraria. Ese mal debe ser ilegal y en consecuencia no constituye amenaza el anuncio de que un sujeto va a ser condenado, imputado por delito en una causa o que se están haciendo averiguaciones por delito. La amenaza puede probarse de diferentes modos. Por ejemplo la detención arbitraria sistemática de alguien vuelve probable que la detención se reitere. También puede probarse a través de los dichos de los funcionarios o las órdenes de un funcionario. También se prueba la amenaza si a través de los dichos de un funcionario se da a conocer que se van a repetir procedimientos que implican detenciones arbitrarias. Finalmente la amenaza puede ser directa cuando un funcionario le anuncia explicita o implícitamente que lo va a detener a capricho. Individual: debe determinar, en la medida de mis posibilidades, la identidad de él o los afectados. Colectivo: debe determinar describiendo el colectivo. Por ejemplo los límites de un barrio, la edad y género de los jóvenes, etc. Debe mencionar, como se detalla en el anexo, en los fundamentos que a partir del fallo "Verbitsky" la Corte Suprema reconoció que el habeas corpus colectivo se puede utilizar para proteger la libertad individual. 4. ¿Quién puede presentar un habeas corpus? En todos los casos para la presentación de un habeas corpus no es necesario la firma de un abogado. Individual: lo puede presentar el afectado o cualquiera en su nombre (un familiar, un amigo, referentes social, una organización, etc). Colectivo: lo puede presentar el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley. Pero a partir del fallo del juez Reinaldi en el caso "Seleme" que reconoce la legitimación amplia, también lo puede presentar:  Cualquier ciudadano a título personal a favor de un número indeterminado de personas. | 85 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus  Cualquier organización social que no cuente con personería jurídica y que propendan a esos fines. Este cambio es importante en la lucha contra la violencia institucional desde que las víctimas de la violencia institucional se encuentran en riesgo y bajo amenaza de sufrir represalias por parte de la policía. por lo que se les dificulta acceder a la justicia. Por otra parte, luego de haber sido víctimas de la violencia institucional estas personas no desean entrar inmediatamente en contacto con las instituciones que las maltrataron. Finalmente, muchas organizaciones sociales que no cuentan con personería jurídica son de hecho las que se encuentran en contacto directo con las víctimas de la violencia institucional y quienes pueden de mejor modo acercar sus reclamos ante la justicia. 5. ¿Qué debo hacer si necesita ayuda para escribir y/o presentar el habeas corpus? Debe dirigirme a los Asesores Penales: Tribunales II Tribunales II, Fructuoso Rivera 720, de 8 a 14 hs. Tel.: 4266800 – 4266900. Ellos podrán ayudarlo a confeccionar y presentar el habeas corpus. 6. ¿A dónde puedo presentarse el habeas corpus? De lunes a viernes de 8 a 13 hs: Mesa de entrada de tribunales II Fructuoso Rivera 720. De lunes a viernes luego de 13 a 20hs : Mesa de atención permanente Tribunales II, Fructuoso Rivera 720, Nivel -1, de 8 a 20 hs. Tel.: 4266930 4266800 – 4266900 Lunes a viernes de 20 a 8 hs y Sábado, Domingo y Feriados las 24 hs: Mesa de atención ciudadana Tribunales I, Bolívar 250, Tel.: 4215346 – 4217022 al 28 Interno: 2243. 7. ¿Cuánto tardará el juez en resolver? La Constitución de la Provincia de Córdoba establece que el juez debe, de resultar procedente, resguardar su libertad o hacer cesar la detención en menos de veinticuatro horas. Si usted está privado de la libertad: Y el juzgado de control donde cayó el habeas corpus se encuentra | 86 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus abierto debe dirigirse al juez y solicitarle que resuelva de manera inmediata. Si el juzgado de control se encuentra cerrado debe solicitarle al funcionario de mesa de atención permanente que llame por teléfono al juez y le solicite que resuelva de manera inmediata. 8. ¿Quién resolverá y a dónde debo dirigirme para seguir el trámite? Una vez que el Habeas Corpus es recibido se dirige al juzgado de control que se encuentra de turno. Usted debe preguntar a quién le recibe el habeas corpus "¿en qué juzgado cayó?". Estos son los jueces de control en la ciudad de Córdoba: Juzgado de Control 2 REINALDI, Gustavo Juzgado de Control 3 NASSIZ, Luis Miguel Juzgado de Control 4 CORNEJO, Roberto Ignacio Juzgado de Control 5 LEZCANO, Carlos Rubén Juzgado de Control 6 SPINA GOMEZ. Agustín Ignacio Juzgado de Control 7 DIAZ, Esteban Ignacio Juzgado de Control 8 ROMERO, Carlos María Si usted presentó el habeas corpus a través de un asesor letrado debe dirigirse a la asesoría que lo ayudó para que le informen sobre cómo avanza el proceso. Si usted presentó el habeas corpus sin ayuda de un asesor letrado debe dirigirse directamente al juzgado de control que recibió (o "donde cayó") el habeas corpus para que le informen sobre cómo avanza el proceso. 9. ¿Qué debo hacer si no quieren recibirme el habeas corpus? De lunes a viernes de 8 a 14 hs: debe dirigirse a las asesorías letradas y denunciar que no quieren recibirle el habeas corpus. Tribunales II, Fructuoso Rivera 720, de 8 a 14 hs. Tel.: 4266800 – 4266900. De lunes a viernes de 14 a 8 hs y sábado, domingos y feriados las 24 hs: debe insistirle al funcionario de la mesa de atención permanente de tribunales I o II que "es su deber recibir el habeas corpus y darle aviso | 87 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus inmediato al juez de control que corresponda, de lo contrario incumple con su deber de funcionario público". Si lo anterior no funciona: debe recurrir en busca de apoyo de alguna organización o referente social que pueda instar al funcionario a que cumpla con su deber. 10. ¿Qué debo pedirle al juez en el habeas corpus? Clásico o reparador, debemos solicitar al juez: Que verifique la legalidad de la detención. Que, en caso de que la detención resulte ilegal, libere al o los beneficiarios del habeas corpus. Que remita orden a la División Documentación Personal de la Jefatura de la Policía de la provincia de Córdoba a fin de que elimine el antecedente que generó la detención ilegal. Así nos aseguramos que el beneficiario del habeas corpus no tenga problemas para conseguir trabajo o alguna beca de estudio. Preventivo, debemos solicitar al juez : Que verifique la legalidad de la amenaza. Que, en caso de que la amenaza resulte ilegal, ordene a quien corresponda que la haga cesar. 11. ¿Qué debo hacer si en el contexto de la detención o amenaza a la libertad arbitraria se cometieron otros delitos? Estos delitos pueden ser en la mayoría de los casos: Amenazas: un funcionario de modo explícito o implícito le anticipó al afectado algún mal. Por ej. "te voy a meter preso cuando te vea" o "si te veo en la calle no vas a durar un minuto más", etc. Privación abusiva de la libertad: detenciones sin orden judicial y no autorizadas por la ley. Allanamientos ilegales: sin orden judicial por ejemplo. Aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales: si atacaron la dignidad del afectado por ejemplo insultándolo o escupiéndolo, o si le aplicaron rigorismos físicos como no dejarlo ir al baño, someterlo a bajas temperaturas, desnudarlo, etc. Torturas: cuando el daño físico o moral tenga entidad suficiente. | 88 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Aunque no es un requisito para que lo haga debe solicitarle al juez que "remita las actuaciones a la fiscalía" para que investigue. Si no lo hace puede denunciar tales hechos directamente ante las fiscalías en Tribunales II. 12. ¿Qué debo hacer si rechazan el habeas corpus? Si rechazan el habeas corpus puedo apelar una vez que sea notificado de manera inmediatamente la resolución del juez. Para ello necesitaré la ayuda de un abogado. Si no cuento con recursos para pagarle a un abogado puedo dirigirme a la asesoría letrada para que apele la resolución. | 89 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus ANEXO A HABEAS CORPUS CLÁSICO INTERPONE HABEAS CORPUS SR.JUEZ: Quien suscribe, __________________31, DNI _____________32, fijando domicilio a todos los efectos en__________________________________33, en nombre _________________34, ante V.S. respetuosamente comparezco y digo: OBJETO Que vengo a interponer acción de HABEAS CORPUS en los términos del art.47 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y según me autoriza el Art. 43 de la Constitución Nacional y en la modalidad prevista en el Art.3 inc.1 segunda parte de la ley 23.098hábeas corpus clásico-, a favor de ________________________________35, por encontrarse restringida su libertad ambulatoria en razón de la/las detenciones por aplicación del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba; y a solicitar a V.S. que ordene la inmediata liberación de___________________________. También solicito se pronuncie expresamente acerca de la constitucionalidad de la norma en que se fundó/ fundaron la/las detención/detenciones. HECHOS 36 31 Nombre y apellido de quien interpone el habeas corpus. Recuerde que puede ser el afectado, un tercero o una asociación u organización social tanto si el beneficiario del habeas corpus es un individuo o un colectivo. 32 Este dato es necesario sólo si lo interpone un individuo o conjunto de individuos determinados. 33 Es el lugar donde llegaran las notificaciones, no hace falta que sea el domicilio real de quien interpone el habeas corpus. Puede ser la dirección de la sede de una organización, etc. 34 Nombre y apellido del beneficiario. Es decir de la persona que está privada de la libertad. 35 Describir los individuos o el colectivo que están privados de la libertad. 36 Relatar con la mayor precisión posible la detención: qué se encontraba haciendo el detenido en ese momento, en qué lugar se encontraba, con quién se encontraba, qué le dijo y preguntó la policía, cómo se dio el proceso de la detención, si hubo maltratos durante la detención, si el | 90 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus FUNDAMENTOS La acción entablada se funda en el art.43 cuarto párrafo de la Constitución Nacional "Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio". Por su parte el art. 3 inc.1 de la ley 23.098 de Habeas Corpus establece que "Corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique: 1° Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente." Nuestra Constitución provincial regula esta acción en su art. 47 según el cual "Toda persona que de modo actual o inminente sufra una restricción arbitraria de su libertad personal, puede recurrir por cualquier medio, por sí o por terceros en su nombre al juez más próximo, para que tome conocimiento de los hechos, y de resultar procedente, mande a resguardar su libertad o haga cesar la detención en menos de veinticuatro horas". Conforme al art. 2 de Ley de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Córdoba, ley 9235, "la seguridad pública estará a cargo exclusivo del Estado Provincial que tiene por objeto salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública, implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados". PARA EL CASO DE DETENIDOS POR MERODEO: La detención en cuestión resulta arbitraria desde que es imprevisible que presenta el habeas corpus pudo ingresar a ver al detenido, si se solicitó asistencia letrada y se la dieron o no., desde cuándo se encuentra detenido, a qué obligaciones está faltando el detenido (por ejemplo al trabajo, la escuela, el cuidado de sus hijos), si la detención le está causando algún daño (por ejemplo perdió una entrevista de trabajo o un tratamiento médico). | 91 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus en los términos del fallo "Seleme" del juez de control Reinaldi. Así en la resolución el juez dice que "nuestro "sistema constitucional integrado" supone que las normas de máxima jerarquía no sólo se encuentran en la Constitución sino también en aquellos tratados incorporados de acuerdo a lo previsto en el inc. 22 del art. 75 de nuestra Constitución Nacional". Entre tales tratados se encuentran la Convención Americana de Derechos Humanos que establece es su art. 7 inc. 2 que las personas sólo pueden ser privadas de la libertad por las causas fijadas de antemano por los estados. Dado que el merodeo es una figura extremadamente vaga esas causas no han sido fijadas por la legislatura en el Código de Faltas sino que son establecidas cada vez que un policía decide detener a alguien. Hoy la causa puede ser portar gorra y ser pobre, mañana puede consistir en ser mujer y utilizar sombrero, pasado mañana puede ser usar vestido, y así sucesivamente. En ese marco, viene al caso considerar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Torres Millacura y otros vs. Argentina". En este fallo la Corte establece la prohibición de la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario. A continuación establece que una detención resulta arbitraria cuando la detención es imprevisible. Así en su fallo el juez Reinaldi tiene en cuenta el siguiente argumento de la Corte los "...códigos contravencionales legitiman de una manera imprecisa y vaga (la facultad policial...) de detener personas para fines de identificación sólo por estar merodeando en un lugar". Continua citando que "...el arbitrio de la policía (se torna) sumamente amplio y los motivos por los cuales se realizan detenciones suelen ser mínimos y absurdos...". El fallo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos que el juez de control Reinaldi utiliza en su resolución finalmente establece que "...al no establecer causa concretas por las cuales una persona podía ser privada de su libertad (la norma)...permitió a los policías de la provincia de Chubut interferir con la libertad física de las personas de forma imprevisible y, por lo tanto, arbitraria...". De conformidad con lo anterior la CIDH reconoció "Que no constituye "merodeo" el sólo hecho de estar merodeando en un lugar, (...) tener una actitud sospechosa (...), deambular en la vía pública (no estar bien vestido, mirar los | 92 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus comercios de forma sospechosa, caminar entre los autos o desviar la mirada cuando la policía llama) y que no hay norma alguna que obligue a los habitantes de esta provincia a tener siempre consigo el documento de identidad". Conforme al argumento utilizado por el Juez Reinaldi cuando la norma permite a la policía interferir de modo imprevisible en la libertad de los ciudadanos resulta arbitraria y contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que es contrario a la Convención es contrario a la Constitución Nacional, en consecuencia el artículo que regula el merodeo es contrario a la Constitución Nacional o lo que es lo mismo inconstitucional. Su aplicación engendra responsabilidad estatal ante la comunidad internacional por las obligaciones suscriptas referidas a la actuación del estado frente a la libertad ambulatoria de los ciudadanos. Los lineamientos del fallo del juez de control Reinaldi han sido comunicados al personal de la Policía de la Provincia de Córdoba a través del Memoradum interno 06/15 del 25 de mayo de 2015. PARA LOS CASOS DE DETENCIÓN POR NEGATIVA U OMISIÓN DE IDENTIFICARSE Conforme lo establece el art. 7 inc. 2 de la Convención Amercicana de Derechos Humanos "Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas". El principio de legalidad requiere que cuando se castiga la acción esta se encuentre prohibida por una ley anterior. En tanto que para que se castigue la omisión es necesario que, conforme a lo que acepta la doctrina de modo pacífico, en primer lugar, exista una norma que obligue a hacer algo. En segundo lugar, que exista una norma que castigue a quien no lleva a cabo la acción positiva que exige la primera norma. Por tal motivo la contravención consistente en omitir identificarse no se configura por el simple hecho de no portar DNI mientras se transita en la vía pública. Ello es así desde que no existe en la Provincia de Córdoba ni a nivel nacional una norma que establezca la obligación de portar DNI para transitar por la vía pública. Así lo reconoce el juez de control Reinaldi en el caso "Seleme" cuando | 93 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus dice que no hay norma alguna que obligue a los habitantes de esta provincia a tener siempre consigo el documento de identidad. En el fallo afirma que "la "negativa a identificarse" supone una negación activa a brindar información, puesto que hoy, con los medios técnicos y de comunicación con los que dispone la policía de la provincia, no resulta difícil constatar – de resultar necesarioconfirmar la información que una persona brinda, sin necesidad alguna de proceder a su detención y determinar si alguien tiene pedido de captura u orden de detención es una actividad hoy inmediata gracias a los registros y la tecnología con la que la policía cuenta". Los lineamientos del fallo del juez de control Reinaldi han sido comunicados al personal de la Policía de la Provincia de Córdoba a través del Memoradum interno 06/15 del 25 de mayo de 2015. PARA LOS HABEAS CORPUS COLECTIVOS: Procedencia del habeas corpus colectivo. Que en relación a la forma colectiva del habeas corpus se aplican de modo análogo los argumentos vertidos en el fallo de la Corte Suprema "Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus". En el mismo se dijo que "pese a que la Constitución Nacional no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible en forma colectiva (...) -en el caso, por estar en riesgo su salud y su vida (...)-, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo del art. 43 de la Constitución Nacional, con igual o mayor razón la Carta Magna otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla" (-Fallo 328:1146-). Asimismo se considera en el mismo fallo que "es procedente la interposición de un hábeas corpus colectivo efectuada por una persona colectiva distinta de los afectados, ya que la peticionaria pretende la modificación de una situación (...), respecto del goce de derechos básicos que afectan el respeto a su dignidad humana" (del voto en disidencia parcial del doctor Fayt -Fallo 328:1146- ). Legitimación para el habeas corpus colectivo37. Hasta el fallo del juez 37 Sólo si quien presenta el habeas corpus no es el afectado, una asociación con personería jurídica que propenda a estos fines, o el defensor del pueblo de la nación. | 94 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus de control Reinaldi en el caso "Seleme" la jurisprudencia no se había pronunciado sobre la legitimación requerida para la interposición de un habeas corpus colectivo. Hasta ese momento las respuestas de los jueces podían haber tomado dos caminos argumentativos. El primer camino consistía en restringir la legitimación a las personas mencionadas en el segundo párrafo del art.43 de la Constitución Nacional. Para ello tomarían como categoría relevante para inclinarse por la legitimación restringida la naturaleza colectiva del habeas corpus. El segundo camino podría haber sido, y ha sido el camino que siguió el juez Reinaldi en el caso "Seleme", optar por la legitimación amplia teniendo en cuenta la naturaleza del bien jurídico que protege la acción de habeas corpus. Desde que la acción de habeas corpus protege la libertad ambulatoria, tanto en su modalidad individual como colectiva, lo correcto es reconocer la legitimación amplia. La legitimación amplia conlleva que puedan interponer acción de habeas corpus tanto el afectado como cualquier tercero en su nombre. Ese tercero puede ser cualquier ciudadano u organización aún cuando no cuenten con personería jurídica. El reconocimiento de la legitimación amplia para la interposición de un habeas corpus colectivo es consecuente con la realidad social de quienes se ven afectados por el accionar arbitrario de las fuerzas de seguridad. Estas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad que les dificulta acceder a la justicia. A ello se suma que muchas veces deciden no adoptar acciones contra la arbitrariedad policial por miedo de ser víctimas de represalias. Finalmente, quienes son víctimas de la violencia institucional tienen razones para no entrar en contacto directo con las instituciones que ven como injustas desde que fueron víctimas de éstas. Estos grupos vulnerables se organizan generalmente en organizaciones populares, que dado el contexto, difícilmente son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Restringir la legitimación conlleva a que estás organizaciones, que actúan como canales indirecto de acceso a la justicia, vean atadas sus manos para actuar en nombre de los afectados. Al solicitar que V.S se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma en que se funda la detención cabe destacar, además, que se ha establecido que "en los procedimientos de hábeas corpus, debido a su estrecha vinculación con grave materia constitucional y esenciales | 95 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus derechos de las personas, aparece especialmente inexcusable la obligación de los jueces de fundar sus decisiones, para que los ciudadanos puedan sentirse mejor juzgados, para contribuir al mantenimiento del prestigio de la magistratura y, desde un punto de vista técnico, para que quede documentado que el fallo es derivación razonada del derecho vigente a la luz de las constancias de la causa y no producto de la individual voluntad del juez" (Fallos: 302:967, y sentencia del 15 de abril de 2004 en los autos C. 1002. XXXV, "Cai Wenhuang, Yang Guoqiang y Yang Aiqiong s/ hábeas corpus"). En relación con la prueba ofrecida y "dada la especial naturaleza del hábeas corpus, sólo una rápida y eficaz actividad judicial puede lograr su finalidad específica, que no es otra que resguardar y proteger en forma inmediata la libertad ambulatoria"(AR/JUR/4206/1998). En igual sentido "la acción de hábeas corpus exige el agotamiento de las diligencias necesarias para hacer efectiva su finalidad" (Szapiro, Edmundo Daniel y otra AR/JUR/2844/1984). PRUEBA 1) INFORMATIVA. Solicito que se libre oficio: a) a la Policía de la Provincia de Córdoba a fin de que informe el horario y condiciones de ingreso del/de los detenido/detenidos, la contravención aplicable y los motivos de la detención. b) a los juzgados de menores a fin de que informe si el comisario ha dado aviso de la detención del/ de los menor/menores38. 2) TESTIMONIAL. Solicito se cite en calidad de testigo a: ________________________________ ________________________________39 RESERVA DEL CASO FEDERALPLANTEO DE INCONSTUTICIONALIDADRESERVA DE RECURRIR ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO. 38 Sólo en el caso de que haya un o más menores, o si es probable que haya menores detenidos. 39 Enumere los testigos con nombre o apellido o algún tipo de indicación. En este caso debe ofrecer como mínimo el testimonio del o de los detenidos. | 96 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Hago/Hacemos expresamente reserva del Caso Federal para el hipotético supuesto que las instancias ordinarias no acogieran la acción deducida formal o sustancialmente, conforme a las prescripciones del artículo 14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por violación de las normas constitucionales individualizados en esta presentación. Ello porque están en juego derechos constitucionales y otros de igual jerarquía, incluyendo el derecho de acceso a la justicia (pacto de San José de Costa Rica, Arts.8 y 25). Asimismo, por incluirse en esta acción derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, hago/hacemos expresa reserva de recurrir por ante el sistema interamericano de protección de Derechos Humanos. AUTORIZACIÓN40 Asimismo, solicitamos que se autorice a_____________________________________________ a examinar el expediente, retirar oficios, copias, testimonios, diligenciar mandamientos, cédulas, retirar el expediente en préstamo y, en general, a realizar cualquier gestión tendiente a controlar las presentes actuaciones. PETITUM41 Por lo expuesto, solicitamos a la autoridad: I) Tenga por presentado el recurso de Habeas Corpus. II) Haga lugar a este acción de Habeas Corpus y ordene la inmediata libertad del/de los afectado/afectados. III) Diligencie la prueba ofrecida. IV) Se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma en que se fundó la/las detención/detenciones. V) Oficie a la División Documentación Personal de la Jefatura de la Policía de la provincia de Córdoba la eliminación de la contravención que 40 En este apartado usted puede designar a una persona de su confianza y que pueda ir a tribunales cuando sea necesario para que lleve adelante las tareas que se detallan. 41 Si la presentación se hace a favor de un colectivo y el contexto lo amerita, por ejemplo se realizaron detenciones sistemáticas en el marco de algún operativo, puede solicitar: "- ) Llame a audiencia pública a los actores involucrados a fin de que aporten información que ayude a V.S a resolver". | 97 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus fundó la detención del registro de antecedente. VI) Remita las actuaciones correspondientes a la fiscalía para que investigue los delitos constatados42. VII) Tenga presente las reservas efectuadas. Provea de conformidad y SERÁ JUSTICIA 42 Sólo si junto a la detención o durante la detención se cometieron otros delitos. | 98 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus ANEXO B HABEAS CORPUS PREVENTIVO INTERPONE HABEAS CORPUS SR.JUEZ: Quien suscribe, __________________43, DNI _____________44, fijando domicilio a todos los efectos en__________________________________45, en nombre _________________46, ante V.S. respetuosamente comparezco y digo: OBJETO Que vengo a interponer acción de HABEAS CORPUS en los términos del art.47 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y según me autoriza el Art. 43 de la Constitución Nacional y en la modalidad prevista en el Art.3 inc.1 segunda parte de la ley 23.098hábeas corpus clásico-, a favor de ________________________________47, por encontrarse amenazada su libertad ambulatoria en accionar policial en aplicación del Código de Faltas de la Provincia de Córdoba; y a solicitar a V.S. que haga cesar de forma inmediata la amenaza adoptando las medidas necesarias y efectivas que correspondan. También solicito se pronuncie expresamente acerca de la constitucionalidad de la norma en que se fundó/ fundaron la/las detención/detenciones amenazadas. HECHOS _________________________________________________________ 43 Nombre y apellido de quien interpone el habeas corpus. Recuerde que puede ser el afectado, un tercero o una asociación u organización social tanto si el beneficiario del habeas corpus es un individuo o un colectivo. 44 Este dato es necesario sólo si lo interpone un individuo o conjunto de individuos determinados. 45 Es el lugar donde llegaran las notificaciones, no hace falta que sea el domicilio real de quien interpone el habeas corpus. Puede ser la dirección de la sede de una organización, etc. 46 Nombre y apellido del beneficiario. Es decir de la persona que encuentra su libertad ambulatoria amenazada. Si es el mismo afectado quien interpone el habeas corpus debe escribir en nombre "propio". 47 Describir los individuos o el colectivo que encuentran su libertad ambulatoria amenazada. | 99 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus _________________48 FUNDAMENTOS La acción entablada se funda en el art.43 cuarto párrafo de la Constitución Nacional "Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio". Por su parte el art. 3 inc.1 de la ley 23.098 de Habeas Corpus establece que "Corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique: 1° Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente." Nuestra Constitución provincial regula esta acción en su art. 47 según el cual "Toda persona que de modo actual o inminente sufra una restricción arbitraria de su libertad personal, puede recurrir por cualquier medio, por sí o por terceros en su nombre al juez más próximo, para que tome conocimiento de los hechos, y de resultar procedente, mande a resguardar su libertad o haga cesar la detención en menos de veinticuatro horas". Conforme al art. 2 de Ley de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Córdoba, ley 9235, "la seguridad pública estará a cargo exclusivo del Estado Provincial que tiene por objeto salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública, implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados". 48 Relatar con la mayor precisión posible la amenaza: si fue detenido previamente, cuántas veces, con qué frecuencia, qué le preguntaron antes de la detención, qué estaba haciendo cuando lo detuvieron, qué medidas ha adoptado como consecuencia de la amenaza por ejemplo si ha decidido no frecuentar lugares o renunciado al trabajo, la escuela o cualquier actividad. También debe detallar si ha recibido alguna amenaza directa de parte de algún agente de la policía. En que otros sentidos el miedo a ser detenido a alterado su vida. | 100 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Existen dos indicios objetivos que permiten evidenciar la amenaza a la libertad ambulatoria. Por un lado, la sistematicidad de las detenciones arbitrarias por aplicación de figuras tales como el merodeo o le omisión de identificarse previstas en el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba. La sistematicidad es un indicador del nivel de probabilidad que existe de que la detención arbitraria se reitere. Conforme al informe de la UNC "Relevamiento y análisis sobre la aplicación del Código de Faltas en la Provincia de Córdoba" la sistematicidad es una característica de las detenciones arbitrarias que sufren los jóvenes vulnerables de la ciudad. Por otro lado, la amenaza ilegal se vislumbra desde que las contravenciones en cuestión se fundan en normas vagas que hacen impredecible la detención. Aquí impredecible no se refiere a la probabilidad de que se reitere la detención sino a la improbabilidad del/ de los afectado/afectados de saber por qué razones va/van a ser detenido/detenidos. La amenaza también se compone de un elemento subjetivo, el miedo, que surge de datos objetivos detallados en los hechos. Así quien encuentra su libertad ambulatoria amenazada de modo arbitrario adopta decisiones motivadas en el miedo tales como no frecuentar espacios que frecuentaba antes, tomar recaudos que sin la amenaza no adoptaría, etc. La detención en cuestión resulta arbitraria desde que es imprevisible en los términos del fallo "Seleme" del juez de control Reinaldi. Así en la resolución el juez dice que "nuestro "sistema constitucional integrado" supone que las normas de máxima jerarquía no sólo se encuentran en la Constitución sino también en aquellos tratados incorporados de acuerdo a lo previsto en el inc. 22 del art. 75 de nuestra Constitución Nacional". Entre tales tratados se encuentran la Convención Americana de Derechos Humanos que establece es su art. 7 inc. 2 que las personas sólo pueden ser privadas de la libertad por las causas fijadas de antemano por los estados. Dado que el merodeo es una figura extremadamente vaga esas causas no han sido fijadas por la legislatura en el Código de Faltas sino que son establecidas cada vez que un policía decide detener a alguien. Hoy la causa puede ser portar gorra y ser pobre, mañana puede consistir en ser mujer y utilizar sombrero, pasado mañana puede usar vestido, y así sucesivamente. | 101 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus En ese marco, viene al caso considerar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Torres Millacura y otros vs. Argentina". En este fallo la Corte establece la prohibición de la detención o encarcelamiento ilegal o arbitrario. A continuación establece que una detención resulta arbitraria cuando la detención es imprevisible. Así en su fallo el juez Reinaldi tiene en cuenta el siguiente argumento de la Corte los "...códigos contravencionales legitiman de una manera imprecisa y vaga (la facultad policial...) de detener personas para fines de identificación sólo por estar merodeando en un lugar". Continua citando que "...el arbitrio de la policía (se torna) sumamente amplio y los motivos por los cuales se realizan detenciones suelen ser mínimos y absurdos...". El fallo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos que el juez de control Reinaldi utiliza en su resolución finalmente establece que "...al no establecer causa concretas por las cuales una persona podía ser privada de su libertad (la norma)...permitió a los policías de la provincia de Chubut interferir con la libertad física de las personas de forma imprevisible y, por lo tanto, arbitraria...". De conformidad con lo anterior la CIDH reconoció "Que no constituye "merodeo" el sólo hecho de estar merodeando en un lugar, (...) tener una actitud sospechosa (...), deambular en la vía pública (no estar bien vestido, mirar los comercios de forma sospechosa, caminar entre los autos o desviar la mirada cuando la policía llama) y que no hay norma alguna que obligue a los habitantes de esta provincia a tener siempre consigo el documento de identidad". Conforme al argumento utilizado por el Juez Reinaldi cuando la norma permite a la policía interferir de modo imprevisible en la libertad de los ciudadanos resulta arbitraria y contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que es contrario a la Convención es contrario a la Constitución Nacional, en consecuencia el artículo que regula el merodeo es contrario a la Constitución Nacional o lo que es lo mismo inconstitucional. Su aplicación engendra responsabilidad estatal ante la comunidad internacional por las obligaciones suscriptas referidas a la actuación del estado frente a la libertad ambulatoria de los ciudadanos. Los lineamientos del fallo del juez de control Reinaldi han sido | 102 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus comunicados al personal de la Policía de la Provincia de Córdoba a través del Memoradum interno 06/15 del 25 de mayo de 2015. Conforme lo establece el art. 7 inc 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos "Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas". El principio de legalidad requiere que cuando se castiga la acción esta se encuentre considerada en una ley anterior. En tanto que para que se castigue la omisión son necesarios, conforme a lo que acepta la doctrina penal de modo pacífico, en primer lugar, la norma que obliga a hacer algo y en segundo lugar la norma que castiga a quien no lleva a cabo la acción positiva que exige la primera norma. Por tal motivo la contravención consistente en omitir identificarse no se configura por el simple hecho de no portar DNI mientras se transita en la vía pública. Ello es así desde que no existe en la Provincia de Córdoba ni a nivel nacional una norma que establezca la obligación de portar DNI para transitar por la vía pública. Así lo reconoce el juez de control Reinaldi en el caso "Seleme" cuando dice que no hay norma alguna que obligue a los habitantes de esta provincia a tener siempre consigo el documento de identidad. El juez afirma que "la "negativa a identificarse" supone una negación activa a brindar información, puesto que hoy, con los medios técnicos y de comunicación con los que dispone la policía de la provincia, no resulta difícil constatar – de resultar necesarioconfirmar la información que una persona brinda, sin necesidad alguna de proceder a su detención y determinar si alguien tiene pedido de captura u orden de detención es una actividad hoy inmediata gracias a los registros y la tecnología con la que la policía cuenta". PARA LOS HABEAS CORPUS COLECTIVOS: Procedencia del habeas corpus colectivo. Que en relación a la forma colectiva del habeas corpus se aplican de modo análogo los argumentos vertidos en el fallo de la Corte Suprema "Verbitsky, Horacio s/ hábeas corpus". En el mismo se dijo que "pese a que la Constitución Nacional no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible en forma colectiva (...) -en el caso, por estar en riesgo su salud y su vida | 103 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus (...)-, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo del art. 43 de la Constitución Nacional, con igual o mayor razón la Carta Magna otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla" (-Fallo 328:1146-). Asimismo se considera en el mismo fallo que "es procedente la interposición de un hábeas corpus colectivo efectuada por una persona colectiva distinta de los afectados, ya que la peticionaria pretende la modificación de una situación (...), respecto del goce de derechos básicos que afectan el respeto a su dignidad humana" (del voto en disidencia parcial del doctor Fayt -Fallo 328:1146- ). Legitimación para el habeas corpus colectivo49. Hasta el fallo del juez de control Reinaldi en el caso "Seleme" la jurisprudencia no se había pronunciado sobre la legitimación requerida para la interposición de un habeas corpus colectivo. Hasta ese momento las respuestas de los jueces podían haber tomado dos caminos argumentativos. El primer camino consistiría en restringir la legitimación a las personas mencionadas en el segundo párrafo del art.43 de la Constitución Nacional. Para ello tomarían como categoría relevante para inclinarse por la legitimación restringida la naturaleza colectiva del habeas corpus. El segundo camino podría haber sido, y ha sido el camino que siguió el juez Reinaldi en el caso "Seleme", optar por la legitimación amplia teniendo en cuenta la naturaleza del bien jurídico que protege la acción de habeas corpus. Desde que la acción de habeas corpus protege la libertad ambulatoria, tanto en su modalidad individual como colectiva, lo correcto es reconocer la legitimación amplia. La legitimación amplia conlleva que puedan interponer acción de habeas corpus tanto el afectado como cualquier tercero en su nombre. Ese tercero puede ser cualquier ciudadano u organización aún cuando no cuenten con personería jurídica. El reconocimiento de la legitimación amplia para la interposición de un habeas corpus colectivo es consecuente con la realidad social de quienes se ven afectados por el accionar arbitrario de las fuerzas de seguridad. Estas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad que les dificulta 49 Sólo si quien presenta el habeas corpus no es el afectado, una asociación con personería jurídica que propenda a estos fines, o el defensor del pueblo de la nación. | 104 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus acceder a la justicia. A ello se suma que muchas veces deciden no adoptar acciones contra la arbitrariedad policial por miedo de ser víctimas de represalias. Finalmente, quienes son víctimas de la violencia institucional tienen razones para no entrar en contacto directo con las instituciones que ven como injustas desde que fueron víctimas de éstas. Estos grupos vulnerables se organizan generalmente en organizaciones populares, que dado el contexto, difícilmente son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Restringir la legitimación conlleva a que estás organizaciones, que actúan como canales indirectos de acceso a la justicia, vean atadas sus manos para actuar en nombre de los afectados. Solicitar que V.S se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma en que se funda la detención cabe destacar, además, que se ha establecido que "en los procedimientos de hábeas corpus, debido a su estrecha vinculación con grave materia constitucional y esenciales derechos de las personas, aparece especialmente inexcusable la obligación de los jueces de fundar sus decisiones, para que los ciudadanos puedan sentirse mejor juzgados, para contribuir al mantenimiento del prestigio de la magistratura y, desde un punto de vista técnico, para que quede documentado que el fallo es derivación razonada del derecho vigente a la luz de las constancias de la causa y no producto de la individual voluntad del juez" (Fallos: 302:967, y sentencia del 15 de abril de 2004 en los autos C. 1002. XXXV, "Cai Wenhuang, Yang Guoqiang y Yang Aiqiong s/ hábeas corpus"). En relación con la prueba ofrecida y "dada la especial naturaleza del hábeas corpus, sólo una rápida y eficaz actividad judicial puede lograr su finalidad específica, que no es otra que resguardar y proteger en forma inmediata la libertad ambulatoria"(AR/JUR/4206/1998). En igual sentido "la acción de hábeas corpus exige el agotamiento de las diligencias necesarias para hacer efectiva su finalidad" (Szapiro, Edmundo Daniel y otra AR/JUR/2844/1984). PRUEBA 1) INFORMATIVA. Solicito que se libre oficio: a) a la Policía de la Provincia de Córdoba a fin de que informe el horario y condiciones de ingreso del/de los detenido/detenidos, la contravención aplicable y los motivos de la detención. 2) TESTIMONIAL. | 105 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Solicito se cite en calidad de testigo a: ________________________________50 RESERVA DEL CASO FEDERALPLANTEO DE INCONSTUTICIONALIDADRESERVA DE RECURRIR ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO. Hago/Hacemos expresamente reserva del Caso Federal para el hipotético supuesto que las instancias ordinarias no acogieran la acción deducida formal o sustancialmente, conforme a las prescripciones del artículo 14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por violación de las normas constitucionales individualizados en esta presentación. Ello porque están en juego derechos constitucionales y otros de igual jerarquía, incluyendo el derecho de acceso a la justicia (pacto de San José de Costa Rica, Arts.8 y 25). Asimismo, por incluirse en esta acción derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, hago/hacemos expresa reserva de recurrir por ante el sistema interamericano de protección de Derechos Humanos. AUTORIZACIÓN51 Asimismo, solicitamos que se autorice a_____________________________________________ a examinar el expediente, retirar oficios, copias, testimonios, diligenciar mandamientos, cédulas, retirar el expediente en préstamo y, en general, a realizar cualquier gestión tendiente a controlar las presentes actuaciones. PETITUM52 Por lo expuesto, solicitamos a la autoridad: I) Tenga por presentado el recurso de Habeas Corpus. II) Haga lugar a este acción de Habeas Corpus y 50 Enumere los testigos con nombre o apellido o algún tipo de indicación. En este caso debe ofrecer como mínimo el testimonio del o de las personas que sufren la amenaza. 51 En este apartado usted puede designar a una persona de su confianza y que pueda ir a tribunales cuando sea necesario para que lleve adelante las tareas que se detallan 52 Si la presentación se hace a favor de un colectivo y el contexto lo amerita, por ejemplo se realizaron detenciones sistemáticas en el marco de algún operativo, puedo solicitar: "- ) Llame a audiencia pública a los actores involucrados a fin de que aporten información que ayude a V.S a resolver. | 106 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus ordene las medidas necesarias para hacer cesar la amenaza a la libertad ambulatoria del/de los afectado/afectados. III) Diligencie la prueba ofrecida. IV) Se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma en que se fundó la detención. V) Oficie a la División Documentación Personal de la Jefatura de la Policía de la provincia de Córdoba la eliminación de la contravención que fundó la detención del registro de antecedente. VI) Remita las actuaciones correspondientes a la fiscalía para que investigue los delitos constatados53. VII) Tenga presente las reservas efectuadas. Provea de conformidad y SERÁ JUSTICIA 53 Sólo si junto a la detención o durante la detención se cometieron otros delitos. | 107 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus ANEXO C SOLICITUD DE ASISTENCIA LETRADA SOLICITUD DE ASISTENCIA LETRADA Quien suscribe ___________________________________solicita al Sr. Comisario haga efectiva la tutela del derecho de defensa del detenido_______________________________ y le asigne y ponga en contacto de modo inmediato con un asesor letrado. Córdoba, ___________________________. | 108 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus CIRCUITO PARA LA BÚSQUEDA DE DETENIDOS POR CÓDIGO DE FALTAS 2015 Material elaborado por los miembros del proyecto de investigación "Acceso a la justicia: el caso de los jóvenes afectados por el Código de Faltas" del PROGRAMA DE É TICA Y TEORÍA POLÍTICA de la Facultad de Derecho de la UNC. Si usted tiene alguna duda sobre el circuito puede escribir a: accesoalajusticiainfojus@gmail.com | 109 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Dado que no existe un registro único y accesible de detenidos por Código de Faltas cada vez que un joven es detenido sus familiares deambulan de repartición a repartición pública. Esta situación se extiende generalmente durante algunas horas durante las cuales el joven se encuentra desaparecido para sus familias y para la comunidad en general. Durante este período los familiares y amigos del joven desaparecido acuden a las comisarias desde que en general son jóvenes víctimas de detenciones arbitrarias sistemáticas por Código de Faltas. Uno de los grandes problemas que plantea esta situación, es la falta de información oficial acerca de dónde pueden acudir los familiares en estos casos. La falta de información oficial sobre la ubicación de los lugares de detención saca del control de la ciudadanía la actuación policial. Cuando la implementación de una política de seguridad está fuera del control de los ciudadanos existe una razón para tildarla de no democrática. Es el caso de las detenciones realizadas por la Policía de la Provincia de Córdoba desde que la página oficial de la Policía de la Provincia de Córdoba sólo cuenta con una sección referida a direcciones de comisarías y otros lugares de detención. Sin embargo, al día de la fecha esa sección se encuentra en construcción. | 110 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus La implementación de un registro único, actual y accesible a familiares es una medida poco costosa. La Policía de la Provincia lleva un registro de los detenidos que son ingresados. Sin embargo, esa información no se pone a disposición de los familiares de los jóvenes detenidos. Cabe recordar que esta actitud es violatoria de numerosos derechos reconocidos a las personas, a saber: I. Art. 14 de nuestra Constitución Nacional. "Toda persona tiene derecho de peticionar ante las autoridades". II. Art. 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. "Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole..." III. Art. 19 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos. "...este derecho incluye /.../ el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión." | 111 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus IV. Art. XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. "Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución." V. Art. 19 inc 10. "Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio:... 10. A comunicarse, expresarse e informarse".; y art. 51 de la Constitución de la Provincia de Córdoba. "El ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión no está sujeto a censura previa ..." VI. Art. 1 de la Ley provincial n° 8803. "TODA persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública provincial...". En consecuencia, y hasta que esta medida sea implementada, decidimos sistematizar la información sobre la ubicación y teléfonos de puntos de búsqueda de los detenidos desaparecidos para sus familias. En este mapa se consignan tres circuitos. El primer circuito consigna la ubicación de las tres Unidades de Contención del Aprendido. En el segundo circuito se consignan los dos puntos de presentación de habeas corpus en función del día y horario de la búsqueda. Finalmente se consigna la ubicación de la Unidad de Contención del Aprendido EP9 donde se alojan los jóvenes detenidos por delitos, y no por aplicación del Código de Faltas, hasta tanto el Poder Judicial defina su situación. Cabe aclarar que en la mayoría de los casos antes de ser trasladados a las Unidades de Contención del Aprendido los jóvenes se alojan en una comisaría. El mapa con los circuitos se encuentra disponible en https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&hl=es&authuser=0&authuse | 112 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus r=0&mid=zuR07AzRzloA.kNlW_A25-bjY Circuito Unidades de Contención del Aprendido En estas unidades se alojan los detenidos por aplicación del Código de Faltas. Son tres y se ubican en los siguientes puntos: 1. UCA SUR: Santa Rosa 1347, Barrio Alberdi tel: 4250068. 2. UCA NORTE: Antonio Del Viso 750, Córdoba tel: 4335361 3. UCA CENTRO: Bv. Guzmán 1075, tel: 4466700 /4466705. 4. EP9-UCA DELITOS: Calle los Cocos s/n, Barrio Cáceres (atrás del hospital Misericordia, donde termina la calle Belgrano), tel: 4343094-95. Circuito Habeas Corpus En este circuito se consignan los dos lugares donde los familiares de detenidos pueden presentar habeas corpus con el objeto de ubicar al joven detenido, conocer la causa y condiciones de detención. A. De lunes a viernes de 8 a 13 hs: | 113 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Mesa de entrada de tribunales II Fructuoso Rivera 720. B. De lunes a viernes luego de 13 a 20hs : Mesa de atención permanente Tribunales II, Fructuoso Rivera 720, Nivel -1, de 8 a 20 hs. Tel.: 4266930 4266800 – 4266900 C. Lunes a viernes de 20 a 8 hs y Sábado, Domingo y Feriados las 24 hs: Mesa de atención ciudadana Tribunales I, Bolívar 250, Tel.: 4215346 – 4217022 al 28 Interno: 2243. | 114 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus ANEXO I: Comisarías de la ciudad de Córdoba COMISARIA 1o Balcarce No 200 – Bo Centro 4331923/11923, 4331946/11946 COMISARIA 2o Duarte Quirós No 3242 – Bo Alto Alberdi 4337986/17986, 4337970/17970 COMISARIA 3o Santa Rosa No 1345 – Bo Alberdi, 4332569/12569, 4332571/12571, 4332595/12595 COMISARIA 4o Parque Sarmiento al lado de la Ciudad de las Artes, 4333275/13275 COMISARIA 5o MONTEAGUDO 3360 DEL Bo VILLA INES, 3516815905 COMISARIA 6o 24 de Septiembre 1455 Barrio Gral Paz. COMISARIA 6o BIS Calle Pública S/No Bo ZEPA (Ruta 19, al lado del Mercado de Abasto) ,351 156816395/17682 COMISARIA 7o Antonio del Viso No 756 – Bo Alta Cba., 4336180/16180, 4336186/16186 COMISARIA 8o José de Vedia No 3200 – Bo Patricios, 4335288/15288, 4335292/15292 COMISARIA 8o BIS José Villegas No 2031 Bo Villa Corina, 4796538/16538, 4796536/16536 COMISARIA 9o Av. C. Barros No 1285 – Bo San Martín, 4336181/16181, 4336189/16189 COMISARIA 10o Los Cocos s/n (atrás del Hospital Misericordiadonde termina la calle Belgrano) – Bo Güemes 4334397/14397, 4333596/13596 COMISARIA 11o Duarte Quiros 3242 – Bo Alto Alberdi, 4337974/17974, 4337973/ | 115 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus 17973,4337989/ 7989 COMISARIA 11o BIS Cayeta Silva y Pedro ArataBo Alto Alberdi. COMISARIA 12o Asturias No 1840 – Bo Colón, 4338702/18702, 4338701/18701 COMISARIA 13o Santillo esq. Moscoso No1330-BoR.America, 4336185/16185,4336184/16184, 4336192/16192 COMISARIA 13o BIS Pedro Naon No 1200-Bo Juan Pablo II , 4345239/15239, 4335368/15368 COMISARIA 14o Rivadavia 803Bo Los Bulevares, 03543 448314/18314, 03543 448322/18322 COMISARIA 14o BIS Andrés Piñeiro 7785Bo Arguello, 3543-449404 39404 COMISARIA 15o Malbrán No 4056 – Bo Cerro de las Rosas, 4338121/18121, 4338120/18120 COMISARIA 15o BIS Manuel Cardeñoza No 2800, 4338115/18115, 4338129/18129 COMISARIA 16o Sequeira y Sufrategui Bo Ferreyra, 4348860/18860, 4348869/18869, 4348866/ 18866 COMISARIA 16o BIS Diego de Torres NoJ. I. Díaz 1° Secc. (al lado del Chalé San Felipe), 4348650/ 38650, 4348651/38651 COMISARIA 17o Av. Juan B. Justo No 6500 – Bo Liceo, 4332890/12890, 4332892/12892 COMISARIA 17o BIS Av. Juan B. Justo Km 9 1/2 – Guiñazú, 4995854/15854 COMISARIA 18o Carmelo A. Ibarra 1250 – Bo Va. Libertador, 4333575/1357, 4333576/13576 | 116 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus COMISARIA 18o Bis Villa María 6081 Y R. Tercero Bo Comercial, 4333578/13578 COMISARIA 19o Gilardo Gilardi No 1451 – Bo Los Naranjos, 4333589/13589, 4333528/13528 COMISARIA 19o bis Mariano Rosas No 5650 – Bo Parque República, 4858862/28862, 4858861/28861, 4858861/28860 COMISARIA 20o Tronador No 2474 – Bo Parque Capital 4333594/13594, 4333527/ 13527 COMISARIA 21o Andalgalá y Soto – Bo Empalme, 4338700/18700, 4338714/18714 COMISARIA 21 bis (Ituzaingó) Watt No 5430 Bo Ituzaingó, 4348867/18867, 4348864/18864 COMISARIA 22o Suarez de Figueroa No550 Bo M. de Sobrem., 4335281/15281, 4335283/15283 COMISARIA Of. Ayte. Núñez Calle Pub. Mzana 52 Lote 1 Bo Ciudad Evita, 4348746/18746,4348748/18748 SUB – COMISARIA Cabo González Calle Pub. Manzana 45 – Bo Ciudad Mi Sueño, 4348766/18766, 4348767/18767 SUB – COMISARIA Ciudad Ampliación Ferreyra Cipriano Perello S/N Entre Calle 7 y 8, 4348845/18845, 4348844/18844 SUB – COMISARIA CABO 1o JULIO LOPEZ – CIUDAD DE LOS CUARTETOS Calle Pública – Bo Cdad de los Cuartetos, 4990927/10927, 4990928/10928 SUB – COMISARIA CIUDAD DE MI ESPERANZA Guardia Ingreso al Barrio, 156540799 COMISARIA GRAL. SAVIO – B° Ampliación Gral. Savio Guardia Escolastico Magan S/No, 4345240/15240, 4335368/15368 | 117 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus SUBCOMISARIA 36 Bo Sol Naciente, 156816216 | 118 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Por último, es menester mencionar que el circuito propuesto, no es una unidad aislada sino que se inserta como complemento del "Instructivo para el ejercicio de los derechos: Habeas Corpus y Código de Faltas". Dicho instrumento tiene por objeto poner en conocimiento de quienes utilicen estos circuitos, qué es el habeas corpus, cómo funciona, en qué casos debe presentarse, ante quién, etc. Similar información se presta respecto al código de faltas. El objetivo principal es promover la eficacia de la puesta en práctica de las herramientas otorgadas. Se adjunta como "Anexo II" el texto del instructivo para una mejor comprensión de la interacción entre aquel y el "Circuito para la búsqueda de detenidos por código de faltas". | 119 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Bibliografía Bidart Campos Germán J., Manual de la Constitución Reformado, Tomo II, Editorial EDIAR SACIF, Primera reimpresión 1998, Buenos Aires, p. 328. Braithwaite John and Pettit Philip , No sólo su merecido: por una justicia penal que vaya más allá del castigo, traducción de Elena Odriozola, Siglo XXI editores, 2015 Diario de Sesiones, Reforma CN 1994, Tomi I, pág 472 Pettit Philip, On the people s terms, A Republican Theory and Model of Democracy, Cambridge University Press, 2012. Truccone Santiago, ¿Qué debe hacer un juez ante un habeas corpus preventivo?: sobre la inconstitucionalidad del código de faltas de la provincia de córdoba, en http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/10/doctrina4 2132.pdf | 120 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus Anexos fichas de relevamiento | 121 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus | 122 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus | 123 . El control judicial de las políticas de seguridad a través del habeas corpus