Contratexto n.o 23, enero-junio 2015, ISSN 1025-9945, pp. 259-269 Derecho al olvido en Internet: Google y la doctrina europea David Villena Saldaña (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú) Recibido: 27/2/2015 Aprobado: 1/6/2015 Resumen.	Este ensayo desarrolla parte de la problemática moral, social y legal que	hay	detrás	de	la	justificación	y	la	implementación	del	llamado	derecho	al olvido	en	Internet,	según	el	cual,	dadas	ciertas	circunstancias,	los	individuos pueden solicitar a un motor de búsqueda la eliminación de algunos enlaces asociados	a	sus	nombres.	Se	reflexiona	sobre	el	particular	a	partir	de	una	sentencia	emitida	por	el	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	en	mayo	de	2014, así	como	de	las	recomendaciones	del	Grupo	de	Trabajo	del	artículo	29	sobre protección de datos, la práctica de Google y el informe de su consejo asesor. Palabras clave: derecho al olvido / Tribunal de Justicia de la Unión Europea / protección de datos / tecnologías de la información y la comunicación Right to be Forgotten on The Internet: Google and the European Doctrine Summary. This essay accounts for part of the moral, social and legal problems	behind	the	attempts	for	justifying	and	implementing	the	so-called right to	be forgotten in the Internet. Such right implies that –under certain circumstances–individuals	are	entitled	to	demand	that	search	engines	remove links	containing	their	personal	information.	Our	inquiry	reflects	on	a	ruling issued by the	Court of Justice of the	European	Union and	made	public on May 13th	2014,	as	well	as	on	the	recommendations	conveyed	in	Article	29	of the	Data	Protection	Working	Party,	the	practice	of	Google	and	the	report	of	its Advisory Council. Key words: right to be forgotten / Court of Justice of the European Union / data protection / information and communication technologies 260 David Villena Saldaña Contratexto n.o 23, enero-junio 2015 El	así llamado "derecho al olvi-do" ha adquirido particular notoriedad mediática a causa de una sentencia emitida por el Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea el 13 de mayo de 20141.	En	esta,	sobre la	base	de	la	Directiva	95/46/CE	referida a la protección de datos personales2, la máxima instancia de justicia en	Europa	reconoce	el	derecho	de	los individuos a la eliminación de ciertos resultados que sean consecuencia de una búsqueda llevada a cabo a partir de sus nombres en motores como Google	Search;	de	ahí	que	se	diga	que se les está concediendo derecho al olvido.	Esto	implica	que,	en	determinadas condiciones, el gestor del motor de búsqueda está obligado a borrar los enlaces que un individuo considere lesivos a su imagen y su vida privada, de la lista de los resultados de búsquedas referidas a su nombre, aunque la información a la que hagan referencia dichos enlaces no se borre previa o simultáneamente de la página web que la publicó, y aun en el caso de que la publicación en la página web sea legal, es decir, verdadera y no difamatoria3. Uno se puede preguntar por qué el motor de búsqueda está obligado a borrar enlaces a información legalmente publicada, consecuencia de la búsqueda por nombre, y por qué la página web que aloja dicha información no está obligada a borrar nada. ¿De qué manera el motor de búsqueda afecta la vida privada mientras no lo hace la página web a la que enlaza? Los apartados 36 y 37 de la sentencia declaran, en tal sentido, que la información enlazada por el motor de búsqueda puede efectivamente afectar la vida privada de un individuo al permitir que el internauta que haya realizado la búsqueda se forme una visión estructurada sobre diferentes aspectos de la vida	de	este	individuo.	El	Tribunal	es de la opinión de que, sin mediar la actividad del motor de búsqueda, los aspectos se habrían interconectado con gran dificultad o simplemente no se habrían interconectado. La información pudo haber perdido actualidad o relevancia	y,	en	un	contexto	diferente a Internet, habría sido sedimentada. Se habría olvidado. Los motores de búsqueda, no obstante, le dan ubicuidad.	En	efecto,	a	pesar	del	paso	de	los 1 Cf.	Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea	(2014). 2 Cf.	Parlamento	Europeo	y	Consejo	Europeo	(1995). 3 El	derecho	al	olvido	en	Internet	se	suele	asociar	con	la	legislación	destinada	a	rehabilitar	la reputación de quienes fueron privados de su libertad por delinquir y, tras cumplir la pena impuesta	por	el	sistema	judicial,	pueden	exigir	que	los	medios	no	continúen	publicando información sobre su	pasado.	Ejemplos	de legislación	y jurisprudencia en este sentido pueden	apreciarse	en	Francia	(droit à l'oubli),	Reino	Unido	y	Alemania. 261 Derecho al olvido en Internet: Google y la doctrina europea Contratexto n.o 23, enero-junio 2015 años, y aun	de las	décadas, cada	vez que alguien digite el nombre de cierta persona en un motor de búsqueda aparecerán enlaces a información sobre su pasado, a datos que quizá ya no tengan actualidad y que podrían conducir	a	su	estigmatización.	Esta	es una nueva y escalofriante realidad a la cual debemos afrontarnos: la presunta transparencia total4.	El	pasado	perseguirá perpetuamente al individuo, tanto como una marca en la frente. El	Tribunal,	siguiendo	esta	línea	de razonamiento, considera que hay responsabilidad de parte de la empresa que gestiona el motor de búsqueda. En	los	hechos,	ella	hace	tratamiento	de datos personales y, en la medida que tal cosa ocurre, es su deber garantizar el derecho a la privacidad, sin importar	que	ello	signifique	la	eventual	eliminación de ciertos resultados en las búsquedas nominales. A ello debe sumarse que el motor de búsqueda no es un centro neutral de documentación. Su tratamiento de datos personales responde a fines económicos y a la venta	de	publicidad.	Es	una empresa privada que coloca con interés lucrativo la información al alcance de los usuarios y los algoritmos que determinan la posición de sus resultados son reflejo	de	ello.	Lo	que	se	le	pide	es	que actúe con responsabilidad y piense que detrás de los enlaces hay algunas vidas que no desean que su pasado se convierta en estigma5. Nótese que los perjudicados no son únicamente quienes delinquieron y buscan rehabilitar su identidad. Internet y los motores de búsqueda hacen que el pasado sea inescapable para todos. El problema lo planteó originalmente el gallego Mario Costeja González, quien en el año 2010 acudió a la	Agencia	Española	de	Protección	de Datos	(AEPD)	para	formular	un	reclamo contra la editora del diario La Vanguardia, Google Spain y Google Inc6. Según	Costeja, introducir su nombre 4 Decimos	"presunta"	porque los resultados	de	un	motor	de	búsqueda	no	son	objetivos. Tampoco	lo	es	el	orden	de	su	aparición.	El	fin	de	Google,	en	tanto	empresa	privada,	no	es difundir	la	verdad,	sino	ampliar	sus	arcas.	Su	filantropía,	si	alguna,	es	estratégica. 5 A	quienes	señalan	que	esta	medida	equivale	a	una	censura	debe	indicárseles	que	la	sentencia no obliga al gestor del motor de búsqueda a borrar los enlaces de su base de datos, sino únicamente a que no los presente como resultados de búsqueda vinculados a cierto nombre. Los enlaces podrán seguir apareciendo en referencia a otros términos, pero no al nombre de la persona que los denunció. 6 Ya	en	el	año	2006,	la	cantante	argentina	Virginia	Da	Cunha	acudió	a	la	justicia	de	su	país para solicitar que los motores de Google y Yahoo! retiren de los resultados asociados a la búsqueda	de	su	nombre	una	serie	de	enlaces	a	páginas	con	contenido	pornográfico.	Se le concedió la razón en primera instancia y también se ordenó a cada una de este par de 262 David Villena Saldaña Contratexto n.o 23, enero-junio 2015 en el motor de búsqueda de Google arrojaba, entre otros, enlaces a dos páginas de La Vanguardia publicadas en enero	y	marzo	de	1998,	donde	se	anuncia la subasta de un inmueble suyo con motivo de la deuda que entonces tenía con la seguridad social. Costeja solicitó	a	la	AEPD	que	La Vanguardia elimine	esas	páginas	o	las	modifique	de	tal manera que ya no figure su nombre. Pedía,	además,	que	Google	no	incluya entre los resultados referidos a su persona los enlaces a aquellas dos páginas. Argumentó que los anuncios de subasta por morosidad ya no tenían relevancia, pues su fin inicial, atraer compradores, había dejado de existir y,	por	añadidura,	la	deuda	estaba	saldada.	La	AEPD	desestimó	el reclamo de Costeja contra La Vanguardia, pero sí consideró correcto acoger el pedido en	relación	con	Google	Spain	y	Google Inc.,	por	lo	cual	exigió	a	estas	empresas que no asocien el nombre de Costeja a las dos páginas con el anuncio de la subasta.	Google	Spain	y	Google	Inc.,	a su vez, recurrieron a la Audiencia Nacional para que se anule la resolución de la AEPD. Y, precisamente, la Audiencia Nacional dirige un pedido al Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea para que se declare sobre el asunto	interpretando	la	Directiva	95/46/CE, cuyo artículo 12 señala que	una	persona puede pedir que sus datos personales sean borrados una vez que ya no	sean	necesarios.	El	resto	es	historia conocida.	El	Tribunal	acaba	dando la razón	a	la	AEPD	y	Costeja	en	contra	de Google	Spain	y	Google	Inc.,	señalando en	el	apartado	98	de	su	sentencia	que, en	la	medida	en	que	"no	parece	existir razones concretas que justifiquen un interés preponderante del público en tener acceso" a los anuncios de subasta	"el	interesado	puede	(...)	exigir	que se eliminen estos vínculos de la lista de resultados". En	esta	cita	observamos	la	tensión entre	el	interés	de	los	usuarios	de	Internet en tener acceso a la información, por un lado, y los derechos al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales de un individuo como Costeja, por el otro. Como regla, el Tribunal declara que, frente a estas tensiones, la balanza ha de inclinarse en favor de la persona cuya	privacidad	se	vea	afectada.	Se	da preferencia a ella por encima del interés	de	los	usuarios	de	Internet	en	tener acceso a la información y de los intereses económicos del gestor del motor de búsqueda en el ofrecimiento de enlaces.	Esta	preferencia,	desde	luego, puede variar en función del papel que empresas	a	pagar	cincuenta	mil	pesos	por	daños	morales	a	Da	Cunha.	Las	apelaciones	no se	hicieron	esperar	y	finalmente	el	caso	llegó	a	la	Corte	Suprema	argentina,	la	cual	falla en	enero	de	2015	en	favor	de	los	buscadores	y	en	contra	de	la	cantante.	Cf.	Para	la	Corte Suprema,	los	buscadores	no	son	responsables	del	contenido	que	listan	(2015). 263 Derecho al olvido en Internet: Google y la doctrina europea Contratexto n.o 23, enero-junio 2015 desempeñe el individuo	demandante en	la	vida	pública.	En	caso	de	que	su rol en esta esfera sea activo, prevalece el interés de los usuarios de Internet en tener acceso a la información. La pregunta natural es cómo determinar el rol que	desempeña el	demandante en	la	vida	pública.	El	Tribunal	deja,	en primera instancia, la decisión en manos del gestor del motor de búsqueda. Si	esta	decisión	no	satisface	al interesado, tiene la prerrogativa de acudir a las autoridades competentes para solicitar que se eliminen los enlaces7. Como suele suceder, Google no perdió tiempo y, en tan solo dos semanas de dada a conocer la sentencia, puso a disposición de los internautas un formulario en línea para solicitar la remoción de enlaces asociados a sus nombres8.	Esta	medida	le	permite jactarse de justicia y eficiencia, al comunicar que, hacia mediados de febrero de 2015, o, lo que es lo mismo, nueve meses después de emitido el fallo, había recibido 222 078 solicitudes en relación con 803 570 enlaces, habiendo procesado y decidido en el 83,15	%	de	este	total	y	borrado	269	969 enlaces9.	Su	carácter	proactivo lo llevó a decidir sin esperar las recomendaciones para la implementación de la sentencia sobre el asunto Costeja por parte del Grupo de Trabajo del artículo	29,	compuesto	por	representantes de la autoridad de protección de datos de cada estado miembro de la	Unión	Europea,	cuyo	reporte	apareció recién en noviembre de 201410. Pero la proactividad y resiliencia de Google van aún más allá. No solo decidía sin las recomendaciones del Grupo	de	Trabajo	del artículo 29, sino también sin las recomendaciones de su propio Consejo Asesor, entre cuyos miembros se encontraban el destacado filósofo de la información Luciano Floridi y el cofundador de Wikipedia, Jimmy Wales, quien antes de las reuniones del Consejo Asesor ya había condenado a la sentencia europea como "profundamente inmoral"11. Google decidía haciendo uso de su propio criterio y nunca dio a conocer bajo qué principios evaluaba los casos12. Ni siquiera reveló esta in7 En	enero	de	2015 la	Audiencia	Nacional	de	España	reveló	que	catorce	de	sus	primeras dieciocho	sentencias	en	las	que	se	aplica	la	doctrina	europea	sobre	el	llamado	"derecho	al olvido" han desestimado los recursos de Google reconociendo el derecho de los particulares.	Cf.	Audiencia	Nacional	de	España	(2015). 8 Cf.	Google	(2014). 9 Cf.	Google	(24	de	febrero	de	2015). 10 Cf.	Grupo	de	Trabajo	del	artículo	29	sobre	protección	de	datos	(2014). 11 Cf.	Curtis	&	Philipson	(2014). 12 Microsoft	y	Yahoo!	no	actuaron	de	modo	diferente.	Cf.	Fleisher	(2014). 264 David Villena Saldaña Contratexto n.o 23, enero-junio 2015 formación a su Consejo Asesor, como bien lo indica el reporte de este grupo publicado en febrero de 201513. En	la	práctica,	Google	entendió	que el borrado de enlaces solo debía tener efecto en las búsquedas realizadas en sus motores con dominio europeo, tales como <google.es> o <google.fr>, pero no en el global <google.com> o en dominios no europeos como <google. com.pe>.	El	derecho	al	olvido	tenía	así una	territorialidad	definida.	Los	enlaces al par de páginas de La Vanguardia con los anuncios de subasta por morosidad ya no aparecen a quien introduzca el nombre de Costeja en uno de los buscadores de Google con dominio de Europa, pero sí a quien realice la misma búsqueda en cualquier otro dominio nacional o en el global <google. com>, incluso si quien realiza la búsqueda se encuentra en territorio europeo. De esta manera, un usuario desde París,	Ámsterdam	o	Barcelona	puede encontrar las referencias a la subasta por morosidad ingresando el nombre de Costeja en <google.com> o <google. cl>. ¿Tiene esto sentido?, ¿el derecho al olvido tiene efecto cuando simplemente cambiando de dominio al motor de búsqueda van a aparecer las referencias cuya eliminación, a ojos del propio gestor, había sido demandada con justicia por un particular? El reporte del Consejo Asesor de Google avala esta práctica bajo el argumento de que la autoridad del Tribunal se	restringe	a	la	Unión	Europea14. También considera el hecho de que cuando un usuario digita <google.com> en la barra de direcciones de su navegador es remitido al dominio local del motor de búsqueda. Así, el internauta que desde	Europa	vaya	a	<google.com>	es dirigido por defecto al dominio del país	donde	se	encuentre	–por	ejemplo, <google.es>	si	está	en	España,	<google. fr> si está en Francia o <google.de> si está en	Alemania–, de	modo que sus búsquedas estarán sometidas a la jurisdicción del Tribunal y protegerán los datos de las personas que han solicitado la eliminación de enlaces asociados	a	sus	nombres.	Ello	suena	bien. Pero es posible que el internauta europeo busque en versiones de Google que no sean de dominio europeo. De hecho,	por	lo	menos	el	5	%	de	búsquedas	realizadas	en	Europa	–y	esto	es	un número que equivale a	millones– se 13 Cf.	Consejo	Asesor	de	Google	sobre	el	Derecho	al	Olvido	(2015).	Las	reuniones	del	Consejo Asesor	eran	financiadas	por	Google,	pero	sus	miembros	no	recibían	un	salario. 14 La exministra de justicia alemana y miembro del Consejo Asesor de Google, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,	da	a	conocer	su	rechazo	sobre	este	punto.	Razona	que	si	los residentes	de	la	Unión	Europea	son	capaces	de	realizar	búsquedas	a	escala	global,	la	Unión Europea	está	autorizada	a	decidir	que	el	gestor	de	un	motor	de	búsqueda	elimine	los	enlaces asociados al nombre de la persona afectada globalmente, en todos sus dominios. 265 Derecho al olvido en Internet: Google y la doctrina europea Contratexto n.o 23, enero-junio 2015 efectúa en versiones no europeas de Google,	según	señala	el	mismo	reporte del	Consejo	Asesor. Si esto es así, los datos no están protegidos del todo. La única manera de garantizar tal protección sería que el borrado tenga efecto en la búsqueda del nombre en el ámbito global, en todos los dominios del motor de búsqueda de Google. La empresa se niega a adoptar esta medida, aduciendo que podrían surgir	conflictos	con	las	leyes	de	otros países y los intereses de usuarios no europeos. Lamentablemente, y aun teniendo la carga moral de la prueba, pues de su interpretación se siguen perjuicios a personas con nombre propio, ni ella ni su Consejo Asesor aducen un solo ejemplo de estos potenciales	conflictos. Aquí hay una cuota de fariseísmo. Eliminar	enlaces	de	los	resultados	de búsquedas no es novedad para Google. Lo ha hecho, y sigue haciendo, a gran escala por cuestiones de propiedad intelectual y derechos de autor bajo la ley estadounidense15. Es importante resaltar que este borrado lo extiende globalmente, a dominios de todos los	países.	En	esos	casos,	el	gigante de Internet no se preocupa si un fallo de la justicia norteamericana puede	entrar	en	conflicto	con	leyes	de otros países o los intereses de usuarios internacionales.	Sucede,	entonces,	que cuando la justicia de	Estados	Unidos pide eliminar enlaces por razones económicas a Google, esta empresa lo hace de manera global, mientras que cuando la justicia de Europa le pide eliminar enlaces para garantizar la privacidad y la protección de datos de individuos de a pie, esta empresa lo hace solo en sus dominios europeos y no en forma global. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo del artículo 29 son explícitas en este sentido. No solo entiende que todos tienen derecho a la protección de sus datos personales, indistintamente de	que	sean	europeos	o	vivan	en	Europa, y que, por tanto, todos pueden dirigirse a los gestores de motores de búsqueda para solicitar la eliminación de enlaces asociados a sus nombres. Señala,	además,	que	para	garantizar	la efectiva y completa protección de datos personales de los demandantes, así como el respeto a la sentencia motivada	por	el	asunto	Costeja,	el	"delistado" (de-listing)	debe	ser	global	y	no	circunscribirse a los dominios europeos de los motores de búsqueda. Su interpretación es que, aun cuando la publicación a la que hagan referencia los enlaces sea legal, la diseminación y accesibilidad universales a esa información a través de un motor de búsqueda pue15 En	un	solo	mes	Google	recibe	solicitudes	para	borrar	más	de	35	millones	de	enlaces	por estas razones. Compárese esta cifra con el número de enlaces cuyo borrado se ha pedido desde	la	entrada	en	vigor	de	la	sentencia	europea.	Cf.	Google	(25	de	febrero	de	2015). 266 David Villena Saldaña Contratexto n.o 23, enero-junio 2015 den ser consideradas ilegales debido al impacto desproporcionado sobre la vida privada de un individuo. Desde luego, no es deber del gestor del motor de búsqueda investigar constantemente si sus enlaces van a afectar la privacidad de tal o cual persona. El trabajo, que dadas las circunstancias sería llevado a término caso por caso y no de manera automatizada, resultaría irrealizable considerando que maneja información acerca de cientos de millones de personas y, lo más importante, no es competencia suya determinar qué afecta o no a la privacidad e identidad en línea de una persona. Eso	lo	decide	la	propia	persona.	El	deber del gestor del motor de búsqueda es responder a la demanda cuando sea formulada, esto es, actuar cuando el interesado piensa que ciertos enlaces atentan contra sus derechos. Otro punto en el cual el Grupo de Trabajo	del artículo 29	disiente	de la práctica de Google es en el envío de una comunicación al editor web dando cuenta del delistado de uno o más de sus enlaces. Tal cosa la apreciamos en su recomendación 23. Aplicado al asunto Costeja, el webmaster de La Vanguardia no tendría que ser notificado por Google Spain o Google Inc. del delistado de los dos enlaces que hacen referencia a la subasta por morosidad cuando se escribe el nombre de Mario Costeja González en Google Search. Dos razones invitan a pensar que no es interés del webmaster	una	notificación	de	esta	naturaleza.	En	primer	lugar, el delistado o borrado de enlaces solo es en referencia a la búsqueda referida al nombre de un individuo, los mismos enlaces seguirán siendo accesibles cuando se ingresen otros términos de búsqueda. Esto indica que el webmaster no tiene que sentirse afectado, pues los enlaces a sus páginas no se borran de la base de datos del motor de búsqueda y numerosos internautas continuarán siendo dirigidos	a	ellas.	El	webmaster, en segundo lugar, no puede hacer uso de la información recibida, pues involucra una	operación	–el	delistado–	sobre	la cual	no	tiene	control	ni	influencia.	En otras palabras, esa notificación le es completamente inútil desde un punto de vista práctico. No puede hacer nada en relación con el borrado de enlaces. Que no se piense que aquí hay un atentado contra el webmaster al no permitírsele intervenir en el delistado e incluso negársele el derecho a ser notificado	de	él.	Es	extraño	que	Google se sienta obligado a enviar este tipo de	notificaciones	cuando,	como	cuestión de hecho, no reconoce el derecho a ningún webmaster de que los contenidos de su sitio sean registrados, indexados y enlazados. Entiéndase: no hay base legal para que los webmaster pidan intervenir en el proceso de delistado	o,	al	menos,	exijan	la	notificación	cuando	este	se	concrete.	Ellos	no tienen contrato con Google, una entidad que, como ya se ha dicho, no es un centro de documentación público y	neutral.	Es	una empresa	privada	y de	las	más	redituables	del	mundo.	El problema es que a nuestros ojos ya 267 Derecho al olvido en Internet: Google y la doctrina europea Contratexto n.o 23, enero-junio 2015 pase como fuente del saber y vía de acceso a la verdad. ¿Qué pretende Google con estas notificaciones? Las páginas del sitio administrado por el webmaster en cuestión seguirán mostrándose y él mismo no tiene ninguna acción posible sobre el proceso de delistado. No hay, por lo demás, base legal alguna para la comunicación. Sin embargo,	Google insiste en	notificar	el	borrado	de	enlaces.	¿Qué consigue con ello? Muchas veces, si no la mayoría, que quienes administran el sitio cuyos enlaces han sido delistados se consideren víctimas de una censura y la denuncien a viva voz. Véase, por ejemplo, las quejas de conglomerados mediáticos como The Telegraph o The New York Times, así como de prensa sensacionalista como el Maily Dail o The Mirror. Esto contribuye a que se genere un clima desfavorable en la opinión pública en relación con la implementación del derecho al olvido. La controversia desatada en torno al delistado da cuenta de un nuevo e ineludible horizonte. La era de la información	es	una	realidad.	Está	aquí	y para quedarse. Resulta necesario asumir de manera decidida los problemas morales	que	esta	trae	consigo.	Por	tal razón, es de encomiar la sentencia del Tribunal	de	Justicia	de	la	Unión	Europea, así como la doctrina generada por el	Grupo	de	Trabajo	del	artículo	29.	Si, como parece razonable, se reconoce algún control por parte de los individuos sobre sus datos personales, también tendría que reconocérseles algún control sobre los resultados de búsquedas referidas a sus personas. Como	señalan	los	expertos	en	protección de	datos	Powles	y	Chaparro (2015), a todo	esto	subyace	la	"lucha	por	nuestras identidades digitales". Es	probable	que	la	victoria	de	Mario Costeja haya sido una victoria pírrica. Si	lo	que	quiso	inicialmente	fue	evitar que las referencias a la subasta por morosidad de su inmueble lo persigan por el resto de su vida, estas se han multiplicado exponencialmente y tendrá que	acostumbrarse	a	vivir	con	ellas.	Es un	efecto	Streisand. La información que deseaba ocultar se ha divulgado más de lo que habría sucedido si simplemente se quedaba de brazos cruzados. Las discusiones sobre el tema harán referencia una	y	otra	vez	a su	caso.	Paradójicamente, al reconocérsele el derecho al olvido, la deuda de Costeja nunca será olvidada. Referencias Audiencia	Nacional	de	España. (23	de enero de 2015). La Audiencia Nacional establece los criterios para reconocer	el	"derecho	al	olvido"	[Nota de prensa]. Recuperado de http:// www.poder judicial.es/cgpj/es/ Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/ Sala-de-prensa/Notas-de-prensa/ La-Audiencia-Nacional-establecelos-criterios-para-reconocer-el-derecho-al-olvido

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