De la proactividad a la prevención ambiental: análisis del impacto del uso del glifosaro en Ia erradicación de cultivos de uso ilícitoIván Vargas-Chaves* Introducción Como consecuencia del debate que existe actualmente en torno ara aplicación del principio de precaución dentro del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión con glifosato (por sus siglas encrc), surge como interrogante la determinación de la mejor víaparaproteger 1os derechos de las comunidades campesinas ypueblos indígenas afectados por las fumigaciones. Conviene además tener presente cómo el carácter vinculante del principio de precaución, en el caso de1 enclc, se reduce tan solo a un criterio guía dentro de la discrecionalidad del juez, a falta de una norma jurídica que lo regule, y alavez,que establezcalun procedimiento para que cualquier ciudadano invoque su aplicación ante las instituciones públicas. Es una situación ante la cual cabe preguntarse: ¿acaso no existen otras vías, * Este trabajo, en su versión en español, es un avance de investigación para 1a Escuela Doctoral de Derecho Supranacional e Interno de la Universitá di Palermo, Italia. Los resultados aquí consignados fueron presentados por e1 autor en e1 11'h Congress of Qralitative Inquir¡ University of Illinois at Urbana-Champaign, IL, Estados Unidos. ** Abogado de 1a Universidad de1 Rosario, máster en Derecho de 1a Universitá di Genova,Italia. Profesor adscrito de 1a Universidad Nacional Autónoma de México v de postgrado en 1a Universidad de1 Rosario. Contacto: ivargas@out1ook. com. ¿Cómo citar este texto? Vargas-Chaves, I. (2016) De la proactividad a la prevención ambiental. En G. A. Rodríguez, & I. Vargas-Chaves (Eds.) La prevención en materia ambiental (pp. 1-40). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. La prevención en materia ambiental: tendencias actuales además de la jurisdiccional, para festablecer los derechos afectados Por este programa de erradicación? Ciertamente, ello viene precedido por la tardanza del Gobierno en aplicar el principio; aunque esta no es la única causa. Existe un Problema de acceso a 1a justicia de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, quienes afaltade mecanismos estandafizados paru invocar el principio, o por lalqaníade las dependencias estatales cercanas a sus lugares de residencia, deben desplazarse durante días e incluso semanas hasta 1os cascos urbanos intermedios para recurrir al Estado y, con todo y el1o, alllegar tienen dificultades de expresarse en su lengua. Somos conscientes de que al no aplicarse Por vía directa el principio de precaución, se presenta un panorama preocupante, en el que los riesgos no son interrumpidos por una vía distinta a la jurisdiccional, máxime si las pruebas que demuestran que el glifosato es causante de daños a la salud humana y al ambiente superan el umbral de duda científica exigido para que sea invocado. Es más,1o superan a tal punto que con la evidencia científica con la que se cuenta en la actualidad, no resulta inexacto sostener que las autofidades recurren en negligencia con el método de erradicaciónttllizado, por más legitimado que se encuentre Para emPrender acciones contra el narcotráfico. Lo anterior, al no reconocer, de una parte, que esta política de erradicación lulnera derechos de primer ofden, y de la otra, al persistir con el uso de esta sustancia, sin explorar con rigor otras alternativas. Si se quiere, puede afirmarse que la actitud asumida por el Gobierno colombiano ha sido una actitud proactiva que, como se verá más adelante, es una acción que además de cuestionar Pfincipios como el de precaución, propugna por la optimización de las opciones futuras sin ocuparse de la mitigación o supresión del riesgo en concreto. Inclusive, el Gobierno además de extender en el tiemPo las políticas de aspersión aérea con glifosato, incumple con mandatos constifucionales, al desconocer en ciertos casos la orden de tealizat Procesos de consulta previa,l I Esto ú1timo, sin perjuicio de que e1 posterior daño antijurídico, atribuiblc :. -os ::i¡tos ocasionados en 1as zonas aspergidas, sea producto de1 incumplimiento de su deber s:i:¡:.o ;e ga¡ante del ambiente y 1a sa1ud, ya que de ninguna manera e1 daño sufrido por 1as r'íctirr:. s: j::ir': ie un fenómeno de fuerza mayor o de su propia conducta negligente. Sobre la consul¡a :::',::. i-i. iecir que es 2 De la proactividad a 1a prevención ambiental: análisis del impacto del uso de1 glifosato en la erradicación la cual no está de acuerdo con lo estipulado en la Sentencia SU-383 de 2003 de ia Corte Constitucional de Colombia. Así, pues, con la finalidad de explicar el alcance de la proactividad en materia ambiental y de 1a salud pública, desde este caso de estudio, nuestra propuesta se sustenta en una distinción entre acción proactiva-positiva y acción proactiva-negativa,siendo la primera 1a que permite entender que el ser humano es resiliente por naturaleza,yla segunda la que ileva al Estado a no intervenir2 ante situaciones de vulnerabilidad evidenciable, bajo un supuesto de ponderación errónea de derechos afectados. ,A'1 estar despejado este escenario, nos será viable adentrarnos en el concepto de condiciones de certeza científica absoluta, para invocar o descartar 1a aplicación del principio de precaución. Acto seguido, y valiéndonos del límite de razonabtlidad sobre 1as evidencias científicas ante un riesgo potencial e inminente, plantearemos la aplicación del principio de prevención cuando tallímite es superado. La derivación de las reflexiones resultantes, nos facilitarálalabor de proyectarlas al caso del pEcrc. En nuestro concepto, este ha de ser el siguiente paso en el restablecimiento de los derechos vulnerados, en razón de la tardanza en aplicar el principio de precaución. un mandato que se sustenta en e1 Convenio 169 de ia Organización Internacional delTiabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado por laLey 21. de 1991.. Se determina que es e1 Estado colombiano e1 que debe asumir 1a responsabilidad de llevar a cabo una acción coordinada con los pueblos indígenas, para salvaguardar sus derechos, garantizando además e1 respeto de su integridad. Para e11o, se estipulan una serie de medidas que incluyen, entre otras, la efectividad de sus derechos sociales, económicos 1, culturales; 1a iguaidad en cuanto a 1os de¡echos v oportunidades que 1a normatividad colombiana otorga a 1os ciudadanos; y la supresión de cualquier barrera socioeconómica, de una manera que sea compatible tanto con sus aspiraciones como con su forma de vida, esto es, con su cosmovisión. A su vez, e1 Decreto 1320 de 1998, a través de1 cual "se reglamenta 1a consulta previa con 1as comunidades indígenas y negras para 1a explotación de 1os recursos naturales dentro de su territorio", esboza tres criterios en los cuales es exigible dicho mandato; a saber: e1 tipo de proyecto, obra o proceso que se realice, e1 territorio en el que se lleve a cabo v e1 impacto sobre 1os pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes. 2 Si bien en el presente capítulo no pretendemos demeritar e1 papel de algunas autoridades ambientales y de otras instancias en el aparato estatal, que han acudido en 1a defensa de 1os intereses y derechos lesionados por 1as campañas de aspersión -a través de instrumentos de control y manejo así como de seguimiento en e1 caso de la Defensoría de1 Pueblo, según se analizará en líneas posteriores-, nuestra intención aquí es resaltar la no intervención de 1as altas instancias, responsables de adoptar 1a decisión de suspender precautoriamente una situación de lulnerabilidad, que resultaba evidenciable por e1 estado actual de 1a ciencia. La prevención en materia ambiental: tendencias acruales T.Laproactividad del Gobierno colombiano en el PEcIG Se mencionó en el apartado introductorio que el Gobierno colombiano incumplió con la obligación impuesta por la Corte Constitucional de Colombia de realizar procesos de consulta previa dentro de1 ppcIc.3 Para el tema que nos ocupa, es un panorama inmejorable para explicar en qué consiste la proactividad. No obstante, antes de analizzr este caso, y pafa comprender cómo el Estado lleva a cabo 'acciones proactivas-negativas', conviene hacer algunas precisiones, siendo la primera de ellas la de concebir la consulta previa como un derecho fundamental (cfr. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia su-039 de 1.997) que les permite a los pueblos indígenas y demás grupos étnicos en Coiombia exigir que, cada vez qroe se decida sobre cualquier aspecto que pueda afectarles directamente en el desarrollo de proyectos u obras dentro de sus territorios,les sea solicitada su autorización de manefa previa,libre e informada, antes del inicio de tales actividades. Para Rodrígtez (201.4, p.33),1o que se pretende con este mecanismo es hacer efectiva la protección de su integridad cultural, social y económica. En sus propias palabras: "Colombia, un país democrático y particiPativo, encuentra en la consulta previa su máxima expresión como espacio de articulación étnica e intercultural, el cual se constituye en el sustento para definir, entre el Gobierno y los pueblos indígenas, las prioridades de desarrollo nacional" (p. 35); todo ello en un marco de respeto y reconocimiento de su legado cultural y visión propia del mundo que les rodea. En segundo lugar, debe precisarse que cuando hablamos de'acción proactiva negativa'en 1o ambiental o sanitario, hacemos referencia a una acción u omisión basada en una ponderación effónea de derechos,rcalizada por aquellos encargados de planear y ejecutar políticas públicas con un potencial riesgo parala salud y el ambiente. No necesariamente por jueces. Y aunque la ponderación sea un criterio metodológico indispensable para el ejercicio de una función jurisdiccional (Bernal-Pulido,2003, p. 3), también 1o es para una función pública en la que deban tomarse decisiones 3 No ocurre así en otro tipo de proyectos ajenos a 1a erradicación de cultivos ihcito¡ rredi¿nte esta sustancia, como aconteció en e1 proyecto de planta de síntesis y formulación de elirbsato (cfr' Rodríguez, 2010, p. 284), en el cual se reaiizó tn proceso de consulta previa e1 2'l de se¡ ¡r e:rb're de 7999 conla comunidad negra de Puerto Tejada. 4 De 1a proactir.'idad a 1a prevención ambiental: anfisis del impacto del uso del glifosato en la erradicación susceptibles de generar una colisión de derechos o principios distintos, con características que lleven a atribuirles un peso menor o mayor. En el caso del eoctc,la colisión de derechos se presenta a partir del restablecimiento delapaz y la lucha contra el narcotráfico. La'acción proactiva negativa'se sitúa por ende en aquellos supuestos, usualmente diftciles e inciertos, en los que el Estado no interviene para detener una r,,ulneración de derechos causada por é1 mismo, o como consecuencia de otra fuente de riesgo. Ello, bajo la errónea creencia de que existe otro derecho de orden superior que debe primar, sin tan siquiera analizarlas premisas que fundamentan la graduación entre uno y otro derecho. En la práctica, se incurre en una proactividad-negativa, no solo por incumplir con el mandato constitucionai que establece la obligatoriedad de la consulta previa, sino además por continuar promoviendo este método de erradicación, sin explorar con rigurosidad otras alternativas,lesionando así, bajo el estandarte de la búsqueda dela paz a toda costa, otros derechos de superior e igual jerarquía, como 1o son los derechos a la vida, a la salud, al goce de un ambiente sano, al trabajo e incluso a la soberanía alimentaria. Con este act:uaÍ,se rompe el equilibro con respecto a las cargas públicas, dando cabida a una eventual exigibilidad del resarcimiento de los perjuicios causados por la vía de la responsabilidad estatal. No hay que olvidar que en un Estado social de derecho, se concibe la existencia de una imposición de ciertos sacrificios y restricciones a los derechos de los administrados, a efectos de garantizar el funcionamiento del aparato estatal. Sin embargo, la aceptación de esta circunstancia, que conileva una cesión de libertades y garantías previamente pactadas en el contrato social, no puede ser desequilibrada; debe existir una justa distribución de las cargas que los ciudadanos deben soportar. Cuando ello ocurre, y se ocasionan perjuicios como resultado de la actuación de1 aparato estatal, es preciso que exista un resarcimiento de los daños causados, así como una orden de cesar tal actuación. Y aunque no nos referiremos a los escenarios en los que el régimen de responsabilidad aplicaría para los perjuicios producidos por las campañas de aspersión, sí queremos dejar constancia de la existencia del rompimiento de este equilibrio por la acción proactiva-nega:tiva del Estado colombiano en este caso. fJna acción que, desde el punto de vista sociológico, encuentra st razón de ser en no frenar el avance tecnológico e industrial que mueve La prevención en materia ambiental: tendencias actuales hacia adelante e1 estado actual de la ciencia, ante una construcción Precautoria del riesgo. Podría afirmarse, por consiguiente, que el mal llamado principio Proactivo'es incompatible con el principio de precaución, que 1o que busca precisamente es frenar cualquier avance tecnológico ante la amenaz de un potencial riesgo. Mal liamado así, pues la sola acepción Senera confusión, en la medida en que para algunos autores, como Lorenzetti (L997) o Cafferata(201.0,p.54),elprincipio de precaución puede llegar a ser un principio proactivo, al permitir adoptar decisiones con vocación anticipatoria y de previsión extendida. Para entrar en materia, y con la finalidad de encuadrar la actuación del Gobierno como una actuación 'proactiva-negativi, a continuación nos remitiremos a las pruebas recogidas en trabajo de campo por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Intereclesial por la Justicia y Ia Paz, así como a la evidencia del incumplimiento de 1a obligación de realizar procesos de consulta previa con respeto al debido proceso, antes del inicio de las campañas de aspersión aérea. La Defensoría del Pueblo de Colombia, mediante Resolución Defensorial N'. 4, del 72 de febrero de 2001, sobre el impacto de fumigaciones en once proyectos de desarrollo alternativo en el Putumayo, dejó constancia mediante los reportes de las inspecciones presenciales a los resguardos indígenas de este departamento, que era posible observar los efectos causados por las aspersiones en cultivos para el consumo humano como la yuca, el maíz o el plátano, y también en los estanques piscícolas; todos ellos ubicados dentro de las zonas amparadas por Pactos de sustitución de cultivos. Sobre el referido incumplimiento seña1a esta entidad: [...] 1u fumigación que se l1evó a cabo, pese a 1o estipulado y prometido, coloca al Estado en 1a situación de parte que no respeta el acuerdo por e1la misma establecido, el cual no podría dejar de honrar sin sacrificar la fe en su propia palabru. Más allá de 1a trasgresión jurídica, los convenios de sustitución y las actas de intención, dieron lugar a la confrguración de una representación colectiva que apuntaba a sostener 1a creencia de que la voluntaria asunción de la erradicación del cultivo i1ícito ponía a salvo la comunidad de 1as operaciones de fumigación aérea. (Defensoría de1 Pueblo de Colombia,2007-02-72) De 1a proactividad a la prevención ambiental: aná1isis del impacto del uso del glifosato en la erradicación En una resolución posterior, sobre los "Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado y de las fumigaciones de cultivos de coca", se corroboró que los habitantes de las zor,as aspergidas en el departamento del Putumayo debieron dedicarse a la siembra de coca por presión de los grupos ilegales armados y como único medio de subsistencia, ante la ausencia de políticas públicas de desarrollo y aseguramiento de su mínimo vital. En el caso de aquellos que se resisten, se han reportado éxodos, masivos como ocurrió en el municipio de Orito (cfr. Defensoría del Pueblo, 200210-09). Es así como los resguardos se han convertido hoy en día en zonas de disputa entre los actores del conflicto armado, provocando un desplazamiento forzado de los propios pueblos indígenas de la región. El caso de los resguardos indígenas en Miraflores, como el carijona de Puerto Nare, es uno de tantos casos en los que queda en evidencia el preocupante estado de indefensión de los pueblos indígenas, como consecuencia de falta de garantías dentro de los procesos de consulta previa. De una parte) porque las campañas de aspersión aérea con glifosato sobre sus territorios no se hacen teniendo en cuenta el consenso de todas las comunidades afectadas,y de la otra, por las irregularidades existentes dentro de los procesos de consulta previa, según se analizará a continuación. Se trata de un supuesto de estudio, en el que queda abierto el debate acerca de la ffansparencia y eficacia de los procesos de consulta previa, donde en apariencia queda consagrado en un'papel', mientras que en la práctica queda un sucedáneo de proceso previo carente de un escenario reflexivo, participativo, libre e informado. Este es un caso cuyo acervo probatorio se recoge en la Sentencia proferida el25 de febrero de 2015 por la Sala Penal del Tiibunal Superior del Distrito de Villavicencio. Es de resaltar que si bien en la citada sentencia el Tiibunal decide no amparar la protección exigida por la comunidad, dado que la acción de tutela no eralavía procedente, como sí una acción que acogiera los derechos colectivos ',ulnerados, los testimonios allí consignados constituyen hoy por hoy e1 mejor material para respaldar el recuento de los hechos sobre la problemática que reseñaremos. La idea central de 1o fundamental de la representación en las consultas previas ha sido recogida por la Guía para la aplicación del Convenio 1,69 de la otr, que señala que al efectuar un proceso de esta naíxaleza es resLa prevención en materia ambiental: tendencias actuales ponsabilidad de los Estados hacer las consultas, no con cualquier Pefsona natural uorganización que declare fePresentar a los pueblos indígenas, sino con representantes u ofganiz ciones institucionales genuinamente fePresentativas y habilitadas para tomaf decisiones en nombre de las comunidade s interesadas. Lo óptimo es que antes de iniciar un pfoceso de consulta previa se identifiquen Las organizaciones con las que se tiene previsto ttataf,verificando que estas, atfavés de sus fePresentantes, cumplan con los requisitos. Se les deberá además pfopofcionar, de manera previa y clafa,toda la información fequerida pafa elproceso de consulta pfevia, con la finalidad de que esta sea comprendida plenamente (Rodrígu e2,201-4, p. 1 14), pues en caso contrario se corre el riesgo de que comunidades enteras desconozcan el impacto que en su modo de vida tendrá un Proyecto, Proceso u obra.4 En el caso de 1os carijona,s el riesgo de su desaparición,producto de las campañas de aspersión aérea con glifosato que se llevan a cabo en los territorios del resguardo, se hace público gracias a la denuncia y a los testimonios fecogidos por el c^pitán indígena Martín Narváez y pof Jairo Murcia "Yaroka.",agente parala salvaguarda de la lengua y cultura del pueblo carijona. Gracias a esta denuncia, sabemos que de 1.46 famtlias que fueron contadas hace diez años en el resguardo, hoy solo quedan 42.La memoria colectiva con que se cuenta para asociar tal realidad con el inicio de las aspersiones aéreas hace más de veinte años, se fecoge gracias a los capitanes indígenas de 1os resguardos aledaños. a Para citar un nuevo ejemplo, y en referencia a la campaña de aspersión realizada e1 31 diciembre 2014 sobre 1os territorios del resguardo indígena Lagos del Dorado, también en Miraflores, su capitán afirmó no tener conocimiento del proceso de consulta previa; tan solo de una reunión de seguimiento, celebrada con posterioridad en San José de1 Guaviare, sobre 1a cua1, sostuvo: "según e11os hicieron 1a consulta, pero a nosotfos nadie en 1a comunidad l1egó a consultar e1 proceso [...]", delegándose esta tarea en "[...] una persona por ahí de SanJosé y 1o mandó firmar como si nosotros estuviéramos asistiendo a17í" (Ñvarc2,2015-01-15,0:00-2:34). Por su parte,la capitana del resguardo Las Palmas, integrante de 1a etnia sicuani, a1 referirse a 1as campañas de aspersión aérea con glifosato realizadas e1 23yel30dediciembre de2075 ensucomunidad,afirmó:"[...]yocomocapitanayapesarquehago parte de 1a mesa de Asocrigua no he tenido 1a oportunidad de estar allá, y el presidente nunca me ha mandado ninguna información como debe ser, ni ningún acta, por eso no tengo conocimiento de eso y además mi resguardo no ha sido consultado por ninguno" (Peña,2015-01-15,0:00-4:02)' 5 La existencia de pueblos indígenas como e1 carijona de Puerto Nare, en 1os resguardos de1 municipio de Miraflores se encuentra reportada, entre otros, por Barié (2003, pp. 234-235) y pot Larzábaly Aschmann (1994, p. 136). 8 De la proactividad a la prevención ambiental: análisis del impacto del uso del glifosato en la erradicación Algunas r^zofles que justifican este desplazamiento en masa, atendiendo a los testimonios recogidos y aportados en la denuncia, son las siguientes: 0 Afectación en la salud de los habitantes del resguardo indígena, evidenciable en problemas dermatológicos y gástricos, como dolor de estómago, náuseas o procesos diarreicos. Destacan los denunciantes que esta es una realidad que ha afectado especialmente a pobiación infantil. ii) Afectación en la soberanía y seguridad alimentaria, evidenciable en la destrucción parcial o total de sus cultivos paraelconsumo propio, y en que de manera posterior a las fumigaciones,la tierra queda improductivapara nuevas siembras. Adicionalmente a lo anterior, se han contaminado las fuentes hídricas de donde los habitantes se abastecen. iii) Afectación de la flora y fatna dentro de los territorios aspergidos, con un notable deterioro de "los bosques tropicales receptores del veneno, afectando la comida de los micos,los pájaros,las dantas y demás especies compartiendo estos ecosistemas, afectando la fuente y oferta de recursos naturales propios de los usos y costumbres de los Carijona" (Tiibunal Superior del Distrito de Villavicencio, Sentencia de 25 de febrero de 2015). Con 1o anterior, resaltan 1os accionantes, se afecta simultáneamente la siembra de plantas medicinales y para uso artesanal, cuitural y ritualístico de los payes y sabedores. A la memoria colectiva del pueblo carijona en el resguardo de Puerto Nare la respaldan estudios, como los realizados por lbáñez y Yélez (2008) y Dion y Rusller (2008), que demuestran la relación de causalidad entre las campañas de erradicación aérea de cultivos de uso ilícito y eI desplazamiento forzado de las comunidades y pueblos indígenas que habitaban los territorios aspergidos. En el segundo estudio se sugiere "que la erradicación aérea reduce el cultivo de la coca primeramente a través de la creación de un desplazamiento humano significativo" (p.399),así como que las actividades de siembra de hoja de coca se dan en menor medida en áreas donde el Estado colombiano hace presencia significativa. No obstante, este no es el caso del resguardo La prevención en materia ambiental: tendencias actuales indígena de Puerto Nare, ni de los demás resguardos asentados enla zona de Miraflores. Con posterioridad a1 año 2003, en el que fue proferida la Sentencia SU-383 de la Corte Constitucional que implementó la obligatoriedad de la rcalización de procesos de consulta previa antes del inicio de 1as campañas de aspersión aérea con glifosato, estas campañas se han llevado a cabo sin la debida attorización de las comunidades. Es así como nos encontramos ante un panorama en el que surge inevitablemente un cuestionamiento a la forma como se ejecutan los procesos de consulta previa,y a si la obligación de realizarlos se cumple atendiendo a un debido proceso, pues es claro que la inminencia de un riesgo ambiental y a la salud pública, como 1o es este, no puede dejarse a la deriva en una consulta previa. El cumplimiento del debido proceso en la consulta previa se da cuando concurre un diálogo continuo, con espacios de reflexión autónomos que garanticen una participación como forma de poder social, real y efectiva (Pastor-Se11er,2004,p.110). Se r,ulnera por ende el debido proceso cuando no se da este supuesto, esto es, cuando los pueblos indígenas no conocen el proyecto íntegramente, y cuando el acuerdo final es adoptado sin tener presente 1o que se ha transmitido a través de sus líderes en desarrollo de la consulta. Ahora bien, la proactividad-negativa con la que actúa el Gobierno, traducida en la premura en impulsar campañas de aspersión con el objetivo de acelerar la lucha contra el narcotráfico, no puede generar bajo ningún pretexto omisiones de esta tipo, y más aún si necesita de un consenso previo y con garantías con las comunidades. No en vano, con el incumplimiento de una consulta previa con garantías6 se divisa un panorama aún más alarmante, en el cual se transgreden otros derechos fundamentales de estos pueblos, por ejemplo su subsistencia asociada a una soberanía alimentaría, o su integridad étnica, cultural y social. 6 E1 referido incumplimiento de 1a obligaci ón de real\zar un proceso de consulta previa antes de1 inicio de cualquier campaña de aspersión aérea con glifosato sobre e1 territorio de pueblos indígenas, se puede analizx inciuso desde la misma nulidad de1 acto que se expidió como resultado de este proceso, en razón de 1a r,ulneración existente a1 debido proceso (cfr. Corte Constitucional de Colombia, sentencias C-599 de 1.992,C-597 de7996,C-827 de 2001 y C595 de 2010). consecuencia de irregularidades que, como se ha denunciado oportunamente, se han presentado. 10 De la proactividad a la prevención ambiental: análisis del impacto del uso del glifosato en la erradicación La Comisión Intereclesial por la Justicia y Ia Paz (2013-05-16-a; 201,3-05-16-b), que también ha logrado evidenciar el incumplimiento de la obligación de realizar procesos de consulta previa en el marco del rncrc, comparte igualmente la preocupación al advertir el riesgo de desaparición que tienen pueblos indígenas como 1os nasa kwes'x kiwe cabildo,away embera. Todo 1o anterior es derivación de políticas sustentadas en una acción 'proactiva-n egativa', o más bien omisión'proactiva-negativa' como 1o es la no presencia del Estado en el departamento. Sobre este punto Castrillón (2006,p.1,17) sostiene que tanto el conflicto armado como los cultivos ilícitos y las campañas de aspersión aérea con glifosato han ocasionado una crisis de carácter humanitario, con connotaciones individuales y colectivas en 1os pueblos indígenas. Concluye que no es posible considerar el riesgo sobre la biodiversidad como algo aislado, ya que esta necesariamente implica un escenario de incertidumbre sobre la pervivencia de las comunidades. Otras consecuencias que este autor identifica, y que han sido producto de una errónea ponderación de derechos que colisionan al ejecutar el eocrc, o 1o que es 1o mismo, de una actitud'proactiva-n egativa' ,son las siguientes: (i) el cambio de la cobertura boscosa por cultivos de elevada densidad, aspergidos con potentes herbicidas; (ii) contaminación de fuentes hídricas; (iii) vertimiento de residuos del proceso de síntesis de la pasta de coca; (iv) distorsión económica en el ámbito local. Adicionalmente a ello, surge una escasez de mano de obra en 1as poblaciones afectadas, y al mismo tiempo aumenta 1a inflación de precios en los alimentos, alquileres de vivienda, gasolina, etc.: Dos situaciones particulares 11aman la atención con la anormalidad de las economías locales y que tipifican 1a situación actual: e1 valor de una unidad de plátano en Satinga hace 2.5 años era de $ 1.500 ylafalta de niños estudiantes en los grados 4y 5 de ias escuelas de1 Naya, al ser éstos retirados por sus padres para vincularlos a1 arreo de mulas, en el caso de los niños y al despacho de trabajadores en e1 caso de las niñas. (Castrillón, 2006, p. 1 18) En elámbito de la salud humana, se han reportado problemas dermatológico s (cfr. Defensoría del Pueblo de Colombi a, 201,5 -04-2 8), hormonales, 11 La prevención en mate¡ia ambiental: tendencias actuales respiratorios y de malformaciones o abortos, através de multiples estudios que dan cuenta de los efectos del uso del glifosato como método de erradicación de cultivos ilícitos. Paru analizar e interpretar esos estudios, en el apartado correspondiente al estudio de las condiciones de certeza científica absoluta tomaremos como punto de partida el estudio de Camacho y N{ejía (2014). Este trabajo es, a nuestro juicio, actualmente, el más completo, en cuanto da un paso más allá en comparación con otros estudios similares, al abordar los problemas de endogeneidad en la interpretación de los resultados como efectos causales del riesgo que supone el uso de esta sustancia y los casos documentados. En e1 caso de los resguardos indígenas de Miraflores,los testimonios aportados por los líderes dentro del proceso ante el Tiibunal Superior del Distrito de Villavicencio denotan la ausencia de un consenso general, bien por irregularidades,T o bien porque no se les consultó a sus líderes; indistintamente de que ello se encuentre plasmado en actas de consulta previa. No en vano 1a consulta previa por si misma tiene dificultades en su realización.Dificultades tales como la determinación del área de influencia de los proyectos que se van a ejecutar, problemas de orden público como amenazas (cfr. Maya,2009,p.93), e incluso confrontaciones con la visión tradicional de los pueblos indígenas, cuya concepción es más amplia, en razón de la noción ancestral que tienen de su territorio colectivo. Además, en muchos casos la consulta previa no se realiza de forma adecuada, con 1o cual el consentimiento libre, previo e informado) que es el fin perseguido, no se consigue. Una de las principales razones, es que e1 Estado no tiene personal capacitado para 11evar a cabo estos procesos debidamente, teniendo en cuenta factores como la representación y 1a autoridad 7 De hecho, esta es una problerr-rática de la que se tienen reportes desde 2005, con el acta que autorizó 1as campañas de aspersión aérea con glifosato en 1os territorios indígenas de N'liraflores, suscrita en SanJosé de1 Guaviare el 7 de ab¡il de ese año. Allí, segirn se recoge en el acervo probatorio aportado por 1os accionantes del citado proceso, destaca la ausencia de la firma de diez líderes de resguardos; a saber: de Cachivera del Nare, Caño Negro, Barrancón, CañoJabón, Macuare, La Yuquera, Vuelta de Alivio, Lianos de1 Yarí, El Refugio y Guayabero de La NIa¡ía (Papurí, 2075-07-15, 2:504:24). Respecto al resgr.rardo indígena carijona de Puerto Nare, se denuncia de hecho una presunta suplantación de 1a firma en e1 acta, que aütorizó 1as aspersiones en e1 resguardo (Papurí,2015-01-15, 0:57 -2:49).Lo realmente preocupante es que esta es una práctica habitual en los procesos de consulta previa, en 1os que no se suele contar con e1 visto bueno de todas 1as comunidades. 72 De la proactividad a la prevención ambiental: an;ílisis del impacto del uso del glifosato en 1a erradicación de los grupos étnicos implicados, su interculturalidad e incluso la lengua (Rodríguez, 201.7, p. 66). Otros motivos que dificultanlarealización de los procesos de consulta previa subyacen a la asimetría de información entre las partes, a la omisión de procesos internos de las comunidades paralatoma de decisiones (cNoa, 201.1,pp.9 y ss.), y también a la omisión de usos y costumbres propias. Son, en definitiva, omisiones'proactivas-negativas', con un trasfondo de debilidad en el diseño y ejecución de políticas públicas por parte del Estado colombiano. 2. El "deber ser" proactivo Tras haber planteado el supuesto de la 'proactividad negativa'en la actuación del Gobierno colombiano respecto al encrc, en este segundo apartado presentaremos e1 que consideramos es el "deber ser" de la proactividad en materia ambiental. No sin antes dejar la salvedad de que este es un asunto que si bien trasciende la exigibilidad en la aplicación del principio de precaución, 1o tiene en todo momento presente, al ser el instrumento público por excelenciaparaprevenir daños, aun cuando la evidencia científica denota una falta de certeza científica absoluta. En nuestro concepto, este "deber ser" tiene como punto de partida la respuesta ala teoría sobre la resiliencia desde las redes sociales comunes, tanto en la gestión de riesgos climáticos como en la cogestión de riesgos en los ecosistemas resilientes. Con la finalidad de adentrarnos en esta proactividad, empezaremos explorando el alcance de la propuesta teórica que esbozaron Tompkins y Adger (2004), tras explorar los beneficios de los sistemas resilientes de gestión y cogestión de riesgos ambientaies en una comunidad costera ubicada en tinidad yTobago. Lateoría de la resiliencia desde las redes sociales comunes opera como la capacidad que tiene la población humana de adaptarse a una situación de adversidad ambiental,marcada usualmente por tensiones que denotan la existencia de una r,ulnerabilidad social, entendida esta por Adger (2000, p.3a8) como la afectación o estrés colectivo o individual. Para que haya resiliencia,la población debe demostrar capacidad, no solo para organizarce colectivamente, sino también para aprender e interactuar como su propio ecosistema. Y esto solo se logra si se cuenta con una infraestructura social en red que, guiada por instituciones públicas flexibles en la gestión de recurso s, sea capaz de llevar a cabo un manejo adaptativo 13 La prevención en materia ambiental: tendencias actuales guiado por la experiencia de sus éxitos y fracasos, p ana así aumentar su capacidad de respuesta, con elfin de hacer frente a cualquier cambio a mediana o gran escala, y a mediano o largo plazo. Si bien algunas críticas a este enfoque, como las de Ilahaine (1995) y las de Agrawal y Gibson (7999,pp.635), sustentan que en su etapa de planeación participativa,la gestión y la cogestiónparala resiliencia no consideran la heterogeneidad de los ecosistemas y las dinámicas intracomunitarias, ni tampoco el acceso diferencial a los recursos propios de una comunidad determinada,lo cierto es que Tompkins y Adger (2004) admiten que se necesitan más aproximaciones teóricas para determinar si esta teoría puede aplicarse a situaciones sociales y ecológicas más complejas. Una de esas aproximaciones es la que pretendemos analizar en este apartado: el supuesto de la acción proactiva. Hasta este punto, no está de más reseñar que el impacto ambiental causado por las aspersiones aéreas con glifosato es una situación social y ecológica compleja, antecedida por la tardanza en aplicar el principio de precaución. Si se quiere, esta actitud de abandono hacia las comunidades campesinas y pueblos indígenas los fuerza a ^ctuar en redes sociales para sobreponerse a 1os daños causados por esta política. Esta es una realidad sustentada en algunas entrevistas con comunidades campesinas y pueblos indígenas, quienes dan razón del abandono por parte de1 Gobierno colombiano, cuya presencia a trayés de delegados de los ministerios de Ambiente, Agricultura,Interior y Defensas apenas se limita a reunirse con los afectados, sin aportar soluciones o asumir el compromiso en la toma de acciones para frenar el daño causado. Como resultado de 1o anterior, decíamos que ello les forzaba a crear redes sociales como último recurso para subsistir,e en tanto las aspersiones erradican no solo cultivos de uso lícito, sino también cultivos de consumo I Intervención de un 1íder comunitario (s/n) de la ve¡eda de La Pa1ma. Interr.ención recogida por la Asociación de Campesinos Trabajadores de la Regiórr del Río Guavabero (Ascatragua,201303-30, de 72:53 a1.3:14). e Esta es una problemática documentada por Dion y Rusller (2008, pp. 3 99 i' ss. ). quienes logran evidenciar 1a existencia de un patrór-r sobre la frecuencia de las actividades relacionadas con e1 cultivo de cocir en regiones agrícolas menos desarrolladas, en 1as qr.re hayun deficiente acceso a otras fuentes de ingresos. 1.4 De la proactiüdad a la prevención ambiental: anlisis del impacto del uso del glifosato en la erradicación humanol0 tales como plátano, maía, cacao o pancoger,li privándoles además de una fuente de ingresol2 para asumir el pago de la educación y la vivienda.13 El problema no obstante se encuentra en que muchas de estas redes sociales se crean con el objetivo de beneficiarse del acceso a fuentes ilícitas de ingresos como el cultivo de hoja de coca, siendo esta en muchos casos su única opción.14 Lo cierto es que, con independencia del desafortunado curso que están siguiendo las redes sociales comunes ante esta problemática, autores como Newman y Dale (2005), al considerar la acción proactiva como el paso siguiente que da¡ entendieron acertadamente que la capacidad de adaptación era solo la mitad de la ventaja adquirida por dichas redes sociales resilientes. Por tal motivo, se apoyan en el concepto de desarrollo sostenible de Holling (2001) para explicar que en la gestión del riesgo ambiental,la acción proactiva se sitúa como el componente de este concepto que equivale a desarrollo por sí mismo. Así,la sostenibilidad se proyecta en este contexto como la capacidad de crear, probar y mantener la capacidad adaptativa, siendo a su.vez el desarrollo un concepto basado en el proceso de crear, probar y mantener una oportunidad. La expresión que combina los dos: desarrollo sostenible, se refiere a la capacidad de adaptación y la creación de oportunidades. Por 10 Entrevista a José Manuel Qrintana. Testimonio recogido por 1a Asociación de Campesinos TrabajadoresdelaRegiónde1RíoGuayabero(Ascatragua,2013-03-30,de13:15 a74:72). 11 Entrevista a Mario Torres. Testimonio recogido por 1a Asociación de Campesinos Tiabajadores de 1a Región de1 Río Guayabero (Ascatragua,2013-03-30, de 19:03 a 20:03). 12 Entrevista a Raúl Aréva1o Daza. tstimonio recogido por 1a Asociación de Campesinos Trabajadores de 1a Región de1 Río Guayabero (Ascatragua,2013-03-30, de L6:21, a76:45). 13 Entrevista a Manuel Monterrosa López. Testimonio recogido por la Asociación de Campesinos Trabajadores de la Región de1 Río Guayabero (Ascatragua, 2013-03-30, de 15:21 a 76:20). 1a Es e1 caso de1 testimonio deJosé Daniel Betancourt, un joven campesino que hace un llamado de atención a1 respecto: "[...] yo soy unjoven de 19 años, habemos (sic) muchos jóvenes que estamos trabajando de 1a coca, ¿por motivo de qué) De que ustedes no nos han aludado; ustedes no nos han puesto cuidado para nosotros seguir con nuestros estudios, nosotros nuestros estudios 1os hemos dejado botados ¿para qué? Para trabajar, para alimenta¡nos, para comprar 1as cosas que nosotros necesitamos para nosotros vivir, le pedimos a usted señor presidente [...1 qu. nos ayude, que nos pongan cuidado, que nosotros aquí somos unos campesinos pero también nosotros necesitamos que el Gobierno se dé de (sic) cuenta y no nos deje abandonados". Entrevista aJosé Daniel Betancourt. Testimonio recogido por 1a Asociación de Campesinos Trabajadores de 1a Región de1 Río Guayabero (Ascatragua,201303-30, de 20:04 a27:55). 15 La prevención en materia ambiental: tendencias actu¿les ende, no es una contfadicción, sino más bien un término que describe una asociación 1ógica (Holling, 2001., P. 399). Por consiguiente, una actitud 'proactiva-positiva', además de situarnos en la optimización de opciones futuras, Por medio de una adaptación sustentada en nuevos procesos, es también consciente de que el principio de precaución resulta de diftcil aplicación. Ello, no solo Por e1 citado problema, sino también porque parala teoría de la proactividad, a través de este se pueden detener o sin aciertoescenarios desconocidos, que a la larga pueden o no resultar tan negativos resPecto al riesgo en sí. En relación con la necesidad de innovar y desarrollar nuevas tecnologías, como eje cardinal pafl^ dotaf de más y mejores herramientas a una población wlnerable por un riesgo, y para que esta sea caPaz de afrontar cualquier cambio imprevisto, no podemos estar más de acuerdo en ello. Pensemos en las tecnologías vefdes basadas en energías renovables, útiles para la adaptación y mitigación del cambio climático. Muchas de esas nuevas tecnologías, si se canalizarunen proyectos de inversión en las zonas apartadas fumigadas con glifosato, podrían generar redes sociales comunes realmente sustentables. Esto es un gran ejemplo de una acción'proactiva positiva'. Para concluir preliminarmente' no está de más dejar por sentado que las nuevas creaciones, como bien 1o señalan Newman y Dale (2005), pueden cambiar el uso tradicional dado a los recursos naturales, alavez que liberan a la sociedad de ciertos comportamientos insostenibles, como aquellos derivados de la voluntad política. Nos referimos al comportamiento derivado de la siembra de cultivos para uso ilícito, como el único recurso disponible que les queda a muchas de las comunidades de esas zoflas apattadas. Aunque somos conscientes de que un sector crítico culpa al principio de precaución de detener la innovación, como resultado del abuso de 1a subjetividad en la investigación científica (Matthews, 2000, pP.247 I ss.), al ser un principio que responde a una visión catastrófica de la tecnología (DeCózar,2OOS,p. 140), o por negar el avance de la ciencia al suspender cierto tipo de actividades que apenas se consideran sospechosas (cfr. PrietoMolinero,2011,pp.943 y ss.), somos también conscientes de que no es más que el reflejo de la falta de legitimidad del principio, así como de la ausencia de políticas públicas pafa fomentar la innovacióny el desarrollo sostenible, las cuales, insistimos, tienen mucho que aport ^t par^1a generación de redes sociales comunes. lo De 1a proactiüdad a la prevención ambiental: anfisis del impacto del uso del glifosato en la erradicación Estos son cuestionamientos que no compartimos, pues como sociedad que somos, cadadía estamos expuestos a un sinnúmero de nuevos riesgos,los cuales sin un principio precautorio ttaetían consigo verdaderas catástrofes. Con 1o cual, elúnico cuestionamiento que desde la proactividad ambiental se hace al principio de precaución, es que este jamás debe implicar un cese en las nuevas innovaciones; por el contrario, debe promover el desarrollo de tecnologías más seguras de cara a la sociedad y el ambiente. No en vano para Beck (L992), en un amplio sentido ei riesgo puede llevarnos a descubrir nuevos horizontes en lo intelectual, que pueden incluso redefinir el guion de la modernidad. Con ello,la capacidad que nuestra sociedad tiene de innovar debe estar vinculada con la disposición para entender la naturaleza y aprender de el1a. El principio de precaución visto desde el "deber ser"proactivo, a su vez, nos permitirá no cerrar las puertas a opciones futuras ni tampoco a disminuir 1a aptitud resiliente. Es así como para Newman y Dale (2005) la construcción de un método para disminuir cualquier efecto incierto en las nuevas tecnologías, debe partir de una evaluación de acuerdo con el principio de precaución. Sin embargo, es también cierto que 1a complejidad misma hace que el principio sea difícil de aplicar. Por esta razón,y en aras de su integración con la proactividad ambiental, estos autores se remiten a Morris (2000), quien sugiere que el principio debe abordarse desde dos aristas: una débil y una fuerte. Débil, al consentir que en una situación de incertidumbre el potencial agente del riesgo siga su curso, mientras el estado actual de la ciencia ayanza (p.7); y fuerte, si indica que se debe suspender la fuente imanadora del riesgo, hasta tanto no se tenga la certeza de si tal decisión causará un daño futuro (p.¿). Si bien se trata de una solución tímida, puesto que no resuelve la cuestión en el fondo,la decisión de escoger una u otra alternativa dependerá de qué tan catastrófico resulte el riesgo involucrado. Para Rubin (2000, p. 107), 1a Declaración de Río sobre Ambiente y el Desarrollo ya instaba, desde su promulgación en1992,aaplicar el principio de precaución en su forma débil. Con todo y ello, insistimos en que esta división no es una solución a la integración entre el principio de precauciónyla acción proactiva, aunque sea vá1ida la intención de buscar alternativas, pues ciertamente la precaución no debe ser ajena ala proactividad. La razón que sustenta nuestro enfoque contra la distinción del uso débil y fuerte del principio)yace en que 77 La prevención en materia ambiental: tendencias actuales la probabilidad asociada a un riesgo, por muy pequeña que sea, justifr.caría sí o sí la aplicación del denominado uso fuerte, salvo que tal probabilidad fuese igual a cero.ls En cualquier caso, creemos que más allá de centrar la atención en este tipo de dicotomías, es preferible dar el siguiente paso hacia la exigibilidad del principio de prevención. Empero,para ello es necesario antes despejar las condiciones de exigibilidad, a partir de un nivel de certeza científica absoluta sobre el potencial daño que tiene un riesgo. 3. Las condiciones de certeza científi,ca absoluta Hasta este punto nos hemos referido al principio de precaución como un principio que si bien ha sido insuficiente para contener el riesgo causado por las aspersiones aéreas con glifosato, es cuando menos un norte que deben fijar cuanto antes las autoridades p^ra ganafitizar el derecho a la salud y a un ambiente sano de 1os habitantes de las zonas aspergidas. Si bien este es un principio que 1a doctrina y la jurisprudencia consideran como principio guía de1 derecho ambiental, no es el único. El principio de prevención pretende, al igual que el de precaución, dotar al Estado de una poderosa herramientapafa actuar ante un riesgo capaz de causar un grave daño al ambiente yla salud humana. La diferencia entre uno y otro reside enla certeza científica que se tiene al momento de invocarlos, siendo en el primer caso un nivel de certeza que lleve a las autoridades a dudar acerca del potencial riesgo, esto es, que no sea absoluta; y en el segundo caso, a situarse en una certeza absoluta sobre aquel. Se trata de 1o que para Ia Corte Constitucional es e1 conocimiento anticipado a favor del ambiente (cfr. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-703 de 2010). Este conocimiento viene a su vez determinado por 1o que en este apartado denominamos condiciones de ceÍteza científica absoluta, las cuales, para los efectos de este capítulo, permiten hacer una distinción entre la invocación entre ambos principios, al mismo tiempo que nos sitúan en el contexto de una hipotética exigibilidad del principio de prevención en el pnclc, tema que será tratado en líneas posteriores. 15 Delocontrario,elprincipiodeprecauciónseconvertiríaenloquellanson'.2002,pp.263y ss.) l1ama e1 principio de 1a catástrofe, a1 advertir su analogía con 1a célebre -{puesta de Pascal (1670, §233). 18 De la proactividad a 1a prevención ambiental: análisis del impacto del uso de1 glifosato en la erradicación Si se estudiala certeza científica en nuestro actual ordenamiento, debe en primer lugar hacerse alusión al modelo de desarrollo sostenible que persigue la Constitución Política, en el cual la actividad productiva habrá de guiarse, entre otros criterios, por la prevención y la precaución, al tener una calidad anticipatoria al daño ambiental.16 Siguiendo este modelo ,laLey 99 de 1'993 da un paso más allá al exigir que se tenga en cuenta el proceso de investigación científica en Ia formulación de políticas ambientales, otorgándole a 1a falta de certeza en el proceso la calidad de requisito para invocar el principio de precaución, en los supuestos de peligro de daño grave e irreversible. De hecho,la Declaración de Río de Janeiro de 1,992 ya contemplaba que la falta de certeza científica de carácter absoluto no debería utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos para impedir la degradación ambiental. Este alcance sería matizado en 1a Senten cia C-293 de 2002 de la Corte Constitucional,la cual puntualizó al respecto que, con los límites de la normatividad vigente, una autoridad ambiental puede ordenar mediante un acto administrativo la suspensión de toda actividad llevada a cabo por un particular, si de ella derivase un daño ambiental o a la salud humana, así no existiese una condición de certeza científica absoluta. La consecuencia del riesgo, según se sustenta en la SentenciaC-746 de 201.2,debe llevar a las autoridades a neutralizar con prontitud el deterioro ambiental desde sus propios orígenes, y hasta el momento en el que el impacto se produzca, o hasta que se genere un mayor daño. En este sentido, el caso del gas radón en la comunidad autónoma de Galicia, en España, es ideal para explicar 1o anterior. Desde hace por 1o menos diezaflos,se cuenta con evidencia só1ida (Catelinois et al.,2OO6,pp. 1365-1366; Rericha et a1.,2006,p.822) del riesgo que represe ntaparala salud humana la exposición al gas radón en entornos laborales (Advisory Group on Ionising Radiation, 2A09) y residenciales (Lubin y Boice, 1.997,p.49), siendo la segunda causa de cáncer de pulmón (Lees, Steele y Roberts, 1,987,p.12) después del tabaquismo' 16 Por 1o demás, a diferencia de1 daño en su concepción tradicional (cfr. Cru2,2015, p. 101), el daño ambiental suele ser indiferenciado, incierto e impersonal (Cafferata,2010, p. 50). 79 La prevención en materia ¿mbiental: tendencias actuales Este gas, que es producto de la desintegración de elementos radioactivos procedentes de la tierra como el uranio-238, causa entre un 3 y un 730/o de los cánceres de pulmón en el mundo, al difundirse en el aire dependiendo de la permeabilidad del suelo (Darby et a\.,2005,p.223),tras desprenderse de este vnayezacumulado en esPacios cerrados carentes de ventilación, en fisuras o tuberías en los hogares y lugares de trabajo. Atendiendo a este panorama, en España se han llevado a cabo numerosas mediciones, producto de las cuales se han elaborado mapas delas zonas para determinar aquellas en las que había una mayor exposición. Este es un ejemplo de medida adoptada pafa alcanzar una condición de cetteza científica absoluta sobre un riesgo, cuya duda tazonable ya fue sobrepasada. Con 1os resultados debidamente validados, en la comunidad autónoma de Galicia, donde la concentración de gas radón en las viviendas ha resultado ser superior a la del resto de comunidades autónomas (Barros, Barreiro, Ruano y Figueiras ,2OO2,pp. 5a8-555), a ffavés de una acción coordinada entre su gobierno autonómico y el del Estado español, se procedió a implementar el principio de acción preventiva ambientallT por medio de una serie de medidas como la instalación de medidores en los hogares, gracias a subvenciones que les permitieron a los fabricantes no solo mejorarlos, sino además hacerlos asequibles. En materia de I+D se financiaron nuevos estudios,liderados por la Universidad de Santiago de Compostela (cfr. Barros yPére2,201'3),y se impulsó la creación del Laboratorio de Radón de Galicia, adscrito a esa universidad, con el cual se facilitó aún más el acceso a dichos equipos, beneficiando a miles de familias. Así, gracias a la detección de las fuentes domésticas de emanación del gas, se han instalado estratégicamente extfactores de aire o, en algunos casos, se han rcemplazado materiales de construcción Para disminuir o suprimir la presencia del gas. A nivel de políticas públicas y legislación, España se involucró activamente en las discusiones que años después dieron lugar a la Directiva 2073/59/ EURAToM de1 Consejo Europeo, del 5 de diciembre de 2073, a través de la 17 Regu1adopor1aLel,26/2007,de23deoctubre,yenatenciónal artículoi9delaDirectiva 2004/35, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relacirir co: ^¡ prevención y reparación de daños. 20 De la proactiüdad a 1a prevención ambiental: análisis del impacto del uso del glifosato en 1a e¡radicación cual se establecieron normas de seguridad básicas paralaprotección contra los peligros derivados de la exposición a esta clase de radiaciones ionizantes. Ahora bien, con el objetivo de adentrarnos en las condiciones de certeza científr.ca absoluta cuando no se supera su umbral, nos detendremos en la contaminación por radiación no ionizantels causada por campos de espectro electromagnético. Nuestra intención es la de exponer un caso en el cual, a pesar de existir evidencias científicas validadas, estas no son suficientes para proyectar un contexto de cefieza absoluta, descartando por ende la exigibilidad de hacer aplicable el principio de prevención, como sí el de precaución. Aun cuando doctrinantes como Domenech (2006,p.253) admiten la existencia de cierta dificultad parafrlar el contenido y el alcance del principio de precaución, este es un principio ampliamente arraigado en la lógica antropocéntrica del derecho ambiental (cfr. Crespo,2003,p. 12),y con una singularidad especial: el rompimiento que produce en las formas clásicas de la lógica jurídica, apzrrtir de 1o que Cafferuta(2070,p.49) llama la'base de la incertidumbre'. Para 1o que nos ocupa ahora mismo, hablamos de una base forjada desde el conocimiento preliminar que se tiene del riesgo que traen consigo las tecnologías imanadoras de radiaciones no ionizantes. Estas fuentes no ionizantes están conformadas por campos de espectro electromagnético que producen energía: (i) por fotón menor que 12 eV, (ii) con longitudes de onda superiores a 100 nm, y (iii) frecuencias inferiores de 3 x 1,01,5 Hz (cfr. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 1998, pp. 494-522). Cabe resaltar que, por regla general,los campos son imperceptibles por cualquiera de los cinco sentidos, salvo que por su intensidad se perciban en forma de calor; por ejemplo,las lámparas de mercurio utilizadas para 18 En contraposición, existe una radiación de tipo ionizante, cuya fuente proviene de elementos radioactivos y de fuentes artificiales creadas por e1 hombre. Esta radiación, que se genera también en la corteza terrestre o que es producida por e1 so1, es la causa de afecciones que van desde quemaduras en 1a pie1, hasta la aparición de tumores malignos. A este respecto, existe una serie de protocolos que se ajustan a ia noción de prevención ambiental, tales como la obligatoriedad del recubrimiento de espacios con pinfura de p1omo, o el uso de trajes recubiertos de este mismo material. En ambos casos, en centrales nucleares y laboratorios de diagnóstico médico a través de rayos X, para citar tan solo dos ejemplos. 27 La prevención en materia ambiental: tendencias actuales estertlizx equipos, con campos de espectro que con frecuencia ocasionan lesiones en la piel de aquel que se exponga de manera prolongada.También se pfoducen lesiones oculares alttTlizat equipos de soldadura sin la protección adecuada, debido a las longitudes de onda no ionizante (Sliney et al., 2005,pp.2L62-2776),t otro tipo lesiones ante una exposición constante a radiación inftarroja,rayos láser,fuentes de calor internas e inclusive naturales. En cualquier caso, no nos referimos a este tipo de fuentes con efectos térmicos, controladas usualmente con Protocolos de manejo, aunque no en vano quede mucho por debatirse en 10 referente a aquellas de uso convencional, por ejemplo los hornos de microondas, presentes en la Stan mayoúa de los hogares en países industrializados,y cuyos fiesgos Por su uso frecuente, a pesar de ser desconocidos, han sido estudiados por la Organización Mundial de la Salud.le Nos referimos, en cambio, a los efectos no térmicos de los campos electromagnéticos, centrándonos en aquellas fuentes que proceden de equipos de telecomunicaciones. Considerar que existe un renovado interés por los efectos de estas tecnologías, en relación con la aParición de algunos tipos de cáncer, no es un asunto reciente, ^jrzgaf por la atención que se le ha prestado a esta problemática en las dos últimas décadas. Prueba de ello han sido 1os estudios que demuestran el peligro de los campos electromagnéticos cuando interactúan con sistemas biológicos.20 No en vano,la relación entre la radiación no io- \e LaOrganizaciónNltundialdelaSaludcuentadesde1996conunprogramapropioparaevaluar los riesgos de exposición a 1os campos electromagnéticos menores a 300 GHz, e1 International ¡rr¡ Project, a través de1 que se evalúan, entre otras fuentes de radiación no ionizante, aquellas producidas por 1os hornos microondas. De otra parte, organismos como e1 tec (por sus siglas International Electrotechnical Commission) o e1 Comité Europeo de Estandarización Electrotécnica han propuesto est^ndariz r en 1as pruebas de conformidad en la fabricación de este tipo de hornos, un límite prudencial de emisión de 50 W,im2 a cinco centímetros de 1as superficies externas (cf¡. World Health Organization, 2005). 20 Para citar tan solo algunos de ellos: (i) sobre 1a asociación entre e1 uso de aparatos de telefonía móvi1 y tumores cerebrales, véase: Khurana, Teo, Kundi, Hardell y Carlberg (2009); (ii) sobre cáncer infantil v 1íneas eléctricas de alto voltaje, véase Draper, Vincent, Kro1l y Swanson (2005); v sobre los efectos adversos de la radiación de microondas de baja intensidad,véase Hi'1and (2008). Asimismo, siguiendo con la 1ínea de Embid{el1o (2010, pp. 1-43), destacamos las conclusiones presentadas por Bioinitiative (2007), que desencadenaron mú1tip1es pronunciamientos de parte de orqanismos tales como e1 Parlamento Europeo y 1a Agencia Europea de1 Medio Ambiente, que reconocieron que 1os riesgos causados por los campos eiectromagnéticos eran equiparable a 1os del ami¿nto, el tabaco e incluso 1a gasolina con p1omo. 22 De la proactividad a la prevención ambiental: análisis del impacto del uso del glifosato en 1a erradicación nizafife y la salud humana es una cuestión hoy aceptada en gran parte de la comunidad científica.21 A pesar de 1o señalado en los párrafos precedentes, no hay un consenso en cuanto a la anticipación y magnitud del daño que potencialmente pueda sobrevenir, en tanto sigue sin poderse establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de la contaminación electromagnética, máxime si tenemos en cuenta que en las dos últimas décadas ha sido notable el crecimiento de la industria de las telecomunicaciones, y en particular de tecnologías inalámbricas tales como la telefonía móvil,la georreferenciación y la conexión a Internet por Wi-Fi o redes móviles, entre otras. Este fenómeno ha puesto al alcance de cualquier persona, y en cualquier lugar, ia posibilidad de comunicarse con otros, y de acceder a datos en tiempo real, trayendo consigo una revolución que ha replanteado muchos paradigmas, desde 1o educativo hasta 1o económico y político. Empero,la actitud que se asume respecto a1 riesgo intrínseco de estas nuevas tecnoiogías, no deja de ser una actitud'proactiva negativa'. No dudamos por lo tanto en aseverar que esta generación está haciendo parte del que talvez sea el mayor experimento jamás realizado en la especie humana sobre un riesgo a escala global. A diferencia del fenómeno del tabaquismo, que a mitad del siglo xx aún despertaba dudas sobre su nocividad,la exposición prolongada ata contaminación electromagnética no se distingue inmediatamente, como sí en el caso del tabaquismo, donde los efectos son evidentes: fatiga, coloración del esmalte dental, problemas de respiración, etc. La intensidad de una fuente de radiación no ionizante, en contraste con una de radiación ionizante, no permite que se evidencie una manifestación sensorial inmediatamente, aunque el impacto causado sea a nivel celular, como consecuencia de la absorción de este tipo de radiación en los tejidos biandos (cfr. Tynes, Andersen y Langmark, 79 9 2,, p. 8 8 ; Litvak, Fo ster y Repachol i, 2002, p. 82) . Además, es preciso entender que los efectos de la fuente de radiación no ionizante sobre un organismo vivo dependerán en mayor medida de la 21 EnlaDeclaracióndeParísdel23dematzode2009(StatementofParis,2009-03-23),quedó consignado que 1a comunidad científrca internacionai ha sido unánime en reconocer 1a posibilidad de un riesgo grave de salud pública, requiriendo por tanto, y de maoera urgente, la aplicación del principio de precaución, en concepto de 1os cientificos allí frrmantes. 23 La prevención en materia ambiental: tendencias acruales dosis emitida, por 10 que si la intensidad del campo pof la Potencia del agente y el tiempo de exposición son mayores, entonces los efectos también 1o serán (Hansson-Mild, L998,p.20). Piénsese en el caso de las exposiciones a este tipo de campos magnéticos de baja frecuencia a las que está sometido permanentemente un considerable número trabajadores del sector de telecomunicaciones. El problema, sin embargo, es el tiempo e intensidad de exposición en espacios hoy por hoy cotidianos. Situación que nos lleva válidamente a pfeguntafnos: ¿acaso 1a exposición a los camPos electromagnéticos que emiten los router en cualquier rincón de una ciudad, no es por sí misma una exposición permanente?; ¿no es intensa la exposición a la Potente radiación emitida por las antenas de telecomunicaciones, en algunos hogares?; y, a su vez, ¿la exposición a teléfonos móviles no es permanente e intensa a la vez enfunción de la cercanía de estos dispositivos con el cuerPo humano? Desde un análisis basado en el paradigma de la sociedad del riesgo, estos son riesgos postindustriales, caract erizados por (i) una afectación generalizada ala población; (ii) una inexistente prevención, producto de la falta de conciencia sobre su real peligro, ya que como 1o hemos visto, el estado actual de la ciencia aún no prevé con cefteza el real impacto del riesgo, enfazón de que la verificación no puede llevarse a cabo (De sadeleef,2002,p. 153), tal y como ocufrió en Fukushima o Chernobyl, donde ningún exPerto pudo anticipar la probabilidad de un accidente de este tipo;y (iii) porque aún no resulta posible valorar el potencial daño a la población humana derivado de este tipo de contaminación. Es precisamente la falta de ceftezala que distorsiona cualquier esquema preventivo, siendo el modelo Precautorio la única alternativa disponible, capaz de concebir una acción no respaldada, tanto por la certeza absoluta como por condiciones de completa ignorancia (Embid,2009,p' 48). Como sociedad, solo nos queda esperar la respuesta a esas pfeguntas en la ciencia, que es la única víe-Paraformular directrices respecto a un riesgo incierto, al otorgarles legitimidad de cara a salvaguardar intereses jurídicos tutelables como lo son el ambiente y la salud humana. 4.Haciala exigibilidad del principio de prevención en el pEcrc Teniendo presente que las diferencias entre el principio de precaución y el de prevención subyacen a las condiciones de cefteza científica absoluta de 24 De la proactividad a la prevención ambiental: análisis del impacto del uso del glifosato en 1a erradicación cada riesgo, afirmarmos entonces que mientras el principio de prevención actúa a través de acciones concretas ante un riesgo absoluto, el principio de precaución, ante la duda razon ble de su potencial impacto, ofrece más bien una gttia.22 Con la contaminación por gas radón en la comunidad autónoma de Galicia pudo verse cómo opera la aplicación de medidas técnico-jurídicas de carácter preventivo para contrarrestar un riesgo cierto e irreversible. Para la doctrina, estos mecanismos, políticas e instrumentos de Gobierno, tendientes a evitar y disminuir cualquier posible impacto (Rodríguez y González-Cortés, 2014,p.471), son en la práctica la manifestación más clara del principio de prevención. Un principio que, según Jimén ez deParga y Maseda (2003), lleva a las instituciones públicas a asumir una conciencia de que no basta con reparar, como sí prevenir, esto es, una transición de un modelo curativo a uno preventivo. No en vano su finalidad u 'objeto último'es evitar que el daño se ptodrnca,para 1o cual estas acciones de prevención son apenas necesarias. Para Moreno-Molina (2006,p.45), aunque son acciones que tienen menor atención en comparación con las acciones precautorias, su finalidad junto a estas es hacer valer la cautela como postulado universal en materia ambiental, por la misma nafuraleza que reviste la sociedad de1 riesgo a la que nos referimos previamente, y porque al ceder en la reducción drástica del espacio vital tradicional, cedemos como sociedad ante un nuevo conglomerado de mayor complejidad de incertidumbres, que 1o reemplaza. Entrando en materia,procederemos a plantear como hipótesis la exigibilidad del principio de prevención dentro del eocrc, como una alternativa válida ante la tardanza del Gobierno en aplicar el principio de precaución,y como una respuesta lógica ante las contundentes pruebas que se tienen del impacto de las campañas de aspersión aérea con glifosato en el'ambiente y la salud humana. 22 Lt razón, de acuerdo con Sunstein (2005, p. 38), es que mientras algunos de 1os riesgos relevantes están disponibles, otros son visibles; por 1o cua1, e1 operador jurídico, o quién deba aplicar este principio, tendrá como reto distinguir los cambios en 1as fluctuaciones reales de aquellos riesgos visibles, para que 1a preocupación púb1ica no alimente falsos pánicos, que sigan restándole legitimidad a1 principio de precaución. 25 La prevención en materia ambiental: tendencias actuales Como lo advertimos, no es el caso de la vía jurisprudencial, pues fue aplicado sobre esta problemática por la Corte Constitucional (Auto 073 de 2014) y el Consejo de Estado (Sentencia de 27 de mafzo de 2014). No obstante, esta no es a nuestro juicio tampoco la mejor vía, dado que las comunidades campesinas e indígenas afectadas no están en la capacidad de fecufrir a la protección de rn jtez, bien por falta de recursos económicos pafa sufragar los iargos desplazamientos a los centros urbanos, que se suelen contabilizar en días, o bien por problemas con el idioma o de acceso a la justicia misma, entre otras causas. A la tardanza en su aplicación desde que las evidencias genefabanya una duda razonable,se suma 1a demora en susPender las campañas de aspersión aéreatras el compromiso adquirido el29 de mayo de 2015.23 Así, ello no se daría sino hasta el 1" de octubre de 2075, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (aNLe) ordenó, en virtud del principio de precaución, suspender las actividades del PECIG en el tefritorio nacional, amparadas por el Plan de Manejo Ambiental.2a La razón de la anterior afirmación es que si bien a priori pareciera que por primefa vez el principio de precaución dentro del pocrc fue aplicado por una vía distinta a la jurisprudencial en el mes de mayo de20L5, esto en realidad nunca llegó a ocurrir, pues el 11 de agosto del mismo año fueron retomadas las aspersiones en las zonas rurales de Tibú y Ocaia en el departamento de Norte de Santander. Se suman además incumplimientos de acuefdos de no aspersión con las comunidades residentes en las zonas aspergidas. Pata citat un ejemPlo, el 5 de septiembre se acordó que las campañas de aspersión que se realizafafl en el sur de Colombia, no afectafian a 1as comunidades camPesinas, afrodescendientes y pueblos indígenas asentados sobre el Putumayo,laBaia 23 A rravés de 1a Resolución 0006 de 29 de mayo de 2015, "por 1a cual se ordena 1a suspensión del uso de1 herbicida glifosato en 1as operaciones de erradicación de cultivos i1ícitos mediante aspersión aérea", adoptada por e1 Consejo Nacional de Estupefacientes, e1 día 14 de mavo con siete votos a favor y uno en contra, acogiendo 1a recomendación que elevó e1 Ministerio de Salud v Protección Social (2015-04 -24), a pan\r de 1a decisión de ia Organización Mundial de la Sa1ud, a través de su Agencia Internacional para 1a Investigación sobre e1 Cáncer (rlnc,2015)' de clasifica¡ e1 glifosato como agente químico potenciaimente cancerígeno. 2a Establecido mediante la Resolución 1065 dei 26 de noviembre de 2001. modihcada por las resoluciones 1054 de1 30 de septiembre de 2003, 0099 del 31 de enero de 2003 r'672 de1 4 de julio de 2013. 26 De la proactiüdad a la prevención ambiental: análisis del impacto del uso del glifosato en la erradicación Bota Caucana yJardines de Sucumbíos en Ipiales, y aunque el acuerdo fue ratificado el día 19 de ese mes, se decidió retomar las aspersiones en la zona, afectando, entre otras comunidades, a la del corregimiento Piñuña Negro, de Puerto Asís en el departamento de Putumayo, cuyos líderes decidieron hacer visible esta denuncia.zs Los anteriores, entre otros incumplimientos que denotan que el principio de precaución no ha sido aplicado por la vía de la Administración Pública, son la razón por la cual nuestra hipótesis merece tener un apartado dentro de este capítulo. No hay que olvidar que la prevención se fundamenta en la posibilidad de conocer anticipadamente el riesgo, para adoptar medidas que 1o neutralicen (cfr. liménez de Parga y Maseda, 2003,p.16;Parray Soto, 201.1,p. 181), a diferencia del principio de precaución, donde el Gobierno se ha escudado en el desconocimiento anticipado del impacto de las campañas de aspersión en la salud humana y el ambiente. En otras palabras: [...J por el contrario, 1a precaución, en su formulación más radical, se basa en las siguientes ideas: el riesgo de daño ambiental no puede ser conocido anticipadamente porque no podemos materialmente conocer los efectos a medio y largo plazo de una acción. La posibilidad de anticipación es limitada e imperfecta al estar basada en nuestro grado o estadio de conocimientos científicos, los cuales son limitados e imperfectos. En consecuencia, no es posible adoptar anticipadamente medidas para neutralizarlos riesgos de daños, porque éstos no pueden ser conocidos en su exactitud. (Jiménez de Parga y Maseda, 2003,p.L7) Domenech (2006,p.253) es enfático en sostener que el conocimiento previo es solo una característica propia de1 principio de prevención, no del 25 Denuncia rcalizada e1 17 de septiembre de 2015: "[...] Desde el día7 de abril de 2015, permanentemente, ininterrumpida y 1a policía antinarcóticos en el marco de 1a po1ítica antidroga reinicia operaciones mediante aspersión aérea con glifosato; denunciamos 1a afectación producida por estas fumigaciones a los habitantes de 1as zonas rurales, en especial a los niños y niñas del corregimiento de Piñuña Negro pertenecientes a1 Nlunicipio de Puerto Asís, que presentan afectaciones en 1a salud, quienes a la fecha no han sido atendidos por las autoridades dei orden municipal y departamental" (Red de Derechos Humanos de1 Putumayo, Baja Bota Caucana yJardines de Sucumbíos, 2015-09-17). 27 La prevención en materia ambiental: tendenciirs actuales principio de precaución, pues tratándose de este, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir, no son conocidos con anticipación, en tanto no existe forma alguna de establecer, tanto a mediano como a largo plazo,los efectos de una acción determinada.Para la Corte Constitucional (Senten cia C-595 de 2010), a ello se suman los límites del estado actual de la ciencia, que impiden adquirir Ia certeza absoluta acerca de las precisas consecuencias de una fuente de riesgo, aunque se sepa que sus efectos son nocivos. Esta incertidumbre, en e1 caso del encIc, ha supuesto un grave problema para las víctimas de las aspersiones aéreas, dado que las razones que han motivado la continuidad de esta política, se han basado en una ceffeza creada a través de premisas incompletas. Es así como se han omitido estudios, dentro de los lineamientos del IECIG, que den cuenta de la biodiversidad y el lugar que ocupa Colombia en el mundo respecto a especies endémicas. Con las campañas de aspersión sobre las zonas que conservan toda esta riqueza, se están extinguiendo varias de estas especies, dado que, como se demostró, los cultivos de hoja de coca y de amapola suelen situarse en áreas que a menudo se encuentran rodeadas por hábitats donde residen dichas especies,26 tal como 1o indica el estudio de Solomon et al. (2005, p. 104), presentado ante 1a Comisión Interamericanapara el Control del Abuso de Drogas. En otro estudio, publicado dos años más tarde por el mismo grupo de investigación (cfr. Solomon et a\.,2007,pp.43-725), se demostró que si bien es cierto que como resultado de la utilización de mejoras tecnológicas en las aspersiones, el impacto ha disminuido, no deja de ser preocupante la poca información con la que se cuenta sobre el impacto de esta sustancias en recursos hídricos destinados para riego y consumo humano. Esto es, en nuestro criterio, una secuela de la escasa disposición del Gobierno colombiano a invertir en estudios para determinar cuál es el verdadero impacto de su política de erradicación con glifosato. Aunque las pocas evidencias existentes sobre el impacto en hábitats acuáticos demuestran una alta toxicida d para especies como las algas Sele nastrunt 26 Según datos publicados por 1a Oficina de 1as Naciones Unidas contra 1a Droga v e1 Delito (2005), en el año que se realizó este estudio se reportaron cultivos de coca en por 1o menos trece parques nacionales, con una superficie aproximada de 5400 hectáreas, 28 De la proactiüdad a 1a prevención mbiental: análisis de1 impacto del uso del glifosato en la erradicación y Daphnia magna, el pez-carpita de cabeza grande (Pimephales promelas) o la trucha arco iris, estos dos últimos de consumo de las comunidades que habitan las zonas aspergidas, se ha encontrado también una relación indirecta entre el uso de glifosato ylaalteración causada en artrópodos terrestres que subsisten de plantaciones aledañas (Solomon et a|.,2007 , pp. 59 y 99), en aves (cfr. Á7ûr"r,2}O2,p. 1096) y en otros animales salvajes. Otra premisa incompleta, que ha llevado al Gobierno a presumir erróneamente acerca de la seguridad del uso del glifosato en las campañas de aspersión aéreartiene que ver con el impacto en la salud humana;un hecho en el que el umbral de certeza absoluta ya se sobrepasó. Para ilustrar esta afirmación, basta con remitirnos al estudio de Camacho y Mejía (2074), que a la fecha es el más completo, al recoger y sistematizar toda la evidencia publicada. No en vano los datos recogidos fueron posteriormente utilizados por el Ministerio de Salud y Protección Social (2015-04-24) parasolicitarle al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender las fumigaciones. La importancia de ese estudio se encuentra en la solución propuesta para los problemas metodológicos hasta entonces existentes, haciendo uso de una base de datos única con diagnósticos individuales, entre los años 2003 y 2007, de quienes asistieron a alguna entidad prestadora de servicios de salud; así mismo, tuvieron en cuenta información recogida diariamente en los municipios que fueron objeto de su estudio, sobre las campañas de aspersión aérea ztersus las campañas de erradicación manual. Como resultado de este trabajo,extraemos las siguientes conclusiones: (i) la exposición a los herbicidas utilizados en las campañas de aspersión aérea de cultivos ilícitos se asocia a la probabilidad de sufrir trastornos de salud; (ii) se sugiere un aumento de la probabilidad de sufrir problemas dermatológicos cuando hay una mayor exposición al glifosato utilizado; (iii) los cambios negativos de corto plazo asociados a las campañas de erradicación manual hacen que disminuyala probabilidad de sufrir los referidos problemas, reportándose incluso una menor prevalencia de abortos. Adicionalmente a 1o anterioq la Agencia Internacionalpara la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, desde finales de la década de los noventa, ha venido recolectandoy analizando datos que prueban la carcinogenicidad del glifosato en seres humanos. En 2015 esta agencia logró demostrar, a través de casos documentados, que esta sustancia 29 La prevención en materia ambiental: tendencias actuales es en algunos casos causante del linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático (Ianc, 20L5). Otros estudios que también merecen la pena ser traídos a colación son el de Guyton (2015, p. 49L), donde se analiza esta "evidencia limitada", obsefvando una asociación positiva entre la exposición al glifosato y algunos cáncefes, y el de Sherret (2005,p. 168), cuyo aporte exPone la correlación entre las aspersiones y varias clases de afecciones respiratorias, tales como la irritación de las vías respiratorias inferiores, e incluso un aumento en la incidencia de cáncer de pulmón. Todos estos son, cuando menos, fiesgos potenciales significativos para la salud humana y el ambiente, que no se han considerado ni siquiera de modo superficial, tal y como 1o denuncia la Asociación Interamertcanapara la Defensa del Ambiente (2005, p. 3), que al respecto fija su Postura en los siguientes términos: Muchos de 1os graves impactos potenciales, tales como e1 aumento en la deforestación y los efectos adversos en organismos acuáticos y especies en peligro, no fueron tomados en cuenta. [...] no se proporciona evidencia de que e1 programa de fumigación aérea sea inocuo para los seres humanos y el medio ambiente. Como cuestión de ética y de sensate z en las políticas públicas, el programa de fumigación debería suspenderse a menos que se realicen evaluaciones adecuadas que demuestren que efectivamente el program a no afecta a 1os colombianos, ni tampoco a sus recursos naturales e inmenso patrimonio ecológico. (p. 3) Insistimos en que todo ello no hace sino reforzar la postura errónea del Gobiern o, a paftif de premisas incompletas, con 1a cual lleva el debate a1 ámbito precautofio, en el que cabe cualquier tipo de interpretación sobre las evidencias para invocaf y aplicaf el principio de precaución, no e1 de prevención, el cual sin duda le obligaría a act:uar con inmediatez. Es imperativo que se asuma un papel activo para despejar cualquier duda sobre los reales alcances y el impacto de su política de erradicación, pues hasta entonces seguirá actuando como si en ambos principios cupiera 30 De la proactividad a la prevención ambiental: análisis del impacto del uso del glifosato en 1a erradicación un tratamiento genérico27 basado en la ilusoria cercanía entre uno y otÍo,a la que se refiere Moreno-Molina (2006, p. 51). La prevención y la precaución, como principios, no deben tratarse por igual, como se pretende hacer creer, con elfin de mantener la discusión en el terreno de la incertidumbre, y no de la certeza absoluta, cuando el límite del primero al segundo claramente se superó. En efecto,lafalta de condiciones de centeza absoluta que justifiquen la no aplicación del principio de prevención, aunque sí el de prevención, deben ser unas condiciones de carácter temporal; es deber del Gobierno indagar sobre si estas condiciones cambian o no con e1 tiempo, o si los supuestos bajo las cuales se proyectaron son incompletos, o presentan errores en su validación. Segun la Comisión Europea: [...] depende de 1a evolución de 1os conocimientos científicos ,a cvya luz deben volver a evaluarse, 1o que implica que las investigaciones científicas deberán proseguir para obtener datos más completos. Las medidas basadas en el principio de precaución deben ser revisadas y, si fuere necesario, modificadas en función de los resultados de la investigación científica y del seguimiento de su impacto. (Comisión Europea,2000) Volviendo a1 eocrc, por mucha {uerza que haya adoptado recientemente la exigibilidad del principio de precaución, no puede ser ensalzado como si setratara de una fase más avanzada que la prevención desde una óptica jurídica (Jiménez de Parga y Maseda, 2001,); por el contrario, debe restársele fierza a la tesis que propone su aplicación,ya que ello rcfuerzala 'proactividad negativa'con la que se asume pasivamente la indagación que se debe hacer sobre los reales efectos de esta política. De hecho, si se tienen investigaciones e informes científicos debidamente contrastados sobre el impacto en la salud humana y el ambiente, basta con que estos sean traídos a consideración a fin de acreditar unas condiciones de certeza absoluta que para el estado actual de la ciencia son ya un hecho. Al 27 Esta es una preocupación que compartimos con 1a Línea de Investigación en Derecho Ambiental de 1a Universidad del Rosario, en concepto dentro de 1a Sentencia C-703 de 2010 de la Corte Constitucional, a1 referirse a 1a connotaclón genérica que se 1e da en Colombia a ambos principios. 37 La prevención en materia ambient¿l: tendencias actuales mismo tiempo, deben incentivarse acciones proactivas positivas, traducidas en nuevos estudios que identifiquen nuevos riesgos potenciales, pero que a lavez aporten soluciones para mitigarlos. Conclusiones La actitud asumida por Gobierno colombiano ha mostrado ser una actitud proactiva basada en acciones negativas respecto al reclc,y como consecuencia de e11o, se ha hecho necesario explorar otras vías para proteger los derechos vulnerados. A su vez, el principio de precaución no ha sido czpaz de dar una respuesta inmediata por la vía de las autoridades públicas, a diferencia de la vía jurisdiccional, donde no obstante esta se muestra inaccesible para los habitantes de 1as zotas aspergidas. Ante la falta de una norma jurídica que regule el principio de precaución,y dada su natrraleza como criterio guía, no como un principio exigible al Gobierno colombiano, nos surge inevitablemente como pregunta: ¿cuál ha de ser el siguiente paso?, ante lo cual decidimos ahondar aún más en el problema, para comprender que las causas que motivan un actuar proactivonegativo derivan de la justificación sobre el nivel de certez^ absoluta que este ha utilizado para retrasar su aplicación. La anterior ha sido, a nuestro juicio, una actitud negligente, entre otras razones, porque ignora una realidad al no implementar estudios integrales del real impacto dei ercIc, y porque tampoco ha explorado con rigurosidad otras alternativas que reemplacen este método de erradicación de cultivos de uso ilícito. Pero sobre todo,porque ha incumplido el mandato constitucional de garantizar que en todos los casos, y antes del inicio de cada campaña de aspersión, se realice un proceso de consulta previa con los pueblos indÍgenas, para obtener su consentimiento libre, previo e informado. En cuanto al nivel de certeza absoluta, necesario para dar el siguiente paso, que es la exigibilidad del principio de prevención, a 1o largo del texto no solo hemos traído a colación 1os estudios compilatorios, e investigaciones originales que sustentan e1 impacto ambiental y a la salud pública de las campañas de aspersión, sino que además hemos procurado visibilizar las denuncias de 1as comunidades que habitan las zonas aspergidas que se encuentran apartadas de todo núcleo urbano. A manera de reflexión, somos conscientes de que si bien el avance del estado actual de la ciencia es capaz de desvirtuar la potencialidad de un 32 De la proactividad a la prevención ambiental: análisis del impacto del uso de1 glifosato en la erradicación riesgo determinado, sobre el cual existieren dudas razonables, es también un hecho que la ciencia puede hacer nuevos hallazgos sobre su verdadero alcance e impacto. En ambos casos, el "deber ser" de la proactividad le exigirá aI Gobierno invertir en estudios a profundidad sobre ese riesgo, para así decidir si se aplicará el principio de prevención, o el de precaución, en alguna de sus dos aristas: débil y fuerte. Débil, como 1o mencionábamos, al permitir que en una situación de incertidumbre el potencial agente del riesgo siga su curso, mientras se desarrollan nuevos estudios, o fuerte, si suspende 1a actividad causante del riesgo, hasta tanto no se tenga :una certeza razonable de su inocuidad. Y aunque en ambos casos la solución pareciera ser tímida, pues no resuelve el problema en sí, son soluciones que al menos integran la proactividad con la precaución. En cualquier caso,la evidencia existente sobre el impacto del pECrG debe llevar al Gobierno colombiano a actlrar con prontitud, adoptando medidas más propias del principio de prevención que del principio de precaución en su arista fuerte. Es más, al día de hoy la actitud menguada que este ha asumido ante 1as denuncias de la comunidad científica,la sociedad civil e incluso de sus propias instituciones, como la Defensoría del Pueblo o el Ministerio de Ambiente, ni siquiera se puede afirmar que el principio de precaución fue aplicado en su arista débil, pues como 1o señalamos,luego de que el 29 de mayo de 2015 elGobierno anunciara la suspensión precautoria del programa, las campañas de aspersión fueron retomadas dos meses y medio después. En conclusión, es imperativo que la proactividad que asuma el Gobierno colombiano se traduzca en más investigación y desarrollo para las regiones afectadas por las aspersiones, con el objeto de (i) mejorar Ia adaptabilidad al daño ya causado, pero sobre todo para (ii) determinar el real impacto del pECIG y así tomar una decisión 1o más próxima posible ala certeza científica absoluta, pues los estudios con los que se cuenta denotan en su actuar una negligencia. De hecho, esto último es 1o que nos ha facilitado la labor de plantear la hipótesis de exigibilidad del principio de prevención. Por 1o pronto,las comunidades campesinas y los pueblos indígenas que habitan las zonas aspergidas requieren con urgencia que se adopten decisiones, antes de que el daño se agudice. La premura con la que se apliquen medidas preventivas y precautorias fuertes, junto con mecanismos que fomenten 1a J.) La prevención en materia ambiental: tendencias actuales resiliencia en red,les permitirán a sus habitantes reponerse. Esto es 1o que en últimas persigue la proactividad ambiental en su dimensión positiva. Referencias Adgea W. (2000). Social and ecological resilience: are they related? Progress in Hum an Geography, 24 (3), 3 47 -3 64. Advisory Group on Ionising Radiation (2009). Radon andpublic health. Radiatian, chernicals and em.¡iranmental hazards. Health Protection Authority. Advisory G roup o n I oni si ng Radi atio n. Re cup erado de http : / / wv',w.hp a. o rg. uk/web/ HPAwebFile/HPAweb-C / 124383849 6865. Agrawal, A. y Gibson, C. (7999). Enchantment and disenchantment: the role of communify in natural resource conservation. World Deaeloprnent,2T (4), 629-649. Asociación Interamericana para la Defensa de1 Ambiente (2005). Repensando el Plan Calombia: omisiones críticas en la eaaluación del ambiente y la salud humana del Programa de ErradicaciónAérea en Colombia. Recuperado de http;//www. aida-americas.orglsites/d efault/frles/refDocuments/ e:r.¡.0/o20cp.tttct0/020 r srupr o 7o20DE %o20cr ceo. p df. Alvarez,M.(2002).Ilicit crops and bird conservation priorities inColombia. Conservation Biology, 76, 1086-7096. Ascatragua (2013-03-30). Testimonios recogidos por 1a Asociación de Campesinos tabajadores de la Región de1 Río Guayabero (video). Recuperado de https ://wvrw.youtub e. com/watch?v=b 15 ZeignOw. Barros, J., Barreiro, M., Ruano, A. y Figueiras, A. (2002). Exposure to residential radon and lung cancer in Spain: A population-based case-control study. z1 m eri c an Journa / of E p i d e mi o logy, 7 5 6 (6), 5 48 5 5 5 . Barros,J. y Pérez, M. (2013). Radon e cancro de pultnón. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. Barié, C. (2003). Pueblos indígenas y derechos constitucionales en América Latina: un ?anzrama. Qrito: Editorial Abya Yala. Beck, U. (\992). Risk socie$: Tousards a new madernity.Londres: Sage. Bernal-Pulido, C. (2003). Estructura y límites de 1a ponderación. Doxd. Cuadernos de Filosafia del Derecho, 26, 5 -29. Cafferata, N. (2010). Los principios y reglas en e1 derecho ambiental. En Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (rxurr-r) iEd.), Quinto a1 .)r+ De la proactividad a la prevención ambiental: analisis del impacto del uso de1 glifosato en 1a erradicación ?rogranxa regional de capacitación en derecho y ?olíticas arnbientales (pp. 49-61). Ciudad de Panamá: PNUMA. Camacho, A. y Mejía, D. (2014). Consecuencias de la aspersión aérea en 1a salud: evidencia desde el caso colombiano. En M. Arias, A. Camacho,A.Ibáiez, D. Mejía y C. Rodríguez (Eds.), Costos económicos y sociales del conficto en Colombia. Bogotá: Ediciones Universidad de los Andes. Castrillón, F. (2006). Impactos de la expansión de cultivos ilícitos y de la política de 1a guerra contra 1as drogas en el Paóífico colombiano. Etnias y Política, 3,772-779. Catelinois, O., Rogel,A., Laurier, D., Bil1on, S., Hemon, D.,Verger, P.yTirmarche, M. (2006). Lung cancer attributable to indoor radon exposure in France: Impact of the risk models and uncertainry anaiysis. Enoiranmental Health Perspecti,z.t e s, 774 (9), 73 61 -13 66. Colombia, Corte Constitucional (1992). Sentencia C-599. Colombia, Corte Constitucional (1996). Sentencia C-597. Colombia, Corte Constitucional (2001). Sentencia C-827. Colombia, Corte Constitucional (2002). Sentencia C-293. Colombia, Corte Constitucional (2003). Sentencia SU-353. Colombia, Corte Constitucional (2010). Sentencia C-595. Colombia, Corte Constitucional (2010). Sentencia C-703. Colombia, Corte Constitucional (2012). Sentencia C-746. Colombia,DefensoríadelPueblo (2001-02-72).ResoluciónDefensorialltf.4del2 defebrero de 2001, sobre el impacto defumigaciones en once proyectos de desarrollo alternatiao en el Puturnayo. Coiombia, Defensoría del Pueblo (2002-70-09). Resolución Defensorial N". 26 de 9 de octubre de 2002, sabre los Derechas Humanos y el Derecho Internaciona/ Humanitario en el marco del conficto armado y de lasfumigaciones de cultiaas de coca en el departamento del Putuntayo. Colombia, Defensoría del Pueblo (2015-04-28). Comunicado: Defensoría respal' da recomendación para suspenderfumigaciones con Glifosato. Recuperado de http://www.defensoria.gov.coles/nube/n oticias/3577 /DefensorToC 3o/oADarespalda-recomendaciToC30/oB3n-para-suspender-fumigaciones-con-g1ifosato-fumigaciones-glifosato -Putumayo-Defensor%oC3 ToADade1-PuebloMedio-ambiente-Putumayo.htm. Colombia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012). Diagnóstico Na ci a n a I d e S a I u d A m b ie n t a l. Recup erado de http : / / www.minsaiud. gov. col 35 La prevención en materia ambiental: tendencias actuales sites/ridll-ists/BibiiotecaDigitaVnroE/rNBc/lcue/Diagnostico o/o20deo/020 s a1u d 702 OAmbie ntal0/020 co m p il ado. p df. Colombia, Tribunal Superior de1 Distrito de Villavicencio, Sala Penal (2015). Sentencia de 25 defebrero. Comisión Europea (2000). Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principia de precaución. coM/2 000/0007. Recuperado de http://eur-lex.europa.eu/ le gal co nte n t/ P s / t xr / ? uri = c B lBx : 5200 0 p c0 00 1 . Comisión Intereclesial por laJusticiaylaPaz(2073-05-16-a).Aspersiones aéreas afectan cultiaos de superz¡ivencia en comunidades indígenas y campesinas [OritoPutumayol. Recuperado de http ://jus ticiaypazcolombia.com/Aspersionesaereas-afectan. Comisión Intereclesial por laJusticiaylaPaz (2013-05-16-b).Anexo. Recuperado de http : / / justiciay p azcolo mb ia. c o m/ IMG / p df / afe ctacio n_p or_asp e rsion-co n-glifosato.p df. Confederación Nacional de O rganizaciones Afrocolombianas (cNoe) (201 1). Sistematización de procesos de consulta preaia en Colambia (informe). Bogotá: confederación Nacional de organizaciones Afrocolombianas. Recuperado de http://wr,rw.convergenciacnoa.orglfiles/SistematizaciondeProcesos.pdf. Crespo, R. (2003). Perspectivas futuras del derecho ambiental.Juris Dictio,T (3), 72-28. Cruz, E. (2015). Del derecho ambientai a los derechos de 1a natutaleza: sobre la necesidad de1 diá1ogo intercultural . Jurídicas, 1,1,(7), 95-776. Darby, S., Hill, D., Auvinen, A', Barros-Dios,J. M., Baysson, H', Bochicchio, F' y Doli, R. (2005). Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. British M e dica I Journal, 330 (7 485), 223 -230. De Cózar,J. (2005). Principio de precaución y medio ambiente. Reaista Española de Salud Pública,79 (2),733-L44. Dion, M. y Rusller, C. (2003). Eradication efforts, the state, displacement and poverty: Explaining coca cultivation in Colombia during PIan Colombia. Journal {Latin American Studies' 40 (3), 399-421'. Domenech, G . (2006). Derecltosfundamentales y riesgos tecnológicos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Draper, G., Vincent,T., Kroll, M.E.y Swanson,J. (2005). Childhood cancer in relation to distance from high voltage power lines in England and Wales: a case-control study. Britislt MedicalJournal, 330 (7503). 36 De 1a proactividad a 1a prevención ambiental: análisis del impacto del uso del glifosato en la erradicación Embid{ello, A. (2010). Protección jurídico-sanitaria frente a 1os riesgos procedentes de las infraestructuras de radiocomunicación. Revista Catalana de Dret Ambiental, 7 (l), l-43. Guyton, K., Loomis, D., Grosse, Y., El-Ghissassi, Y., Benbrahim{allaa,L., Scoccianti, N., Mattock, H. y Straif K. (2015). Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. Zhe Lancet Oncology, 16 (5), 490-491. Hansson-Mild, K. (1998) Radiofrequencyfelds and tnicrouaaes. Encyclopaedia af occupational health and safety. Ginebra: Organización Mundial del Trabajo. Hyland, G. j. (2008). Physical basis of adverse and therapeutic effects of 1ow intensity microwave radiation. IndianJournal of Experimental Biology, 46 (5), 403-479. Ibáñ,e2, A.y Yélez, C. (2008). Civil conflict and forced migration: The micro determinants and welfare losses of displacement in Colombia . World Deoelo- ?n ent,36 (4),659-676. Ilahaine, H. (1995). Common property, ethnicity, and social exploitation in the Ziz vil ley, s outh eas t M aroc co. Iascp conference-paper. International Agency for Research Cancer (renc). (2015).tl^xc Monographs Volume 112: eaaluation offae organo?hos?hate insecticides and herbicides. Lyon: renc. International Commission on Non-Ionizitg Radiation Protection (1998). Guidelines on limits of exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fie1ds up to 300 GHz. Health Physics,74,494-522. J\ménez de Parga y Maseda, P.(2001). Elprincipio de prevención en el derecha internacional del medio ambiente. Madrid: LaLey. Jiménez de Parga y Maseda, P. (2003). Análisis del principio de precaución en derecho internacional público: perspectiva universal y perspectiva regional europea. Política y Sociedad, 4 (3), 6-21,. Khurana V.,Teo C., Kundi M., Hardell L. y Carlberg M. (2009). Cell phones and brain tumors: a review including the long-term epidemiologic data. World Neurosurgery,T2 (3). Laruábal,F.yAschmann, R. (1994). Culturas indígenas: Colombia. Ciudad de México: Asociación Instituto Lingüístico de Verano. Lees, R., Steele, R. y Roberts,J. 0987). A case-control study of lung cancer relative to domestic radon exposure. Oxford International Journal of Epidemiology, 16 (t),7-72. Lorenzetti, R. (1997). La protección jurídica del ambiente.LaLey,E-7467. 37 La prevención en materia ambiental: tendencias actuales Lubin,J. y Boice,J. G997).Lung cancer risk from residential radon: Meta-analysis of eight epidemiologic studies./aurnal of the Natianal Cancer Institute,89, 49-57. Manson, N. (2002).Formulating the precautionary principle. Enttironmental Ethics Journal, 24 (3), 263 -27 4. Matthews, R. (2000). Facts versus factions: The use and abuse of subjectivity in scientific research. EnJ. Morris (Ed.), Rethinkingrisk and the precautionary pr in c ip / e (pp. 2 a7 -282). Oxford: B utterworthHeinemann. Maya, A. (2009). Ei derecho a 1a consulta previa en 1as decisiones de la Organización Internacional del Tiabajo contra e1 Estado colombiano. El Otro Derecho,40,75-95. Moreno-Mo1ina, A. (2006). Derecho comunitaria del medio ambiente: marco institucional, regulación sectorial y aplicación en España. N{adrid: Marcial Pons. Morris,J. (2000). Defining the precautionary principle. EnJ. Morris (Ed.), Rethinking risk and the precautionary principle (pp. 1,-27). Oxford: ButterworthHeinemann. Newman, L. y Dale, A. (2005). Network structure, diversiry and proactive resilience building: a response to Tompkins and Adger. Ecology and Society 70 (7),12. Oficina de las Naciones Unidas contra 1a Droga y e1 Delito (uNooc) (2005). Monitoreo de cultioos de coca 2004.Bogotá: uNooc Colombia. Recuperado de https://www.unodc.orglp df/ andean/Part3-Colombia.pdf. Pascal, B. (1670). Pensées, III. París: Guillaume Desprez. Pastor-Seller, E. (2004). La participación ciudadana en elámbito local, eje transversal de1 trabajo social comunitario. Aiternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 72,703-737. Prieto-Molinero, R. Q0l1). trl principio de precaució t RettistaJurídica ArgentinaLa Ley, (474),943-960. Red de Derechos Humanos del Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos (2015-09-17). Comunidades exigen suspensión inmediata de aspersiones con glifasato por afectaciones a niñas y niños. Recrperado de http:// www.colectivodeabogados.orglalertas-de-accion-206/denuncias-publicas/ article/comunidades-exigen-susp ension. Rericha, V., Kulich, M., É.eiicha, R., Shore, D. y Sandler, D. (2006). Incidence of leukemia, lymphoma, and multiple myeloma in Czech uranium miners: a case-cohort study. Enaironmental Health Perspectives' 111 (6), 8lB-822. 38 Introducción Rodríguez, G. A. (2010). La consulta pret-tia con ?ueblos indígenas ! comunidadet afrode s c en di en te s e n Co lo tn b i a.1he ICCA Co nsortium. Recuperado de: http : / / wwwiccaco nsortium. orglwp co ntent/uplo ads/images/stories/D atab ase / i mp o rtant0102 0se nte nc e 0/o2A fpic.p df . Rodríguez, G. A. (2011). Proyectos y conflictos en relación con la consulta previa. Opinión Jurídica,s/ t,edición especial, 57 -72. Rodríguez, G. A. (2014). De la consulta previa al consentimiento libre, pret;io e informado a pueblos indígenas en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial lbáiez. Rodríguez, G.y Gonzál,ez-Cortés,J. Q014). Naturaleza jurídica del principio de precaución: Aná1isis de caso a partir de la contaminación electromagnética. Re,ui s ta A s unta s, 26, 465' 47 B. Rubin, C. (2000). Asteroid collisions and precautionary thinking. En J. Morris (Ed.), Rethirtking risÉ. and the lrecautionary principle (pp.105-126). Oxford: B utterworth-Heinemann. Sherret, L. (2005). Futiligv in action: Coca fumigation in Colornbia. Jaurnal of Drug Issues,35 (1), 151-168. Sline¡ D., Aron-Rosa, D., Del-ori, F., Fankhauser, F., Landry, R., Nfainste¡ M. y Wolffe, M. (2005). Adjustn-rent of guidelines for exposure of the eye to optical radiation from ocular instruments: Statement from a task group of the International Cornmission on Non-Ionizing Radiation Protection. Ápplied Oprics, 44 (77), 2762-217 6. Solomon, K., Anadón, A., Cerdeira, A., N4arhall,J. y Sanín, L. (2005). Estudio de los efectos del Programa de Erradicación de Cultirtos llícitas mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (eacrc) y de los cultivos ilícitos en la salud humana y en el medio arnbiente. Washington: Comisión Interamericarrapara e1 Control del Abuso de Drogas. Solomon, K., Anadón, A., Carrasquilla, G., Cerdeira,4., Marsha11,J. v Sanin, L. (2007). Coca and poppy eradication in Colombia: environmental and human heaith assessment of aerially applied glyphosate. Reaiews of Enoironmental Contamination and Taxicology, 790, 43-725. Statement of Paris (2009-03-23).Ekcn'omagneticfelds on ow-l¡ealtb. Recuperado de httpy' /ww,w.apdr.info/electrocontaminacion /Documentos/Declar acil/oE3ns/ D eclaraci %oF 3 n0/020 deo/o2023 0/o20 de0/020 mar zoo/o20 de06202009 .p df . Sunstein, C. (2005). Laus offear: Beyond the precautionary principle. Cambridge: Cambridge University Press. 39 La prevención en materia ambiental: tendencias actuales Tompkins, E. y AdgeS W. (200 4). Does adaptive manage m ent of natural resources enhance resilience to climate change? Ecology and Society 9 (2),70. World Health Organization (2005). Internationalzw Project Information Sbeet: Micro.uatle ozras. Recuperado de http:/Ávww.who.int/pehemflpublications/ facts/i nfo-mi crowave s/e n/. Zeeb,H. y Shannoun, F. (2009). wHo handbook an indoor radon: A public health perslectiae. París: World Health Organization Press.