Capítulo 3. La bioprospección y el rol de la consulta previa en la prevención del daño sobre los conocimientos tradicionales l 1 de junio de 2016 el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt se propusieron dar inicio al proyecto de la primera expedición biológica en el Departamento de Putumayo –denominada Expedición Bio–, en la zona comprendida entre Altos del Tigre y la Quebrada Salado de los Loros en el Putumayo. Por: Iván Vargas-Chaves ¿Cómo citar este texto? Vargas-Chaves, I. (2018) La bioprospección y el rol de la consulta previa en la prevención del daño sobre los conocimientos tradicionales. En M. Lerner-Wodnicky, M. Urueña & I. Vargas-Chaves. (Eds.) Entre libertad e identidad: Debates comercio-cultura desde una aproximación Latinoamericana. (pp. 71-88). Bogotá: Ediciones UGC. 72 El objetivo, ampliar el conocimiento de la biodiversidad mejorando el	inventario	de	la	fauna,	flora	y	microorganismos	existentes	en	el	país en ambientes terrestres y marinos, en aras de preservarla y establecer alternativas de aprovechamiento sostenible. La expedición contempla que, entre los años 2016 a 2018, se realizarán al menos 20 sesiones de trabajo de campo en varios departamentos del país, en áreas no exploradas, territorios de posconflicto, y en ambientes marinos y agrícolas. Mediante avanzadas técnicas de muestreo durante las exploraciones, tanto investigadores locales como extranjeros se han encargado de estudiar nuevas especies y su información genética, con lo cual se esperan llenar los vacíos de información existentes respecto a la biodiversidad del país (Villarreal et al, 2004). Los resultados obtenidos aportan datos de importancia a los instrumentos de gestión, los cuales	influyen	en	la	formulación	de	políticas	que	permitirán	identificar problemas y oportunidades respecto a la conservación de las especies. Pese a lo anteriormente planteado, los integrantes del Pueblo Inga de Villagarzón manifestaron temer que, durante las expediciones en sus territorios, sus conocimientos fueran utilizados por la industria para	fines	que	condujeran	a	la	explotación	comercial	de	sus	recursos. Ello, aun cuando las entidades responsables del proyecto expresaron que no tendría propósitos ajenos al estudio de las riquezas naturales en territorios no explorados. Esto se da en un contexto en el que los pueblos indígenas, durante décadas, han sido víctimas de desplazamiento forzoso producto de la guerra, así como de intereses económicos, incursiones violentas e imposición de proyectos (Monje, 2015). Adicionalmente, hoy en día son evidentes los graves problemas en sus territorios, que afectan su buen vivir y su soberanía alimentaria. En las tierras habitadas por pueblos indígenas se albergan lugares sagrados	que	son	habitados	por	entes	que	en	este	lugar	se	manifiestan de diversas formas. De allí que acudan a estos sitios y ofrezcan rituales u	ofrendas	para	recibir	beneficios	como	el	agua,	la	fertilidad	y	la	salud. Para los pueblos, su territorio representa identidad y el principal sitio de interacción social, concibiendo a la naturaleza como el hogar de sus 73 divinidades;	hecho	que	ha	sido	motivo	más	que	suficiente	para	otorgarle un status de interés jurídico superior. (Barabas, 2004). Cuando el Pueblo Indígena Inga conoció que en Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi Vida Mascarigridiru –territorio ancestral y de gran valor simbólico y religioso– se llevaría a cabo el proyecto, se pronunció e interpuso una acción frente al desarrollo de la Expedición Bio, pues consideraba que se les vulneraba su derecho fundamental a consultárseles de manera previa, libre e informada, en los términos de la Ley 21 de 1991 y la Resolución 002 de enero 23 de 2015 emitida por la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de VillagarzónPutumayo – ACIMVIP. Por lo anterior, los integrantes se opusieron al no permitir la violación del territorio ancestral, por considerarlo una garantía para la vida de las generaciones presentes y venideras. Las autoridades tradicionales del Pueblo exigieron un espacio de diálogo con las entidades	responsables	del	proyecto,	a	fin	de	establecer	el	mecanismo adecuado para garantizar el derecho a la consulta previa mediante la cual otorgarían el consentimiento para la ejecución de la Expedición Bio en	este	territorio	específico,	y	se	procuraría	un	acuerdo	entre	las	Partes sobre las características del proyecto y el manejo de sus impactos. Como consecuencia de lo anterior, y tras recibir el derecho de petición interpuesto por la Asociación de Cabildos Indígenas del Putumayo, se postergó la expedición en Putumayo durante un plazo indeterminado hasta que se consolidaran los componentes sociales y políticos en dicho territorio. Mientras tanto, las Expediciones Bio continuarán desarrollándose en otras zonas del país con interés para la preservación de la biodiversidad y la generación de nuevos conocimientos en el ámbito	científico	(Instituto	Alexander	Von	Humbolt,	2016). Esto último, pese a que el Instituto Humboldt diera a conocer previamente a la opinión pública que, aunque no se realizó la consulta previa, sí se realizó una socialización (Revista Semana, 2016) con la Gobernación de Putumayo y la Corporación Autónoma Regional, en la cual se convocó a los representantes de los pueblos indígenas para brindarles información y dejar constancia de su asistencia mediante un documento	firmado. 74 Por lo demás, con todo y que las entidades implicadas argumentaron que de esta forma obtuvieron el consentimiento para la realización de la expedición, en la práctica la socialización del proyecto no implica per se que el derecho fundamental a la consulta previa se hubiere cumplido, indistintamente de si en las sesiones en las que se socializó participaran todos los actores; se tomara un registro de asistencia y se presentara el proyecto, ya que esto no es sustento de su consentimiento. El	presente	capítulo	toma	en	cuenta	los	elementos	que	configuran esta problemática, con el fin de analizar la tensión existente entre los proyectos que buscan ampliar el conocimiento de la diversidad biológica y cultural en un territorio, versus el derecho que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos a ser consultados. Dicho esto, en otras palabras, se estudiará la tensión que se genera entre el derecho	a	la	consulta	previa	y	el	deber	del	Estado	de	planificar	el	manejo de los recursos naturales y su preservación mediante actividades de bioprospección. Para alcanzar este objetivo en primer lugar nos referiremos a la bioprospección como actividad. Luego de ello, nos detendremos a estudiar el panorama que se da ante la falta de prevención y regulación de daños ambientales y culturales de la bioprospección, para así, en tercer lugar, dar alcance al derecho fundamental de la consulta previa, y por ultimo plantear la necesidad de contar con un consentimiento libre, previo e informado como requisito para desarrollar este tipo de actividades. Dimensionando la bioprospección El término bioprospección se refiere a la práctica de recopilar información a partir de conocimientos tradicionales y variedades vegetales para compilar, investigar o desarrollar nuevos productos o procesos derivados de las mismas. Esta es una actividad que ha planteado cuestiones morales, legales y éticas en la sociedad, en concreto, como lo señala Getgen (2006) en lo respectivo a las relaciones de poder y la negociación entre los actores en cuanto a quién le corresponde los beneficios	potenciales	de	esta	información,	y	cómo	deben	darse	su	uso. 75 Dado que la riqueza de la biodiversidad se concentra principalmente en	el	sur	económico,	y	más	específicamente	en	las	regiones	próximas	a la línea ecuatorial, la bioprospección se lleva a cabo principalmente en los países bajo el umbral del desarrollo. En ellos, habitan desde tiempos inmemoriales pueblos indígenas que han domesticado estas variedades. Es por lo anterior que el acceso a sus conocimientos tradicionales duplica la tasa de éxito de encontrar plantas con propiedades aplicables a la industria. Si bien, uno de los principales problemas es la sobreexplotación del conjunto de conocimientos tradicionales sin ningún beneficio para los pueblos indígenas, la cuestión crítica va más allá de la ambición del sector privado. La bioprospección como actividad plantea unas importantes cuestiones sobre derechos reconocidos, como el derecho de los indígenas a su autodeterminación y sobre sus conocimientos tradicionales e incluso a la conservación de la biodiversidad misma. Estos han sido cuestiones que desde la década de los noventa ya despertaban la atención de la comunidad académica, pues no en vano para entonces el mercado mundial anual de medicinas derivadas de plantas medicinales descubiertas de pueblos indígenas era de $ 43 000 millones, con menos del 0.001% de las ganancias destinadas a estos pueblos como justa compensación. (Posey, 1990) Con el auge de la industria farmacéutica a inicios de esta década, el mercado llevó a sus competidores a enfrentarse en una feroz competencia que les llevaba a invertir cientos de millones de dólares en I+D	para	identificar	y	desarrollar	nuevos	principios	activos	(Katz,	1987). La bioprospección jugó desde luego un rol importante como una forma atractiva de complementar el desarrollo de las invenciones de productos sintetizados y de llegar a nuevos productos (Neimark, 2009). Esta tendencia coindice con las cada vez más visibles preocupaciones de	la	comunidad	científica	ante	las	condiciones	de	deterioro	ambiental, dado que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, celebrada en Rio de Janeiro, se debatió ampliamente sobre el papel que debían asumir los Estados para garantizar la biodiversidad. 76 En otro importante escenario, como lo fue el de la negociación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se establecieron tres objetivos en este sentido: la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible	y	la	distribución	equitativa	de	los	beneficios	de	la	industria (Hayden, 2003). A través del Artículo 8 (j) se generó el compromiso de proteger los conocimientos tradicionales, acordando que cualquier beneficio derivado de la bioprospección debería estar sujeto a una participación	equitativa	en	los	beneficios	económicos. Con esta norma, según Hayden (2003), lo que se propugna es convertir	a	las	Partes	a	menudo	conflictivas	-las	naciones	en	desarrollo, las comunidades indígenas o locales, las industrias farmacéutica y agroquímicaen	beneficiarios	mutuamente	dependientes.	Ello,	mediante una participación activa en las decisiones sobre los recursos asociados a la biodiversidad; especialmente los pueblos indígenas como custodios de los mismos. La bioprospección y el daño respecto a los conocimientos tradicionales Ante el actual escenario de sobreexplotación de los recursos biológicos con fines de investigación y comercialización, gracias al cual se han dado grandes avances –como en el caso de la industria farmacéutica–, las	políticas	de I+D+i	se	han	encaminado	a	flexibilizar los requisitos para fomentar los procesos y productos resultado de este tipo de investigaciones, omitiendo los impactos culturales y ambientales asociados (Bode, 2008). Ello ha ocasionado que los conocimientos tradicionales se encuentren en una situación de evidente riesgo por las actividades de bioprospección; conocimientos que recogen el conjunto de saberes, prácticas y tradiciones como "preparaciones de plantas y usos del paisaje, pero también mitos y cosmologías que a menudo explican el origen de la tierra y sus gentes, así como códigos rituales y de comportamiento que gobiernan las relaciones del grupo social con su medio ambiente" (Reyes-García, 2009, p. 47). 77 El desarrollo de estos conocimientos deriva en gran medida de la experiencia adquirida a través de generaciones, con el valor añadido que le dan los pueblos al adaptarlos tanto al contexto en el que se encuentran como al medio en el que se desenvuelven. Tanto que en la actualidad su valor ha tenido un gran auge y un interés creciente de la industria no sólo por ese valor propio que le dan los pueblos indígenas, sino porque dentro de los procesos del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo (I+D+i) se convierten en una alternativa muy rentable. Dentro de los riesgos y daño derivados de la bioprospección, merece la pena mencionar los efectos que pueden ocasionarse para el bienestar de los pueblos; máxime si éstos dependen de los recursos y sus conocimientos derivados para su subsistencia. Es el caso de los pueblos originarios de Samoa, Vanuatu y Fiji, asentados en islas del Océano Pacífico,	que	dependen	del	Kava,	un	cultivo	que	durante	generaciones lograron	domesticar	y	cuyo	uso	se	da	para	fines	medicinales,	rituales	e incluso ceremoniales y sociales. Como consecuencia del uso dado por los laboratorios dedicados a industrializar los tratamientos de medicina natural, el auge del Kava como producto para tratar el estrés (Cf. Singh, 1992, ocasionó que éste duplicara su precio en el mercado interno de estos países, quedando por fuera del alcance de estos pueblos. Casi en su totalidad, y desde la década de los noventa, la producción de esta planta es destinada para fines	de	exportación	(Lebot,	Merlin	&	Lindstrom,	1997). Los conocimientos tradicionales no son únicamente técnicas o saberes que le pertenecen a pueblos indígenas y comunidades étnicas. Son un conjunto de elementos que representan su historia de vida y supervivencia a través de los siglos. Cada pueblo o comunidad los ha interiorizado, revistiéndoles de características únicas y esenciales que se desenvuelven en contextos ambientales, sociales, políticos y económicos. De ello resulta necesario admitir que los conocimientos tradicionales sean parte vital de un conjunto de eslabones que, entrelazados, representan para los pueblos su equilibrio con la naturaleza. Es por tanto claro que las comunidades no solo han aprendido a utilizar los recursos biológicos en su relación con su entorno, sino que han desarrollado 78 con los mismos una compenetración tal que cualquier alteración a la biodiversidad repercute indiscutiblemente en su modo de vida y cultura. Bajo	esa	tesitura,	la	investigación	científica	tal	como	está	concebida aparta el conjunto de elementos espirituales y culturales, relegándolos a la categoría de irrelevantes a la hora de desplegar procesos de investigación con recursos biológicos que tengan un valor para los pueblos. Esta situación ha generado una descontextualización del conocimiento, pues éste se separa de los sistemas de manejo dejando a un lado valores propios de la cosmovisión de los pueblos indígenas y comunidades étnicas (Bode, 2008; Reyes-García, 2009; Vargas-Chaves, 2014). Respecto al riesgo que se genera a partir de la descontextualización de los conocimientos tradicionales, es importante mencionar que las consecuencias pueden ser nefastas para los usos, costumbres y tradiciones de estos pueblos. La razón es que, además del menoscabo cultural mismo, pueden darse escenarios de prohibición como ocurrió en el caso de la ayahuasca. La ayahuasca, un té hecho a partir de Banisteriopsis caapi y Psychotria viridis, dos plantas nativas de la Amazonía, ha sido tradicionalmente usada por poblaciones nativas de Brasil, Ecuador y Perú con usos medicinales y espirituales. En el siglo XX, el uso de la ayahuasca como droga alucinógena se popularizó entre poblaciones no indígenas, lo que originó políticas de control de drogas que restringen. (Reyes-García, 2009, p. 47). Otro riesgo derivado de las actividades de bioprospección impulsadas desde el Estado es el potencial de afectación del conjunto de elementos espirituales y rituales de los pueblos y las comunidades cuando se descubren nuevas variedades que puedan convertirse en variedades prohibidas. Esta afectación se dio con la hoja de coca –que en la actualidad recibe la categoría de 'cultivo ilícito' siendo en realidad un cultivo 'de uso ilícito'–, una variedad que por sí misma es lícita y con un uso habitual desde tiempos ancestrales por parte de las mismas. 79 Esto, sin dejar de mencionar que al mascar la hoja de coca se obtiene un efecto terapéutico que les permite adaptarse a las condiciones propias de la altura donde sus territorios se encuentran ubicados, por ejemplo, en zonas altas andinas en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Como consecuencia del desconocimiento de esta práctica tradicional, se podrían dar casos en donde las autoridades podrían decomisar y judicializar	a	quienes	porten	las	hojas	de	coca	para	tal	fin. El alcance de la consulta previa Llegados a este punto, se hace necesario determinar el alcance de la consulta previa a efectos de determinar si ésta debe o no llevarse a cabo en actividades de bioprospección. La consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y las comunidades étnicas a decidir sobre cada proyecto, política o iniciativa que se vaya a adoptar, y que pueda afectarles directamente cuando se realicen proyectos, obras o cualquier otra actividad dentro de sus territorios (Rodríguez, 2014). Su importancia radica en la protección preventiva, y en revestir a los pueblos indígenas y demás grupos étnicos de la potestad de otorgar o denegar un permiso. Esto además de constituirse en una garantía de su participación en las decisiones que les atañen, le facilita al Estado su actuar como garante de las riquezas naturales y culturales de la Nación, en los términos del artículo 8 de la Constitución Política de 1991. Para el alto tribunal constitucional "la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas" (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-039 de 1997). En tal sentido, la consulta previa es además un instrumento que ayuda a preservar la integridad social, económica y cultural de los pueblos indígenas. Para lograr este cometido, ésta se rige por unos criterios que guían el proceso. Siguiendo a Morris et al. (2009) y a Rodríguez, Albán & Moncayo (2015), estos son en primer lugar el principio de buena fe 80 como criterio orientador; un consentimiento informado y culturalmente adecuado que garantice llegar a un acuerdo previo; un carácter público, previo y sujeto a los estándares del debido proceso, y un acceso a todas las etapas del proceso, garantizando que los pueblos y comunidades implicadas tengan la información requerida de forma clara, detallada, completa y en su lengua. Sobre la aplicación del principio de buena fe, el Convenio 169 de la OIT exige que se lleve a cabo de manera apropiada y acorde con las circunstancias. Rodríguez (2014) es enfática en sostener que no basta con informarles a los pueblos y comunidades acerca de las medidas que les afectarán directamente, sino que se les debe también conceder la oportunidad de influir directamente en aquellas decisiones que involucran sus intereses. De hecho, la Corte Constitucional en Sentencia C 175-09, al referirse al principio de buena fe, considera que en aquellos casos en los que no es posible llegar a un acuerdo entre las Partes, la decisión de la autoridad del pueblo consultado debe encontrarse libre de 'autoritarismo', fundándose en parámetros de objetividad y contemplando instrumentos idóneos para mitigar el impacto de la medida a adoptar. En materia del deber de información, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Saramaka vs. Surinam da alcance a las obligaciones de los Estados exigiéndoles que establezcan los mecanismos necesarios para que los pueblos cuenten con toda la información necesaria antes de adoptar una decisión, propugnando en tal sentido por una comunicación constante entre las Partes. En cuanto al carácter previo de la consulta, éste implica que debe llevarse a cabo antes de adoptar cualquier medida o realizar un proyecto que sea susceptible de generar impactos sociales, económicos o ambientales a las comunidades (Morris et al., 2009). Esto es que tenga el potencial de causar daños si el riesgo no se conoce y se toman medidas para mitigarlo o suprimirlo. Sobre ello es importante tener presente cuál es el status de los riesgos y prevención del daño desde la consulta previa. 81 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el citado caso, sostiene que es el Estado quien debe asegurarse que los integrantes de los pueblos consultados "tengan conocimiento de los posibles daños, incluidos	aquellos	en	materia	ambiental	y	sanitaria,	a	fin	de	que	acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento". Es por lo anterior que los procesos de consulta deben realizarse adecuadamente respecto a los aspectos sociales y culturales de las comunidades involucradas, sin omitir –bajo ninguna circunstancia– los métodos tradicionales de cada comunidad. Para mitigar o suprimir los riesgos ambientales y culturales derivados de las actividades de bioprospección, la consulta previa es un mecanismo idóneo y necesario para garantizar el derecho fundamental del que son titulares los pueblos. Así, cuando se adelanten procesos de investigación científica o arqueológica en territorios indígenas, la consulta debe llevarse a cabo. Cuando por ejemplo se proyecten adelantar investigaciones en cuanto a recursos biológicos que involucre alguna o todas las actividades de colecta, recolecta, captura, caza, pesca, manipulación del recurso biológico y su movilización en el territorio nacional. Además (...) cuando se planeen realizar investigaciones que involucren actividades de prospección, excavación y restauración. Además, cuando se deseen efectuar actividades en áreas arqueológicas (Rodríguez, 2014, p. 92). También debe el Estado garantizar este derecho para autorizar el acceso a recursos genéticos, así como para llevar a cabo actividades asociadas a la bioprospección. El acceso implica la obtención y utilización de estos recursos conservados ex situ e in situ o de sus productos derivados (Rodríguez, 2014) o, como lo señala la Comunidad Andina de Naciones en su Decisión 391 de 1996, de sus componentes intangibles con fines de investigación, prospección biológica, conservación, aplicación industrial o aprovechamiento comercial. 82 Hacia la necesidad de contar con el consentimiento libre, previo e informado para la realización de actividades de bioprospección De conformidad con lo hasta ahora expuesto, se hace necesario tener presente el rol clave de la consulta previa haciendo un énfasis especial en el caso de aquellas actividades de bioprospección que involucran la utilización, conservación y administración de los recursos naturales existentes en territorios indígenas. Con el fin de evidenciar que sí existe un rol clave, nos referiremos en primer lugar a los fundamentos normativos que sustentan esta tesis. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece el deber del Estado de consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Se trata de una obligación que se complementa con lo dispuesto por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que en su artículo 25 concibe el derecho que tienen los pueblos a salvaguardar su relación espiritual con su territorio y aquellos recursos que tradicionalmente han poseído, utilizado u ocupado. La Constitución Política de Colombia de 1991 señala por su parte en sus artículos 79 y 330 que al Estado le corresponde garantizar la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que pueden afectar su entorno, implicándoles en las decisiones que se adopten respecto a la explotación de los recursos naturales con atención a la no afectación de su integridad cultural, social y económica. A nivel internacional, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas cuenta, además del Convenio 169 de la OIT, con el Convenio de Diversidad Biológica de 1992 como uno de sus principales estandartes. Este instrumento ha puesto de	manifiesto la necesidad de establecer mecanismos de prevención y compensación por el uso comercial e industrial de la biodiversidad en sus territorios y por el conocimiento tradicional asociado a ésta. Tras la entrada en vigor del Convenio de Diversidad Biológica, los pueblos indígenas han mostrado un interés creciente en tener mayor control sobre sus conocimientos tradicionales y los recursos naturales, 83 con	el	fin	de	tomar	decisiones	para	su	conservación,	además	de	asumir un	rol	activo	en	la	negociación	de	los	beneficios	económicos	que	de	los mismos se generan (Reyes-García, 2009). En el caso de la Expedición Bio, la consulta previa debió cumplirse como un requisito sine qua non teniendo en cuenta el potencial impacto que la expedición generaría en el ecosistema y en los conocimientos tradicionales. Ello, más allá de lo manifestado por las entidades participantes respecto a la finalidad de la expedición, que era la de fortalecer el conocimiento de la biodiversidad mediante expediciones realizadas por investigadores, así como documentar los nuevos hallazgos. Y es que si bien somos conscientes que el conocimiento de la diversidad biológica facilita al Estado la tarea del desarrollo de planes de conservación y uso de los recursos naturales –contribuyendo al Inventario Nacional de Biodiversidad–, en la práctica, estas actividades de bioprospección requieren del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades implicadas. La obtención de este consentimiento mediante un proceso de consulta previa, más allá de ser un obstáculo para la realización, es una oportunidad que tienen las instituciones encargadas de conservar las áreas estratégicas ecológicas, garantizando de esta manera el desarrollo sostenible y la protección del ambiente sin dejar a un lado al interés jurídico protegido que representan los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, así como su pervivencia e integridad cultural. De esto último hay que señalar que los problemas a los que en la actualidad se enfrentan los pueblos indígenas respecto a sus conocimientos tradicionales son disímiles. Entre estos se cuentan la falta de interés de la sociedad por su preservación; una inadecuada distribución de los recursos que se derivan de su uso por parte de terceros; la invasión por parte de las formas de vida modernas –tal como ocurrió con el caso del Kava – y, en últimas, un detrimento de la visión espiritual dentro de su cosmovisión como consecuencia de estas dinámicas (Acea, 2014). 84 Así, pues, con la exigibilidad de la consulta previa, éste será un interés jurídico que el Estado podrá salvaguardar, exigiéndole a las entidades públicas o privadas realizar un ejercicio mancomunado de ponderación de los intereses en juego, y sometiendo los derechos en tensión junto con las alternativas propuestas por las Partes, en pro de los intereses de los pueblos indígenas potencialmente afectados (Rodríguez, 2014). Esto se logrará sí, y sólo sí, se adoptan estrategias de enfoque diferencial conforme a las particularidades de cada pueblo, atendiendo a sus costumbres; no admitiendo posturas adversariales durante el proceso. Esto es que se base en un diálogo entre iguales con una relación de comunicación efectiva basada en el principio de buena fe, logrando	ponderar	las	circunstancias	específicas,	y	la	importancia	que para el pueblo tiene su territorio y su cosmovisión (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-129 de 2011). En definitiva, en la búsqueda del consentimiento libre, previo e informado para el desarrollo de las actividades de bioprospección, se espera que los pueblos indígenas tengan la capacidad de determinar, estando plenamente informados, cuál es la alternativa menos lesiva de cara a preservar su territorio y sus conocimientos ante el potencial impacto social, económico, cultural y ambiental que conlleve a poner en riesgo su supervivencia. Mientras tanto, la comunidad internacional se encuentra aún a la espera de un consenso en el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (Cf. Acea, 2014; Vargas-Chaves, 2014) respecto al tan anhelado instrumento	internacional	que	fine	los	criterios	de	acceso,	participación y protección de los conocimientos tradicionales. 85 Conclusiones La Constitución Política de 1991 es consciente de la necesidad de salvaguardar la biodiversidad y la pluralidad étnica de la nación. Esto se concibe así a través del prisma de la 'constitución ecológica'; un concepto que hace referencia al conjunto de garantías y derechos constitucionales –cimentados sobre los artículos 7, 8, 70, 72, 79, 93, 330 de la Carta Política– encaminados a la protección de los recursos biológicos y de las comunidades étnicas dentro del territorio nacional. Ello, a efectos de dar cobertura al patrimonio cultural y las riquezas naturales del Estado colombiano, dado que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, conteniendo en su territorio un gran número de especies vegetales y animales, así como un número importante de costumbres propias como resultado de su nutrido patrimonio cultural. Con todo, el caso de estudio que en el presente capítulo se analizó tomó en consideración estos dos intereses jurídicos tutelados a la luz de las actividades de bioprospección que buscan generar inventarios de biodiversidad como herramientas que permiten llevar un registro detallado de las especies animales y vegetales de un ecosistema, a través de la obtención de información científica obtenida mediante estudios de campo. Se logró evidenciar en tal sentido que, aunque la bioprospección con	estos	fines	posibilita	ampliar	el conocimiento	sobre la	diversidad de los organismos vivos en el territorio de un país, ésta puede llegar a suponer un daño cultural irreversible para los pueblos indígenas. Dentro de este marco podemos inferir que se encuentran en evidente tensión el Derecho a la consulta previa, libre e informada, y el deber del Estado de	planificar	el	manejo	de	los	recursos	naturales	y	su	preservación. Este fue el supuesto que se dio con los pueblos indígenas del Putumayo, pues los conocimientos que sobre biodiversidad de sus tierras se pretendían obtener a partir de la Expedición Bio 2016 podrían terminar en manos de la industria que sin su autorización podría aprovecharse de los mismos para explotarlos comercialmente, poniendo en riesgo el conjunto de conocimientos tradicionales que tienen un alto valor simbólico y religioso para sus habitantes. 86 La consulta previa es, en este caso, el derecho que les garantizará a los pueblos indígenas la libertad de elegir si aceptan o no el desarrollo de actividades de bioprospección en su territorio. No un proceso que se limite a una serie de procedimientos aislados, que no se hagan de forma coordinada y en cooperación con todos los actores involucrados. Todo lo anterior, siempre con respeto a sus costumbres e identidad. No respetar este derecho es condenarles a la extinción, junto con todo el conjunto de conocimientos tradicionales que durante generaciones han forjado desde su relación con la tierra; una relación que, como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, "no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben	gozar plenamente", inclusive si el fin superior es preservar su legado cultural inmaterial para las generaciones futuras. 87 Referencias Barabas, A. M. (2004). La territorialidad simbólica y los derechos territoriales indígenas: reflexiones para el estado pluriétnico. Alteridades, 14(27) pp. 105-119. Bode, M. (2008). Taking traditional knowledge to the market: the modern image of the ayurvedic and unani industry, 1980-2000. Journal of Health Studies, p.149. Getgen, J. (2006). 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