AVANCES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL COLOMBIANO: UNA MIRA DA DESDE LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL Dra. Gloria Amparo Rodríguez1 Dr. Iván Vargas-Chaves2 Resumen: En el presente artículo se presenta el panorama y algunos de los más importantes avances que en Colombia se han dado en materia ambiental desde la Constitución Política de 1991. La metodología llevada a cabo es descriptiva y analítica, en tanto se estudian no sólo las normas sino las sentencias más relevantes que se han constituido en un hito en la protección de los derechos ambientales. En tal sentido, lo que se pretende evidenciar es la existencia de un panorama de constitucionalización de los derechos ambientales con signi cativos avances tales como el rol preponderante que ha adquirido el principio de precaución o el reconocimiento de la función ecológica de la propiedad. Palabras clave: constitucionalización del derechos ambientales, derecho ambiental, Colombia Abstract: This chapter presents the most important status and progress in environmental matters in Colombia since the Political Constitution of 1991. The methodology is descriptive and analytical. An analysis is carried out of the most relevant norms and judgments 1 Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. ORCID: 0000-0002-4194-1259. Profesora Titular de la Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario. 2 Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Dottore di Ricerca (Dott. Ric.) de la Università degli Studi di Palermo. ORCID: 0000-0001-6597-2335 ¿Cómo citar este texto? Rodríguez, G.A. & Vargas-Chaves, I. (2019) Avances del derecho constitucional ambiental colombiano: una mirada desde la interpretación jurisprudencial. En M. Peña Chacón (Ed.). Derecho ambiental en el siglo XXI (pp. 213-244). San José de Costa Rica: Editorial Isolma. Derecho ambiental del siglo XXI 214 that are a milestone in the protection of environmental rights. The objective of this text is to present the constitutionalization of environmental rights and their contributions, including the preponderant role of the precautionary principle or the recognition of the ecological function of property. Keywords: constitutionalization of environmental rights, environmental law, Colombia. INTRODUCCIÓN El Estado colombiano enfrenta grandes desafíos en relación con la protección de los recursos naturales y el ambiente, donde los diversos actores (la institucionalidad, las comunidades, la academia y el sector empresarial) juegan un papel preponderante en la búsqueda de mecanismos que posibiliten hacer realidad el derecho consagrado en la Constitución Política de 1991 en el artículo 79: "todas las personas tienen el derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que pueden afectar el derecho a un ambiente sano". Como lo hemos planteado anteriormente, la Constitución Colombiana de 1991 por primera vez, consagra el ambiente como un derecho y su protección como una función de conjunta y coordinada por los diferentes sectores. La Carta establece unos derechos y deberes mediante los cuales pretende proteger el ambiente y garantizar una calidad de vida adecuada para la población. Como un aporte fundamental de la Carta Política, la consagración de derechos ambientales tiene el alcance de protección a la vida y a la salud e incluye deberes especí cos como por ejemplo: a) La plani cación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, debe ser una tarea coordinada por el Estado, Dra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 215 garantizando la participación social. Bajo este marco, dentro del Plan Nacional de Desarrollo que trata la Constitución, se habla de la necesidad de plani car la acción del Estado en lo que hace referencia al ambiente y al manejo de los recursos naturales, dentro de la política de garantizar el desarrollo sostenible. También entre los principios generales ambientales contenidos por la Ley 99 de 1993, se establece que el proceso de desarrollo económico y social del país se orienta según los principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro incorporada en el artículo 1 de la mencionada norma. b) Proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación además de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, el uso de armas químicas, biológicas, nucleares además de regular la salida y el ingreso de recursos genéticos al país son funciones estatales. c) El saneamiento ambiental y la atención de la salud que son servicios públicos, son tareas fundamentales que deben ser adelantadas por el Estado a través de la institucionalidad colombiana, las cuales comprenden el conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que tienen por objetivo alcanzar niveles de crecimiento de salubridad ambiental. Para ello se incluyen labores relacionadas con el agua potable y residual, las excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico. d) Le corresponde al Estado colombiano imponer, a través de la autoridad ambiental, sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-259 de 2016, al hacer lectura sistemática de la Carta Política, analizó los deberes del Estado respecto al ambiente, agrupándolos en cuatro categorías, a saber: la Derecho ambiental del siglo XXI 216 prevención, la mitigación, la indemnización o reparación y la punición (Sentencia T-325 de 2017). La preservación ambiental es considerado el objetivo de principio y punto de partida de una política universal a través de la cual se busca lograr un desarrollo sostenible La conservación del ambiente no solo es considerada como un asunto de interés general, sino principalmente como un derecho internacional y local de rango constitucional, del cual son titulares todos los seres humanos, "en conexidad con el ineludible deber del Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra su salud". Al efecto, según la Corte, la Constitución de 1991 impuso al Estado colombiano la obligación de asegurar las condiciones que permitan a las personas gozar de un ambiente sano, y dispuso el deber de todos de contribuir a tal n, mediante la participación en la toma de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones públicas y otras garantías individuales (Sentencia T-154 de 2013). Es así como en su momento estos postulados fueron muy importantes al elevar al rango constitucional por primera vez en Colombia el derecho a gozar de un ambiente sano y al incluir conceptos tan importantes como el de función ecológica de la propiedad como lo veremos a continuación. El presente texto tiene como objetivo presentar algunos de los avances que en materia constitucional se han dado en Colombia a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991, señalando además los aportes jurisprudenciales que en esta materia se han dado, los cuales se han constituido en un hito en la protección de los derechos ambientales. Se destaca que en este sentido se han tenido en cuenta temas de gran relevancia como son la importancia de la constitucionalización de los derechos ambientales, el enfoque y la dimensión ambiental que incluye la Carta Política, el Dra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 217 alcance y contenido del derecho de propiedad y la función ecológica que le es inherente y la aplicación de los principios de prevención y precaución. De esta forma, se destaca el fundamental papel que ha tenido el tribunal constitucional colombiano en la protección y defensa de los derechos ambientales. 1. La constitucionalización del Derecho Ambiental La clasi cación de las dos grandes disciplinas del Derecho, a saber, Derecho público y Derecho privado, representa una de las divisiones más importantes en el ordenamiento jurídico dado el amplio número de especialidades con las que se encuentra un abogado para ejercer su profesión. No obstante, el alcance tanto de la una como de la otra no se encuentra claramente delimitado, dado que existen disciplinas como el Derecho laboral o el Derecho procesal que orbitan tanto en lo público como en lo privado (Mantilla, 2007). De manera general, se entiende que la diferencia entre el Derecho público y el Derecho privado está en que, el primero se encarga de todo aquello que le pertenece a la colectividad, esto es, de las cuestiones de la sociedad en general. Al contrario del segundo, que se ocupa de los asuntos que tienen relación con los individuos en particular, donde las intervenciones del Estado son mínimas (Calderón, 2011). Es en razón a ello que, de acuerdo a como señala De la Rosa (2017) el Derecho privado es comprendido desde su propia dinámica y principios en la perspectiva tradicional, situación que como re ere Suárez (2014) ha cambiado con la constitucionalización de las distintas ramas del Derecho, pues traslada su observancia y comprensión a lo dispuesto por los principios constitucionales. Todos ellos basados principalmente en los derechos fundamentales que le atribuyen un estatus trascendente Derecho ambiental del siglo XXI 218 a la de nición de persona, principalmente guiados por la dignidad humana. Esta constitucionalización, exige de un contenido material e indeterminado; de una fuerza vinculante; de una de la máxima jerarquía y garantía de la Constitución. Entendiendo al contenido material como los principios y reglas jurídicas de la Carta, que determinan ciertas conductas como prohibidas o permitidas, y al contenido indeterminado como una situación que puede ser valorada positivamente, esto es, desde un contenido abstracto y prima facie. Del mismo modo, este autor señala que, en lo que respecta a la fuerza vinculante, cabe tener presente que los mandatos contenidos en la Constitución deben ser cumplidos dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas, lo que implica que los principios puedan ser aplicados en distintos grados. Siguiendo con esta línea, se tiene que la máxima validez jerárquica se re ere a la inexistencia de una norma jurídica superior de la Carta Política de la cual deviene una subordinación de las demás normas y de los actos de los ciudadanos. Finalmente, la misma fuente expone que la garantía de la Constitución es la existencia de órganos y procedimientos tenientes a velar por el cumplimiento de la supremacía de la Constitución. En virtud de lo anterior, Suárez (2014) señala que la constitucionalización del derecho es un proceso que se muestra como una entidad dinámica, que para el Derecho privado tiene como punto de partida en el ordenamiento jurídico colombiano la expedición de la Constitución de 1991, que transciende de la visión formalista de la Constitución de 1886 donde las condiciones y reglas se encontraban reguladas por la ley o surgían de la discrecionalidad de los privados a una concepción fuerte de los derechos fundamentales como principios imperativos para todo el ordenamiento jurídico. Dra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 219 Este constitucionalismo del derecho ha permeado, como es de comprender, en el Derecho ambiental. Tal es el caso de Latinoamérica, donde Ecuador en el año 2008 y Bolivia en el 2009 –como un intento de crear una perspectiva holística entre el medio ambiente y los seres humanos– tomaron como base la losofía del buen vivir o sumak kawsay en Ecuador y suma qamaña en Bolivia, e incluyeron en cada Constitución la importancia de la naturaleza (Carneiro, Da Silva, Maluf & Pinto, 2018). Abandonando así, según la misma fuente, la visión antropocéntrica que ubica al ser humano como centro de la naturaleza y dueño del ambiente; y adoptan, en su lugar, las visiones biocéntrica y ecocéntrica, entendiendo la primera como la existencia del valor de los demás seres vivos independientemente de la presencia del hombre, y la segunda como los valores que posee la naturaleza y la igualdad de los seres bióticos y abióticos, para el reconocimiento de derechos tanto para el hombre como para la naturaleza. Dicho reconocimiento de la Constitución de Ecuador se encuentra inicialmente, en el preámbulo, donde se establece que el hombre hace parte la naturaleza o Pacha Mama y que esta resulta vital para su existencia, lo cual lleva a trazar ciertas pautas en cuanto a una nueva forma de convivencia ciudadana, diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, y de la mano proteger el patrimonio natural y cultural del país (Gudynas, 2009). De ahí que, reconozca en el artículo 10 del mismo articulado a la naturaleza como titular de derechos, y determine que el "buen vivir" se re ere al derecho a agua (artículo 12), al acceso seguro y permanente de alimentos sanos y nutritivos (artículo 13) y a un ambiente sano (artículo 14 y 15), lo que hace que los recursos naturales no renovables constituyan un patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible a cargo del Estado Derecho ambiental del siglo XXI 220 (Constitución del Ecuador, 2008). Es entonces como, la Constitución de Ecuador reconoce en el artículo 71 el derecho de la naturaleza a reproducirse, realizar la vida y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Además de contener la facultad de cada persona, comunidad, pueblo o nacionalidad a exigir a la autoridad publica el cumplimiento de los derechos de la naturaleza (Gudynas, 2009). En igual sentido, el artículo 72 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 consagra el derecho de la naturaleza a la restauración, independientemente de la obligación que recae en el Estado y los actores de la sociedad a indemnizar a los individuos y colectivos que dependan del medio ambiente afectado. Lo que naliza el artículo 73 con las medidas de precaución y restricción para actividades que incidan en la extinción de especies, destrucción de ecosistemas y alteración permanente de los ciclos naturales. En segundo lugar, está la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, que reconoce en su preámbulo ser un pueblo de composición plural, inspirado en las luchas del pasado: anticoloniales, de independencia, luchas populares de liberación, marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua de octubre, y las luchas por la tierra y el territorio de un Estado opta por consagrar en la Carta Política el respecto y la igualdad, y sobre todo la búsqueda del vivir bien, a través de la convivencia colectiva con acceso al agua, al trabajo, a la educación, a la salud y a la vivienda para todos, respetando siempre la pluralidad de condiciones de los hombres que habitan la tierra y tomando como fortaleza a la Pacha Mama. Para esto, entiende el "vivir bien" como la protección de la naturaleza tanto para las generaciones presentes, como para las siguientes y en general para todos Dra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 221 los seres vivos. Es por ello que consagra a los recursos naturales como de carácter estratégico y de interés público, encargándole la administración de los recursos naturales no renovales al Estado por su utilidad pública (Rodríguez, 2012). Esto es desarrollado en la Carta Política boliviana por los artículos 33 y 34 sobre el derecho de todas las personas al medio ambiente saludable, protegido y equilibrado; además de los artículos 342 al 347 que de nen los nes y funciones esenciales del Estado, entre ellos, el deber de garantizar el aprovechamiento responsable y plani cado de los recursos naturales; y los artículos 348 al 358 que re eren la titularidad de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y con administración del Estado sobre los recursos naturales. Por otro lado, está la Constitución Política de Colombia de 1991, que por primera vez consagra al ambiente como un derecho de carácter colectivo, que debe ser protegido tanto por el Estado como por los particulares y del que recae el interés general. Además de esto, precave una lista de derechos y deberes mediante los cuales espera proteger el medio ambiente y garantizar la vida de los ciudadanos. Pero esto encuentra sentido en el enfoque holístico manejado en la Carta Política, en el sentido de articular las ciencias naturales y las ciencias sociales (Rodríguez, 2012). Para esto, siguiendo con la misma fuente, el Constituyente consagró normas de conservación y disfrute del medio ambiente sano (artículo 49), de la promoción y preservación de la calidad de vida (preámbulo y artículo 2), de la protección de bienes y riquezas ecológicas y naturales necesarias para el desarrollo sostenible y la promoción del bienestar general (preámbulo y artículo 8). Razón por la cual, incluye la función ecológica y social de la propiedad en los artículos 58 y artículo 333; así misDerecho ambiental del siglo XXI 222 mo establece la plani cación de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o restitución (art. 80, 339), donde se determina la obligación del Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer sanciones y exigir reparaciones a los daños causados (artículo 81). De igual modo, contiene mecanismos de protección ambiental por su conexidad con los derechos fundamentales, como la acción popular (artículo 88), la acción de grupo (artículo 88), la acción de tutela (artículo 86), entre otras; y consagra la participación de la comunidad en la toma de decisiones ambientales (artículo 79). Además de que le asigna entre sus funciones a algunos funcionarios y servidores públicos como el Procurador (artículo 277.4), el Defensor del Pueblo (282.5), los Consejos Municipales (313.9) la defensa del medio ambiente (Corte Constitucional, Sentencia T-411 de 1992). Sumado a lo anterior, está la protección constitucional de la diversidad étnica y cultural de la nación y la preservación de los recursos naturales ubicados en territorios indígenas (artículo 7, 8 y 300), y el derecho al agua desarrollado vía jurisprudencial por la Corte Constitucional como un derecho fundamental cuando se re ere al consumo humano por su relación el derecho a la vida en condiciones dignas y a la salud (Corte Constitucional, Sentencia T-381/09). Igualmente, la Corte Constitucional colombiana ha tenido una evolución respecto a la forma de concebir la naturaleza, pues en sus primeros pronunciamientos adoptó un enfoque antropocéntrico, desde el cual se percibe al hombre como la única razón de ser del sistema legal y a los recursos naturales como simples objetos al servicio de este que tiene como importancia garantizar la existencia del ser humano (Corte Constitucional, Sentencia C-423/94; Sentencia C-495/96). Dra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 223 En virtud de lo mencionado, la constitucionalización del Derecho ambiental en el caso colombiano desde la expedición de la Constitución de 1991, donde se consagra la supremacía de los principios, derechos y deberes tendientes a la protección del medio ambiente en Colombia, tanto por el Estado como por los particulares. Teniendo en cuenta este escenario en Colombia, a través de la consagración constitucional del derecho a un ambiente sano, la adhesión a numerosas convenciones internacionales, la interpretación constitucional de estos preceptos superiores por parte del Tribunal constitucional, la regulación legal, se ha avanzado en el reconocimiento normativo y en la construcción dogmática del derecho a un ambiente sano como lo ha planteado el exmagistrado Luis Ernesto Vargas y como lo podremos evidenciar a continuación en los avances jurisprudenciales en la materia. 2. Enfoques jurídicos Para la Corte Constitucional colombiana la legislación expedida y la jurisprudencia constitucional vertida sobre la defensa al medio natural y el entorno ecológico han partido de un desarrollo histórico y líneas de pensamiento que han desembocado en la existencia de diversos enfoques jurídicos que vienen a concretarse en visiones: i) antropocéntricas, ii) biocéntricas y iii) ecocéntricas (Sentencias C449/15 y T-325/17). La Corte ha atendido a la necesidad que propugna por la defensa del ambiente y de los ecosistemas, por lo que ha cali cado al ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, en el que concurren las siguientes dimensiones: (i) es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo econóDerecho ambiental del siglo XXI 224 mico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; (ii) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material encuentra pleno fundamento en el n esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los nes del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y control de los factores de deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección" (Sentencia T325 de 2017) El Tribunal Constitucional adoptó en las Sentencias C-339/02 y C-595/10 el enfoque biocéntrico, que concibe que la naturaleza no pertenece exclusivamente al ser humano que allí habita, sino que también a las siguientes generaciones y a la humanidad en general, razón por la que adquiere el valor de garantizar la supervivencia del ser humano. Por último, la Corte adopta a partir del 2011 en Sentencia C-632/11 y siguientes (T-080/2015, C-449/15, T-622/16) el enfoque ecocéntrico, que sitúa al hombre ya no como dueño de la naturaleza sino como parte integrante de esta, así como a cualquier otra especie en el evento de la larga cadena evolutiva del planeta, lo que consecuentemente lleva al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y a algunos entes en especí co, como el Río Atrato, la Amazonía y el Páramo de Pisba. Dra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 225 3. Dimensión Ambiental de la Constitución La Carta Política de 1991 ha sido considerada por la Corte Constitucional como una constitución ecológica, enfoque que de acuerdo con los enfoques jurídicos planteados anteriormente deben ser replanteados. La Corte Constitucional, plantea que esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales. Y, nalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares (Sentencia T-760 de 2007) Considerar la Constitución de 1991 como una "constitución ecológica" por el número de artículos que hacen referencia a la protección del ambiente, es una aseveración que limita la visión que con su consagración e interpretación a partir de la jurisprudencia se ha dado. En este sentido consideramos que esta es una "constitución ambiental", que incluye aspectos tanto ecológicos como sociales, culturales, económicos, urbanos, etc. El enfoque constitucional tiene que ver de nitivamente con la relación sociedad, cultura y naturaleza. La dimensión ambiental, según lo presenta el profesor Carrizosa Umaña (1992)3, es el conjunto de interacciones de los procesos sociales con los naturales, dentro de los cuales los de producción, consumo y generación 3 Según el profesor Carrizosa Umaña, este análisis fue publicado en 1983 en el "Informe nal. Síntesis y conclusiones". Curso Seminario sobre la 'Dimensión Ambiental en las Políticas y Planes de Desarrollo'. Santiago de Chile: CIFCA/ILPE. Derecho ambiental del siglo XXI 226 de residuos son muy importantes en la plani cación del desarrollo (es decir, en el contexto de la visión predominante de desarrollo). Es, entre otras, una variable del proceso de desarrollo que los plani cadores reconocen como indispensable para alcanzar el objetivo del mismo. Es una dimensión global dentro de la cual se condicionan y relacionan los procesos sociales y económicos. Por lo tanto, es necesario que el tratamiento de todas las dimensiones sea interrelacionado integralmente como viene planteándose desde la Conferencia de Río de Janeiro de 1992 (Rodríguez, 2016). Adicionalmente, esta dimensión tiene que ver con la destrucción y degradación del hábitat e involucra la diversidad de ecosistemas y de eco-regiones en vista de que, en la actualidad, se presentan graves problemáticas que se evidencian en la disminución de los recursos naturales, la contaminación atmosférica, del suelo y del recurso hídrico, entre otros. La gran lección que nos da la crisis ambiental es que cualquier esfuerzo de transformación de la naturaleza tiene sus límites y estos dependen de sistemas complejos que es necesario estudiar y valorar (Ángel Maya, 1999). Esta dimensión se establece de manera clara en los con ictos ambientales que se dan actualmente en las ciudades, en ecosistemas degradados como la Amazonía o con el deterioro del agua, imposibilitando el acceso a este recurso y por supuesto, el saneamiento ambiental y que han terminado por judicializarse. En la Carta Política colombiana se incluye un concepto amplio del ambiente, conformado tanto por un elemento natural como por un elemento cultural. La visión que alentó ese espíritu es holística4, porque reconoce la 4 Este enfoque se encuentra inspirado en: 1. el trabajo de Edgar Morín, para quien la ambición del pensamiento complejo es rendir cuenta de las articulaciones entre dominios disciplinarios quebrados por el pensamiento disgregados. En este sentido el pensamiento complejo aspira al conocimiento multiDra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 227 naturaleza de manera integral e interdependiente de la tierra, noción reforzada y corroborada en 1992, en la Conferencia de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo. En esta Conferencia se estimó necesario alcanzar acuerdos internacionales en los que se respetaran los intereses de todos y se protegiera la integridad del sistema ambiental en el marco del desarrollo mundial. Así las cosas, actualmente según la Corte Constitucional, el ambiente sano no sólo es considerado como un asunto de interés general, sino primordialmente como un derecho de rango constitucional del que son titulares todas las personas en cuanto representan una colectividad (Sentencia T-760 de 2007) y la Constitución de 1991 posee un lugar trascendental que la protección del ambiente ocupa y, en estas condiciones, para este Tribunal, el medio ambiente es un bien jurídico que es a la vez un derecho de las personas, un servicio público y, ante todo, un principio que permea la totalidad del ordenamiento (Sentencia C-703 de 2010). 4. Alcance del derecho a la propiedad En relación con la propiedad, se hace referencia en la Carta Política que, ésta es una función social que implica obligaciones y a la que le es inherente una función ecológica (Artículo 58). El Constituyente de 1991 fue más allá de la función social de la propiedad, al consagrar en la Carta Política la función ecológica de la propiedad. Ello demuestra su preocupación por los temas ambientales y su intención de reconocer que el derecho de propiedad no es absoluto y que no se puede abusar de dimensional y está animado por una tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento (Morín, 1994). En Colombia los estudios realizados por el profesor Julio Carrizosa Umaña son representativos de este enfoque, especialmente en su obra Colombia compleja (2014). Derecho ambiental del siglo XXI 228 la explotación de la misma en contra de los principios que tienen que ver con la protección del ambiente y de los recursos naturales. Para el profesor Giovanny Herrera Carrascal (2017) entre los múltiples avances de la Carta Política de 1991 se creó por primera vez en la historia del país la institución de la función ecológica de la propiedad. Hay que tener presente que de tiempo atrás, desde 1936, ya existía la función social de la propiedad. Estas dos instituciones si bien comparten la misma esencia y varias similitudes, también presentan algunas diferencias. La función ecológica de la propiedad concreta los deberes que los propietarios y empresarios en Colombia deben asumir como corresponsabilidad frente a la garantía al ambiente sano, el cual jurisprudencialmente la Corte Constitucional ha establecido como una relación "derecho-deber". La función ecológica de la propiedad y de la empresa constituyen según Herrera Carrascal (2017), el fundamento constitucional, a partir del cual, el legislador, las autoridades ambientales y urbanas se encuentran legitimada para imponer obligaciones, responsabilidades, cargas, limitaciones y restricciones al derecho de propiedad y a la libertad de empresa, en aras de garantizar el derecho al ambiente sano de las generaciones presentes y futuras, así como contribuir a la materialización del desarrollo sostenible. Sobre este mismo tema, en lo que respecta a la función ecológica de la propiedad, la Corte Constitucional advirtió, para lo cual resaltó la in uencia y cambios que la Constitución de 1991 imprimió en nuestro estatuto civil de 1887, que la misma es la respuesta del constituyente para enfrentar el "uso indiscriminado de los bienes y derechos particulares en contra de la preservación del medio ambiente sano, considerado como un derecho y bien colectivo en cuya protección debe estar comproDra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 229 metida la sociedad entera". De acuerdo con la jurisprudencia, la ecologización de la propiedad es producto de la evolución del concepto de Estado, de un parámetro puramente individual (liberal clásico) a un mandato que supera -inclusiveel sentido social de la misma para, en su lugar, formular como meta la preservación de las generaciones futuras, garantizando el entorno en el que podrán vivir (Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2007) La Corte Constitucional ha resaltado que al derecho de propiedad se le atribuyen varias características, entre las cuales, se pueden destacar las siguientes (Corte Constitucional, Sentencia C-189 de 2006): (i) Es un derecho pleno porque le con ere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue -en principiopor su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) Es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, y nalmente; (vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas. De igual forma señala el Tribunal Constitucional que para lograr el desarrollo sostenible se ha admitido por la jurisprudencia que a partir de la función ecológica que establece la Constitución Política en el artículo 58, Derecho ambiental del siglo XXI 230 se puedan imponer por el legislador límites o condiciones que restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, siempre y cuando dichas restricciones sean razonables y proporcionadas de modo que no afecten el núcleo esencial del citado derecho. Uno de los límites que se han reconocido en el ordenamiento jurídico a través de los cuales el legislador restringe las libertades individuales de las personas, entre ellas, el derecho a la propiedad privada, en aras de lograr la conservación o preservación del medio ambiente, lo constituyen las reservas de recursos naturales renovables, previstas en el artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales (Corte Constitucional, Sentencia C-189 de 2006). 5. Principios de Prevención y Precaución Para la Corte Constitucional la protección ambiental se fundamenta en la acción preventiva del Estado con apoyo en los principios de prevención y precaución (Corte Constitucional, Sentencia C-703 de 2010). Lo anterior sobre la base que la Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como de imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor preventiva que adquiere especial signi cado tratándose del medio ambiente, para cuya puesta en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y precaución, pues dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el efecto antes de su producción. Los principios que guían el derecho ambiental según el Tribunal Constitucional, son los de prevención y precaución, que persiguen, como propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro Dra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 231 que enfrenta el medio ambiente, que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él relacionados. Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el n de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento cientí co que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos (Corte Constitucional, Sentencia C-703 de 2010). El principio de precaución se erige como una herramienta jurídica de gran importancia, en tanto responde a la incertidumbre técnica y cientí ca que muchas veces se cierne sobre las cuestiones ambientales, por la inconmensurabilidad de algunos factores contaminantes, por la falta de sistemas adecuados de medición o por el desvanecimiento del daño en el tiempo (Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016) La Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peligro de daño, Derecho ambiental del siglo XXI 232 (ii) que éste sea grave e irreversible, (iii) que exista un principio de certeza cientí ca, así no sea ésta absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente y (v) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado (Sentencia C-703 de 2010). En este contexto, para la Corte Constitucional las actividades contaminantes producidas por la explotación minera ilegal pueden llegar a tener impactos directos sobre la salud de las personas y adicionalmente, otra clase de impactos indirectos sobre el bienestar humano, como la disminución de productos del bosque que afecta el balance alimentario y medicinal, y puede producir cambios en las prácticas tradicionales, usos y costumbres de las comunidades étnicas asociados a la biodiversidad (Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016). Por su parte, las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción inmediata de las autoridades ambientales, por lo que la e cacia de esas medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños graves al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad y, aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se impone al infractor después de haberse surtido el procedimiento ambiental y de haberse establecido fehacientemente su responsabilidad (Corte Constitucional, Sentencia C-703 de 2010). En razón de que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción y que por su índole preventiva su ejecución y efecto debe ser inmediato, esta naturaleza de estas medidas riñe con la posibilidad de que su aplicación pueda ser retrasada mientras se deciden recursos previamente interpuestos; además la decisión de la autoridad ambiental debe hacerse por acto administrativo debidamente motivado, Dra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 233 alejado de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho, y como cualquier acto administrativo, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que así la decisión de la autoridad se enmarque dentro del Estado de Derecho. El principio de prevención principio busca que las acciones de los Estados se dirijan a evitar o minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias, administrativas o de otro tipoque se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se produzca o se agrave (Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016). 6. Primacía del interés general Como se ha venido planteando, la Constitución de 1991 por primera vez consagra el ambiente como un derecho y su protección como una función tanto del Estado como de los particulares. La Carta muestra igualmente la relevancia que toma el ambiente como bien a proteger por sí mismo y su relación estrecha con los seres que habitan la Tierra. La conservación y la perpetuidad de la humanidad dependen del respeto incondicional al entorno ecológico, de la defensa a ultranza del ambiente sano, en tanto factor insustituible que le permite existir y garantizar una existencia y vida plena. Para el Tribunal Constitucional desconocer la importancia que tiene el ambiente sano para la humanidad es renunciar a la vida misma, a la supervivencia presente y futura de las generaciones. En el mundo contemporáneo, la preocupación ambiental viene a tomar in uencia decisiva solamente cuando resulta incuestionable que el desarrollo incontrolado y la explotación sin límites de los recursos naturales logran suponer su esquilmación de nitiva Derecho ambiental del siglo XXI 234 (Corte Constitucional, Sentencia C-595 de 2010). De la re exión propuesta, la tensión o el con icto existente entre la actividad económica de minería, comúnmente de intereses particulares, debe ser resuelta violentando el interés general de protección de los recursos naturales y los preceptos constitucionales llamados a garantizar el ambiente sano, como ocurre con la declaratoria de interés público de la actividad (Rodríguez, 2016). Sin embargo, esto no implica que dicho concepto "de utilidad pública e interés social" vulnere per se los preceptos constitucionales. Así las cosas, en conclusión, si bien la industria minera en todas sus fases fue declarada por el Código de Minas como de utilidad pública e interés social, tal declaratoria encuentra un límite constitucional en la obligación que tienen el Estado y los particulares de proteger las riquezas naturales de la Nación. Esta obligación con el n de garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica; mediante la plani cación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución como lo consagra la Carta Política (artículos 70 y 80). En este mismo sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-431 de 2001 señala que el medio ambiente es un derecho constitucional fundamental para el hombre, pues se enmarca dentro del derecho a la vida (Artículo 11 superior), razón por la cual su defensa constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho, en cuanto el medio ambiente hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, y de forma más precisa establece que sobre el particular se ha resaltado que conforme a las Dra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 235 normas de la Carta que regulan la materia ecológica, a su vez inscritas en el marco del derecho a la vida cuya protección consagra el Artículo 11 del mismo ordenamiento, la Corte ha entendido que el medio ambiente es un derecho constitucional fundamental para el hombre y que el Estado, con la participación de la comunidad, es el llamado a velar por su conservación y debida protección, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación (Corte Constitucional, Sentencia C-431 de 2000). Ante estos argumentos, no es viable considerar una priorización de la actividad minera en todas sus formas y fases afectando el ambiente y los recursos naturales renovables cuando ya desde 1974 existe la declaratoria de utilidad pública e interés social del medio ambiente y los recursos naturales renovables y esto no puede ser desconocido, y mucho menos puede desconocerse el deber constitucional del Estado de proteger el medio ambiente y los recursos naturales renovables (Rodríguez, 2016). En este mismo sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-339 de 2002 señaló que es un hecho evidente que la industria extractiva produce una gran cantidad de desechos y desperdicios. El proceso de transformación de grandes masas de materiales para el aprovechamiento de los minerales útiles deja forzosamente materiales residuales que deterioran el entorno físico de la región en la cual se adelantan las labores afectando el paisaje y los suelos agrícolas. Dentro de este contexto es necesario conciliar el grave impacto ambiental de la minería con la protección de la biodiversidad y el derecho a un medio ambiente sano, para que ni uno ni otro se vean sacri cados. Es aquí donde entra el concepto del desarrollo sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra Constitución y de nido por la jurisprudencia de la Derecho ambiental del siglo XXI 236 Corte como un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Se destaca y debemos reiterar que la preservación y manejo del ambiente y los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social para todos los efectos relacionados con la industria minera en todas sus ramas y fases, en tanto es un derecho constitucional fundamental para el hombre. Lo anterior implica que las decisiones que se tomen con base en dicha declaratoria y que, en consecuencia, puedan afectar el medio ambiente y los recursos naturales renovables, fundamentalmente los recursos hídricos del orden local, no deban ser el fruto de un proceso de decisión concertado entre las autoridades municipales y aquellas del orden nacional, pues lo contrario equivaldría a vaciar la competencia que en materia de ordenamiento territorial y de protección de tales derechos les otorgó la Constitución (Rodríguez, 2016). De manera que, sin desconocer que la declaratoria de utilidad pública e interés social de la minería se ajusta a la Constitución, siempre debe tenerse en cuenta que la protección y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables también son un objetivo de principio de la Carta Política de 1991, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-431 de 2000: L a defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado "Constitución ecológica", conformada por el conjunto de disposiciones superiores que jan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaDra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 237 ciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección. Para el Tribunal Constitucional, en el entendido de que en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política (Corte Constitucional, Sentencia C-123 de 2014). Conforme a la interpretación según la cual si bien la declaratoria de utilidad pública e interés social de la minería se ajusta a la Constitución, siempre que se tenga en cuenta que la protección y manejo del ambiente y de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social y que, en consecuencia, las decisiones que se tomen con base en dicha declaratoria deben ser el fruto de un proceso de decisión concertado entre las autoridades municipales, como representantes de los miembros de la comunidad, y aquellas autoridades del orden nacional, ha de concluirse que la estimación que de la minería hace la norma demandada tampoco vulnera el derecho de la comunidad a participar en las decisiones que puedan afectarla. Así las cosas, se han establecido criterios para resolver tensiones y la Corte ya ha puesto de presente que una teórica discusión jurídica en materia ambiental, sobre cuáles derechos prevalecen, la resuelve la propia Constitución al reconocer la primacía del interés general, al limitar varios derechos en función de la protección debida al medio ambiente, los recursos naturales o la Derecho ambiental del siglo XXI 238 ecología, y al asignarles al Estado funciones de prevención y control del deterioro ambiental y a los particulares el deber de proteger los recursos culturales y naturales de país y velar por la conservación de un ambiente sano (Corte Constitucional, Sentencia C-703 de 2010). 7. Derechos Bioculturales (Biocultural rights)Los derechos bioculturales son entendidos como aquellos derechos que tienen las comunidades étnicas de administrar y ejercer tutela sobre sus territorios de acuerdo con sus propias leyes y costumbres. Entendiendo que su territorio es aquel en el que desarrollan su cultura, tradición y tienen asentada su forma de vida con la relación existente con el ambiente y su ecosistema. Estos derechos observan la relación intrínseca que existe entre la preservación de la naturaleza y los modos de vida y cultura que viven en ella (Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016). Este concepto trata de abarcar de manera integral las disposiciones sobre derechos a recursos naturales y a la cultura de las comunidades étnicas que se encuentran en la Constitución colombiana en los artículos 7° referido al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana; 8° sobre la obligación del Estado de proteger las riquezas culturales y naturales; 79 referente al derecho de todas las personas de gozar de un ambiente sano; 80 de la obligación del Estado de plani car el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en aras de garantizar el desarrollo sostenible; 330 sobre la constitución y leyes de los territorios indígenas y 55 transitorio respecto al reconocimiento por parte del Gobierno los derechos de las poblaciones negras que ocupaban tierras baldías en zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del Paci co. Para con esto entender de manera holística la relación existente entre la naturaleza Dra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 239 y sus recursos y la cultura de las comunidades étnicas e indígenas (Corte Constitucional, Sentencia T 622 de 2016). Así las cosas, los derechos bioculturales encuentran su fundamento losó co concentrado en tres puntos: el primero de ellos es, la interrelación innegable entre la naturaleza y la cultura; el segundo es, la historia por la que han atravesado las comunidades indígenas y el deber del Estado de contribuir a la preservación de estas comunidades en el futuro; y, el tercero es el carácter de singularidad y universalidad que representan las comunidades étnicas para la humanidad (Chen & Gilmore, 2015) Es por ello que, estos derechos no implican de manera super ua la reclamación de una propiedad por su valor económico, sino que representa los derechos colectivos de las comunidades que se relacionan de manera interdependiente con biodiversidad de mantener su tradición y formas de vida (Bavikatte & Robinson, 2011). En virtud de esto, la Corte Constitucional en Sentencia T 622 de 2016 establece que las políticas públicas relativas a la biodiversidad deben adecuarse y tener como base la preservación de la vida, para permitir que la naturaleza continúe con su proceso evolutivo de manera estable. Asimismo, determina que el deber del Estado de velar por la protección y conservación de las comunidades étnicas –indígenas, comunidades negras y campesinas– envuelve el hecho de garantizar sus tradiciones, cultura y forma de vida. CONCLUSIONES La constitucionalización del derecho, como se señaló, ha permeado diferentes áreas del derecho, entre ellas, el ambiental, así lo han dejado ver las Constituciones de Colombia de 1991, Ecuador de 2008 y Bolivia Derecho ambiental del siglo XXI 240 de 2009, en las que se han establecido una serie de derechos y obligaciones a cargo del Estado y de todos los ciudadanos tendientes a proteger la naturaleza, fundados en el respeto que se le tiene a la misma. Entre las disposiciones constitucionales que incluyeron el derecho ambiental, pudimos observar el alcance que se le dio a la propiedad con la denominada función ecológica; asimismo, se tienen los instrumentos jurídicos para hacer efectiva la protección de la naturaleza como lo son el principio de precaución cuando existe incertidumbre cientí ca respecto al peligro del daño y el principio de prevención cuando existe certeza del peligro del daño de determinada actividad. Sumado a esto, se agregó la disposición de la primacía del interés general, lo que se traduce a la defensa por un ambiente sano en el que es posible tener un desarrollo sostenible. Lo anterior, ha hallado cumplimiento en Colombia en gran medida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en cumplimiento de su tarea de interpretar la Constitución, ha adoptado diferentes enfoques para proteger al ambiente, optando en primer lugar por el antropocentrismo, desde donde se percibía a la naturaleza como un bien del hombre por ser este el único ser racional y digno entre todas las especies; seguido del biocentrismo, que deja de ver al hombre como el único dueño de la naturaleza para otorgarles a ambos el mismo respeto, teniendo presente que si no se conserva la naturaleza no podrá preservarse el ser humano; y, nalmente el enfoque del ecocentrismo, desde el cual el hombre no es dueño de la naturaleza sino que por el contrario, es él quien hace parte de la misma por la larga cadena evolutiva, lo que consecuentemente lleva a que se reconozca que la naturaleza es en sí misma un sujeto de derechos que tiene que ser protegido y ejercidos por medio de representante legal, para materializar este reconocimiento, por medio de la jurisprudencia colombiana se ha reconocido Dra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 241 a ciertos entes como sujetos auténticos de derecho. Adicional a esto, se ha logrado dar reconocimiento de los derechos bioculturales que tiene como titulares a las comunidades étnicas, de administrar y ejercer tutela sobre los territorios en los cuales desarrollan su cultura, tradición y modos de vida, ello fundado en la relación intrínseca que existe entre a biodiversidad y su vida. Todo lo anterior, permite ver el gran avance que se ha dado en el tema del derecho ambiental tanto en el ámbito constitucional como en el jurisprudencial, donde ante la falta de real protección del ambiente fue necesario se reconociera a la naturaleza como sujeto de derechos, lo que generó consecuentemente que el Estado y los particulares tuvieran la obligación de velar por su protección y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Sobre todo, cuando se encuentran inmersos los derechos de las comunidades étnicas y se peligra su preservación, los llamados derechos bioculturales. BIBLIOGRAFÍA ÁNGEL Maya, Augusto. [1999a]. Capacitación de docentes universitarios en educación ambiental. Tomo I. Primera Parte. Los modelos de explicación ambiental. Módulo I. Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente, ICFES. BAVIKATTE, Kabir & Robinson, Daniel F. (2001). 'Towards a People's History of the Law: Biocultural Jurisprudence and the Nagoya Protocol on Access and Bene t Sharing', 7/1 Law, Environment and Development Journal. Available at http://www.lead-journal.org/content/11035.pdf CALDERÓN-Villegas, Juan Jacobo (2011). La Constitucionalización del Derecho Privado: La verdadera historia del impacto constitucional en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes. Derecho ambiental del siglo XXI 242 CARNEIRO de Freitas, Patrícia Jorge; Da Silva, Sérgio Augusto; Maluf, Fabiano & Pinto-Calaça, Irene Zasimowicz (2018). La naturaleza como sujeto de derechos: análisis bioético de las Constituciones de Ecuador y Bolivia. Brasil: Revista Latinoamericana de Bioética, 18(1), 155-171 CARRIZOSA Umaña, Julio. [1992]. La política ambiental en Colombia: desarrollo sostenible y democratización. Bogotá: FESCOL, CEREC, Fondo FEN. CARRIZOSA Umaña, Julio. [2014]. Colombia compleja. Bogotá: Jardín Botánico José Celestino Mutis, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. CHEN, C. & Gilmore, M. (2015). Biocultural Rights: A New Paradigm for Protecting Natural and Cultural Resources of Indigenous Communities. The International Indigenous Policy Journal, 6(3). DOI: 10.18584/ iipj.2015.6.3.3 DE ROSA, Diego (2017). Constitucionalización del derecho privado y sus implicancias en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y en especial los derechos reales. La Plata: Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP. No 47. GUDYNAS, E. (2009). La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador. Revista de estudios sociales, (32), 34-47. HERRERA Carrascal Giovanni José. La función ecológica de la propiedad. Colección Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 13, Editorial Ibáñez, Bogotá D.C., 2017. MANTILLA-Espinosa, Fabricio (2007). La Constitucionalización del Derecho Privado. Bogotá: Revista O cial del Poder Judicial 1⁄2 Dra. Gloria Amparo Rodríguez / Dr. Iván Vargas-Chaves 243 MORIN, Edgar [1994] Introducción al pensamiento complejo. Barcelona, Edit. Gedisa. República de Bolivia. Constitución Política del Estado de Bolivia, 2009. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 189 del 15 de marzo de 2006. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T 080 del 20 de febrero de 2015. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 123 del 5 de marzo de 2014 República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 259 del 18 de mayo de 2016. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 339 del 7 de mayo de 2002. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 423 del 29 de septiembre de 1994. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 431 del 2 de mayo de 2001. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 431 del 12 de abril del 2000 República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 449 del 16 de julio de 2015. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 495 del 26 de septiembre de 1996. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 595 del 27 de julio de 2010. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 632 del 24 de agosto de 2011. Derecho ambiental del siglo XXI 244 República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C 703 del 6 de septiembre de 2010República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T 154 del 21 de marzo de 2013. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T 325 del 15 de mayo de 2017. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T 381 del 28 de mayo de 2009 República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T 411 del 17 de junio de 1992. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T 622 del 10 de noviembre de 2016. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T 760 del 25 de septiembre de 2007 República de Ecuador. Constitución del Ecuador, 2008. RODRÍGUEZ, G.A. (2012). La consagración de los derechos ambientales en las Constituciones Políticas de Colombia, Ecuador y Bolívia. En: G. Rodríguez &; I. Páez (Eds.) Temas de derecho ambiental: una mirada desde lo público (pp. 1-54). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. RODRÍGUEZ, G.A. (2016). Los con ictos ambientales en Colombia y su incidencia en los territorios indígenas. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. SUÁREZ-Manrique, Wilson Yesid (2014). La constitucionalización del derecho en el ordenamiento jurídico colombiano, 129 Vniversitas, 317-351. http:// dx.doi. org/10.11144/Javeriana.VJ129.cdoj