Abstract

El artículo aborda la cuestión de cuál es el valor que deben de atribuirse a las razones económicas en la justificación racional de una decisión legislativa y cuál es el papel que el análisis económico del derecho puede jugar en la evaluación ex ante y ex post de la legislación. En concreto, se señalan las potencialidades y las limitaciones del uso del instrumental del análisis económico del derecho en los hoy obligados estudios de impacto normativo. Se concluye con una reflexión de fondo sobre si el coste de las distintas opciones legislativas puede constituir una razón suficiente para la toma de decisiones políticas.