Abstract

El reconocimiento constitucional de ciertos derechos colectivos de los pueblos originarios, efectuado en algunas Repúblicas hispanoamericanas que han avanzado en procesos constituyentes hacia un Estado de carácter plurinacional, multiétnico e intercultural, ha conseguido quebrar hasta cierto punto aquella cultura jurídica hegemónica que dominó con su carácter monista durante décadas o, mejor dicho, durante siglos. La legitimación de un derecho consuetudinario indígena, poseedor de una jurisdicción especial y autónoma, esto es, la construcción de un marco dentro del cual estas comunidades tengan «derecho al propio derecho», constituye sin duda un principio importante para romper la persistencia secular de aquella colonialidad jurídica que, primero desde una matriz criolla y después desde una matriz mestiza, negaba toda autonomía judicial a las distintas nacionalidades indígenas. Pero este nuevo horizonte, si bien representa un proyecto eminentemente decolonial en muchos aspectos, no está exento de problemáticas contradicciones. Porque un escenario de radical pluralismo jurídico quebrantaría la posibilidad de establecer un marco común de ciudadanía, y es éste un nudo de conflicto importantísimo.