Abstract

El Régimen jurídico que regula la prestación de los servicios públicos, específicamente los servicios públicos domiciliarios, ha variado sustancialmente, desde que la clásica noción de servido público comenzó a entrar en crisis, debido a las transformaciones sociales, políticas y, especialmente, económicas del entorno internacional, hasta la actualidad, en la que la actividad de servicio público es considerada como una actividad económica de gran trascendencia social. Colombia, no ajena a esta nueva realidad internacional, ajustó su ordenamiento jurídico desde la propia Constitución Política, creando un escenario jurídico acorde con los requerimientos del mercado, para garantizar, con ello, la posibilidad de libre competencia económica entre los operadores públicos y privados. En este contexto, es en el que las empresas oficiales prestadoras de servidos públicos, han sido dotadas de un régimen contractual que les permite competir con los operadores privados, y frontar los nuevos retos sociales y económicos de un mundo globalizado.