Abstract

Este artículo examina las medidas adoptadas por el Gobierno de Colombia para atender las necesidades de la población diagnosticada con coinfección de los virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y de hepatitis C (VHC), inclusive las personas privadas de la libertad, y de esa manera garantizar su derecho fundamental a la salud. Para verificar tales acciones, se realiza una revisión de las guías elaboradas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Cuenta de Alto Costo, en las que se aborda el panorama de estas enfermedades, así como los mecanismos legales para acceder al tratamiento. Los hallazgos indican que, si bien el Sistema de Salud en Colombia no es excelente, lo cierto es que se evidenció la gestión de los últimos gobiernos para implementar una política de prevención de tales enfermedades, así como, para destinar mayores recursos públicos que permitan una adecuada satisfacción de las necesidades sanitarias de este grupo vulnerable.