Abstract

Los defensores del liberalismo político sostienen que el ejercicio del poder político es legítimo solo cuando es justificado por razones públicas que todos los ciudadanos pueden aceptar con independencia de la doctrina religiosa, filosófica o moral a la que se adhieren. Según John Rawls, satisfacer esa concepción de la legitimidad exige apelar, en la justificación pública de la acción del Estado, a “concepciones políticas de la justicia”. Se busca elaborar un nuevo tipo de argumento a favor de la posición de Rawls.