Abstract

El presente trabajo busca generar en el lector la inquietud acerca de la relevancia, actualidad y necesidad material respecto a políticas públicas que profundicen y hagan realidad el Estado social de derecho, establecido por el constituyente en la Constitución de 1991 en Colombia. A pesar de los treinta años de su promulgación y frente a los aún no resueltos problemas de inequidad y de amplios cinturones de pobreza que viven algunos sectores del país (situación que impacta en la convivencia y equilibrio social), se hace necesario establecer políticas públicas que afiancen los postulados constitucionales de convivencia pacífica, de prosperidad general, entre otros; es necesario establecerlas hoy más que nunca, toda vez que la crisis sobreviniente, generada por el covid-19, ha llevado el país a unos niveles inusitados de desempleo y pobreza. Se considera que las directrices que emanan del Estado social de derecho, adoptado por la Constitución de 1991, son una buena herramienta para combatir tanto los problemas propios de la crisis como los históricos flagelos que todavía experimenta la nación y lo ponen al borde del inicio de otra crisis institucional.