Abstract

La ingeniería constitucional de Sartori plantea la necesidad analizar la edificación de instituciones jurídico-políticas a través de una técnica de incentivos y castigos. El presente trabajo indaga la existencia o no de incentivos para dirigir la facultad del control disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación contra el presidente y sus ministros como consecuencia de un poder legislativo pasivo en esa actividad debido a un régimen presidencialista que mezcla las agendas del Congreso y el Presidente. El resultado de este estudio muestra un craso error en el despliegue de la ingeniería constitucional que hizo insipiente el control del Ministerio Público sobre el Gobierno.