Abstract

Una de las causales de nulidad más antiguas y más difíciles de probar en la práctica del contencioso administrativo es la desviación de poder, la cual es la figura procesal mediante la cual se declara la nulidad de una actuación administrativa en virtud de haber incumplido con los fines para los cuales se le otorgó esa atribución a la autoridad. Su dificultad radica precisamente en la correcta apreciación de la finalidad de los actos y contratos administrativos y en la forma de probarla. Con este documento pretendemos establecer la correcta dimensión que guarda la finalidad de la actuación administrativa, pero sobre todo establecer que la forma correcta de acreditar la desviación de poder es a partir de las pruebas indirectas como la mejor forma de acercarse a la verdad material y, por ende, poder juzgar la intencionalidad del operador jurídico al momento de emitir sus resoluciones. Este trabajo está limitado a la forma en que está regulada la desviación de poder en el derecho procesal administrativo mexicano.