Abstract

La participación del Estado en la plusvalía del suelo derivada de la acción urbanística es un mecanismo constitucionalmente legítimo en la recaudación de ingresos del patrimonio público, para promover el desarrollo urbanístico de los territorios. Por tanto, la línea argumentativa parte de justificar que la captación de los dineros provenientes de este instrumento es un asunto de equidad ciudadana, apoyándose en el principio de la función social en la propiedad y el enriquecimiento sin causa de particulares propietarios y poseedores. Posteriormente, se hace una breve contextualización de la recuperación de plusvalías a nivel internacional, para exponer dos casos exitosos en Brasil y Uruguay. Y finalmente, se determina la viabilidad de promover acciones judiciales efectivas para el cobro de la participación de la plusvalía.