Abstract

A pesar de que la consideración de la nacionalidad como derecho humano no es una cuestión del todo pacífica, lo que resulta obvio es que, tanto los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, como los propios tribunales encargados de controlar su efectiva aplicación, están limitando la competencia exclusiva de los Estados en esta materia. Aun cuando se reconozca el derecho de los Estados-nación a proteger su forma de vida, y el derecho de los nacionales, como pueblo soberano y constituyente, a establecer restricciones para el acceso a la ciudadanía a los extranjeros, estos derechos no son ilimitados.