Abstract

El artículo defiende la tesis de que el liberalismo igualitario nos lleva a una teoría de justicia global y, como parte de ésta, a un derecho de inmigración. Así, el peso de la prueba contra la justicia global y la inmigración se desplaza hacia aquéllos que las desean limitar. Un argumento corriente es que las obligaciones especiales hacia nuestros conciudadanos tienen prioridad sobre las obligaciones generales de justicia. El artículo examina argumentos particularistas y reduccionistas a favor de estas obligaciones especiales, y sostiene que éstos no justifican la restricción de la justicia hacia nuestros conciudadanos y tampoco la discrecionalidad total de los estados en el control de sus fronteras