En el presente artículo se presenta el panorama y algunos de los más importantes avances que en Colombia se han dado en materia ambiental desde la Constitución Política de 1991. La metodología llevada a cabo es descriptiva y analítica, en tanto se estudian no sólo las normas sino las sentencias más relevantes que se han constituido en un hito en la protección de los derechos ambientales. En tal sentido, lo que se pretende evidenciar es la existencia de un panorama de (...) constitucionalización de los derechos ambientales con signicativos avances tales como el rol preponderante que ha adquirido el principio de precaución o el reconocimiento de la función ecológica de la propiedad. (shrink)

El mandato de proporcionalidad se ha convertido desde hace algunos años en un examen de aplicación frecuente por tribunales nacionales o internacionales para la determinación de violaciones a los derechos. Se ha llegado a sostener que la "proporcionalidad es un criterio universal de constitucionalidad". Sin suponer semejante alcance de aplicación de este examen, el presente trabajo explora las debilidades y fortalezas de su aplicación por un tribunal constitucional en el marco de una práctica constitucional relativamente estable. Se reconstruye (...) un conjunto abultado de reglas que pretenden delimitar el resultado del examen de proporcionalidad (como mandato de prohibición por acción excesiva y como mandato de prohibición por omisión o acción insuficiente). De esta forma se demuestra que un modelo de proporcionalidad orientado por reglas se aleja del criticado modelo de ponderaciones ad hoc en donde el tribunal adquiere un amplio margen de discrecionalidad para resolver el conflicto entre derechos. Se advierte, sin embargo, que el modelo de proporcionalidad orientado por reglas requiere de una dogmática de los derechos fundamentales crítica y de tribunales superiores que se interpreten como parte de una comunidad argumentativa abierta al debate público, de lo contrario este examen puede ser utilizado como una herramienta para justificar un status quo desigualitario. (shrink)

El Derecho y la Ética mantienen una relación estrecha, aunque no muchas veces se le brinda la atención que dicha vinculación merece. El análisis y la evaluación moral de las instituciones jurídicas y políticas conforman lo que se denomina "Jurisprudencia Normativa" o también "Ética Política". Una disciplina capaz de hacer avanzar el estudio de políticas públicas y herramientas jurídicas y sociales y, a la vez, juzgar su adecuación a criterios de corrección moral política. Este ha sido nuestro objetivo en (...) la compilación de los trabajos que componen este libro: ofrecer una investigación tanto de las instituciones como de las acciones de quienes participan en las prácticas que tienen lugar a partir de dichas instituciones. Los trabajos que se compilan aquí parten de un hecho difícilmente controvertible, esto es, que tanto los ciudadanos como los operadores jurídicos, en tanto participantes activos de una sociedad, pueden adoptar una actitud reflexiva frente a las instituciones jurídicas. De hecho, la concepción que se pretende impulsar a través de nuestras investigaciones afirma que existe un deber de desarrollar esta actitud. Al menos es un deber que corresponde a aquellos que están de una u otra manera vinculados con las profesiones jurídicas. Esta actitud de reflexión crítica se presenta en dos tipos de juicios de moralidad política: uno relacionado con las instituciones y otro con las acciones que se llevan a cabo dentro de aquéllas. (shrink)

This paper analyses the arguments for and against what we have called automatic organ procurement model in relation to the organs of the deceased. For this purpose, this work provides empirical evidence to assess the potential impact of this model on donation rates and on public opinion. Specifically, we examine first the reasons supporting this model, with special reference to utilitarian and justice arguments. On the other hand, we analyse both the approaches based on the violation of pre mortem and (...) post mortem interests opposing this theoretical model and the rejection the model would generate in the population. Finally, we point out the aspects that, in our opinion, should be exhaustively regulated if this model were implemented. In particular, we refer to the legal status of the human body, the treatments for end-of-life patients, the incentives for health professionals and the recognition of the right to conscientious objection. (shrink)

El presente artículo discute algunos aspectos del nuevo paradigma del derecho de resistencia en diversas constituciones contemporáneas de Europa y América Latina. En primer lugar, abordamos el concepto y la regulación constitucional del derecho de resistencia en diferentes países. En segundo lugar, examinamos su carácter jurídico, esto es, si se trata de un derecho moral o un derecho propiamente jurídico. Para determinados autores, resulta plausible considerar el derecho a la resistencia como un derecho (...) estrictamente jurídico, pero pensamos que ese argumento es erróneo. Desde una perspectiva más amplia, nos pregun- tamos sobre el deber de resistir contra el Estado de derecho, incluso en el caso de que los poderes aparezcan como formalmente respetuosos de las reglas creadas por las institucio- nes democráticas. Se trata esencialmente de un problema acerca de la concepción de los derechos en las democracias consolidadas y no consolidadas. En este sentido, proponemos una perspectiva compatible con el Estado de derecho que distinga entre desobediencia civil y derecho de resistencia, evitando postular teorías sobre los derechos desde la f ilosofía política. En este contexto, nuestra tesis es más desobediencia civil y menos derecho de resistencia. Por último, la parte cuarta indica algunas conclusiones. (shrink)

El autor, en el contexto del debate sobre la relación entre la justicia constitucional y el proceso democrático, argumenta a favor de considerar al control jurisdiccional de constitucionalidad como un requisito necesario, pero no suficiente, para la existencia de un Estado democrático de derecho. Tras analizar las posturas y argumentos generales de ese debate, así como aspectos singulares del modo en que se viene desarrollando en Latinoamérica, abogará por un modelo de democracia débil, en el que una serie (...) de derechos, fundamentalmente civiles y políticos, estén atrincherados constitucionalmente y sean considerados precondiciones del proceso democrático. Por este último motivo, estos dos tipos de derechos podrían estar protegidos por la justicia constitucional, incluso frente al legislador mayoritario, sin merma de la dimensión democrática del sistema político. Respecto de los derechos sociales, dada su dimensión distributiva y su relación con el bienestar y las necesidades de la población, su garantía no debería de quedar exclusivamente en manos de los jueces, ya que difícilmente pueden ser considerados precondiciones de la democracia: esto no significa, afirma el autor, que no hayan de ser constitucionalizados ni tampoco que en su garantía por parte de los parlamentarios no participe, de algún modo, la justicia constitucional. (shrink)

RESUMEN El artículo analiza el complejo tema del derecho a la memoria como derecho humano de carácter cultural así como su consagración en el ordenamiento jurídico chileno. El trabajo alude a la problemática del reconocimiento de los nuevos derechos fundamentales y el modo de hacerlos efectivos, para lo cual se analizará la estructura de dicho derecho en cuanto a su contenido esencial, titularidad y garantías. Finalmente, se plantea el tema de la protección de los derechos implícitos a (...) través de una interpretación sistemática del sistema constitucional chileno. (shrink)

"Los derechos polí­ticos y el Estado constitucional en el discurso filosófico actual" La filosofí­a polí­tica liberal propone una concepción del gobierno y de la sociedad civil corno resultado de un acuerdo que se actualiza permanentemente bajo las condiciones de un Estado de derecho. El sentido polí­tico de este orden liberal así­ caracterizado se hace depender de ciudadanos que son sujetos activos de derecho; derechos naturales ya suscritos por Locke, y los habilitan, responsabilizan y equiparan a la hora (...) de dar forma a la sociedad civil y establecer los lí­mites al poder del Estado. Sin embargo, en este orden de derechos y obligaciones, es claro para el autor, persiste el antagonismo entre intereses privados y públicos dado el carácter de la economí­a de mercado. "œPolitical Rights and the Constitutional State in the Contemporary Philsophical Discourse" Liberal political philosophy proposes a conception of government and of civil society as a result of an agreement permanently modified under the conditions of the Rule of Law The political sense of this liberal order thus characterized is dependent of citizens that are active subjects of /me; natural rights already suscribed by Locke that enabled them, make accountant for and make them equal in order to outline the civil society and establish the limits of State power: Nevertheless, the author insists on reinincling us of the antagonism between private and public interests, given the situation of market economy. (shrink)

En el presente ensayo se establece la relación existente entre la Constitución Política de 1991 y el Derecho Administrativo, comprendiendo la complementariedad que se da entre reglas y principios que, de forma armónica, participan en la definición del Estado Social de Derecho donde prima lo social, la dignidad humana, los derechos y las garantías ciudadanas.

El art. 35 de la Constitución española de 1978 reconoce a los españoles "el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo".

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, su artículo 26 reconocía el derecho a la educación de todas las personas, la gratuidad y obligatoriedad en los niveles elementales. La igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores, el derecho de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos y concretaba el objetivo de la misma como el pleno desarrollo de (...) la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esta Declaración fue el punto de partida de la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados encargada de elaborar la Constitución de 1978, para desarrollar el artículo sobre el derecho a la educación. (shrink)

El TEDH se ha servido de los criterios de interpretación evolutivo y sistemático en la interpretación del CEDH, que le han permitido desarrollar una jurisprudencia sobre el derecho a la eutanasia en la que reconoce un amplio margen de apreciación a los Estados, por lo que es compatible con el CEDH tanto prohibir como permitir la eutanasia, siempre que el Estado garantice el derecho a la vida de las personas vulnerables. El Tribunal Constitucional español ha declarado la (...) constitucionalidad de la Ley Orgánica de regulación de la Eutanasia 3/2021, mediante una argumentación jurídica basada en la doctrina del TEDH. (shrink)

"La distinción que suele hacerse entre el Derecho político y la Teoría general del Estado no obedece, en realidad, a una exigencia lógica; la separación ni es clara, ni tiene fundamento. Son dos aspectos del mismo problema científico: estudio jurídico del Estado. La Teoría general del Estado se ocupa generalmente de definir los principales aplicables a todo Estado y en todas sus manifestaciones. El Derecho político, partiendo de estos conceptos generales que sienta la Teoría, investiga más en concreto (...) la vida orgánica del Estado, sus funciones internas y exteriores y las relaciones del Poder Público con los individuos". Oskar Georg Fischbach. (shrink)

La presente investigación pretende analizar someramente el derecho a la verdad haciendo hincapié en su acepción extrajudicial y, en particular, en la memoria histórica que ha sido abordada mediante la sentencia T - 281 del 2021, en la que en consecuencia al proceso instaurado por el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo en contra del mural urbano ¿Quién dio la orden? Se evidencia la protección constitucional del derecho a la memoria histórica en virtud del pronunciamiento de la Corte (...) Constitucional. (shrink)

La disolución del poder colonial en la América española creó una serie de interrogantes respecto al ordenamiento jurídico-político de los futuros estados soberanos. En este sentido, Simón Bolívar (1783–1830) insistió en la idea de que el control político de los territorios liberados por él debía estar al mando de un poder central conservador capaz de garantizar los derechos ciudadanos sin menoscabo de la estabilidad sociopolítica del orden republicano. Aunque algunos aspectos del ideario constitucional bolivariano resultaron inaceptables para sus contemporáneos, (...) sus medidas para asegurar el goce de los derechos civiles y políticos de los americanos se ajustaban a la realidad social de su tiempo. Con base en una amplia consulta bibliográfica, el presente artículo examina la concepción bolivariana del cuerpo político a la luz de las circunstancias sociohistóricas a las que el Libertador debió hacer frente. (shrink)

RESUMEN: El presente artículo analiza el reforzamiento de la libertad de expresión que se produce cuando ésta es ejercida en conexión con el derecho de defensa, y se centra en un concreto supuesto que ha sido recientemente examinado por el Tribunal Constitucional: el ejercicio del derecho de defensa en primera persona por un funcionario que es objeto de un expediente disciplinario. A la vez que estudiamos la solución dada por el TC al citado caso, reflexionamos sobre los (...) efectos de la misma más allá del caso específico que resuelve, planteando la posibilidad de su extrapolación a la generalidad de supuestos donde el ciudadano ejerce su derecho de defensa en primera persona y sin asistencia letrada. ABSTRACT: The present article analyzes the reinforcement of the freedom of expression that takes place when this one is exercised in connection by the right of defense, and centres on a concrete supposition that has been recently examined by the Constitutional Court: the exercise of the right of defense in the first person for a civil servant who is an object of a disciplinary process. Simultaneously that we study the solution given by the Constitutional Court to the mentioned case, we think about the effects of the same one beyond the specific case that resolves, raising the possibility of its extrapolation to the generality of suppositions where the citizen exercises his right of defense in the first person and without legal aid service.PALABRAS CLAVE: libertad de expresión, derecho de defensa, funcionario público, autotutela, expediente disciplinario.KEYWORDS: freedom of expression, right of defense, civil servant, autoguardianship, disciplinary process. (shrink)

El objeto de la presente investigación se coloca en el contexto caracterizado por la crisis económica global iniciada en 2008. La finalidad principal consiste en analizar el problema del condicionamiento financiero de las políticas sociales redistributivas y del trabajo en el ordenamiento de la Unión Europea: sus efectos en la justiciabilidad de los derechos sociales frente a la Corte de justicia de la Unión Europea y los fundamentos filosóficos de la metamorfosis producida.

Este estudio examinó el uso creciente de los Derechos de la Naturaleza como un enfoque para gestionar la administración terrestre. La Constitución de Ecuador de 2008 destaca por incorporar el concepto indígena de Pachamama, reconociendo a la naturaleza como titular de derechos. A través del análisis de los casos del río Whanganui en Nueva Zelanda y los glaciares Gangotri y Yamunotri en India, ambos en 2017, argumento que, aunque el discurso sobre los derechos individuales se fundamenta en la subjetividad moderna (...) y en el constitucionalismo de los estados nacionales seculares, se revela como una herramienta transcultural eficaz para legitimar la gestión humana del planeta en la era del Antropoceno. Defiendo que el emergente debate sobre los derechos de la naturaleza ofrece una base sólida para la administración terrestre y se compone de dos iniciativas clave diseñadas para superar los límites de la modernidad europea. Este enfoque basado en derechos establece obligaciones hacia la naturaleza que van más allá de los meros intereses humanos y reconoce el saber indígena como un dominio argumentativo alternativo. Así, las cosmovisiones indígenas se convierten en parte integrante de los Derechos de la Naturaleza, gracias a dos aspectos fundamentales del Antropoceno que están siendo cada vez más aceptados y valorados. (shrink)

La Doctrina penal contemporánea recurre al principio de ultima ratio para satisfacer la tarea principal de reducir al máximo la arbitrariedad del Derecho penal, pues a través de su significado, la legitimidad del delito y de la pena se somete a la condición de la inexistencia axiológica y empírica de otros recursos jurídicos menos drásticos para solventar idóneamente el conflicto que genera su apertura. No obstante, la deriva punitivista en que ha degenerado la necesaria expansión del Derecho penal (...) en la sociedad del riesgo, pone en duda su verdadera capacidad limitadora, especialmente por su escasa vinculación a los poderes públicos. Pero nada más lejos de la realidad, el desarrollo actual de la Dogmática de los Derechos Fundamentales permite a la Doctrina penal afirmar que, en el Estado constitucional, el Derecho penal mínimo es a su vez el Derecho penal máximo permitido por la Constitución. (shrink)

Una de las características propias del constitucionalismo social o de segunda generación, donde se encuentra, entre muchas otras, la Constitución española de 1978, ha sido la tensión entre la definición social del Estado y el tratamiento constitucional degradado de los derechos sociales. ¿Puede desarrollarse un Estado social sin una plena protección constitucional y justiciabilidad de los derechos sociales? Los últimos procesos constituyentes en los países andinos han supuesto el establecimiento de un modelo constitucional de fuerte contenido social (...) y de plena protección y justiciabilidad de los derechos sociales, que supera esta vieja tensión y, constituyen la manifestación de lo que, sin duda, podemos llamar un nuevo constitucionalismo de tercera generación. A través de qué mecanismos las nuevas Constituciones de los países andinos superan la citada tensión y porqué podemos hablar de nuevo constitucionalismo de tercera generación, es de lo que trata el presente artículo. (shrink)

Existen lecturas optimistas de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que observan un cambio paradigmático en el orden jurídico mexicano. Si bien la reforma es en sí misma un avance, en la medida en que no está acompañada de modificaciones sustantivas en la parte orgánica de la Constitución que permitan generar un proceso de desconcentración del poder político, la reforma corre el riesgo de tener una potencialidad diluida.

El positivismo y la problemática iusfilosófica contemporánea de la obediencia al derecho - La problemática del pensamiento sociológico y la consolidación del paradigma autopoiético - La radicación del positivismo en el paradigma autopoiético del derecho y la política - La crítica al positivismo del paradigma consensual discursivo del derecho y la política - El paradigma consensual-discursivo y la problemática contemporánea de la desobediencia civil - Tribunal constitucional y desobediencia civil en el marco del paradigma consensual-discursivo.

El recurso de amparo en España es la principal garantía jurisdiccional para la protección dederechos definidos como fundamentales por la Constitución frente a actos concretos de las autoridades públicas y secundariamente de particulares. En este estudio se reflexiona sobre el referido mecanismo de tutela reforzada y privilegiada existente en el país europeo. El amparo constitucional es una garantía que sólo es posible considerar frente a aquellos derechos que en España se comprenden como fundamentales, no incluyendo numerosos derechos constitucionales o (...) derechos humanos que no se ajustan a la referida categoría conceptual.El Tribunal Constitucional se constituye en la sede básica para la resolución del amparo considerado como un recurso extraordinario, excepcional y subsidiario de protección de derechos fundamentales. Aunque sus sentencias de amparo resuelven casos concretos, sus motivaciones o consideraciones contienen parámetros para la interpretación de los referidos derechos, vinculando los poderes públicos frente a un razonamiento que pasa a tener un valor erga omnes.En este ensayo se busca contribuir, en cuanto a derecho comparado, en el estudio de las vecindades y diferencias del amparo con la acción de tutela en el caso colombiano. (shrink)

Las dificultades teóricas que obstaculizan la idea de una ética constitucional -- ¿constitucionalismo global o constitucionalismo cosmopolita? -- El constitucionalismo, entre el cosmopolitismo, el universalismo y el localismo del estado nación -- El estado constitucional de derecho (o Estado constitucional de derecho, social y ambiental) y los derechos sociales -- El impacto del consenso de Washington en el derecho social colombiano, y la respuesta social desde la movilización y desde los derechos -- Los derechos, (...) un espacio de lucha y emancipación -- La autocrítica a modo de conclusión. (shrink)