La jurisdicción constitucional nació el 24 de febrero de 1803 en una desangelada sala en la planta baja del Capitolio cedida por el Congreso de los Estados Unidos al Tribunal Supremo cuando su presidente, el Chief Justice John Marshall hizo pública la sentencia en el caso Marbury v. Madison. En ella se establecía la revisión judicial de las leyes (y también de los actos del Gobierno, pero éste es otro tema) sacándosela de la manga de la toga como (...) de una chistera extraen un conejo los prestidigitadores, pues la Constitución del nuevo país, promulgada en 1787 y todavía vigente, no preveía expresamente tal competencia. (shrink)

O presente artigo possui como tema a análise da separação dos poderes e a regra da democracia, além da possibilidade do Tribunal Constitucional ser composto por indivíduos nomeados pelo Presidente da República, não cumprindo a regra democrática, e fazer o controle de constitucionalidade das leis, criadas através de um processo democrático. Serão respondidos: a separação dos poderes obedece à regra democrática? Quando o Poder Legislativo deixa de cumprir sua função típica de legislar, abre a oportunidade para o Supremo (...) Tribunal Federal, como Tribunal Constitucional que é, criar, através do ativismo judicial, as normas lacunosas? Isso fere a regra democrática? (shrink)

El TEDH se ha servido de los criterios de interpretación evolutivo y sistemático en la interpretación del CEDH, que le han permitido desarrollar una jurisprudencia sobre el derecho a la eutanasia en la que reconoce un amplio margen de apreciación a los Estados, por lo que es compatible con el CEDH tanto prohibir como permitir la eutanasia, siempre que el Estado garantice el derecho a la vida de las personas vulnerables. El Tribunal Constitucional español ha declarado la constitucionalidad (...) de la Ley Orgánica de regulación de la Eutanasia 3/2021, mediante una argumentación jurídica basada en la doctrina del TEDH. (shrink)

Este artículo demuestra de un modo fáctico la utilidad del test de proporcionalidad y la fórmula del peso del profesor Robert Alexy en la práctica de los tribunales constitucionales y de otros altos tribunales. Para ello se aplica detenidamente este modelo a la Decisión del Tribunal Constitucional alemán de 2015 en el que se falla a favor de la compatibilidad del uso del velo por profesoras funcionarias que trabajan en la enseñanza pública con la neutralidad del Estado. Se (...) examinan los tres pasos de la ponderación el principio de adecuación o idoneidad, el principio de necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, concluyendo que esta nueva decisión del primer senado del Tribunal Constitucional federal alemán de 2015 aplica correctamente el principio de la proporcionalidad estricta. Primero porque establece adecuadamente que el grado de insatisfacción de la paz escolar o de los derechos de los padres debe medirse y calificarse a la vista de conflictos reales. Segundo porque al examinar la importancia de satisfacer el derecho de libertad religiosa de las profesoras y las consecuencias negativas de la ley prohibitiva del Land juzga que ello supone una lesión grave y que es una medida desproporcionada e innecesaria. Una Ley prohibitiva general basada en un peligro abstracto es contraria a la LF y una injerencia desmedida en un DF porque no permite la ponderación del caso concreto. Por ello, en el tercer paso se concluye que la importancia de satisfacer los derechos de las profesoras justifica que ceda la libertad negativa religiosa de los alumnos y que prevalezca la liberta religiosa positiva. Con la excepción de casos en los que haya conflictos reales. En estos últimos, ponderadas las circunstancias cabría ciertas prohibiciones temporales transitorias del uso del velo en lugares concretos, un extremo que por nuestra parte no hemos considerado adecuado. (shrink)

El recurso de amparo en España es la principal garantía jurisdiccional para la protección dederechos definidos como fundamentales por la Constitución frente a actos concretos de las autoridades públicas y secundariamente de particulares. En este estudio se reflexiona sobre el referido mecanismo de tutela reforzada y privilegiada existente en el país europeo. El amparo constitucional es una garantía que sólo es posible considerar frente a aquellos derechos que en España se comprenden como fundamentales, no incluyendo numerosos derechos constitucionales o (...) derechos humanos que no se ajustan a la referida categoría conceptual.El Tribunal Constitucional se constituye en la sede básica para la resolución del amparo considerado como un recurso extraordinario, excepcional y subsidiario de protección de derechos fundamentales. Aunque sus sentencias de amparo resuelven casos concretos, sus motivaciones o consideraciones contienen parámetros para la interpretación de los referidos derechos, vinculando los poderes públicos frente a un razonamiento que pasa a tener un valor erga omnes.En este ensayo se busca contribuir, en cuanto a derecho comparado, en el estudio de las vecindades y diferencias del amparo con la acción de tutela en el caso colombiano. (shrink)

En este trabajo se analizan los límites que subyacen a toda discusión acerca del conflicto entre Tribunal Constitucional y Parlamento. Con este fin, el autor propone que una filosofía política adecuada debe ser capaz de combinar ciertos ideales, que le confieren su carácter normativo, con una adecuación a la realidad, que le da su perfil práctico. En este caso, para adecuarse a la realidad, cualquier teoría de la democracia deberá antes prestar atención a las circunstancias de la jurisdicción (...) y las circunstancias de la política. (shrink)

TRIBUNAL DO JÚRI E SUA COMPETÊNCIA: UMA ANÁLISE CONSTITUCIONAL.

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

El propósito de este artículo es analizar si el Supremo Tribunal Federal modificó la Constitución de Brasil durante el juicio de la Alegación de incumplimiento de un precepto fundamental nº 132/RJ o si solo cumplió con su rol institucional. Dicho cuestionamiento se deriva de la existencia de dos concepciones divergentes del ordenamiento jurídico y, dependiendo de cuál se adopte, la interpretación del papel del STF en ADPF 132 será diferente. La metodología adoptada es la “Dogmática Jurídica” conforme fue propuesta (...) por Alexy y Dreier. En conclusión, presentaremos nuestra respuesta razonada a la pregunta planteada en el título de este artículo. (shrink)

Una de las características de la función jurisdiccional, como potestad-poder del Estado, es la interpretación del ordenamiento jurídico y aplicarlo a la resolución de un caso concreto; es decir, el juez, al momento de impartir justicia, deberá realizar un análisis de la norma jurídica que pretende aplicar para dotarla de un sentido concreto y práctico. Es por ello que se puede afirmar que la interpretación judicial cumple una función innovadora del derecho, ya que el juez con éstas al dictar sentencia, (...) puede modificar el ordenamiento jurídico. El presente trabajo tiene como fin exponer que, por vía jurisprudencial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia consideró necesaria la creación de un recurso autónomo de interpretación de normas constitucionales, lo cual trajo como consecuencia inmediata, la desestabilización de nuestro estado de derecho. Palabras clave: interpretación constitucional, interpretación de la constitución, Constitución, función jurisdiccional, recurso de interpretación Constitutional interpretation and interpretation of the constitutionThe fundamental aim of the State’s jurisdictional function is to interpret the legal system in order to apply it for solving concrete cases. The judge, when meting out justice, is to analyze the legal norm he intends to apply; he is to give it a concrete and practical sense. This is why it is said that legal interpretation is an innovative function of law, since the judge, upon issuing judgment, can whereby modify the legal system. This work aims to show that the Constitutional Division of the Supreme Court of Justice deemed necessary to create, by means of jurisprudence, an autonomous recourse of constitutional norm interpretation, which nevertheless has no legal grip whatsoever. This immediately brought about the destabilization of our state of law, along with the corresponding legal insecurity Keywords: Constitutional Interpretation, Interpretation of the Constitution, Constitution, Jurisdictional Function, Interpretation Recourse. (shrink)

El positivismo y la problemática iusfilosófica contemporánea de la obediencia al derecho - La problemática del pensamiento sociológico y la consolidación del paradigma autopoiético - La radicación del positivismo en el paradigma autopoiético del derecho y la política - La crítica al positivismo del paradigma consensual discursivo del derecho y la política - El paradigma consensual-discursivo y la problemática contemporánea de la desobediencia civil - Tribunal constitucional y desobediencia civil en el marco del paradigma consensual-discursivo.

RESUMEN: El presente artículo analiza el reforzamiento de la libertad de expresión que se produce cuando ésta es ejercida en conexión con el derecho de defensa, y se centra en un concreto supuesto que ha sido recientemente examinado por el Tribunal Constitucional: el ejercicio del derecho de defensa en primera persona por un funcionario que es objeto de un expediente disciplinario. A la vez que estudiamos la solución dada por el TC al citado caso, reflexionamos sobre los efectos (...) de la misma más allá del caso específico que resuelve, planteando la posibilidad de su extrapolación a la generalidad de supuestos donde el ciudadano ejerce su derecho de defensa en primera persona y sin asistencia letrada. ABSTRACT: The present article analyzes the reinforcement of the freedom of expression that takes place when this one is exercised in connection by the right of defense, and centres on a concrete supposition that has been recently examined by the Constitutional Court: the exercise of the right of defense in the first person for a civil servant who is an object of a disciplinary process. Simultaneously that we study the solution given by the Constitutional Court to the mentioned case, we think about the effects of the same one beyond the specific case that resolves, raising the possibility of its extrapolation to the generality of suppositions where the citizen exercises his right of defense in the first person and without legal aid service.PALABRAS CLAVE: libertad de expresión, derecho de defensa, funcionario público, autotutela, expediente disciplinario.KEYWORDS: freedom of expression, right of defense, civil servant, autoguardianship, disciplinary process. (shrink)

Este artículo examina la jurisprudencia constitucional relativa a la legitimación en la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativa, en general, y sobre la legitimación de las asociaciones, particularmente, haciendo hincapié en la importancia de esta cuestión para la protección de los derechos constitucionales y la protección de los intereses colectivos. El autor, recordando que la legitimación activa plazo es la capacidad de una parte para demostrar a la corte que existe una vinculación suficiente con el objeto procesal a fin de justificar (...) su participación en el caso (algo que perder, algo para ganar), las notas el papel del Tribunal Constitucional español en subrayar que la legitimación activa debe interpretarse en sentido amplio, en contraste con otra sentencia más restrictivas en la jurisprudencia administrativa. La interpretación amplia de la legitimidad está estrechamente vinculada no solo con los derechos de acceso a la justicia (especialmente intensa cuando se determina la imposibilidad de obtener una respuesta judicial inicial) y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, sino también para controlar judicial efectiva y la acción firme de la Administración con arreglo a Derecho por los tribunales, lo que permite combatir las prácticas corruptas y los casos de abuso del poder público. En resumen, la interpretación amplia de legitimación es la mejor solución contra los conceptos anticuados que impiden el acceso a la justicia. (shrink)

El mandato de proporcionalidad se ha convertido desde hace algunos años en un examen de aplicación frecuente por tribunales nacionales o internacionales para la determinación de violaciones a los derechos. Se ha llegado a sostener que la "proporcionalidad es un criterio universal de constitucionalidad". Sin suponer semejante alcance de aplicación de este examen, el presente trabajo explora las debilidades y fortalezas de su aplicación por un tribunal constitucional en el marco de una práctica constitucional relativamente estable. Se (...) reconstruye un conjunto abultado de reglas que pretenden delimitar el resultado del examen de proporcionalidad (como mandato de prohibición por acción excesiva y como mandato de prohibición por omisión o acción insuficiente). De esta forma se demuestra que un modelo de proporcionalidad orientado por reglas se aleja del criticado modelo de ponderaciones ad hoc en donde el tribunal adquiere un amplio margen de discrecionalidad para resolver el conflicto entre derechos. Se advierte, sin embargo, que el modelo de proporcionalidad orientado por reglas requiere de una dogmática de los derechos fundamentales crítica y de tribunales superiores que se interpreten como parte de una comunidad argumentativa abierta al debate público, de lo contrario este examen puede ser utilizado como una herramienta para justificar un status quo desigualitario. (shrink)

La evolución jurisprudencial que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha realizado a lo largo de su historia de la Primera Enmienda de la Constitución, ha ido adaptándose tanto a la visión de la libertad de expresión modulada por parte del Tribunal, como a la realidad de la propia sociedad americana. En este artículo se presentará cuál ha sido la evolución que ha sufrido la protección que en los diferentes momentos que conforman la historia jurisprudencial de la Primera (...) Enmienda se ha ofrecido al lenguaje de odio, con el objetivo de conocer cuál ha sido su evolución y en qué momento nos encontramos en la actualidad. (shrink)

Tradicionalmente la conceptualización del tópico persona se ha circunscrito a ámbitos como la teología, la filosofía o la antropología. Sin embargo, la incorporación del tópico a gran parte de los textos de naturaleza política, así como en las declaraciones de derechos y tratados internacionales adoptados a partir de la II Guerra Mundial ha supuesto la constitucionalización del mismo. Consecuentemente, como término constitucional su interpretación queda a merced de los actores jurídicos designados para ello en el sistema político constitucional. (...) Es por ello, que, con el fin de determinar el contenido de significado actual del tópico ha de atenderse a las sentencias que interpretan la norma fundante. En este artículo, centramos nuestro estudio en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Esto nos permite poner de relieve el concepto de persona en ellas contenido: su alcance y sus limitaciones. (shrink)

Jose Manuel Delgado Ocando presents us with a brilliant and original analysis of Venezuelan political reality. It is well known that due to the election of President Hugo Chavez Frías, a popular referendum was convened with the express intention of constituting a new constitutional order. This..

El presente trabajo estudia la jurisprudencia constitucional de Ecuador y Bolivia, relacionada con el pluralismo jurídico y la interpretación intercultural. Tomando como referencia los postulados teóricos del pluralismo jurídico débil y del pluralismo jurídico fuerte, se pretende dar cuenta del monismo jurídico presente dentro de la postura normativista que sigue la Corte Constitucional, y del pluralismo posmoderno que parece seguir el Tribunal Plurinacional de Bolivia, por medio de la interpretación intercultural y decolonial del derecho.

El sometimiento del juez a la ley está comprendido en el más general “principio de legalidad”, cuya consagración jurídico-positiva aconteció en el siglo XVIII (en Europa, sobre todo, tras la Revolución Francesa). Pero la relación entre el Juez y la Ley, que en aquel contexto no plantaba problemas (el juez debía aplicar la ley, supuestamente certa et clara), se inserta ahora en un marco (teórico, político e institucional) muy diferente. En el interior de un sistema, la alteración de uno de (...) sus elementos suele entrañar la necesidad de modificar algunos de los restantes, o de todos; de lo contrario, el sistema o bien se desestructura, o bien se convierte en otro distinto. En una inicial relación triangular entre Ley, Juez y Certeza, la posterior redefinición de la Ley en clave post-positivista pero manteniendo inalterado el concepto positivista primigenio de Certeza, acarrea la desnaturalización del Juez constitucional (el cual pierde uno de sus atributos esenciales: la independencia). (shrink)

A presente pesquisa destina-se ao estudo da função social dos Tribunais de Contas e o desenvolvimento de suas competências, com o escopo de superar a ideia do controle formal limitado aos aspectos inerentes à legalidade, buscando na Constituição Federal valores que propiciem uma atuação voltada para uma análise qualitativa do gasto do dinheiro público. A investigação foi realizada por meio de levantamentos bibliográficos acerca do tema e do estudo dos diplomas legais que regem e norteiam a atuação do controle externo. (...) O método de abordagem utilizado foi o dedutivo, partindo de premissas teóricas passíveis de conclusão acerca da problemática levantada. (shrink)

El tema del aborto siempre está en debate. Más todavía, cuando en España, desde finales del 2013, se estaba discutiendo el Ante- proyecto de Ley Orgánica sobre el aborto. El núcleo central del debate radica, como presupuesto del bioderecho, en dos cuestiones. La primera, si esa realidad que está en el vientre materno se puede considerar desde la concepción un ser humano o, por el contrario, no puede considerarse como tal desde el comienzo, esto es, si desde la concepción podemos (...) hablar de identidad humana. El segundo, es la cuestión de si el ser humano no nacido queda protegido jurídicamente en la Constitución española, es decir, el tema del derecho a la vida. Afirmo que, según los datos de las ciencias empíricas, por un lado, el no nacido es un ser humano. Por otro, que el no nacido no solo es un bien jurídico constitucionalmente protegido, como dice la Sentencia del Tribunal Constitucional español, sino que también es un sujeto de derecho a la vida. Para ello, es necesario un cambio en la Constitución española para defender la vida, la salud y la dignidad del embrión y del feto humano desde su concepción. (shrink)

Este artículo revisa los problemas relacionados con la distinción actual entre Ética pública y Ética privada; una distinción basada en una tesis reduccionista, según la cual los políticos y empleados públicos son los únicos sujetos agentes en los asuntos de Ética pública. El autor destaca especialmente que la noción actual de Ética Pública cae en el error de aislar en el espacio privado, cuestiones relacionadas con la Ética pública. Un concepto tan limitado, es un gran error que ha servido para (...) ocultar del foco de la Ética Pública una gran cantidad de asuntos vitales que van más allá del campo de interrelación público-privado. Los partidos políticos, los sindicatos, los contribuyentes, los contratistas, los medios de comunicación, las personas subsidiadas, los ciudadanos en general; todos ellos tienen un papel muy importante en la esfera pública, y por lo tanto son agentes en temas de Ética Pública. Por estas razones, el autor refuta la visión estrecha del concepto actual de Ética Pública y cree imprescindible repensarlo, objetiva y subjetivamente. Por otra parte, este estudio examina el nuevo panorama de los "códigos de ética" en España, con una mirada crítica cuando son sólo normas legales acompañadas de sanciones y no verdaderos “códigos de ética”. Estos principios, llamados "principios éticos", deberían ser deberes que los funcionarios públicos poseen por sí mismos y no por imposición. Por el contrario, en el caso que examinamos, esos principios son claramente deberes establecidos en la Constitución Española de 1978 y representan las obligaciones más primarias, superlativas y básicas de un empleado público. En un estado de duda moral, los códigos podrían ser útiles para proporcionar consejo, dando una regla para resolver el dilema ético. El autor reconoce que, en determinadas circunstancias, en tales casos, los códigos de ética pueden ayudar a los servidores públicos como guía en sus decisiones. Sin embargo, la obligación de respetar y garantizar el respeto de los mandatos constitucionales y la prohibición de la discriminación contra las personas por motivos de raza, sexo, religión.., u otras circunstancias, no plantean cuestiones morales. Por esa razón, el autor considera que el Estatuto Básico del Empleado Público en España comete un error al establecer como un principio ético, el deber de cumplir con la Constitución; el más alto deber legal que uno puede imaginar en el caso de los servidores públicos. (shrink)

El llamado estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 si bien fue inesperado en su magnitud, no lo fue en su contenido, en su origen están sin duda las violaciones a los Derechos Humanos, el medio del cual se valieron los detentadores del poder dictatorial para imponer un nuevo orden político, económico, social y cultural, sustentado en un Estado subsidiario que lo despojó de sus obligaciones de garantizar derechos básicos, tal como lo dispone la normativa internacional de los (...) Derechos Humanos e impidió sistemáticamente al pueblo chileno decidir su destino de manera soberana. Como lo han señalado los jóvenes que iniciaron este estado de rebeldía, no son treinta pesos, en alusión al aumento del valor del transporte metropolitano, son treinta años a la sombra de una dictadura cuya principal herencia es la Constitución de 1980, y su ya famoso Tribunal Constitucional, una real tercera Cámara. (shrink)

La arquitectura del derecho a la autodeterminación informativa, en su vertiente digital, está ahormada por la doctrina jurisprudencial. Ayuna de una regulación propia hasta la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos, el 25 de mayo de 2018, la autodeterminación informativa se ha ido conformando con el cincel de tres órganos jurisdiccionales (el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo) que han ido perfilando y delimitando su (...) contenido y alcance. Desde su reconocimiento por el TJUE en su archiconocida decisión de 13 de mayo de 2014, la evolución que presenta es muy notoria. En la actualidad, una búsqueda en Internet con dos apellidos es suficiente para reconocer este derecho si con ello se lesiona el honor, la intimidad personal o familiar o la propia imagen de su titular. Así lo ha avalado el Tribunal Supremo en la STS 4016/2020, de 27 de noviembre. En este artículo se abordan los hitos jurisprudenciales más relevantes al objeto de bosquejar una cartografía jurídica actual del derecho a la autodeterminación informativa. (shrink)

Este trabajo propone analizar los avances en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Brasil sobre el control de constitucionalidad de la norma que establece la prohibición de donación de sangre de hombres que hayan tenido relaciones sexuales con otros hombres. La necesidad de ampliación de donadores de sangre por causa de la pandemia de COVID-19 desencadenó un proceso de presión social por parte de instituciones democráticas y de organizaciones no gubernamentales, que culminó con la votación de la ADI (...) 5543 y con la aplicación interna de los principios de igualdad y no discriminación y de normas internacionales de derechos humanos. (shrink)

La pandemia derivada de la enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19) a inicios del 2020 tomó por sorpresa al mundo. A medida que el virus se expandía, varios gobiernos decidieron adoptar diferentes medidas encaminadas a limitar el número de contagios. Dichas medidas representan nuevas restricciones para algunos derechos fundamentales, varios de ellos, con una garantía ya con consolidada a través de los años. Esto fue el caso de la libertad de reunión en el ordenamiento constitucional alemán. La libertad de reunión (...) tiene un lugar importante dentro del orden objetivo de valores de la Ley Fundamental de Bonn. Sin embargo, esta libertad se vio limitada por reglamentos encaminados a proteger la vida e integridad de los individuos. En este trabajo se analizará una sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual se puede observar los efectos de las medidas contra la enfermedad por Covid-19 en la protección de los derechos fundamentales. (shrink)

Este artículo trata sobre la discusión en torno al conflicto entre la seguridad y la libertad, y, más concretamente, entre la prevención policial y los derechos de los ciudadanos. El autor va más allá de la mera afirmación de que entre esos dos polos existe una relación de tensión, e intenta fijar los elementos que en el Estado de Derecho son absolutamente irrenunciables si es que no se quiere abandonar este tipo de Estado. Analiza para ello, críticamente, la jurisprudencia del (...) Tribunal Constitucional Federal Alemán, con referencias al acervo normativo de la Unión Europea. Su conclusión es que la intervención del Estado en la esfera privada del ciudadano debe estar sujeta a límites infranqueables, también en lo que concierne al control preventivo de riesgos relacionados con el terrorismo. (shrink)

En las sociedades modernas, un gran número de las decisiones que nos afectan descansan en los datos registrados en ficheros informatizados que contienen informaciones sobre millones de personas relativas a un amplio número de facetas de su vida. Para garantizar la dignidad, libertad y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales frente al uso torticero de las nuevas tecnologías de la información, el artículo 18.4 de nuestra Constitución ha establecido una nueva garantía constitucional denominada tradicionalmente autodeterminación informativa. Este nuevo (...) derecho es configurado por nuestro Tribunal Constitucional como un derecho fundamental autónomo aunque estrechamente ligado al derecho a la intimidad y un derecho instrumental de garantía de otros derechos fundamentales. El contenido de este derecho es desarrollado en la nueva Ley de Protección de Datos Personales, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que sin duda aporta interesantes y positivas novedades. Sin embargo, al igual que sucedía en el caso de la L. O. 5/1992 LORTAD, siguen existiendo demasiadas sombras que pueden afectar al contenido esencial del derecho a la autodeterminación informativa y que impiden que efectivamente éste pueda cumplir su misión de garantizar la dignidad y la libertad de las personas en las nuevas sociedades de la información. (shrink)

Resumo O autor defende uma descrição normativa fraca do constitucionalismo internacional à luz de dois factos: a contínua relevância da soberania do Estado face à hegemonia de superpotências e a necessidade imperiosa de um regime supranacional eficaz de direitos humanos. Ao defender uma institucionalização constitucional de direitos humanos, que inclui aspectos de justiça processual e material, mostra-se que, como nos casos domésticos, tal institucionalização pode e, talvez deva, incorporar um procedimento de controlo judicial que ascende ao nível de controlo (...) constitucional. De facto, o parecer do Tribunal Europeu de Justiça no caso Kadi estabeleceu um possível precedente para o controlo do Conselho de Segurança no sentido do cumprimento dos direitos humanos e outras normas peremptórias. Dada a necessidade de perícia técnico legal para a elaboração de tal controlo, um caso prima facie pode ser feito para o estabelecimento de um Tribunal Constitucional especializado ao nível internacional. Contudo, dado o impacto desempenhado pelo poder político na resolução técnica da adjudicação de casos específicos e concretos, dentro de um sistema jurídico altamente fragmentado, e dado o facto de que o controlo constitucional também toca questões mais abstractas e menos técnicos de justiça social, o autor recomenda, que a função de controlo constitucional seja disseminada por várias instituições globais, incluindo a actual Assembleia Geral das Nações Unidas e na esfera pública global. O controlo constitucional pluricêntrico, bem como a institucionalização dos direitos humanos decorre do desacordo multicultural existente acerca do significado desses direitos e da ameaça da hegemonia de superpotências sobre as instituições globais. Assim antecipa-se também a realização de uma constitucionalização mais monista no Direito Internacional com o crescimento da solidariedade global entre os povos. Palavras-chave : Constitucionalização, Controlo Constitucional, Direitos Humanos, Habermas, Nações Unidades, Pluralismo LegalI defend a weakly normative description of international constitutionalism in light of two facts: the continued salience of state sovereignty in the face of superpower hegemony and the overriding need for an effective supranational human rights regime. In arguing for a constitutional institutionalization of human rights that includes aspects of procedural and substantive justice, I show that, as in the domestic case, such an institutionalization could and perhaps should incorporate a procedure for judicial review ascending to the level of constitutional review. In fact, the European Court of Justice’s review of the Kadi case establishes a possible precedent for reviewing Security Council compliance with human rights and other peremptory norms. Given the need for technical legal expertise in elaborating such review, a prima facie case can be made for establishing a specialized constitutional court at the international level. However, given the impact that political power plays in the technical resolution of concrete, case-specific adjudication within a highly fragmented legal system, and given the fact that constitutional review also touches on more abstract and less technical issues of social justice, I recommend that the function of constitutional review be dispersed in several global institutions, including the current United Nations General Assembly and a global public sphere. The pluralization of constitutional review and the accompanying interpretation and institutionalization of human rights recognizes existing multicultural disagreement on the meaning of human rights and the threat of superpower hegemony over global institutions while anticipating the realization of a more monistic constitutionalization of international law with the growth of global solidarity between peoples. Keywords : Constitutional Review, Constitutionalization, Habermas, Human Rights, Legal Pluralism, United Nations. (shrink)

Jellinek define “estatus” como la “relación con el Estado que califica al individuo”. Su teoría distingue cuatro tipos: pasivo o subiectionis, negativo o libertatis, positivo o civitatis y activo o de la ciudadanía activa. Al margen de las polémicas sobre su vigencia, se pretende relacionar la aportación de Jellinek con la concepción del consentimiento informado del Tribunal Constitucional español, quien lo ha definido como deber de abstención de los profesionales sanitarios (STC 37/2011, de 28 de marzo, entre otras), (...) es decir, como una negación de su competencia en la terminología de Hohfeld, o como un derecho de defensa. Debido a la adecuación de su estructura al contenido del consentimiento informado, el análisis se centrará en los estatus negativo y positivo. La cuestión versa sobre la posición de los derechos de defensa en la tesis de Jellinek y si es viable su empleo en la conceptualización de los actuales derechos fundamentales. (shrink)

A xurisprudencia constitucional española (STC 37/2011, de 28 de marzo, entre outras) ten establecido como fundamento do consentimento informado o dereito á integridade física e moral (art. 15 CE). O Tribunal Constitucional configura o consentimento informado como un deber de abstención do profesional sanitario, é dicir, como unha negación da competencia do profesional sanitario na terminoloxía de Hohfeld. Así pois, o consentimento informado queda conformado como un dereito negativo ou de defensa, polo que concibilo como liberdade xurídica (...) ou facultade de autodeterminación positiva esixiría a revisión do seu fundamento constitucional. O presente artigo pretende precisamente revisar a natureza iusfundamental do consentimento informado a partir da obra de W.N. Hohfeld e Robert Alexy. (shrink)

O julgamento da ADPF 54 pelo Supremo Tribunal Federal teve como efeito a regulamentação do início da proteção constitucional à vida, silenciada na Constituição Federal de 1988 e na legislação ordinária. Todavia, a tramitação perante o Legislativo de Projeto de Lei prevendo a criminalização da interrupção da gravidez por diagnóstico de anencefalia fetal reacende as tensões acerca dos limites da atuação dos poderes Judiciário e Legislativo na concretização dos direitos fundamentais, as quais serão analisadas no presente trabalho à (...) luz do direito comparado, a fim de compreender como a regulamentação do direito à vida se estabeleceu em outros Estados Democráticos. (shrink)

Este artigo discute se o recurso ao povo ou ao legislador, como instrumento de resolução dos conflitos entre os poderes, viola a separação de poderes e a independência do poder judiciário ou se, antes disso, dá fiel execução à separação de poderes. Para alcançar esse objetivo, esse artigo investiga se existe relação entre o recurso ao legislador e os regimes autoritários; se a Constituição Federal de 1988 proíbe outro guardião constitucional, que não o Supremo Tribunal Federal, e quais (...) as consequências e inconsistências teóricas em se recorrer ao povo como árbitro do conflito constitucional. (shrink)

Jeremy Bentham reconoció que la arquitectura tenía una gran influencia en la conducta del gobierno. Recomendaba que la arquitectura de los edificios en los que los funcionarios llevaban a cabo sus tareas ­-fuesen cámaras de debate legislativo, despachos gubernamentales, tribunales o prisiones- debería asegurar que todos los actos estuvieran constantemente abiertos a la inspección pública, a menos que hubiera fuertes razones para el secreto. Al lograr la publicidad de los actos oficiales, Bentham esperaba fijar la responsabilidad por parte de los (...) funcionarios, que estarían así sujetos a la amenaza de las sanciones impuestas por lo que Bentham denominó el tribunal de la opinión pública. Bentham creía que la diferencia entre un gobierno despótico y otro libre no radicaba en el monto de poder que cada uno podía ejercer, sino primariamente en la libertad de discusión y la publicidad. En su pensamiento constitucional maduro, Bentham sostuvo que sólo bajo una democracia representativa se aseguraría una publicidad completa, y así se promovería el bienestar de toda la comunidad. (shrink)

La judicialización de la política argentina abre un hiato entre el creciente activismo en materia política desarrollado por los tribunales de justicia y la tradicional legitimidad atribuida al judicial en tanto que poder conservador de la constitución. Este déficit de legitimidad del poder judicial ha intentado subsanarse mediante el recurso a instancias participativas, inspiradas en el modelo de la democracia deliberativa. Esto ha dado lugar a una serie de innovaciones institucionales en la corte suprema argentina, como la admisión de amigos (...) del tribunal y la celebración de audiencias públicas. La evaluación de estas experiencias permite, sin embargo, identificar una concepción de la participación ciudadana que apunta a la intervención de especialistas y que privilegia la intermediación de abogados y juristas. The judicialization of Argentine politics opens a gap between the activism in political matters developed by the judges and the legitimacy traditionally attributed to the judiciary, as the power in charge of the conservation of the constitution. Recent efforts to supersede this deficit in terms of legitimacy pointed to participatory processes, inspired by the model of deliberative democracy. In this sense, the Argentine supreme court has developed a series of institutional innovations, such as the admission of amici curiae and the holding of public hearings. The evaluation of these experiences allows nonetheless to identify an underlying conception of citizen participation focused on the intervention of specialists and the intermediation of lawyers and legal scholars. (shrink)

Los Tratados Constitutivos de la Europa Unida en la diversidad no contienen un catálogo de derechos fundamentales. Esto no significa que los mismos carezcan de protección en el ordenamiento jurídico de esta organización supranacional, pero ha obligado a plantear en el seno de la doctrina un rico debate sobre el llamado “déficit democrático de la Comunidad Europea”. La protección de los derechos es, en la cultura jurídico-política del occidente democrático, un elemento esencial de la legitimación del poder político, y, por (...) ello, en los comienzos del siglo XXI no se puede hablar de Unión Política y de Ciudadanía Europea obviando el tema de los Derechos Fundamentales.La vía jurídica que garantiza, de momento, la protección de los derechos en la Unión Europea sigue siendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo. Y la norma jurídica que le sirve de fundamento para sus actuaciones es el artículo 6.2 del Tratado de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada solemnemente en Niza el día 7 de diciembre de 2000, todavía carece de valor jurídico. Su operatividad está en manos de los poderes públicos hasta que se salve la crisis en que está inmerso el Tratado Constitucional que la incorpora en su parte II, a modo de parte dogmática de una Constitución normativa con plena eficacia jurídica. (shrink)

El control judicial de las leyes apareció hace doscientos años con el caso Marbury vs. Madison,en los Estados Unidos, cuando el Tribunal Supremo norteamericano, presidido por el juez Marshall, consagró, en 1803, con ese emblemático caso, el principio jurídico de la supremacía constitucional, por encima de la soberanía política del Congreso. La sentencia expresó, jurídicamente, un claro conflicto político entre el saliente Presidente Adams -federalista- y el entrante Jefferson -republicano o antifederalista-.

El objetivo de este ensayo es hacer una defensa de la exigibilidad de los derechos económicos y sociales. Esta noción se refiere a “la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento, al menos, de algunas de las obligaciones que se derivan [de estos derechos]”. Para realizar este objetivo, procederé de la siguiente manera. En la sección II, haré una reconstrucción de uno de los argumentos más tradicionales que se han ofrecido en contra de la (...) exigibilidad de los derechos económicos y sociales. En la sección III, haré una reconstrucción de la interpretación institucional de los derechos humanos, presentada por el filósofo Thomas Pogge, en su libro La pobreza en el mundo y los derechos humanos. La relevancia de esta interpretación consiste en que pretende trascender la crítica libertariana que sostiene que los derechos económicos y sociales no son derechos humanos. En la sección IV, me ocuparé de los derechos económicos y sociales incluidos en la Constitución nacional y en varios instrumentos internacionales. En la sección V, haré algunas reflexiones sobre la exigibilidad de estos derechos. Finalmente, en la sección VI, extraeré algunas conclusiones de las secciones previas. (shrink)